Argentina

Santiago se lo llevaron los gendarmes. Nuevo testimonio

Adriana Meyer
19.Sep.17 :: Argentina

Un nuevo testimonio será presentado ante la CIDH por un joven de la comunidad mapuche que estaba junto a Santiago Maldonado el día de su desaparición. Su relato desmiente las hipótesis de que se pudiera haber ahogado y reafirma la responsabilidad de los gendarmes.


Santiago no se ahogó, ni cruzo el río. Se lo llevaron los gendarmes.
Nueva testimonio

Un nuevo testimonio será presentado ante la CIDH por un joven de la comunidad mapuche que estaba junto a Santiago Maldonado el día de su desaparición. Su relato desmiente las hipótesis de que se pudiera haber ahogado y reafirma la responsabilidad de los gendarmes.

Santiago y el peñi salen corriendo hacia el río. El peñi es un joven mapuche cuyo testimonio da cuenta de los hechos que culminaron con la desaparición forzada de Santiago Maldonado el 1 de agosto. Este testimonio desmiente una vez más las hipótesis que deslindan la responsabilidad de Gendarmería o de que pudiera haberse ahogado. El testigo señala que los gendarmes habían ingresado a la Pu Lof en Resistencia de Cushamen a los tiros. Maldonado llega a meterse al agua helada del Río Chubut pero no puede seguir y vuelve a la orilla. “Me dijo que no podía más, que se volvía. La situación del cruce del río es observada por una decena de gendarmes que se encontraban sobre el alto de la barranca. Tres de ellos bajan hasta el arbusto donde estaba Santiago gritando ‘acá tenemos a uno’, y ahí escucho un escopetazo. Entre los tres lo arrastran con golpes hasta ese alto donde se encontraba el resto. Lo suben a una Unimog, y esa fue la última vez que lo ví”, declaró el peñi (miembro de la comunidad). “Cuando llegué del otro lado del río junto a los otros peñi subimos a caballo hasta la punta de una loma, donde hay señal de celular, y desde ahí enviamos un mensaje a una lamien (hermana) que se encontraba en el ingreso a la tranquera con los organismos de derechos humanos: ‘se llevaron al Brujo’”. Según este nuevo testigo presencial, Santiago Maldonado no se ahogó ni cruzó el río, fue sacado del agua por los uniformados que habían reprimido aquella mañana del 1 de agosto a los mapuches, tras el corte de ruta con el que habían reclamado por la liberación de su lonko Facundo Jones Huala. Según el testimonio, Maldonado fue golpeado y subido a la camioneta de Gendarmería, tal como ya declaró Matías Santana.

Este joven mapuche relató la escena a los abogados que querellan contra el Estado por la desaparición forzada de Maldonado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. PáginaI12 accedió al anticipo de la presentación que harán, en dos casos abiertos ante dicho organismo, por Naturaleza de Derechos y una veintena de organizaciones sociales, denunciando la violación de derechos humanos a la comunidad mapuche, tanto por los hechos del 10 y 11 de enero de 2017 como por los del 31 de julio y 1 de agosto. Los abogados Fernando Cabaleiro y Carlos “Chuzo” González Quintana estuvieron una semana en Bariloche, Esquel y El Bolson recolectando testimonios en el caso en el que reclaman protección para todos los miembros de la Pu Lof en Resistencia en Cushamen, Chubut, y en el cual la CIDH los habilitó para aportar información sobre Maldonado, para quien se inició un expediente autónomo. También se dictó una medida cautelar el 22 de agosto de 2017 a fin de que la Argentina “adopte las medidas necesarias para determinar la situación y paradero de Santiago Maldonado, con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal; e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar”.

“Elaboramos este informe –reza el anticipo del documento– tomando testimonios a los comuneros y comuneras en el sur para informar a la CIDH sobre la situación de desprotección, persecución y hostigamiento que padecen los miembros de la Pu Lof, como así también quienes pertenecen a la red de apoyo, que comprende también a personas no mapuches, como es el caso de Ariel Garzí, amigo de Maldonado. Y también se denuncia el proceso ilegal contra el longko de la comunidad Facundo Jones Huala, que está detenido arbitrariamente en una situación idéntica a la de Milagro Sala. De los testimonios directos que estuvieron en la Pu Lof el 1 de agosto para el informe ante la CIDH se obtuvieron cuatro, dos femeninos y dos masculinos. Dos de ellos solicitaron reserva absoluta de su identidad, por eso unificamos el criterio y los identificamos con una letra”. Dos de los testigos ya prestaron declaración testimonial ante la justicia, son Soraya Maicoño y Matías Santana. “Se le indica a la CIDH –agrega el escrito– que la mayoría de los testigos son muy jóvenes, algunos de ellos han sido víctimas de apremios ilegales, y tienen mucho temor. Ni la fiscal ni el juez de Esquel ofrecen garantías de protección a los testigos. El caso más grave es el de Ariel Garzí, que a la semana de la desaparición de Santiago Maldonado, aportó pruebas esenciales para la resolución del caso, sin embargo el juez relativizó de modo muy sospechoso su testimonio y el aporte de pruebas”. En diálogo con PáginaI12, Cabaleiro y González Quintana afirmaron que “acá ante todo hay responsabilidades penales, no solamente de una treintena de gendarmes, –en especial una decena de ellos– que ingresaron al territorio ancestral mapuche con dispensa judicial para acribillar a jóvenes, con cartuchos de perdigones de plomo, que tienen capacidad para matar a una persona, tal como consta en las fotos tomadas por los comuneros de la Pu Lof. De esta agresión se presume que fue víctima Santiago Maldonado, según estos testimonios y los de funcionarios judiciales y del gobierno nacional”. Y agregaron que “hay fotos sobre el puesto de guardia que dan cuenta que se utilizaron cartuchos con perdigones de plomo”. Por lo tanto, la conclusión que se presenta ante la CIDH es que Santiago Andrés Maldonado fue desaparecido forzadamente por la Gendarmería Nacional y que hay responsabilidad exclusiva del Estado Argentino.
Los hechos

El juez federal Guido Otranto tiene prevista la reconstrucción de los hechos para el miércoles, aunque a su esquema quizás le falten algunas piezas esenciales. “Con los testigos directos pudimos reconstruir los hechos en la Pu Lof y los últimos momentos de Santiago antes de su desaparición. El testimonio A corresponde a una mujer de 28 años, madre de un hijo. Llegó el 31 de julio de 2017 al territorio aproximadamente a las 19 horas, desde la ciudad de Puelo. Llegó a la guardia en la cual se encontraba Maldonado, a quien conoció el día de la protesta en el Municipio de El Bolsón, por la ley de tierras. Lo describe muy divertido, es más cuando la testigo llega a la Pu Lof se estaban riendo porque Santiago estaba haciendo chistes reclamando un morral y nadie se lo prestaba. La mujer, miembro de la comunidad, afirmó que el 1 el joven tatuador estuvo en el primer enfrentamiento ejerciendo autodefensa. El testimonio C, que pertenece a Maicoño, también señala que lo vió. Ella llegó a las 9 de la mañana, ahí pudo ver como la Gendarmería entraba y salía del territorio desde la guardia vieja, cruce de la ruta 40 nueva y vieja, de ripio. Apunta que se dirige a la guardia nueva y ahí encuentra a los comuneros y comuneras que estaban sin dormir por el hostigamiento, y saluda entre los comuneros a Maldonado.

Según la mujer mapuche, que está citada para esta semana por el juez Otranto, Santiago estaba junto 7 u 8 comuneros que se encontraban en la ruta en horas de la mañana el 1. “Cuando se produce la irrupción de Gendarmería al predio, Maldonado se encontraba agrupado con varios comuneros dentro del territorio a varios metros de la tranquera principal del predio, y ante los disparos y el ingreso de los gendarmes, que los tomó por sorpresa, corre hasta el puesto de guardia nuevo, toma su mochila y sale corriendo hacia el río junto a los demás comuneros. El Testimonio E da cuenta que estuvo con él: “Fui el último que tuvo contacto con él antes que Gendarmería se lo llevara”.
Río bajo cero

Al llegar al río con Santiago, deciden cruzarlo, pero a esa altura había una parte profunda, donde la única manera para cruzarlo era través de un nado de metros. Según el testimonio E, Santiago no sabía nadar, entonces trata de tomarlo para ayudarlo a cruzar. “Mientras eso sucedía los gendarmes efectuaban disparos contra ellos. La acción se dificultaba bastante, entonces Santiago le dice “siga usted peñi, no puedo más, yo me vuelvo”. Entonces lo suelta y así Santiago vuelve a la ribera del río y trata de meterse en un arbusto. Estaba totalmente mojado, la temperatura era muy baja y el agua del rio era extremadamente fría. Santiago nunca llegó a cruzar el río”, declaró E ante los abogados y lo hará ante la CIDH. Todo esto era observado por una decena de gendarmes que estaban sobre el alto de la barranca. “Tres de ellos bajan hasta el arbusto donde estaba Santiago gritando ‘acá tenemos a uno’ y escucho un escopetazo. Esos tres gendarmes lo arrastran con golpes hasta el alto de la barranca donde se encontraba el resto de los gendarmes y lo suben a una Unimog”, dijo el peñi, que apenas salió del agua se unió a los demás, se secaron con plantas y fueron a caballo hasta una loma para poder enviar el mensaje de texto que recibieron en la tranquera, donde estaban Mabel Sánchez y Julio Saquero, de la Apdh de Esquel.

“Cuando los gendarmes se van, ingresa la gente, entre ellas una lamien la cual había recibido un mensaje por celu de uno de los comuneros que había cruzado el río, que decia ‘que se habían llevado al Brujo’, al que conocíamos como Santiago Peloso. Llega el defensor oficial Fernando Machado, hizo un acta por el tema de los nenes, y ahí se le solicita que también consigne que había desaparecido Santiago. Eso fue tipo 8 de la noche, ya era oscuro”, dijo la mujer mapuche, quien también había precisado que el enfrentamiento consistió en piedras de la comunidad contra las balas de los gendarmes. La mujer pasó la noche en la Lof. “Como a eso de las 10 de la mañana subo a la guardia y me quedé ahí”. Relata que a las 11 menos 10, del cruce baja un camión de Gendarmería de color oscuro y una camioneta blanca y gendarmes caminando, dice que varios, calcula que 30. Llegan hasta la altura de la guardia nueva que está la tranquera (ingreso principal), que bajan a los tiros.

Cuando llega a la guardia nueva se queda ahí, estaba su mamá, su hijo de siete años y el hermanito de ella, de 9. Santiago llega a la guardia y toma su mochila y corre hacia al río junto a los demás comuneros, lo que fue ya declarado en sede judicial por la testigo Claudina Pilquiman. Y detrás de ellos los gendarmes corriendo, disparando e insultando. Dice que ella considera que fueron unos 30 gendarmes aproximadamente, que llegaron a cruzar la vía (La Trochita) hacia el rio, tambien las camionetas y un Unimog, recuerda que esa Unimog llega hasta cerca del rio. “En ese momento cuando llegan varios gendarmes a la guardia, la mamá de la dicente cierra la puerta de la casilla con los nenes adentro y la dicente queda afuera, y llega un gendarme mayor (hombre grande) para la dicente tenía el aspecto de jefe ya que tenía un uniforme distinto, ella se para delante de la puerta para que no ingrese a la casilla, y este la empuja, y abre la puerta y gritando ‘dónde lo tienen escondidos’ y luego se va. Observa que unos minutos después los gendarmes que habían ido hasta el rio regresan. Ahí ve salir un Unimog. Señala que los gendarmes empezaron a quemar colchones, carpas, frazadas, ropa y hasta los juguetes de los chicos”, dice el testimonio A.

“Dado el proceder de las autoridades nacionales, de la fiscal y el juez federal Otranto, se va a solicitar a la CIDH que realice una visita in loco a la Argentina a fin de que tome los testimonios a los miembros de la Comunidad Pu Lof en Resistencia y se les brinde protección. Además de ello, se le va a solicitar a la CIDH que le advierta al Estado Argentino que está incumpliendo con los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos”, dice el documento. “Lamentablemente como sociedad no hemos aprendido nada después de más de 30 años de restablecida la democracia en Argentina. Santiago es un caso de desaparición forzada. Lo que aflige es el déjà vu que nos presentaron los grandes medios de comunicación, que del mismo modo que durante el proceso dictatorial del ‘76 al ‘83, volvieron a dar rienda suelta a las operaciones de prensa para tergiversar la realidad diariamente hasta con historias desopilantes”, dijeron Cabaleiro y González Quintana. “El papel de los grandes medios de comunicación, fue el mejor aliado para las autoridades nacionales en función de desviar la atención de la Gendarmería durante más de un mes y medio, mientras tenemos a Santiago desaparecido. Santiago no murió, porque no nos consta, pero tampoco sabemos si esta con vida, ese simple planteo produce un escalofrío inconmensurable, Santiago desapareció en el marco de un procedimiento donde intervino una fuerza del estado nacional bajo el mando de un Jefe de Gabinete del Ministerio de la Nación: eso si lo sabemos y lo afirmamos, están las pruebas. Treinta gendarmes, un juez federal, una fiscal, una ministra de seguridad de la nación y su jefe de gabinete, más los grandes medios de comunicación se burlaron de la familia Maldonado y toda la sociedad argentina, durante los últimos 50 días. Pero hasta acá llegaron, la verdad es una sola, y es la que estamos revelando ante la CIDH. Las autoridades nacionales, el juez y la fiscal, ya saben que no van poder encubrirla fácilmente”, agregaron.

Respecto del rol del juez Otranto, dijeron que “la rapidez con la que expidió la orden para allanar y reprimir a la Pu Lof en Resistencia en enero como para despejar la ruta el 31 de julio, es diametralmente opuesta a la lentitud para investigar a la Gendarmería y a los funcionarios, y hay una lógica en esa lentitud, la no autoincriminación, ya que fue el juez, el que puso ahí a la Gendarmería y la que procedió bajo su guiño, también fue el juez quien tuvo antes y durante el procedimiento del 31 de julio y 1 de agosto, un vínculo muy estrecho y fluido con el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación”.

……………………………………………………………………………………………..

Qué no están haciendo y qué hay que hacer para encontrar a Santiago: entrevista a la abogada Verónica Heredia

Fuente: http://www.lavaca.org/notas/que-no-estan-haciendo-y-que-hay-que-hacer-para-encontrar-a-santiago-entrevista-a-la-abogada-veronica-heredia/

Experta en enfrentar la injusticia de las desapariciones forzadas, con la experiencia de un caso paradigmático como el de Iván Torres, la abogada de la familia de Santiago Maldonado explica qué significa este delito, qué representan los testigos, por qué los tratados internacionales consideran a la familia víctima de esta violencia, qué obligaciones tiene el Estado y cuál es el rol del grupo de expertos que el Alto Comisionado de la ONU destinaría para trabajar en la búsqueda e investigación de este caso. Cuenta con detalles qué adulteraciones encontró en los libros de Gendarmería, cómo fueron las reuniones con el ministro de Justicia, con quien volverá a reunirse este martes, y por qué considera que están buscando a Santiago donde no pueden encontrarlo.

A 50 días de su desaparición, a Santiago Maldonado lo están buscando donde no lo van a encontrar. La abogada Verónica Heredia describe así la situación actual del mayor desafío que tiene que enfrentar la sociedad en estos días tremendos: comprender, en medio del aturdimiento que producen diferentes agentes del gobierno y operadores de prensa, lo que representa una desaparición forzada en democracia. Heredia es una experta en este tema: ha tenido que enfrentar a la misma maquinaria en el caso de Iván Torres, un joven desaparecido en Comodoro Rivadavia en octubre de 2003, por el que fue condenado el Estado argentino, además de los autores materiales: un comisario y un oficial de la policía. El antecedente de esta desaparición tiene el peso de una advertencia: 7 testigos del caso Iván Torres murieron en situaciones violentas que no fueron investigadas, aun cuando algunos de ellos contaban con protección de la Corte Interamericana. Desde esa experiencia, pregunta Heredia “¿Quiénes son los testigos de estos casos? Son aquellos que sufren la misma violencia que genera la desaparición forzada. Y esa misma violencia la siguen padeciendo cuando, pese al miedo, declaran ante la justicia y ponen en duda su testimonio. ¿Por qué no les creen? Porque no se reconoce que la desaparición forzada en el resultado de una escalada de violencia y no un hecho aislado. La fiscal escuchó el testimonio de una mujer mapuche que contó como en junio de 2016, cuando la Gendarmería irrumpió en su comunidad, un gendarme les gritó: “Van a terminar teniendo un desaparecido”. También escuchó a otra mujer mapuche que narró cómo cada represión que sufrieron en estos tres años fue peor que la anterior y que cuando terminó el azote de la última, la de enero, se preguntó “¿Ahora qué va a venir? Y vino Santiago”.

¿Cuál fue la reacción de la fiscal?

Preguntarles, textualmente ¿y cuándo hablaron con los derechos humanos?

Gendarmería en la mira

Concretamente, ¿qué está haciendo la justicia para encontrar a Santiago?

Nada.

Pero el juez ordenó un nuevo rastrillaje…

En el lugar donde no lo van a encontrar. Eso ya lo sabemos nosotros, la familia, y la justicia también. El primer rastrillaje lo hicieron los que mejor podían hacerlo: la comunidad. Y no lo encontraron. El segundo rastrillaje lo ordenó la justicia el sábado 5, luego de la primera audiencia por el habeas corpus que denunció su desaparición forzada. Ingresaron con perros, buzos y personal especializado. Los buzos ese día ya dijeron que era imposible que el cuerpo hubiese sido arrastrado por la corriente, porque ese río ni es profundo ni es caudaloso. Los perros confirmaron tres veces el recorrido que los testigos habían narrado. Hubo un tercer rastrillaje, con presencia del juez y un batallón de uniformados, drones y equipos. Ahora, hicieron el cuarto. Pero esta cuarta vez ya en la justicia había quedado claro el relato de los testigos: a Santiago lo golpearon, lo cargaron a un unimog y de ahí fue luego trasladado a una camioneta. Si ese es el relato de los testigos, es lógico que cualquier procedimiento de búsqueda no se haga en el lugar del que aseguran que se lo llevaron.

¿Dónde debería buscárselo?

Todo indica que el rastro hay que buscarlo en Gendarmería.

¿Cómo?

En principio, en lo móviles que participaron del operativo. El primer obstáculo es que no tienen GPS, lo cual es todo un dato sobre la impunidad con que se moviliza esa fuerza. La forma de rastrear los movimientos de esos vehículos, entonces, es el libro que registra los movimientos y usos de esos móviles. Allí deben consignarse, por ejemplo, el kilometraje de salida y de regreso. Cruzando esos datos, se puede establecer qué movimientos hicieron. El otro dato clave es el cruzamiento de llamadas y mensajes de los celulares de quienes participaron del operativo. Son más de 100 teléfonos celulares que se enviaron a peritar. Nos dijeron que los resultados iban a estar en las próximas semanas. Lo cierto es que la única pericia que se hizo en forma expeditiva fue la de ADN de la sangre del puestero. El resto no tuvo trámite prioritario ni mucho menos.

¿Los libros que registran los movimientos de Gendarmería el día de la desaparición de Santiago son los denunció que se habían adulterado?

Los que vi, porque hay una caja con libros, pero hasta ahora solo pude ver tres, porque cuando los estaba consultando el personal del juzgado me dijo que ya era muy tarde y querían irse.

¿Qué adulteraciones vio?

El primero que abro es el Libro de Armamentos del Escuadrón 36 de Esquel. El primer hecho que registra está fechado el 7 de octubre de 2016. El siguiente es del 16 de mayo de 2017. En el medio hay una hoja pegada. Y hay que tener en cuenta que en ese medio sucedió el operativo a la comunidad , en enero. Cuando llego al 31 de julio, que es la fecha que corresponde al operativo del día anterior a la desaparición de Santiago hay dos nombres borrados con liquid paper y reeemplazados por otros.

¿A quiénes corresponden esos nombres?

En el libro tiene que constar el nombre de dos responsables de entregar el armamento, a quiénes se lo entregan y qué le entregan, con detalle. Y también, dos son los que deben firmar qué reciben cuando se devuelve el armamento. Los nombres reemplazados corresponden a uno de los que entrega y otro de los que recibe.

Y el día de la desaparición de Santiago ¿qué adulteraciones encontró?

En el libro del Escuadrón 37, con fecha 1 de agosto hay agregada una hoja con cinta scotch. Busco en la primera página, porque ahí debe constar, cuántas hojas tiene el libro. Dice “este libro consta de 169 hojas útiles”. Cuento las páginas y hay 170. Mi conclusión evidente es que esa hoja pegada con cinta scotch fue agregada.

La hora de los expertos

Son muchas las diferencias entre la desaparición forzada de la que fue víctima Iván Torres ( y sigue siéndolo, porque hasta el día de hoy no apareció) y la de Santiago Maldonado, pero su principal similitud es la que importa: la respuesta del Estado. “No sólo en estos dos casos, sino en cada caso de desaparición forzada la respuesta del Estado es la misma: ocultar, mentir, negar, adulterar pruebas. Por eso el Comité de la ONU deja en claro que las victimas de desaparición forzada son la persona que desaparece y sus familiares. Porque todo ese mecanismo es lo que configura el delito y porque toda esa violencia del aparato estatal la soporta el que desaparece y sus familiares”. Heredia se pregunta entonces: “¿Qué violencia desata el aparato sobre la familia? La primera está clara en este caso: Santiago desaparece en un lugar remoto y en una represión a una comunidad que nos permite especular con la idea de que la impunidad estaba descontada de antemano. Luego, la causa se tramita en Esquel. La familia vive en 25 de Mayo, un hermano en Bariloche, yo en Capital: eso solo ya dificulta el seguimiento del caso. Por eso es obligación del Estado garantizar el acceso de la familia a la justicia. No es una prebenda: es un derecho garantizado por los tratados internacionales. Está obligado.

¿A qué fue el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, a Esquel, esta semana?

A dos cosas: a presentar un escrito a la causa, que detalla el petitorio de la familia, y a difundir que el Estado está pagando los gastos de la familia, cuando en realidad lo único que aportó hasta ahora fueron algunos traslados hasta Esquel o hasta las reuniones que se mantuvieron en el marco del petitorio que presentamos. Es síntesis, lo que señalo: el Estado está obligado a hacerlo y nosotros a exigirlo.

¿En qué consiste el petitorio que presentaron?

Hay una diferencia entre el caso de la desaparición de Iván Torres y la de Santiago y es una importante: las herramientas con las que contamos. Con el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en México se sentó el precedente de incorporar a expertos de las Naciones Unidas a la investigación de las desapariciones forzadas. Nosotros recurrimos a ese precedente y nos reunimos con el ministro de Justicia, el secretario de Derechos Humanos y un representante de cancillería para presentarles un petitorio de dos puntos: que reconozcan que se trata de una desaparición forzada y que garanticen el acceso a la justicia de la familia de la víctima. Para garantizar este derecho es que exigimos recursos, como la conformación de un grupo de expertos que garanticen una investigación independiente, imparcial y seria.

¿Cuál sería el trabajo concreto de este grupo de expertos?

Trabajarían en tres áreas clave. La primera, el paradero. A Santiago nosotros lo buscamos con vida. Estos hay que entenderlo: es determinante el factor tiempo. Es urgente. Cualquier demora, desviación o maniobra es vivida por la familia como un agravio, como una violencia. El grupo de expertos, entonces, garantizaría que se respondan preguntas determinantes para que esta búsqueda se haga como corresponde. ¿Se están usando los recursos y la tecnología adecuada? ¿Se está aplicando la metodología correcta? En segundo lugar, trabajaría sobre la investigación del hecho. ¿Está bien tipificado el delito? ¿Se está investigando adecuadamente? ¿Se están ordenando las medidas de prueba necesarias? ¿Se están estableciendo las responsabilidades penales que corresponden? La tercera, es la protección de los familiares de las víctimas y de los testigos. El grupo de expertos es el encargado de responder estas preguntas y de realizar las recomendaciones para cada uno de estos capítulos.

¿En qué plazo harían ese informe?

En dos meses.

¿Cuál fue la respuesta del Estado?

En la primera reunión se avanzó. En la segunda fuimos a la Ex Esma con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el consultor de la ONU, Mario Coriliano y el hermano de Santiago y su esposa. Estuvimos todos esperando, sentados en el hall, desde las 12 hasta las cuatro de la tarde. Finalmente, nos recibió el ministro de Justicia, el secretario de Derechos Humanos y el representante de Cancillería. La familia de Santiago se quedó en una oficina contigua, porque decidimos no compartir mesa de negociaciones hasta que el Estado no reconozca formalmente que se trata de un caso de desaparición forzada, pero estaban ahí para que yo lo consultase rápido y expeditivamente sobre cualquier aspecto del petitorio y no demorarlo. El ministro Garavano nos recibió diciendo: “No pude con la burocracia del Estado”. Y nos explicó que había un problema formal: ¿cuál sería el status de los miembros del grupo de expertos? El doctor Coroliano le respondió: “El mismo que el mío, que soy desde hace 11 años consultor de la ONU y actúe en el caso Iván Torres sin ningún problema”. El representante de cancillería pidió unos días para resolverlo. Le respondí: “Tómese todo el tiempo que quiera, total no es su tiempo: es el de Santiago”. Quedaron finalmente en firmarlo “lunes o martes”, pero en toda la semana no recibimos ninguna respuesta. Hasta este sábado: el ministro Garavano nos convocó para el martes, junto con el Alto Comisionado de Naciones Unidas, quien ya le dejó en claro que está dispuesto a comenzar a trabajar inmediatamente.

¿En qué marco trabajaría este grupo de expertos?

Argentina destina recursos para el Comité de Desaparición Forzada de Personas. En ese marco, utilizaría por primera vez esos recursos para que se aboquen a una desaparición forzada que se cometió en nuestro país y en democracia. La participación de este grupo de expertos es un hecho inédito, es histórico y es una responsabilidad que tenemos que asumir con verdad, responsabilidad y sin demoras. Tenemos que encontrar a Santiago. Eso es lo que queremos y eso es lo que buscamos la familia y la sociedad argentina.