Argentina

Desaparecedores

Guillermo Cieza
02.Sep.17 :: Argentina

A la hora de denunciar a los autores de la desaparición de Santiago Maldonado no debe excluirse a los grandes medios, que se han convertido en partícipes necesarios


Desaparecedores

Guillermo Cieza

A la hora de denunciar a los autores de la desaparición de Santiago Maldonado no debe excluirse a los grandes medios, que se han convertido en partícipes necesarios

La desaparición de Santiago Maldonado de la que hoy se cumplen 31 días es en primer lugar un hecho repudiable, desnudando la continuidad en este período de democracia constitucional, de la ejecución de prácticas de terrorismo de Estado, que nos retrotrae a los tiempos de la dictadura.

Hay otras líneas de continuidad que iluminan este crimen aberrante, como son el despojo al pueblo mapuche, los protocolos de encubrimiento, la complicidad de los medios de desinformación y el castigo a la solidaridad.

Mapuche: una continuidad en el despojo

Con respecto al despojo del territorio del pueblo mapuche me parece conveniente recordar que en los primeros actos de gobierno de la Revolución de mayo de 1810, se dictaron medidas con respecto a los pueblos originarios que implicaban un reconocimiento de los pueblos que se encontraban dentro de los limites formales del territorio del virreinato así como hacía quienes se consideraban una nación vecina. A los primeros se le ofreció elegir, según sus propios mecanismos decisorios, representantes para participar en la Asamblea del año XIII; a los segundos se les envió una misión diplomática para estrechar lazos de amistad y dar continuidad al comercio existente desde las épocas de la colonia.

El reconocimiento al territorio gobernado por los mapuche y sus alianzas (en algunos territorios con los tehuelches, en otros con los pehuenches) fue reconocida por José de San Martín, que pidió a los caciques permiso para transitar su territorio, como una posibilidad para el cruce de los Andes.

La “Campaña del desierto” ha sido caracterizada como un genocidio interno, cuando en realidad se corresponde mas a una guerra de exterminio contra una nación vecina que fue despojada de sus territorios y sus habitantes fueron masacrados. Se parece mas a la Guerra de la Triple Alianza ejercida contra el Paraguay, con sus contenidos de masacre y despojo, que a feroces represiones internas como la que se efectuaron contra las organizaciones obreras a principios de siglo, o durante la última dictadura militar.

La batalla de San Carlos, en 1872, que marca el comienzo de la derrota de la Confederación Mapuche liderada por Calfucurá, permite identificar el conflicto entre naciones diferentes, y no una cuestión de confrontación y “limpieza” étnica en un territorio compartido. En las tropas dirigidas por el general Ignacio Ribas se alistaban 753 soldados criollos y 1140 originarios de las etnias boronas, pampas y ranqueles, liderados por los caciques Catriel y Coliqueo. Del lado de Calfucurá, peleaban algunos blancos, que perseguidos por las injusticias del incipiente Estado argentino, habían sido acogidos por las tolderías.

La “Campaña del desierto” corre la línea de la frontera de la nación mapuche, y deja a las comunidades sobrevivientes confinadas en territorios que van perdiendo posteriormente, en la medida que empiezan a valorizarse por la explotación forestal, el avance inmobiliario, el turismo y el extractivismo. En ese despojo no es menor el papel jugado por Parques Nacionales, institución que nació en 1922, precisamente en la zona del Lago Nahuel Huapi, con el Parque Nacional del Sud y donde el sano argumento de proteger la fauna y flora de lugares de interés científico, encubría que estas tierras estaban habitadas por población originaria.

El despojo no se limitó a promover el éxodo de poblaciones que se encontraron sujetos a normativas que le prohibían “en nombre de la defensa de la Naturaleza” cazar, pescar o extraer leña del bosque, sino al hecho que periódicamente las direcciones del Parque, en asociación con las inmobiliarias promovieron “loteos”, que permitieron que las tierras de gran valor turístico o ricas en recursos naturales, pasaran a manos de particulares o extranjeros.

En tiempos mas recientes la explotación petrolera en su variante tradicional o la de ‘fracking’, generaron nuevos conflictos y despojos. En esos conflictos, el apoyo a los saqueadores no ha sido una exclusividad de las dictaduras o de los gobiernos neoliberales. La llegada al gobierno de variantes progresistas modificó formas, pero no anuló los conflictos de intereses entre los saqueadores y el pueblo mapuche. Gobernadores radicales, peronistas y de partidos provinciales como el MPN, siguieron avalando los despojos. En los casos más notorios, Alfonsín apaño intereses petrolíferos y gasíferos para enfrentar a los mapuche por el yacimiento de Loma de la Lata. El kirchnerismo entró en conflicto con los mapuche por su intención de hacer ‘fracking’ en Vaca Muerta.

El gobierno de Macri ha continuado esa ofensiva, sin las instancias de dialogo, o “tenencias precarias”, que habilitó el gobierno anterior. Por más que se lo propusiera, le costaría disimular sus intenciones. Entre sus ministros y altos funcionarios se repiten los apellidos Braun y Bullrich, dos familias patricias que deben buena parte de su fortuna al despojo de la Patagonia. Sus herederos encarnan la mentalidad saqueadora de los peores cruzados de la campaña del desierto, su política de intervención frente al conflicto es caracterizar como terrorista a cualquier reclamo o reivindicación posesoria por partes de los mapuche, cualquier traba a sus negocios que incluyen explotación de minerales, reservas de agua potable, turismo y zonas de refugio para los privilegiados ante eventuales desastres climáticos planetarios. Desde esa mentalidad y con esas ordenes emanadas desde el gobierno nacional, la Gendarmería intervino en el conflicto planteado por la acción de cortar una ruta nacional en reclamo de la libertad de un compañero detenido, ejecutada por siete miembros de la comunidad Lof de Cushamen. y Santiago Maldonado

Viejos Protocolos, el mismo encubrimiento

Ocurrió que esta vez la víctima de la desaparición no fue un mapuche, sino un joven blanco, nacido en la Provincia de Buenos Aires, con una familia entera dispuesta a salir en su defensa y hacer las aclaraciones correspondientes y con muchos amigos de clase media con capacidad de difundir la verdadera versión de los hechos por las redes sociales. Ocurrió también que en el propio lugar de los hechos se pudo apelar a una asistencia jurídica, forjada en la defensa del pueblo mapuche, veterana en la denuncia de despojos, persecuciones, asesinatos y desapariciones.

Frente a lo ocurrido el gobierno de Macri, ejecutadas por la Ministra Patricia Bullrich, ha desplegado distintas estrategias.

La primera decisión se tomó cuando fue informado, supongo en las primeras horas del hecho de que “algo había sucedido con Santiago Maldonado”. Hay distintas hipótesis:” detuvimos a un terrorista”; “ya agarramos a uno para interrogarlo”, “tenemos a uno, pero el personal lo golpeo mucho y no es seguro que viva”; “Agarramos a uno y lo matamos a palos”. En ese momento y cualquiera haya sido el contenido de aquella primera comunicación, es evidente que el gobierno subestimó lo que podía provocar la desaparición de Santiago.

Supongo que la asociación forzada de que un colaborador de un mapuche es casi lo mismo que un mapuche, un marginal, y que por lo tanto la su desaparición no pasaría de una noticia policial lo llevó a la primera decisión equivocada. Aquel error en ese primer momento descolocó al gobierno frente a la creciente difusión del hecho. En esa misma dirección de diluir la gravedad del hecho se apeló al protocolo que han aplicado en otras desapariciones. Decir que el ausente no está desaparecido, sino que ha sido visto en Entre Ríos, Mendoza, Brasil o Europa. Ese es un cuento demasiado viejo y todos los organismos de derechos humanos, incluido los familiares de victimas del gatillo fácil, tienen la experiencia suficiente para advertir que cuando aparecen esas historia se confirma que el Estado está involucrado en el encubrimiento.

Ya asumida la decisión de encubrir la desaparición de Santiago, la primera táctica para desviar la atención fue acentuar la condición de terrorista del mapuche preso Facundo Jones Huala, su grupo denominado Resistencias Ancestral Mapuche (RAM) y su comunidad. El problema aquí es que ese tipo de acusaciones pueden ser aceptadas o dadas como probables en momentos que la opinión pública esta descuidada. La constitución de un grupo armado (la calificación de terrorista es otra discusión), supone estructura, un contingente de combatientes, logística y acciones armadas ejecutadas.

Las referencias sobre este grupo, que son las que tiene cualquier persona medianamente informada en la zona donde han sido visibles, dan cuenta de un grupo de jóvenes de los barrios mas pobres de Bariloche, que en tiempos recientes asumieron su identidad mapuche, y que se han destacado más por su mística y su discurso combativo que por la realización de acciones de confrontación directa. Coinciden también que son muy pocos, difícilmente superen la veintena, que muchos de ellos son parientes directos, incluido los hermanos menores de 16 años. Las armas encontradas en la comunidad atacada eran palas, rastrillos y serruchos.

Cuando el gobierno o medios de informaciones involucrados en el encubrimiento de la desaparición de Santiago Maldonado han querido identificar las acciones del RAM, no pueden hacer más precisiones de que se encapucharon en distintas oportunidades, de que son amenazantes, de que hubo algún incendio y pueden haber sido ellos, de que les tiraron un par de piedras a la gendarmería. Sin pretender ofender a la mística del RAM, cualquier barra brava de un club de futbol tiene antecedentes más violentos.

La acusación de Daniel Barberis, Director de Violencia Institucional, de que tienen relación con las FARC, es tan poco creíble como los “honorables“ antecedentes de ese personaje (detenido por secuestro extorsivo, y después prófugo por la misma causa).

La segunda táctica asumida por los medios de comunicación ha sido banalizar la desaparición de Santiago, proponiendo que la circunstancia de que en un país donde siempre desaparecen personas, su caso haya tenido tanta difusión es producto de las chicanas electorales del kirchnerismo, para perjudicar la votación de Cambiemos, en octubre de 2017. Algunas torpezas cometidos por algunos comunicadores, sindicalistas y dirigentes sociales y políticos kirchneristas con el objetivo de salir en primera fila en la foto de la lucha por la aparición con vida de Santiago han sido funcionales a la estrategia del gobierno

Si, como mencionamos anteriormente, la vinculación de la causa mapuche con el kirchnerismo es forzada, también lo es pretender presentar a Santiago como un militante de “La Campora”. Está su familia, sus amigos y sus compañeros de ideas para desmentirlo.

Cuando escribo este articulo advierto que la última táctica para garantizar el encubrimiento de la desaparición de Santiago es la promoción de una campaña de miedo donde, por un lado, se denuncia un supuesto ataque de fuerzas que quieren acabar con el Estado Nacional, y por otro se hostiga y reprime a los supuestos involucrados en el plan subversivo. Los primeros actos se dieron con los allanamientos en El Bolsón y otros lugares de resistencia combativa en la Patagonia. En la misma línea están los allanamientos producidos el jueves en Córdoba.

Esta línea de acción política también se corresponde con un protocolo de actuación al que han acudido distintos gobiernos en momentos que se sintieron afectados por demandas populares.
Es bueno echarle una ojeada a los documentos que circularon en despachos oficiales, en los días previos a la Semana Trágica, o en junio de 2002, en los días previos a la masacre de Avellaneda. Dicho en otras palabras. Frente a la evidencia de que no se puede negar de que Santiago está desaparecido, se advierte que este es un momento peligroso, o poco adecuado para hacer reclamos.

¿Complicidad o participación necesaria?

Cuando se analizan los hechos ocurridos en la última dictadura se menciona la complicidad o el silencio de muchos periodistas y grandes medios de comunicación. Es evidente que durante los largos años de genocidio estos periodistas y medios no publicaron denuncias sobre las violaciones de derechos humanos, y tuvieron una actitud obsecuente con las políticas oficiales desarrolladas en el plano internacional, económico, educativo, sanitario, etc. Pero en el momento de valorar conductas, las actitudes de colaboración abierta suelen mezclarse con las actitudes de quienes, por miedo o preservación de su vida, prefirieron mantenerse en silencio.

La atenuación de las responsabilidades de la prensa en el genocidio se expresa en el hecho de que, en los juicios por los asesinatos y desapariciones durante la dictadura, no hay periodistas condenados por su complicidad con esos hechos.

Francamente creo que las ideas de protección mediática y de periodistas cómplices han quedado viejas, desactualizados, en el marco de la guerra de cuarta generación que se desarrolla contra los pueblos. En este nuevo marco, el ejercito de comunicadores reclutados por el Imperio y las burguesías saqueadoras es tan o más importante que las fuerzas militares.

La circunstancia de que no exista una dictadura, de que no exista un amenaza cierta de que un periodista que se niegue a decir una mentira sea asesinado (en todo caso va a perder el empleo), refuerza esta idea de que ya no se puede hablar de silencios, de simpatías, de complicidades circunstanciales sino de lo que en términos penales se conoce como “participación necesaria”. Puede no haber apretado el gatillo, pero sin su participación el crimen no pudo haberse cometido.

¿Porque pensamos que para el cometer el crimen contra Santiago de hacerlo desaparecer, tiene mayor responsabilidad un gendarme que participó en el operativo pero que ahora esta sometido a un pacto de silencio, que un periodista que conoce el desenlace real de lo ocurrido y difunde la versión de que esta paseando en otra provincia?

¿Porque tiene mas responsabilidad el jefe del operativo que ha recibido la orden de combatir a los terroristas sin restricciones en el uso de armas de fuego, que el periodista que sabe que la presencia de Santiago en el lugar obedeció a motivos solidarios y asegura en su programa televisivo que integraba una banda terrorista?.

Se puede alegar que el periodista actuó con posterioridad a que el crimen fue consumado. Pero no hay más que repasar los programas o editoriales escritas previamente para advertir que algunos periodistas venían preparando a sus audiencias y lectores para justificar la represión que se avecinaba. Y además porque si el caso de Santiago queda impune, cualquier represor ya sabe que habrá un ejército de periodistas dispuestos a encubrirlos y desviar el rumbo de la causa.

El actual proceso de dominación capitalista en el mundo, que pone el acento en el saqueo de los bienes naturales, que apela a la guerra y a todo tipo de acciones represivas violentas y que no se apiada de su saldo de aumento de poblaciones excedentes, no se ejerce exclusivamente desde la política, la economía y el poder militar. Sino, y en plano destacado, desde el poder mediático. A la hora de denunciar a los autores de la desaparición de Santiago Maldonado no debe excluirse a los periodistas y grandes medios de información, que se han convertido en partícipes necesarios.

El castigo a la solidaridad

El principal mensaje pedagógico de las dictaduras es el castigo a la identidad de los pueblos. Las dictaduras asesinan y hacen desaparecer a militantes populares, las dictaduras destruyen economías y países, pero por sobre todas las cosas tratan de destruir la autoestima de los pueblos. Intentan convencerlos de que sus orígenes dan vergüenza, de que nada saben, de que su destino inevitable es el fracaso, de que reclamar su dignidad es una pretensión insolente, de que si se juntan solo se crean problemas a si mismos, de que la solidaridad es un acto que merece castigo.

No estamos en una dictadura, pero el castigo a la solidaridad con Santiago Maldonado se corresponde con los mismos disvalores que caracterizaban a las dictaduras. La desaparición forzada y el ejercicio del terrorismo de Estado también son actos que nos retrotraen a las peores prácticas de las dictaduras.

Que los ejecutores de estos actos hayan llegado al gobierno por elecciones no anula las coincidencias. En todo caso certifica que quienes en el pasado, por falta de votos, debían recurrir a las dictaduras para alcanzar sus objetivos, ahora pueden llegar al gobierno por vía electoral. Algo muy grave nos debe haber pasado como pueblo para que esto haya sucedido.

Para reclamar “¿Donde esta Santiago?, habrá que reclamar mas unidos que nunca. Para homenajear al compañero Santiago, a Mariano Ferreyra, a Darío y a Maxi y nuestros treinta mil compañeros desaparecidos, habrá que buscar nuevos caminos.

Texto completo en: https://www.lahaine.org/desaparecedores