Sobre los alcances de la lucha de los trabajadores del subte

Miguel Mazzeo

Con su lucha por el reconocimiento de la inscripción gremial, los trabajadores del subte se han puesto a la cabeza del cuestionamiento a la elite sindical, a su modelo de organización y a sus prácticas verticalistas, es decir, una impugnación a las lógicas mismas de la burocracia.

La elite sindical sufre, desde hace muchos años, un fuerte deterioro de su credibilidad, situación que, gracias a los compromisos con las patronales y con el Estado, no fue en desmedro del poder de los aparatos sindicales y del poder personal de los jerarcas. Como esta modalidad estatal tiende a perpetuar el poder de la elite sindical, a extender su modelo y sus prácticas incompatibles con una sociedad democrática y participativa, no puede dejar de afectar la función misma de los sindicatos como canales de expresión del conflicto social y minar, lenta pero ininterrumpidamente, su legitimidad.

Por su puesto, nada de esto es nuevo. Ya a mediados de los 70, frente a la crisis de representatividad de la burocracia sindical el Estado salió en su defensa. Recurrió a un doble movimiento, por un lado buscó fortalecer el modelo sindical tradicional en sí mismo, omitiendo sus problemas de legitimidad y por el otro ejerció la coerción, y permitió que la burocracia y los grupos paraestatales la ejerzan, sobre aquellos sectores que lo impugnaban y que proponían una alternativa.

En 1974, por ejemplo, el gobierno de Perón impulsó una nueva Ley de Asociaciones Profesionales y la Reforma del Código Penal (combinación para nada casual) cuyos objetivos principales eran eliminar las asociaciones de base en los sindicatos y obturar el desarrollo del clasismo. Sin dudas el propio Perón ha sido uno de los principales “teóricos” de este modelo sindical. En El Cronista Comercial, del 14 de mayo de 1974, decía: Dentro de las organizaciones, como caballos de Troya de dichas organizaciones, han surgido las que se llaman de base. Como si las organizaciones sindicales no fueran la organización de base más grande existe. Éste es un invento nuevo, son intentos de disolución y anarquía. Ceder es muy peligroso (…) contra eso no hay nada más que una cosa que hacer: cada dirigente debe esforzarse en mantener la homogeneidad de su organización despachando por las colaterales o por fuerzas centrípetas a todos esos que intentan, al servicio de cualquier causa que sea –que siempre son inconfesables, porque ninguna puede decir en que está– destruir la organización. Las fuerzas que de afuera trabajan contra la organización son peligrosas aunque no tanto. Es mucho más peligrosos ese microbio metido dentro de la organización que los que actúan desde afuera”.

La CGT reactualiza este planteo “despachador”. En su base paraoico-conspirativa, subyace la certeza de la potencialidad de la democracia de base y de sus posibilidades de expansión en contextos no coercitivos. Detestan a esos hombres y mujeres que, sin los recursos que suministra el sistema, materiales y de los otros, reconstruyen la capacidad de forjar fuerza social y política emancipadora. Los detestan porque dicen “donde están”, porque saben fehacientemente donde están dado que han superado la mixtificación. Por cierto, es la burocracia la que debe recurrir a los disfraces y enmascarar su naturaleza, una y otra vez. Por eso la violencia necesariamente aparece como el principal procedimiento para asegurarse el control del aparato. Por eso las patotas son plenamente funcionales a este modelo sindical. De un modo muchas veces inconsciente, la burocracia asume la incapacidad congénita de la propia práctica a la hora de generar lazos representativos, por eso directamente no pierde tiempo esa faena. Esto refuerza el verticalismo, el control y las prácticas tendientes a separar cada vez más a los dirigentes de las bases.

La patronal, la burocracia, el Estado y las clases dominantes en su conjunto, además de los recursos coercitivos, apelan al aislamiento de los trabajadores, buscan enfrentarlos con el resto de la sociedad, apelan a la impiedad de las clases medias pero también a las clases populares, a su apatía, su disgregación social y su inmovilismo político que fundan su indolencia, es decir, su incapacidad de sentir al otro. No en vano el poder ha favorecido los procesos constitutivos de subjetividades de usuarios, contribuyentes y consumidores en desmedro de las identidades plebeyas, en particular la identidad de trabajadores. Las luchas sociales también tienen un frente de combate contra las necesidades del capital convertidas en prejuicio de una parte importante de la sociedad.

El accionar del Kirchnerismo en la materia no es muy auspicioso. ¿Cuantos momentos estatales que expresaron un grado elevado de autodeterminación social tuvieron lugar en los últimos años? ¿Estamos frente a un Estado caracterizado por contemplar la pluralidad de las formas organizativa y promover la autodeterminación de las mismas? El gobierno ha sido consecuente a la hora de fijar límites a la capacidad de expresión de los intereses populares en forma independiente de política oficial o de la política de sus principales aliados, lo que es prácticamente lo mismo.

Pero a pesar de los datos adversos, hay uno favorable y no menor: La fuerza palpable de los trabajadores del subte, la calidad de sus prácticas y la de sus dirigentes. Los trabajadores del subte han adquirido colectivamente el conocimiento de sus posibilidades. Una praxis significativa y no un “diagnóstico” los ha convencido de sus posibilidades.

La lucha de los trabajadores del subte es estratégica, entre otras cosas porque tiene capacidad de multiplicarse y aportar a la “acumulación en el seno de la clase”, porque remite a una “contrareivindicación organizada de la legitimidad” y a un fundamento contrahegemónico. La lucha de los trabajadores del subte contiene algo nuevo todavía inconfigurado, un momento de alta productividad social y política. Su resolución favorable puede ser una señal del desbloqueo de las posibilidades de expresión de los intereses de un conjunto amplio y variado de nuevos actores sociales y políticos. Una derrota puede servir para ratificar la línea del bloqueo, que abrirá, muy probablemente, la posibilidad de una canalización violenta de los conflictos sociales. Está claro que quién será la responsabilidad.