Cuba

Esto no es una utopía: lo nuevo, lo viejo y el futuro en Cuba

Julio César Guanche
27.Feb.12 :: Cuba

En fin, Cuba se mueve. La ruta y el destino del movimiento es lo que su sociedad tiene en discusión. Resulta obvio que existe un consenso nacional sobre la necesidad de una renovación. Pero este consenso se mira con mucha dificultad en el espejo de las políticas y de los documentos que las formulan. Los límites y contradicciones de los cambios influyen en su propia posibilidad, y limitan con ello la esperanza que pueden amparar.


Esto no es una utopía: lo nuevo, lo viejo y el futuro en Cuba

Julio César Guanche

Entre los temas de fondo recurrentes en el debate político actual en Cuba se encuentran la diversidad existente en la nación, la amplitud del registro de demandas sociales, la democratización de las prácticas partidistas y estatales, la urgencia de mecanismos de gobierno más eficaces, responsables y transparentes, la necesidad de regularizar la protección de derechos ciudadanos, y, en resumen, la demanda de «actualización» del modelo político.[1] A pesar de que estos temas no se reflejan en los medios, y tienen escasa presencia en los discursos institucionales, es imposible soslayar el movimiento reformista de la política y el alcance real de los cambios experimentados.

Lo nuevo

La imaginación que impulsa los cambios políticos en curso propone innovaciones notables. El Estado ha renunciado a una parte importante de su monopolio sobre la economía, el empleo y el control de los ingresos personales. Con esto, se han multiplicado los actores económicos e institucionales, lo que de facto limita el monopolio estatal sobre la actuación política. Un mayor número de personas se independiza del Estado, y queda sometido a la única disciplina de pagar impuestos, una cultura nueva en Cuba. Se introducen otros mecanismos de mercado, formas privadas de organización económica y se potencia un proceder basado en la «eficiencia económica». El nuevo modelo se define más bien por lo que impedirá: «el plan prevalecerá sobre el mercado», «nadie quedará desamparado» y se «evitará la concentración de la propiedad».

En este movimiento, se combinan acciones del gobierno, exigencias y críticas de la sociedad.

La «economía» se ha convertido en el campo preferente de experimentación de las nuevas políticas. Se han entregado en usufructo casi 1,4 millones de hectáreas a 150 mil agricultores, y se pide ampliar los límites originales del arrendamiento. Se han eliminado instancias estatales en la distribución de productos del agro, anunciando el fin del sistema centralizado de ventas. Se incentiva la producción de alimentos a escala local y se ha demandado potenciar la venta de equipamientos agrícolas e industriales a particulares, con rebajas de precios.

Se estimula el «cuentapropismo» —sector privado—, se reducen los impuestos sobre actividades económicas y sobre el costo de las licencias, en determinadas condiciones, para alquilar medios de transporte o renta de habitaciones y casas. Se ha admitido por vez primera la contratación de mano de obra asalariada por parte de propietarios privados de negocios, y se atenúan, o eliminan, los impuestos a pagar según la cantidad de contratados. Los restaurantes privados, que en los 1990 tenían autorizadas solo 12 sillas, ahora pueden situar 50. Se arrendarán locales estatales a privados o a cooperativas; se ha comenzado a otorgar créditos a los nuevos pequeños empresarios, se autorizó la compra y venta de casas y automóviles usados y la entrega de subsidios a personas de bajos ingresos para reparar sus viviendas. Si hace 20 años 95% de las personas empleadas eran trabajadores estatales, el gobierno se ha propuesto que 40% de la fuerza laboral pase al sector no estatal hacia 2015.

Se demanda un incremento de las formas cooperativas de producción, su extensión del campo hacia la ciudad, y se espera la posibilidad de aumentar el tipo de su oferta de bienes —hacia sectores de servicios e industria ligera. Ha sido aprobada ya la constitución de cooperativas de segundo grado (creadas por cooperativas ya existentes, pero con fines y personalidad distintos a los de estas).

El sistema empresarial estatal debe alcanzar mayor autoridad para dirigir sus propias actividades económicas y tener control sobre parte de sus ganancias y decisiones salariales —renunciando a los rasgos del modelo económico soviético aún vigentes— hasta estructurar una dinámica regulada entre planificación estatal y mercado; y se reclaman certezas que establezcan «hasta dónde» el plan y «hasta dónde» el mercado, fijándole «funciones sociales al crecimiento».

Se elevó a 99 años el tiempo en que los inversores extranjeros podrán utilizar tierras estatales para negocios inmobiliarios, lo que permitiría concretar proyectos de construcción de campos de golf y viviendas para extranjeros. El hecho ha desatado críticas tanto en lo político como en lo ecológico sobre sus consecuencias sociales y su sostenibilidad.

Hace unos años se calculó en 20% la pobreza urbana, aunque en zonas rurales es mayor. En las últimas dos décadas, ha aumentado la desigualdad social y la polarización del ingreso, lo que se expresa de modo diferenciado entre grupos sociales por color de la piel, género y lugar de nacimiento. El Estado ha declarado que «garantiza el apoyo a los ciudadanos más necesitados, a pesar de las restricciones económicas existentes», pero al mismo tiempo se está liberando de obligaciones hacia productos de primera necesidad que antes subsidiaba—de hecho, ha anunciado la desaparición de la «libreta de abastecimientos» y la introducción de subsidios personalizados. En este contexto, la cuestión central de la igualdad aparece aludida solo mediante la crítica al «igualitarismo», según la cual la igualdad es criticada como si fuese sinónimo de uniformidad.

En el campo estrictamente político, también hay novedades, que se expresan en una mezcla de anuncios, prácticas y exigencias sociales.

Las estrategias seguidas implican redistribución de poder desde la cúpula estatal hacia la sociedad, buscan generar prácticas de desconcentración y descentralización, transparencia y responsabilidad estatal, y se prometen garantías al pluralismo.

En el marco del VI Congreso del PCC, Raúl Castro se pronunció por la limitación del mandato hasta diez años a los máximos dirigentes, defendió la posibilidad de acceder a cargos estatales sin ser militante y reconoció la expresión de opiniones diferentes en tanto «derecho». Asimismo, criticó la aprobación de decisiones a través de la «falsa unanimidad», ratificó la importancia de distinguir entre Estado y Partido, y entre Gobierno y sistema empresarial, y destacó el papel que debe desempeñar la prensa y la consulta ciudadana.

En las nuevas provincias de Artemisa y Mayabeque (antigua La Habana) se desarrolla un proceso experimental orientado a la desconcentración del poder estatal, a partir de separar, por vez primera en la historia institucional pos1959, el Estado del Gobierno y favorecer la descentralización local. Los gobiernos provinciales y municipales tendrán control sobre empresas públicas de sus territorios, hasta ahora sometidas a una subordinación centralizada.

Los procesos de toma de decisiones se han institucionalizado. Se amplía el número de personas y organizaciones asistentes a reuniones del Consejo de Ministros, cuyas fechas son informadas y sus resultados publicados en síntesis. Se refuerza el carácter institucional del presupuesto asignado a cada acción prevista, como mecanismo de protección sobre decisiones tomadas asociadamente y de control sobre los decisores.

La sociedad demanda una reforma migratoria que elimine, entre otras trabas, los permisos de entrada y salida al país, y proteja derechos de los migrantes. El gobierno anuncia que trabaja en ella, sin ofrecer un plazo o adelantar su alcance. Existe, por otra parte, un empeño explícito en la lucha contra discriminaciones antes no reconocidas, o incluso cometidas por el propio poder, como la homofobia.

Raúl Castro califica a la corrupción como el principal enemigo del proceso revolucionario y da cuenta de críticas que señalan a la constitución de grupos que desde posiciones estatales acumulan riqueza y apuntalan posiciones hacia el futuro. Su enfrentamiento ha alcanzado a altos cargos, y a un importante número de empresas, aunque el nivel de información sobre estos procesos se mantiene muy limitado.

El discurso oficial presenta un tono crítico inédito, en tanto personaliza los culpables de errores en funciones de gobierno y es también autocrítico cuando reconoce, por ejemplo, que los acuerdos de anteriores congresos del PCC se han incumplido inveteradamente, lo que equivale a reconocer que la institucionalidad existente no ha sido el canal determinante para la toma y ejecución de decisiones.

El diálogo entre las iglesias y el Estado ha alcanzado niveles sin precedentes. La iglesia católica ha alcanzado el rol de interlocutor del gobierno en lo referente a indultos de presos por causas con un origen político y por delitos comunes. Se han construido nuevas instituciones religiosas, y se han multiplicado sus actividades de difusión y educación. En este contexto, se anuncia la visita del Papa. Se ha elevado la visibilidad y el reconocimiento oficial a las iglesias ecuménicas, así como a la judía.

En el último quinquenio se ha estructurado otra «esfera pública» a través del intercambio de correos electrónicos que facilita el intercambio de información y el ejercicio crítico, y han aparecido sitios webs, blogs, revistas, en tanto actores de opinión. Los periódicos, aunque no recogen la mayor parte de este debate, han incorporado líneas críticas estables dentro de su perfil editorial, dando cabida a reportajes críticos y a las cartas de lectores. Se ha criticado el llamado «secretismo», obstáculo para el ejercicio del derecho ciudadano a la información.

Ha surgido un pensamiento crítico —de izquierdas— del modelo vigente y de algunas de las nuevas políticas, opuesto a la disidencia, que discute problemas de representatividad respecto a la expresión de la propia diversidad revolucionaria. Por otra parte, ha aparecido una nueva oposición que se considera a sí misma como democrática liberal, con visibilidad internacional y apoyo de gobiernos y otras fuentes extranjeras que se oponen al proceso político cubano.

En fin, Cuba se mueve. La ruta y el destino del movimiento es lo que su sociedad tiene en discusión. Resulta obvio que existe un consenso nacional sobre la necesidad de una renovación. Pero este consenso se mira con mucha dificultad en el espejo de las políticas y de los documentos que las formulan. Los límites y contradicciones de los cambios influyen en su propia posibilidad, y limitan con ello la esperanza que pueden amparar.

El proceso de transformaciones comenzó en 2008 con la demanda de «cambios estructurales», pero está resultando una reorganización económica y un análisis del trabajo del Partido. Así, se mantiene una lealtad discursiva a los valores que fundaron el tipo de socialismo construido por décadas en Cuba, pero no un rechazo explícito a algunas de sus prácticas, perjudiciales para la ampliación de la construcción democrática. Ello pone de manifiesto lo incompleto del programa de cambios, y la dificultad para relaborar un tipo de política que tenga como interlocutora a toda la sociedad, capaz de proponer un nuevo horizonte nacional y de definir con claridad el nuevo modelo que se busca construir.

Lo viejo

A pesar de todo lo anterior, las nuevas políticas no han dejado atrás viejas lógicas y prácticas obsoletas sobre el socialismo, que hoy limitan el proceso de cambios. Es imposible resolver problemas sin cambiar la mentalidad que los creó, como lo es también resolver un problema con medios que no intervienen, transformándola, la estructura del propio problema, o que resultan limitados frente a la escala del dilema que buscan resolver. Asimismo, es insostenible andar el mismo sendero, si lo más «ecológico» resulta caminar en otra dirección.

Cuando el documento de la Conferencia Nacional del PCC afirma que es necesario «transformar, con un carácter más flexible y nuevos métodos, la atención» a las organizaciones estudiantiles y «reforzar la atención» a las organizaciones de masas, se repite una fórmula empleada desde hace décadas, no se plantean soluciones distintas. En vez de «perfeccionar» este modelo de relación, se trataría de conceder completa autonomía a dichas organizaciones, constitucionalizarlas en su interior con la obligación de un funcionamiento democrático y procesar políticamente el liderazgo del Partido hacia ellas, creando una combinación de actores efectivos de poder y abriendo canales de representación múltiple de lo social.

El mismo documento llama a «fortalecer la unidad nacional en torno al Partido y la Revolución (…), sobre la base de que Patria, Revolución y Socialismo están fusionados indisolublemente» y se critica la «falsa unanimidad». La convocatoria al IV Congreso del PCC, celebrado en 1991, refutaba también la unanimidad. Sin embargo, se sigue reivindicando una doctrina de Estado que determina la existencia de una voluntad política única —la estatal— sobre las voluntades políticas presentes en la sociedad. Por ello, la unidad deviene unanimidad, pues expresa no una voluntad política unificada sino única: una soberanía popular concebida de modo unitario. Por otra parte, se establece una continuidad entre el uso actual del concepto y el contenido que la unidad poseía en 1959. Sin embargo, su plataforma partía entonces de organizaciones con carácter independiente, con una identidad caracterizada en su membresía y medios de comunicación propios. Hoy la convocatoria a la unidad no parte del reconocimiento previo de diferencias sustantivas de origen —en tanto organización político institucional de la diversidad de opiniones—, y termina conduciendo implícitamente al unanimismo, pues reclama la unión no desde la diferencia, sino desde la uniformidad.

Sería preferible afirmar el valor de la diversidad para desde ella construir articulaciones unitarias. Simultáneamente, sería revolucionario recuperar el nacionalismo democrático elaborado en Cuba por José Martí, que, sin marcar ideológicamente a la nación, procesa al unísono la inclusión social del pueblo y la igualdad política de la ciudadanía. La formulación de un nuevo proyecto de país supone aprender a procesar los desacuerdos, sin penalizar diferencias expresadas en virtud de un derecho fundamental, y considerar republicanamente el patriotismo: una pasión política que encuentra la patria allí donde se respetan todos nuestros derechos y nos exige lealtad al orden que lo hace posible.

Otro antiguo problema recurrente es que se anuncian fines extraordinarios y se propone un conjunto de medios ordinarios para alcanzarlos. Se conmina a la burocracia —calificada de enemiga pública del proceso de cambios— a deponer su poder y rendirse como actor político. Se le define simplemente como exceso de funcionariado, en lugar de encontrar el origen del poder burocrático en la carencia de control social, la cultura limitada de práctica de derechos y la desigualdad sostenida del consumo. Por ello, sería revolucionario «entrar a saco» al repertorio de principios que podrían impedir la reproducción de la burocracia como clase política: rotación frecuente de los ocupantes de cargos, límites temporales de mandato para todo el funcionariado, electividad de los cargos estatales que cumplen funciones públicas, incompatibilidad de funciones, autonomía de poderes públicos, canales de reclamación ante decisiones tomadas por funcionarios, combate contra los privilegios, apertura de la vía judicial para reclamaciones ante el mal desempeño de la gestión o lesión de derechos y, sobre todo, aquellos que atañen al control «externo» de la burocracia: estimular la autoorganización social para experimentar formas liberadas de organización de la vida personal, grupal y social, así como potenciar formas de poder negativo en manos de la ciudadanía que le permitan disputar con éxito decisiones estatales.

Se llama a «cambiar métodos y estilos de trabajo» —una demanda surgida hace varias décadas—, pero no se ventila política ni teóricamente la crítica del legado de los partidos «de vanguardia» en el siglo xx. Su desempeño produjo la expropiación por el liderazgo de la vida política en las bases partidistas, la burocratización extrema de su funcionamiento interno, la interacción impositiva con la sociedad, el extrañamiento «de las masas», la ideologización sectaria y excluyente del poder y la dificultad esencial para manejar la diversidad social.

El PCC no está sujeto a un deber constitucional de funcionamiento democrático ante toda la sociedad. Frente al incumplimiento de los deberes específicos del Partido, solo sus militantes pueden reclamar derechos. Esta diferencia entre derechos de los militantes y derechos de los ciudadanos respecto a la actuación de «la fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado» mantiene una tensión conceptual y política, no resuelta desde 1976, en lo que atañe a la participación política de la ciudadanía en igualdad de condiciones ante la ley. Resolver esta contradicción supone replantearse revolucionariamente las funciones del Partido y el Estado y sus identidades: el Partido debería cumplir una función «político moral» —según la definía Gramsci—, que se legitime en la interacción política igualitaria entre actores empoderados y abra canales eficaces de control sobre su propio desempeño a favor de la ciudadanía; y el Estado debe seguir un criterio institucional de la política —ser un ente público no restrictivamente ideologizado.

Se combate la corrupción y es perseguida a través de controles, inspecciones y normativas, pero también sería revolucionario otorgar el control sobre el proceso productivo a los trabajadores, para que sean estos quienes lo produzcan democráticamente en sus propias empresas, a través de un proceso de descentralización que empodere primero a los trabajadores y luego a los administradores y jefes.

Einstein aseguraba que era más fácil romper un átomo que un prejuicio. El prejuicio surge de —y justifica un— complejo material de intereses y una específica distribución de poder en la sociedad. Acabar con los prejuicios y los viejos hábitos necesita romper esa estructura nuclear, y encarar una redistribución del poder dentro de la sociedad cubana que privilegie las acciones encaminadas a —es el único privilegio que puede permitirse la democracia— sostener la política como un espacio abierto para la intervención del conjunto de la ciudadanía sobre las normas que rigen su destino. El futuro

El proceso de debate sobre los Lineamientos del VI Congreso del PCC contribuyó a discutir más allá de los medios y de la planificación técnica de las reformas, y motivó el examen sobre la naturaleza de un nuevo modelo socialista. Ese debate apenas se inició, y está lejos de haber producido un consenso sobre el socialismo que se busca, en un mundo donde, por solo mencionar algunos, los casos de China, Venezuela o Corea del Norte recuerdan que no existe una representación única de este concepto.

Es necesario continuar esos debates, más allá de una discusión acotada sobre medios, que permitan ampliar intensivamente los contenidos del «pacto social», mediante un ejercicio genuinamente democrático. La política democrática es la construcción colectiva de sentidos y de medios para vivir de acuerdo con ellos. El sentido del «socialismo» debe ser procesado en confrontación con los imaginarios existentes en la Isla, con la historia social vivida por ella y debe ser el primer tema de una discusión abierta a la disputa de alternativas. La imaginación sobre la revolución en Cuba necesita, ciertamente, de una nueva experiencia civilizatoria de la sociedad en relación consigo misma, que se entienda como democratización de todos los órdenes de la vida social.

El curso político actual critica las «desviaciones y errores» cometidos por tradición, pero un sistema que debate solo sobre medios está siempre debatiendo a posteriori. No alienta una esfera pública que posibilite discutir los fines del sistema, para fortificar la vida política de la ciudadanía y la autonomía en la elección de sus fines. Sin embargo, la construcción de un espacio democrático supone, precisamente, albergar la lucha social por el sentido de lo político.

El lenguaje popular cubano repite con mucha frecuencia estas frases: «no es fácil» y «vamos a ver». Ambas expresan un sentido inscrito en la cultura política nacional: todo lo fácil se convierte en difícil, lo difícil en imposible y se cree únicamente cuando se ve.

«No es fácil» asumir con éxito desafíos de la magnitud de los que se debaten en Cuba: defender la diferencia, promover la diversidad y combatir la desigualdad y la discriminación; trasformar el sistema estatal —el último Congreso del PCC que se pronunció sobre esto ocurrió en 1991— para hacerlo más representativo, garante de formas eficaces de participación ciudadana y de toma pública de decisiones; democratizar la propiedad y su gestión; potenciar la economía política popular sobre la economía del capital; establecer una planificación democrática para la economía; separar rigurosamente el Partido del Estado y fortalecer ambos para sus funciones respectivas; delimitar las atribuciones entre órganos elegidos y no elegidos; restituir el peso de las instituciones y de las organizaciones sociales en la vida pública nacional; promover el desarrollo institucional del gobierno; postular una política firme de desarrollo de la infraestructura de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y del acceso masivo a ellas; afrontar el relevo político generacional; estipular una reforma migratoria que defienda los derechos ciudadanos y proteja la seguridad nacional; propiciar que el sector estatal y el no estatal sean responsables social y ambientalmente; organizar formas materiales desmercantilizadas de organización de la cultura y el esparcimiento; descentralizar el poder político de modo que sea posible hacer política nacional desde lo local; recomponer el tejido nacional a través de una nueva relación con la emigración cubana; establecer relaciones soberanas e independientes y al mismo tiempo negociadas con el gobierno de los Estados Unidos; superar el bloqueo norteamericano y evitar la sujeción del país a la cultura mercantil si este fuese levantado; entre muchos otros.

«Vamos a ver» si puede radicalizarse democráticamente el socialismo. Pero el nacional escepticismo que contiene la frase puede ser derrotado solo con garantías: «ver para creer».

Hasta el momento, no ha habido marcha atrás en las decisiones aprobadas por el VI Congreso y se están tomando a través de un cauce institucional, que impide su retroceso por decisiones unilaterales. Es necesario que la Conferencia Nacional abra un camino más allá de su documento base, hacia todo lo que necesita el país en este momento.

Con todo, la democracia es siempre una pedagogía: se «ve» lo que a diario se actúa, se educa y se vive. Una política democrática construye las garantías y auspicia con ellas su esperanza: inscribe su fuerza y construye sus derechos desde abajo, escribe en la ley el contenido de su poder y sus derechos, desarrolla su Constitución según los cambios en las condiciones del proyecto, la reforma democráticamente, se obliga a cumplirla y establece consensos sobre sus retos. Quizás se encuentre aquí un camino para llegar a un nuevo lugar. Esto no es una utopía, es un ideal: ser para creer.

Este texto se escribió originalmente para la revista “Socialism and Democracy”, de los EEUU. Esta versión en español ha aparecido en la revista cubana Temas, febrero 2012