El Salvador

Golpismo “suave” en América Latina

Dieter Drüssel
20.Ago.12 :: El Salvador

En El Salvador, la oligarquía y el partido ARENA están promoviendo una peligrosa desestabilización del gobierno actual, en el cual participa la izquierda (FMLN); es una situación que se enmarca dentro de la contraofensiva continental del imperio. Envalentonada por su éxito en las elecciones comunales y parlamentarias de marzo pasado, ARENA, que gobernó el país hasta 2009, busca junto al gremio de los grandes empresarios, ANEP, recuperar el poder perdido.


Golpismo “suave” en América Latina
La variante salvadoreña

Dieter Drüssel
Rebelión

En El Salvador, la oligarquía y el partido ARENA están promoviendo una peligrosa desestabilización del gobierno actual, en el cual participa la izquierda (FMLN); es una situación que se enmarca dentro de la contraofensiva continental del imperio. Envalentonada por su éxito en las elecciones comunales y parlamentarias de marzo pasado, ARENA, que gobernó el país hasta 2009, busca junto al gremio de los grandes empresarios, ANEP, recuperar el poder perdido. Un mecanismo fundamental para lograrlo es ejercer el control sobre la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La idea central es el saboteo al gobierno actual mientras que el FMLN forme parte de él. El pequeño país se encuentra en una grave crisis, según la derecha provocada por la negativa del FMLN a acatar las sentencias de la máxima autoridad jurídica. ANEP y ARENA, quienes celebraron abiertamente el golpe de estado en Honduras, hablan ahora, de un golpe del FMLN contra la constitución. Según ellos, con la supuesta complicidad del presidente de la República Mauricio Funes. El fiscal general amenaza con encarcelar a algunos de los magistrados de la CSJ (no adeptos a ARENA). La tesis del “golpe izquierdista”, pregonada por ARENA y los gremios empresariales viene copatrocinada por instituciones originalmente progresistas como la universidad jesuita UCA.

¿Cómo se nombra la CSJ?

La Asamblea Legislativa (AL) elige cada tres años una tercera parte de la Corte en base a una lista oficial de candidat@s, definida en elecciones por los abogados y juezas del país. En el Salvador, la mayoría calificada (2/3) es un requerimiento para todas las elecciones de segundo grado (CSJ, Fiscalía General, Tribunal Electoral, Corte de Cuentas). Como las elecciones parlamentarias también se celebran cada tres años, lo lógico sería que en un período legislativo, la AL elija solo “su” correspondiente tercio de la CSJ. Sin embargo, eso no lo prescribe la Constitución, incluso el FMLN tuvo que reconocerlo a regañadientes en el 2006, cuando después de ganar las elecciones parlamentarias de marzo de ese año con una pequeña ventaja sobre ARENA, la vieja Asamblea Legislativa (AL), en funciones hasta finales de abril, eligió el nuevo tercio de la CSJ ( la generación 2006), sin excepción de derecha, pues en la saliente legislativa el Frente no tenía los votos para impedir una mayoría calificada exclusivamente de derecha. Por lo tanto, el nuevo tercio elegido, la generación 2006 de la CSJ, se forma exclusivamente con magistrados de derecha. El pleno de la CSJ, como es obvio, avaló la constitucionalidad de este procedimiento.

Una herencia engañosa

Después de las elecciones parlamentarias del 2009, ARENA ya no podía repetir este truco debido a que el Frente tenía los votos suficientes tanto en la legislativa saliente como en la nueva para impedir una mayoría calificada exclusivamente derechista. Qué pasó entonces? ARENA, al insistir en candidaturas extremistas, totalmente inaceptables para el Frente, simplemente bloqueaba por tres meses las elecciones de la Corte y por lo tanto en buena medida su funcionamiento regular. Apoyada por la gran mayoría de los medios, ARENA perseguía dos objetivos: primero presentar la situación de que el país bajo el gobierno de Funes (con participación frentista) era “ingobernable”; segundo “meter gato por liebre al Frente”. Lograron este último objetivo, después de varios meses de caos jurídico, el Frente aceptó las nuevas propuestas de ARENA, hechas “por debajo de la mesa” , como dijo Norma Guevara, jefa de la fracción del Frente, en una entrevista con el Canal 21, transmitida el 17.7.12. En todo caso se trataba de jueces que por lo menos parcialmente no encajaron en el marco corrupto y derechista conocido. Sin embargo, había señales alarmantes desde el principio. Belarmino Jaime, electo por tres años como presidente de la CSJ, y por lo tanto, de la Sala de lo Constitucional, la sala más importante de la CSJ, y el magistrado Roberto González solo lograron colarse en la lista de candidat@s a través de un truco sucio. Una jueza arenera que no logró obtener un cupo en la lista de los gremios judiciales, interpuso una denuncia contra la lista original del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), ante Sala de lo Constitucional de aquel entonces. Según ella, su chance para poderse candidatizar fue restringido porque tres miembros de la directiva del CNJ figuraban en la lista oficial.

Inicialmente, esta Sala dictaminó unas sentencias que podríamos calificar de tipo progresista, vista la tradición judicial. Ahora, pocas de ellas tenían consecuencias prácticas o transcendentales. Por ejemplo, la Sala declaró anticonstitucional a una comisión de investigación parlamentaria contra la ex-inspectora de la policía, Zaira Navas, que estaba investigando viejas conexiones de asesinatos y de narcotráfico en la policía. El detalle es que la Sala solo halló tiempo de sentenciar una vez que la comisión parlamentaria derechista había logrado bloquear las investigaciones de la inspectora el tiempo suficiente para que la prescripción beneficiara a los investigados, que hoy han vuelto a puestos de mando en la Policía. Después de esta fase inicial progresista, la Sala tomó decisiones siempre más ambiguas. Por ejemplo, cuando la CSJ en pleno negó la extradición a España de los ex-jefes militares asesinos de los jesuitas en 1989, los miembros de la Sala se abstuvieron.

Hoy, la jefatura de la universidad jesuita UCA no se cansa de subrayar la supuesta tendencia progresista de la Sala. Quizás inspirada por la negativa de la Sala en abril 2011 de admitir una demanda en contra de la prohibición total del aborto. Un caso ejemplar de su ambigüedad fue cuando la Sala sentenció el 27 de junio pasado que el ejecutivo tiene que someter las privatizaciones en forma de concesiones de bienes públicos como por ejemplo las obras geotérmicas a la aprobación de la Asamblea. Es una maniobra contra algunas concesiones planeadas por Funes (y rechazadas por el FMLN). Pero qué pensar de esta valoración de un columnista de la derecha: “Lo curioso de la sentencia, de acuerdo con el abogado Kirio Waldo Salgado, es que la Sala de lo Constitucional ‘no resolvió su aplicación retroactivamente, como resolvió en los casos de los magistrados de la Corte Suprema de 2006’, comentó. ‘Si la Sala de lo Constitucional hubiera resuelto la retroactividad de su sentencia, habría tenido un efecto colateral monumental, es que quedaría sin efecto la privatización de ANTEL y otras empresas’, afirmó Salgado” (La Página, 24.7.12).

Pero lo más destacado es que desde el 2010, la Sala ha venido arrogándose competencias que simplemente no tiene, pero que ha venido “interpretando” como contenidos constitucionales. Por ejemplo, decidió que ciertos apartados de la constitución son inconstitucionales, porque, según ella, contradicen otros apartados de la constitución. Independientemente del contenido material de la respectiva argumentación, la Sala ha exhibido así un nuevo autoritarismo, ya que la constitución estipula inequivocablemente que cambios constitucionales son una prerrogativa exclusivamente parlamentaria.

Después de su éxito en las elecciones parlamentarias de marzo pasado, era claro que ARENA iba a provocar una nueva “crisis de justicia” como en el 2009. Supuestamente, el Frente podía evitar ese escenario impulsando él, esta vez, la elección de la nueva tanda de la CSJ por parte de la legislativa saliente. En alianza con partidos minoritarios de la derecha, que tienen el oído del presidente Funes en lo que respecta a sus aspiraciones a ocupar puestos gubernamentales, fueron electos un fiscal general reaccionario como concesión a los partidos de derecha menores, y la generación 2012 de la CSJ con una orientación más bien progresista bajo el nuevo presidente Óvido Bonilla.

Crear hechos

Desde entonces las cosas andan mal en tres niveles; a nivel de los hechos consumados, la vieja Sala simplemente ha creado una nueva jurisdicción constitucional para asegurar la permanencia de la CSJ en manos de la derecha; segundo, se ha formado una novedosa alianza derechista incluyendo organizaciones antes progresistas para impedir una victoria del FMLN en los elecciones presidenciales del 2014 y mientras tanto, por lo menos, entorpecer el gobierno de Funes o incluso lograr que éste saque al Frente del gobierno; y finalmente vimos los primeros pasos de una internacionalización de la ofensiva derechista. Pero por otro lado, el grupo que rodea a Funes ha dejado sus distanciamientos permanentes con el FMLN. Igualmente, algunos sindicatos que hasta ahora se habían limitado a conducir luchas salariales, han organizado movilizaciones para rechazar la política derechista de “la ley soy yo”.

El 5 de junio la Sala de Belarmino Jaime declaró anticonstitucional la elección de la generación 2012 por el saliente parlamento, y para fingir imparcialidad, invalidaron también la de la generación 2006. Según la sala, una doble elección por el mismo parlamento sería anticonstitucional. Por cierto, esto no está escrito en la constitución, pero la Sala emana este nuevo contenido constitucional del “derecho del ciudadano”. (Es reconocido ampliamente que la doble elección es chocante, todos los partidos habían acordado reformar la constitución al respecto, pero en la votación del 10 de agosto de 2012, ARENA negó sus votos…). Luis Armando González explica que la derecha nunca se fijó de esa situación anteriormente: “Da igual, por tanto, que una misma Asamblea elija dos tandas de magistrados en un mismo periodo de ejercicio legislativo o que lo hagan dos Asambleas distintas. […] Ese no era problema en los años de terrorismo de derecha y de anticomunismo feroz, o de los años en los que la hegemonía de derecha se daba por indiscutida. Es un problema de ahora” (Contrapunto, 17.7.12).

Un problema que la Sala pretendía resolver con una nueva jurisdicción constitucional, terminó enredándose inmediatamente en una fuerte contradicción: de un lado, dijo, es anticonstitucional para la AL elegir dos tandas de la CSJ, pero por otro lado le ordenó hacer exactamente eso; volver a elegir tanto la generación 2012 como la del 2006. Y esto hasta el 1 de julio de 2012, fecha en la que debería constituirse la nueva Corte (el traspaso de la presidencia de la CSJ se da, solamente, el 16 de julio). Pero la directiva de la AL (menos ARENA) recurrió a la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), institución que surgió en los años 90 como órgano del Sistema de Integración Centroamericano (SICA). La Sala de lo Constitucional inmediatamente hizo hincapié en que para ella la CCJ no tenía ninguna competencia en asuntos constitucionales salvadoreños. Pero la CCJ admitió el recurso y dictaminó que provisionalmente, hasta su sentencia definitiva, esperada para este mes de agosto, es vigente la elección de la generación 2012. La respuesta fue un coro de rabia, desde la Sala hasta la “sociedad civil” señalaron que nadie está por encima de la constitución salvadoreña. Un disparate, como subrayó el vocero del FMLN, Roberto Lorenzana. Por ejemplo, la constitución salvadoreña prohíbe tajantemente una modificación territorial del país, pero en 1992 El Salvador aceptó el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que le concedió a Honduras varios terrenos hasta entonces salvadoreños. Ni hablar del tratado de libre comercio con los EE.UU. y su CIADI, el tribunal del Banco Mundial al servicio de los inversionistas extranjeros contra los estados y los pueblos. Varios estados ya fueron condenados por el CIADI a gigantescas multas por haber intentado proteger su población de las prácticas destructoras de la salud y del medio ambiente, bienes supuestamente protegidos por las constituciones.

Por otro lado, el país ha firmado el estatuto de la CCJ y con esto su artículo 22, párrafo f, que dice: “La competencia de La Corte será: Conocer y resolver a solicitud del agraviado de conflictos que puedan surgir entre los Poderes u Órganos fundamentales de los Estados, y cuando de hecho no se respeten los fallos judiciales”.

La Sala insiste en sus sentencias y la mayoría del parlamento en la sentencia provisional de la CCJ. (El FMLN siempre ha dejado claro que acatará la sentencia de la CCJ, le sea o no favorable).

Antes de terminar su presidencia el 16 de julio, Belarmino Jaime nombró como sucesor interino a Florentín Meléndez. Un “nombramiento” ilegal, el respectivo artículo 2 del estatuto de la CSJ dice que el presidente puede nombrar un sustituto en caso de ausencia suya, pero no que puede nombrar a su sucesor, esta es una competencia exclusiva de la AL, según la Constitución. A la pregunta, porqué él ahora sería presidente de la CSJ cuando el pleno de la misma Corte Suprema había prohibido una medida similar en ocasión de la crisis de justicia del 2009 –el primer suplente hubiese debido suceder al presidente saliente– Meléndez respondió: “Hicimos una interpretación del artículo 2 de la Ley Orgánica Judicial. Yo fui designado como primer vocal de la Sala de lo Constitucional, por lo tanto me correspondía asumir la presidencia en funciones de manera temporal” (LPG, 20.7.12). Una clara magulla interpretativa.

Esta situación ha conllevado a que desde el 1 de Julio haya “dos Cortes Supremas”, de las cuales, la vieja logra establecer el quórum legal mínimo solamente con otra proeza de magia interpretativa. Es que la Sala, cuando invalidó las elecciones 2006 y 2012, en su muy conocida “coherencia”, decidió que los magistrados del 2006 (todos de la derecha), se quedaran en sus cargos (supuestamente, según la misma corte, anticonstitucionales) hasta que la AL proceda a reelegir la tanda del 2006. Pero la tanda 2006, muy ofendida, participa ahora en la nueva CSJ. No obstante, esta jugada permite a la Sala vieja de convocar a suplentes de algunos magistrados que ya no acuden a la Sala vieja, bien sea por oposición a ella, o por haber terminado su período de 9 años. Suplentes éstos que ya no sustituyen a nadie o a magistrad@s que sí participan, pero bajo el liderazgo de la nueva presidencia de la Corte. En definitiva, el “estado de derecho” como torre de Babel. Bien precavida, la vieja Sala hizo honor a su ilimitado arte interpretativo, al autonombrarse en una de sus sentencias del 5 de junio de 2012 como Corte Constitucional, lo que implica que tendrá “competencia” para declarar nuevos contenidos constitucionales (LPG, 9.6.12).

Movilizaciones de derecha y de izquierda

Para posibilitar la primera reunión formal de la nueva CSJ, las fracciones parlamentarias (excepto la de ARENA) cambiaron la Ley Orgánica del Poder Judicial a través de un decreto transitorio válido hasta finales de julio, de manera que una mayoría de las y los magistrados pueden convocar a una sesión plenaria de la Corte, facultad hasta ahora reservada al presidente de la CSJ. Jaime, sabiéndose en minoría, simplemente había dejado de convocar la Corte en pleno. En esta circunstancia, también el presidente Funes le provocó disgusto a la ANEP y sus socios, ya que avaló inmediatamente el decreto transitorio. El 1ro de julio, sesionaron tanta la nueva Corte como el grupo de Jaime. El gremio empresarial publicó un comunicado denunciando los sucesos como “golpe de estado jurídico” por parte de la mayoría parlamentaria y del presidente de la República. Para el 12 de julio la “sociedad civil”, o sea ARENA, ANEP y sus anexos, convocaró a una marcha contra el FMLN y el “golpe parlamentario”. El día siguiente, Lorena Peña del FMLN, dijo en la AL: “Cuando veo la clase de marchistas que ponen en la calle, me doy cuenta que árbol que nace torcido jamás su rama endereza. Mataron a Monseñor Romero, miren lo que le han hecho a la estatua de Monseñor, le cortaron la cruz, le golpearon el rostro y le pusieron un uniforme ridículo; primero lo mataron, hoy mancían su estatua [… ] Sangre le costó a este pueblo poder tener alternabilidad democrática por la vía electoral y ahora tienen que atenerse a los resultados [… ] Si nosotros sumisamente aceptamos sentencias inconstitucionales, que violan el texto de la Constitución que juramos cumplir, el día de mañana van a declarar inconstitucional el paquete escolar (programa social del gobierno), el subsidio a la energía eléctrica, todo lo que es en beneficio del pueblo y en contra de la argolla dorada que por siempre ha estado ahí, van querer declarar inconstitucional la Ley de Medicamentos, que les duele porque va a bajar el precio a ese grupo de importadores que dirigen ARENA, que han estado expoliando al pueblo con precios altísimos”.

Influenciada por su “sociedad civil”, la derecha había anunciado una “marcha blanca”, aludiendo a las marchas blancas de diez años atrás contra los planes areneros de privatizar la salud pública. Pero en la marcha del 12 de julio, ARENA volvió a ser la misma de siempre, al encontrar una pequeña marcha sindicalista en el camino, la atacó con gases lacrimógenos y piedras. El gusto de la violencia callejera reaccionaría responde a una línea clara; el 27 de junio, Luis Cardenal, presidente arenero de la Cámara de Comercio, le recordó al presidente del estado que podía recurrir a las fuerzas armadas para imponer las sentencias de la Sala, o sea, impedir la constitución de la nueva Corte el 1ro de julio, acompañada de movilizaciones de la izquierda. El 16 de julio, fecha de la toma de posesión del nuevo presidente de la CSJ, se dio una movilización de organizaciones sociales cercanas al FMLN frente al edificio de la Corte, ocupado por el sindicato SITTOJ (emplead@s de la Corte) desde hace unos días para evitar que la derecha simplemente no deje entrar a la nueva Corte.

Enseguida, ARENA suspendió su participación en el CES, un consejo socioeconómico tripartido, consultivo del presidente Funes. En el contexto de la internacionalización del conflicto, miembros del congreso norteamericano llamaron a Obama a revisar también el llamado Asocio para el Crecimiento (Partnership for Growth, PfG, una nueva modalidad de ajuste de hasta ahora cuatro países de “ingresos medianos” a la economía de EE.UU.). Muy doloroso para Funes, los cinco grandes capitalistas, con los cuales estaba manteniendo consultas sobre la PfG, se retiraron de este gremio exclusivo hasta que se termine el llamado por ellos: “golpe del FMLN”. La ANEP planificaba un cierre patronal nacional y un paro de impuestos. El fiscal general, corrupto y no reelecto por la AL, “investiga” la nueva CSJ por “usurpación de poderes” y el director de la Cámara de Comercio le promete cárcel al ministro de Hacienda, si éste no transfiere los fondos para la justicia a la vieja Sala.

Complicidad “progresista”

Como en el caso de Bolivia, vemos también en El Salvador una participación “izquierdista” en el plan derechista. ONGs, páginas Webs, personajes ex-izquierdistas son parte del mobiliario de la campaña de la derecha. Concentrémonos en una institución, que de ninguna manera es un simple apéndice de ARENA o ANEP, y que sin embargo les hace el mandado ideológico-propagandístico: la universidad jesuita, UCA, otrora plaza fuerte y martirizada de la teología de liberación. El 25 de junio publicó el editorial “Micheletti cabalga de nuevo”. Quienes tal vez creyeron que el título se refería de alguna manera a ANEP y ARENA, que abiertamente habían estado celebrando el golpe en Honduras, se vieron defraudados. Los clérigos analizan los eventos en Honduras y Paraguay como un nuevo “desarrollo golpista”. Pegándose a la forma, no al contenido, se refieren al hecho que “los parlamentos” de las dos naciones estaban involucrados en los golpes, obviando que eran las fracciones de la derecha en estos parlamentos. “Pequeña” omisión que les posibilito la conclusión deseada: “En El Salvador, los grupos que se llaman a sí mismos de izquierda deben tener el cuidado de no copiar esquemas golpistas. La escalada parlamentaria contra los magistrados de la Sala de lo Constitucional, […] se parece demasiado a la preparación de un golpe técnico contra una parte del Estado.”

Vuelve la UCA a su leitmotif en un editorial del 2 de julio. La toma de posesión de la nueva Corte el día anterior “t iene algunos de los ingredientes de lo ocurrido recientemente en Paraguay y hace tres años en Honduras” . Es asqueroso. Las relaciones del FMLN con la resistencia en Honduras son fuertes, así como las que mantienen los aliados de la UCA en este conflicto con los golpistas en el país vecino. El 18 de julio, la UCA lamenta “que en esta campaña esté coaligado el FMLN con los sectores políticos más desprestigiados y corruptos del país” . Se refieren a la alianza frentista en este tema con partidos de derecha que de verdad son corruptos. Lo pontifican aquellos, que en este asunto jalan con la principal fuerza de corrupción y violencia, ARENA/ANEP. Es cierto, la UCA tiene bellas palabras para también criticar a ésta; solo que en el caso de conspiración concreta contra el cambio real en la justicia hasta ahora entregada a la derecha, la jefatura de la UCA baila al son de la derecha. Claro, conoce sus retóricos, así que dr cura en salud y se baña en el victimismo, lamentando que se le reproche “irracionalmente” su complicidad con la derecha. Pero allí está su pata coloreada!

Benjamín Cuéllar es director del IDHUCA (Instituto de Derechos Humanos de la UCA) y da cursos de derechos humanos en la escuela estadounidense (-colombiana) ILEA para la formación de los aparatos de Seguridad en América Latina. Cuando el secretario general de la OEA estaba visitando El Salvador, le dirigió una carta abierta el 12 de julio, vociferando contra l@s parlamentari@s del Frente y sus aliad@s momentáne@s anti-ARENA: “ delincuentes con saco y corbata […] Sería fatal que prevaleciera lo que” pretenden semejantes delincuentes: “que pueden hacer lo que quieran, lo que les demande su desmedido apetito político, mientras la ley no se los impida de manera literal […]Porque quienes integran esa alianza capitaneada por lo que en algún momento fue una fuerza insurgente respetable, el FMLN”, atacan “a todo aquel que no les agache la cabeza para todo, es decir […]a quien haya desarrollado —para su bien— el pensamiento propio más allá del pensamiento único […] Tener controladas políticamente la Corte de Cuentas y la Fiscalía General de la República, que también están en disputa, sin contar con una Sala de lo Constitucional decente a la cual recurrir cuando no se investiguen delitos como la corrupción y otros, es demasiado arriesgado. Y si, además, se tiene copado el Tribunal Supremo Electoral… Ignoramos si lo sabe, secretario Insulza, pero fue con unos comicios fraudulentos con los que se comenzó a calentar el país hace cuarenta años. Y el estallido se nos vino encima, casualmente, cuatro décadas después de la matanza de 1932.” (Masacre gigantesca de los pueblos indígenas, todavía celebrada por ARENA. En los años 70, después de varios fraudes electorales, amplios sectores se unen a la lucha guerrillera del FMLN).

Es alucinante! En el país de terror neoliberal, este señor ve un gran problema: el totalitarismo del FMLN. En un país en donde la gran mayoría de los medios bombardea la gente sin cesar con la propaganda de las élites – y específicamente en el asunto que nos interesa – él arremete contra el Frente por supuestamente querer imponer un pensamiento único. Repite las mentiras de la derecha, que desde que perdió el control irrestricto de instituciones como el Tribunal electoral o la Corte de Cuenta, solo ve dictadura comunista. Denuncia tendencias “golpistas” en la fuerza que se defiende contra un nuevo golpismo, ese sí real, de la derecha. Es simplemente perverso siquiera insinuar un parentesco del FMLN con los que en el pasado organizaron tantas masacres. Es interesante el detalle que para dibujar la amenaza de una marcha forzosa del FMLN hacia el totalitarismo, el hombre de la ILEA evoca una interpretación de la historia que sirve para legitimar la masacre perpetua en Colombia: érase una vez una guerrilla que tenía ideas políticas, hoy la consume la ansia de poder y plata. Es una disociación cognitiva que parece permitir combinar el gesto progresista de antaño con la complicidad de hoy.

Cuéllar padece el síndrome de los convertidos que odian lo que ayer defendían. Pero el problema de la UCA va más allá. Un militante del FMLN opinó que detrás de la agresividad de la UCA o de la Funde, fundación ex-izquierdista, está la frustración porque su proyecto de una “tercera vía” entre izquierda y derecha siempre se topó con el FMLN. Según esa tesis, la derecha es demasiado descreditada y la izquierda demasiado dogmática como para posibilitar mejoras reales. Un discurso cuyo eje central es el llamado cansancio de la ciudadanía con el sistema político, discurso que parece rebelde, pero a la vez es funcional a la derecha. No son, en el ejemplo de los “golpes parlamentarios”, las derechas en estos parlamentos que hacen el golpe, sino “los” parlamentos. No son los partidos derechistas que son serviles a las élites, que se burlan de la gente y mienten sin ruborizarse, sino “los” partidos. Si se enfrentan cuadros políticos de la izquierda y de la derecha, son pleitos de chuchos, estallidos de protagonismo, típicos de la “clase política” donde tod@s son iguales, nunca es choque de dos proyectos distintos. Se sabe que ese discurso del “tedio de la política” es parte de una ofensiva global de la derecha, por su estado “liberal” , fuerte en la represión y la guerra, débil en lo social y democrático. (En su versión sofisticada europea, hablamos de gobiernos tecnócratas que implementen las “reformas necesarias” que gobiernos “débiles”, o sea, de alguna manera pendientes del ambiente electoral, no logran realizar.) La UCA en eso tiene su propia marca: no quieren un nuevo dictador, sino más iglesia. Primero hay que echar un discurso que diluya las coordenadas izquierda/derecha, abajo/arriba, el antagonismo social. En su editorial del 13 de julio, la UCA procede así: “Qué hace que la Conferencia Episcopal de la Iglesia católica coincida con las iglesias evangélicas en el apoyo a la Sala? En definitiva, ¿qué explica que algunas organizaciones tradicionalmente identificadas como de izquierda coincidan hoy con instancias emblemáticas de la derecha? ]…] Las situaciones extremas tienen la virtud de unir a los que difieren. Esta es la experiencia de las comunidades que se inundan en cada invierno y que se organizan para salvar sus vidas. En esa situación, no valen colores políticos […] impera la lucha por la supervivencia. […] Honduras vivió algo parecido.” Porque allí supuestamente, sectores “de orientación decididamente conservadora“ se juntaron con la izquierda en la resistencia, todos, excepto “los sectores que vieron peligrar sus privilegios tradicionales” . La resistencia hondureña ni de izquierda ni de derecha? Oigo cagarse de risa a l@s compas del FNRP. En su editorial del 18 de julio, citado más arriba, la UCA vuelve a insistir en su tesis de la pérdida de la confianza popular en “las” instituciones, mencionando como excepción positiva “las Iglesias, que no buscan generalmente más que ayudar” . (Por eso, la UCA, cuando Woytila visitó el país en los años 90, no se cansó en alabarlo como “papa de la teología de liberación”.)

Una variante de ese discurso del “cansancio ciudadano” la representa en El Salvador el grupo Tendencia Revolucionaria, supuestamente de izquierda radical. Se permite el lujo de “interpretar” la confrontación actual como competencia de dos estrategias de acumulación. Dice Fidel Nieto de la TR en rebelion.org: “ En este tema de la Sala de lo Constitucional el FMLN está muchísimo más a la derecha que ARENA.” La tesis de las dos derechas y la equidistancia es un viejo truco para camuflar, bajo un aluvión de radicalismo verbal y seudo-analítico de que no se toma partido contra la derecha. La TR se parece a aquella “izquierda” que siempre golpea a las fuerzas que están en la mira de la derecha.

Campaña internacional

Se dieron intervenciones importantes de varios políticos internacionales en la crisis de El Salvador. Empezó el baile la responsable para América Latina en el Departamento de Estado, Roberta Jacobson, comentando que la crisis judicial podría afectar proyectos de cooperación como el Asocio para el Crecimiento (LPG, 28.6.12). Dijo que les toca a los salvadoreños “decidir y debatir” el conflicto. O los EE.UU. se hicieron antiimperialistas, o bien dicen que no hay que acudir a la Corte Centroamericana. En el mismo sentido se expresaron ese día el representante de la OEA y un poco más tarde aquel de la UE. Una semana más tarde, según AFP, Jacobson vio en peligro “la supervivencia de la democracia”. Entretanto, ARENA anunció buscar apoyo en la OEA y la ONU, a ésta última también el procurador para los derechos humanos quería recurrir. El 8 de julio, Mary O’Grady, columnista del Wall Street Journal y admiradora de Pinochet, arremetió contra el FMLN, reciclando de paso la vieja mentira que Salvador Sánchez Cerén, vice-presidente del país y probable candidato frentista a la presidencia para las elecciones de 2014, haya liderado marchas de júbilo después de 9/11. Siguió el 16 un editorial del Washington Post, insinuando también la mentira de la marcha post-9/11, pero sobretodo atacando el FMLN: “Aún si la actual crisis se desarticulara, el FMLN escogió un líder y tomó un curso que amenazan la estabilidad y la democracia salvadoreñas. Vistos los fuertes lazos con aquel país, reforzados por la gran población salvadoreña inmigrante acá, los Estados Unidos tienen un fuerte interés en defender el orden constitucional” . El mismo día, los senadores estadounidenses Marco Rubio, Robert Menéndez y Dick Lugar criticaron la “inconstitucionalidad” de la nueva Corte. Rubio y Menéndez promovieron el corte de la “cooperación” gringa con El Salvador y la retirada de visa para funcionarios “responsables” de la inconstitucionalidad. El 19 de julio, la embajadora del país del norte, Mari Aponte, dijo: “Lo que sí sabemos en términos de la Corporación del Reto del Milenio (MCC), del Asocio para el Crecimiento es que la estabilidad jurídica, un Estado de Derecho son bien importantes para la empresa privada”. También la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navanethem Pillay, se sintió obligada de expresar el 18 de julio su defensa de la “independencia de la justicia”. Tomas de posiciones contrarias como la del Parlacen, parlamento centroamericano, defendiendo la competencia de la Corte regional, casi no fueron mencionadas por los medios. Una campaña evidentemente orquestada, cuyos operadores salvadoreños fueron nombrados tanto por el secretario general del FMLN como por Funes. Es evidente también la influencia de la campaña electoral en EE.UU. Representantes importantes de la administración Obama en el congreso (Patrick Leahy, Jim McGovern) se pronunciaron por la continuidad de la “cooperación” con El Salvador.

De lo que se trata

A fnales de julio, el presidente Funes convocó a las directivas partidarias a negociar bajo su mediación una solución a la crisis judicial. Después de 12 rondas, hay acuerdos parciales, pero, aunque el presidente siga manifestando bastante optimismo, todavía queda muy en veremos una posible solución. El meollo del asunto es la hegemonía derechista en la Sala Constitucional, ARENA y la ANEP no quieren ceder en nada. Quieren su Corte Suprema para neutralizar y revertir resultados electorales o desarrollos políticos que no les favorecen. Salió a la luz que uno de los personajes derechistas en la Sala, Roberto González, había sido condenado por violencia intrafamiliar, antecedente que lo descalifica automáticamente para ser magistrado de la Corte. Recordemos que en el 2009, tanto González como Jaime solo lograron ser candidatos por la Corte gracias a una maniobra de una jueza arenera mencionada más arriba. Y l@s que hoy alaban a los “fantásticos 4” de la Sala saliente como defensores del estado de derecho, olvidan otro detallito, la AL del 2009 eligió a los nuevos magistrados cuando la entonces Sala de lo Constitucional había vetado cualquier elección mientras ella no decida definitivamente sobre la queja de la jueza arenera mencionada. A nadie, y mucho menos a los nuevos magistrados, les importaba un pedo esa circunstancia, una vez que ARENA logró domar el FMLN con el susto de la “ingobernabilidad”.

Bien resumió Norma Guevara, jefa de fracción frentista, el fondo del problema actual: “el temor” de la derecha “de interrumpir su estrategia para modificar el sistema político que se opera con la sustitución de contenidos fundamentales de la Constitución con resoluciones judiciales que transfieran la operación de la gestión de gobierno a los actores y representantes de la oligarquía, al poder económico” . O en las palabras de Roberto Lorenzana, vocero del FMLN: “Lo que estamos viendo es una especie de estructura que está tratando de convertirse en el poder político de los jueces. Eso es lo que está planteado y hay otras experiencias internacionales, que ellos están viendo como por ejemplo la experiencia de Egipto, que la Corte Suprema destituyó incluso todo el Congreso, es una corriente internacional, en la cual se plantea el Gobierno de los Jueces, ellos quieren convertirse en el Gobierno del País y estar por encima de todos reformando la Constitución.” Refiriéndose a una reforma constitucional aprobada en la AL el 10 de agosto contra los votos de ARENA (¡) para que en el futuro, una misma legislatura solo pueda elegir una tanda de la CSJ, Lorenzana comentó que en la ronda de negociación, el jefe arenero, Alfredo Cristiani, dijo, “para qué reformar la Constitución, en la que quede claro que una legislatura sólo puede elegir una vez, si ya la Sala de lo Constitucional reformó la Constitución.”

La estrategia de desestabilización contra el Frente seguirá, de llegarse o no, a una solución en el caso judicial. En eso podemos hacerle confianza al Washington Post: El FMLN, su rumbo, su candidato son el enemigo. La confrontación a nivel institucional es absolutamente necesario; solo esperemos que el Frente logre llevarla también a terrenos más cercanos a la gente.

Postscriptum:

El 15 de agosto de 2012, la Corte Centroamericana de Justicia sentenció que el procedimiento seguido y decidido por la AL en abril pasado, es decir; la elección de la generación 2012 de la CSJ y el nombramiento de Bonilla como presidente, cumplió con todos los requerimientos constitucionales. Al mismo tiempo, en las conversaciones, mediadas por el presidente Funes, el FMLN hizo una generosa concesión, aceptó que los cuatro magistrados de la Sala saliente hicieran parte de la nueva Sala. Es difícil no interpretar este acuerdo como una ventaja para la derecha, ya que esto les da una mayoría en la Sala para seguir fallando conforme a la derecha moderna. Pero ARENA sigue insistiendo que un quinto magistrado de la derecha integre la Sala. Al presidente electo en abril, Bonilla, lo aceptan a lo sumo como magistrado, pero no en la Sala. Por su parte el FMLN y sus aliados insisten en Bonilla como presidente.

Es evidente, que a la derecha no le interesa solucionar la crisis de la justicia de no ser que ella ejerza un control total sobre la Sala. En las negociaciones del viernes 17 de agosto, ARENA pidió alargar aún más el tiempo para llegar a una “solución”, lo que motivó al presidente Funes a decir: “Si no se logra un acuerdo en la reunión de mañana [18.8.12], esta mesa será levantada por el presidente de la República” (LPG, 18.8.12). Incluso dijo que ARENA: “[…] hoy se atrinchera detrás de cuatro magistrados para desestabilizar al país, para crear un clima casi golpista, que les devuelva el control del poder” (El Mundo, 18.5.12).

La ronda del sábado, 18 de agosto, términó sin que los partidos lleguen a una solución. Ahora, los acuerdos preliminares entrarían en vigencia cuando se logre un acuerdo global. De no ser así, no quedaría otro camino que acatar la sentencia de la Corte Centroamericana. O sea, la desestabilización se profundizaría, porque la derecha no tiene ninguna intención de acatar esa sentencia. Entonces, entraríamos a otra etapa, caracterizada probablemente por una mayor tensión y más intervenciones de fuerzas imperialistas camufladas en el eufemismo de la defensa de la “independencia de la justicia”.