Brasil

La ejecución de Marielle. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué?

Silvia Beatriz Adoue

La mira de los asesinos apuntó directamente contra una líder enraizada en los territorios, articuladora de una red de organizaciones sociales


La ejecución de Marielle. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué?
x Silvia Adoue
La mira de los asesinos apuntó directamente contra una líder enraizada en los territorios, articuladora de una red de organizaciones sociales

Los pasos previos

A esta altura, en todo el mundo se sabe que Marielle Franco tenía 38 años. Que era negra. Que había nacido en la favela de la Maré. Que era feminista. Que tenía una hija adolescente y una esposa. Que se había graduado en sociología. Que terminó su maestría investigando la política de instalación de Unidades de Policía Pacificadora en las favelas. Que por muchos años había sido asesora del diputado Marcelo Freixo, del Partido Socialismo y Libertad, el que investigó el accionar de las “milicias” que controlan y lucran con el transporte y la energía en muchas favelas, además de ejercer su control militar sobre esos territorios y actuar como sicarios. Que, candidata por el mismo partido, se tornó la quinta concejala más votada de la ciudad de Río de Janeiro con más de 46 mil votos, de los cuales 16 mil eran de su barrio. Que tanto ella como Marcelo Freixo se ocupaban especialmente de la seguridad pública, y de la violencia policial.

En su disertación de maestría, Marielle escribió que las Unidades de Policía Pacificadora, destacamentos instalados en los territorios a partir de 2008, lejos de combatir la criminalidad, refuerzan el modelo de “Estado Penal”:

“La marca más emblemática de este cuadro es el cerco militarista en las favelas y el proceso creciente de encarcelamiento, en su sentido más amplio”. Para ella, esa política: “por el discurso de la ‘inseguridad social’, aplica una política dirigida a la represión y control de los pobres [… para] contener los insatisfechos o ‘excluidos’ del proceso […] cada vez más colocados en guetos de las ciudades y en las prisiones”.

El mes pasado, el gobierno federal intervino militarmente el estado de Río de Janeiro, en el área de la seguridad pública, con la justificativa de acabar con el narcotráfico. El argumento no parecía convincente, ya que otros estados presentaban mayor incidencia del accionar de organizaciones dedicadas a esa práctica. El contexto es de bancarrota de los cofres del estado de Río, con empleados públicos que llevan meses sin recibir salario. Durante el carnaval, hubo proliferación de murgas de barrio y Escolas do Samba oficiales que criticaron al gobierno por su contrarreforma laboral y a los grandes medios de comunicación por manipular la opinión pública. El gobierno precisaba una “agenda” que le permitiese ganar tiempo para aprobar la contrarreforma de la previdencia, pautada, como las otras contrarreformas, para todos los países de nuestra región.

Recordemos el papel protagónico que tuvo el Ejército brasileño en la intervención militar en Haití, actuando en la represión en áreas urbanas. La red de organizaciones comunitarias del Estado temía que, así como había ocurrido en el pasado, en lugar de combatir el narcotráfico, la intervención redundase en más truculencia contra la población de la periferia. El gobierno amagó con instituir órdenes de allanamiento colectivos, que abarcasen grandes áreas de las favelas. Tuvo que retroceder, la propuesta no tiene consistencia legal. El comandante del Ejército, general Eduardo Villas Bôas, llegó a decir que era necesario que los militares tuviesen garantía de que no surgiría en el futuro una “nueva comisión de la verdad”, para investigar su accionar durante esta acción en Río de Janeiro.

Durante las semanas que precedieron su ejecución, Marielle, como era llamada cariñosamente la concejala, venía denunciando las prácticas del Batallón 41º de la Policía Militar de Río de Janeiro en el barrio de Acarí, considerado el más letal del estado. Después del asesinato, muchos líderes comunitarios de Acarí y otros barrios tuvieron que guardarse, porque están amenazados. En Río de Janeiro, solo en el primer semestre de 2017, hubo 577 casos de muerte de civiles en “autos de resistencia”, algo así como “enfrentamientos” forjados, figura que es considerada un eufemismo para “ejecuciones”. Es el crimen que más creció en el estado con relación al primer semestre del año anterior: 45%. Marielle también se tornó relatora de la Comisión de la Cámara Municipal que se serviría como observatorio de la intervención militar.

Unos días antes de su ejecución, una asesora de la concejala fue abordada por un hombre que le preguntó en tono amenazador si trabajaba con Marielle Franco. La semana anterior, un concejal que tuvo su mandato anulado por pertenecer a las “milicias”, ingresó en la Cámara Municipal sin autorización ni motivo consistente. Y la noche del miércoles pasado el actual marido de la ex-mujer de este concejal fue ejecutado en un restaurante. Nadie daría mucha importancia a estos episodios si la misma noche del miércoles no hubieran ejecutado a Marielle.

La ruta de la munición

Las balas 9 mm que mataron a la concejala Marielle Franco y al chofer Anderson Gomes el 14 de este mes son de una partida comprada por la Policía Federal de Brasil a la Companhia Brasileira de Cartuchos en 2006. El ministro de Seguridad Pública, Raul Jungmann, dijo hace dos días que la munición había sido robada dentro de los Correos en el estado de Paraíba. Esa información fue negada por el presidente de los Correos, Guilherme Campos Júnior.

Que la munición haya sido desviada y no se haya descubierto su destino ya hace, por lo menos, recaer sospechas sobre la eficiencia de la policía en resolver un robo del cual fue víctima. Pero cuando esas balas aparecen en el cuerpo de una legisladora que investiga la violencia policial se complica aún más la situación de las fuerzas de seguridad del Estado.

Veamos: Marielle Franco venía denunciando la acción del Batallón 41º de la Policía Militar de Río de Janeiro en Acarí. En ese barrio, en 1990 desaparecieron 11 muchachos, de los cuales 7 eran menores de edad; fueron secuestrados por un grupo de hombres que se identificaron como policías. Pidieron rescate y hubo una negociación, pero los jóvenes nunca aparecieron. Las madres de esos jóvenes se organizaron para investigar y buscar justicia, ya que el proceso no avanzaba. Tres años después, dos de esas madres fueron emboscadas, baleadas y muertas. El escándalo llevó a un proceso contra cuatro policías en actividad, un ex policía, un agente penitenciario y un empleado municipal. En el estado de Río, no son pocos los agentes de la policía que hacen trabajos como sicarios en “milicias” protegidas por empresarios y políticos.

Lo curioso es que balas de la misma partida robada hace dos años aparecieron en los cuerpos de 23 hombres ejecutados en Osasco, en el conurbano de la capital del estado de Sao Paulo, en 2015. Por esa masacre, fueron condenados 3 policías militares, un guardia municipal. Las condenas oscilan entre 119 y 255 años de prisión.

La sospecha levantada por ese recorrido geográfico de la munición es que, lejos de estar “extraviada”, nunca se aleja de los circuitos policiales.

La papa caliente en manos del Ejército

Con el actual marco legal, y con las fuerzas de seguridad atravesadas por los negocios del narcotráfico, el protagonismo solicitado cayó en las manos del Ejército como una papa caliente.

Es preciso recordar que el territorio brasileño es ruta de la droga. No es área de producción ni de consumo del grueso de la mercadería. Se calcula que el 60% del destino final de drogas ilícitas se concentra en el territorio estadounidense. De manera que el comercio minorista en territorio brasileño es relativamente residual. Sin embargo, resulta una fuente de renta para sectores de la “población excedente” reclutados eventualmente en ese segmento de la cadena. Los nada pequeños lucros generados por la logística de transporte por el territorio quedan en manos de los propietarios de pistas de aterrizaje en grandes haciendas del agronegocio y en las de agentes del Estado que hacen la vista gorda frente a operaciones ilegales que garantizan la continuidad del flujo. Los lucros del comercio minorista son comparativamente más bajos, y, por su capilaridad territorial, precisan ser divididos con agentes del Estado para realizarse.

Por lo tanto, para que el gobierno pueda presentar un triunfo en el combate al narcotráfico, atacando esa red de comercio al por menor, precisaría hacer una limpieza en las corporaciones policiales, atravesadas por prácticas que protegen la actividad, que incluye también el aún más lucrativo comercio de armas para las cadenas minoristas.

El efecto disgregador de la cadena del narcotráfico sobre los cuadros estatales es un riesgo para cualquier corporación. Los altos mandos del Ejército lo saben. Para presentar algún triunfo, como el poder ejecutivo les demanda, tendrían que realizar una acción rápida, brutal y arriesgada, que no podría ser quirúrgica, y para la que no tienen cobertura legal. El temor a una comisión de la verdad para juzgar la legalidad de las operaciones del Ejército, como ya expresó su comandante, les amarraría las manos.

Un relato para el cambio de “doctrina”

Sin embargo, el “enemigo interno” que el relato oficial y de los grandes medios construyeron a lo largo de los años es el “soldado” del narcotráfico. La punta de la actividad residual en Brasil de la gran cadena de acumulación.

El año pasado, escribí un artículo analizando la articulación entre la teledramaturgia de la TV Globo y las políticas de seguridad del Estado. En el capítulo del viernes 4 de agosto, la telenovela del horario noble mostró a una policía militar, de la División de Canes, operando en una favela, que consiguió dar con un depósito de armas de los delincuentes. Estos discutían, entonces, la necesidad de cambiar de táctica: descentralizar las armas en la casa de cada “soldado” de la organización.

En la madrugada del sábado 5 de agosto, el gobierno federal realizó la “Operación Onerat”, en tres barrios de Río de Janeiro. Reunió para eso la Fuerza Nacional y las Policías Civil, Militar, Federal y Rodoviaria Federal, con una composición de 5 000 efectivos. Su resultado concreto fue insignificante: de 15 órdenes de captura, con la sorpresa de que 9 de los procurados ya estaban en la cárcel (!!!); tres presos in fraganti y dos menores de edad detenidos; tres pistolas, cuatro granadas, tres radiotransmisores, una moto, 16 automóviles, 4 kg de cocaína y 13 de marihuana incautados; dos óbitos en enfrentamiento y un policía de la división de canes muerto en accidente de tránsito.

Pero el efecto que se pretendía era propagandístico: durante la mañana de ese sábado, el entonces ministro de Defensa y actual ministro extraordinario de la Seguridad Pública Raul Jungmann dijo en conferencia de prensa que era necesario cambiar la legislación autorizando el ingreso de las fuerzas de seguridad en los domicilios sin órdenes de allanamiento individualizadas.

El pedido de cambio del marco legal para la actuación de las fuerzas de seguridad retornó a la pauta del ministro con la intervención militar en el estado.

De hecho, la intervención aparece como un laboratorio para la implantación de una “nueva doctrina” de seguridad pública, que viene siendo esgrimida también por la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich. En este país, la flexibilización de los controles democráticos sobre la represión social se enfrenta con la resistencia de una sociedad que consiguió condenar casi 1 500 represores de la última dictadura. El actual gobierno argentino ha impulsado el ablandamiento de las condenas transformándolas en prisión domiciliaria. El poder ejecutivo ha justificado y hasta homenajeado a agentes que matan sospechosos por la espalda “en defensa del orden”. Es necesario señalar a los miembros de las fuerzas de seguridad de hoy que tienen carta blanca para actuar sin obstáculos legales.

En febrero de este año, la ministra anunció un acuerdo con el FBI, el departamento federal de investigación de Estados Unidos, para entrenamiento de la Policía Federal Argentina y la instalación de una fuerza-tarea de la DEA, el departamento antidrogas estadounidense, en la Triple Frontera, para “combatir el narcotráfico y el terrorismo”. Paralelamente, el gobierno argentino se articula con el chileno para combatir a los Mapuche. Todo en sintonía con la teoría de las “nuevas amenazas” esgrimida por el Estado norteamericano.

La instalación de la “nueva doctrina” represiva es una acción preventiva para desarticular la resistencia popular, al nuevo avance de las cadenas productivo-extractivas sobre nuestros territorios y a los nuevos marcos regulatorios de las relaciones de trabajo, de la seguridad social, ambiental y de la circulación del capital. La intención es despejar obstáculos para la fluidez, la velocidad y minimizando de riesgos para las cadenas de acumulación que operan en nuestra región.

¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué?

Ese es el contexto de la ejecución de Marielle. De inmediato, los medios de comunicación trataron de acreditar su asesinato y el de su chofer en la cuenta general de la “inseguridad” de Río de Janeiro. Dijeron que se trataba de un asalto. La reacción inmediata y espontánea no permitió que esa trama explicativa se consolidara. Las manifestaciones populares gigantescas en las ciudades grandes y medias del país, y la inmediata solidaridad y denuncia internacional lo impidieron. Los medios de comunicación tuvieron que reconstruir el relato, apuntando a las “milicias” y a los policías corruptos. Así, la ejecución de la concejala aparece como un mensaje mafioso, un tiro por elevación, a la intervención del Ejército, que amenazaría los negocios ilegales de las corporaciones policiales del estado de Río.

Es posible que ese sea uno de los componentes del móvil de los ejecutores. Y el Estado hace hincapié en ella. Pero la mira de los asesinos apuntó directamente contra una líder enraizada en los territorios, articuladora de una red de organizaciones sociales, formada en la lucha y en la reflexión sobre cómo se articula el nuevo modelo de acumulación con las políticas represivas. La lectura de su disertación de maestría así lo revela. El carácter democrático de la lucha de Marielle es, sin embargo, una pauta orgánica de la clase trabajadora, no restringiéndose a la acción institucional, al contribuir con la organización de los sectores más oprimidos en sus territorios. Su ejecución, así como la intervención militar en Río de Janeiro, es al mismo tiempo laboratorio, que sirve para medir la reacción popular a la represión; y amenaza, para intimidar a quien resiste a las nuevas políticas. Para derrotar al terror, es preciso la organización colectiva y la continuidad de la lucha.

* Profesora de la Universidad Estadual Paulista (UNESP).
www.hemisferioizquierdo.uy

Texto completo en: https://www.lahaine.org/la-ejecucion-de-marielle-iquien