Venezuela

Los crímenes de lesa humanidad del sabotaje electrico

Ana Cristina Bracho
12.Mar.19 :: Venezuela

Para destruir un país jurídicamente, en el marco actual del derecho, el primer paso es convencer a la opinión pública internacional que ese pueblo tiene un gobierno que ha cometido un crimen atroz o una serie de crímenes atroces. El segundo, es generar elementos que hagan presumir que los responsables son personas que forman parte del gobierno; y, el tercero, es trabajar profundamente la percepción de las personas para que se convenzan los unos que son los otros los que le están causando un gran daño o quieren hacérselo.


LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD DEL SABOTAJE ELÉCTRICO

Ana Cristina Bracho

Pensar la guerra y el derecho nos hace caer en ciertas trampas. Por ejemplo, creer que la guerra está prohibida y que todas las maneras de hacer daño o las razones para herir o matar también. La realidad es muy distinta, en especial cuando nos alejamos de las declaraciones principales y llegamos a los acuerdos, a las resoluciones o a los ejemplos históricos puntuales donde conseguiremos que existen guerras legales y que, a veces, toda la estructura para la paz se desnuda simplemente como un aparataje para mantener un sistema de dominación mundial, unipolar y acorde a los intereses de un puñado de señores.

Lo que ocurre en Venezuela es similar a otras aventuras intervencionistas de los Estados Unidos en tiempo presente. Siendo obligatorio mencionar el caso de Libia, donde se creó una gran trama mediática que dibujó un ogro y cuyo asesinato no fue la muerte de un hombre sino la ruina de un pueblo.

Pero, ¿qué pasó jurídicamente? ¿Cómo se justifican estas guerras? ¿Qué estrategias se usan? Antes de responder, tengamos en cuenta que el espacio internacional no es una estructura neutra que trabaja por el bien de la humanidad.

LA DESTRUCCIÓN PLANIFICADA DE UN PAÍS
Por el contrario, son unidades donde se acumulan políticos nacionales y personajes que vienen de las industrias más influyentes de nuestros tiempos que determinan hacia qué lado se mueven. Oscilando así entre posturas antagónicas, como aquellas que determinan la necesidad de aplicar la “Responsabilidad de Proteger” (R2P) para invadir antes que un país los ataque o incluso que viole el derecho nacional o internacional, y la completa indiferencia, como ocurre en el caso de Palestina o el genocidio en Yemen.

Para destruir un país jurídicamente, en el marco actual del derecho, el primer paso es convencer a la opinión pública internacional que ese pueblo tiene un gobierno que ha cometido un crimen atroz o una serie de crímenes atroces. El segundo, es generar elementos que hagan presumir que los responsables son personas que forman parte del gobierno; y, el tercero, es trabajar profundamente la percepción de las personas para que se convenzan los unos que son los otros los que le están causando un gran daño o quieren hacérselo.

Esto es lo que señalaba para la cadena de televisión rusa RT, Thierry Meyssan, describiendo que la estrategia de los Estados Unidos en Venezuela era darle poder a la oposición hasta que estuviesen en condiciones de generar una guerra civil al tiempo que se desdibujan las responsabilidades sobre los hechos, haciendo que la gente se sienta en una “pelea de perros”.

Esto se complementa con lo que ocurre en el exterior. Lo que Serge Halimi analizaba en el caso de la guerra de Kosovo señalando que los medios generaron antes de la invasión, en Europa, una saturación sobre el tema y una retórica donde intentar cuestionar el relato fue castigado porque la versión que se difundió de lo que ocurría era tan atroz que la guerra parecía un mal menor.

CASO BLACKOUT EN VENEZUELA
El apagón ocurrido en Venezuela desde el 7 de marzo de 2019 es el acto de interrupción de un servicio público que ha afectado el mayor número de habitantes, en un radio mayor y por más tiempo durante la Revolución.

Podemos tener una descripción del suceso, pretendidamente neutra, que nos sirva para tipificar la acción. Así tendremos que en Venezuela ha ocurrido una interrupción del servicio eléctrico que es un elemento indispensable para la vida, la salud y el goce de los derechos económicos, sociales y culturales de la población.

Un hecho fácilmente encuadrable en uno de los supuestos contenidos en el Estatuto de Roma como un crimen de lesa humanidad. Pues han de recibir este nombre “los otros actos inhumanos… que causen intencionadamente grandes sufrimientos o atenten contra la integridad física o la salud mental o física”.

¿QUIÉN COMETIÓ EL CRIMEN?
El vocablo crimen se utiliza para definir entre todos los delitos, aquellos que se consideran más graves y las acciones más reprochables, aunque jurídicamente no consigamos que esto sea un concepto distinto al de delito. Por lo que se trata de actos que pueden ser acciones u omisiones, tipificadas por la ley, antijurídicas y culpables.

ESTÁN ARMANDO UN EXPEDIENTE POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD PRESUNTAMENTE COMETIDOS POR EL GOBIERNO CHAVISTA

¿Se trata de un acto cometido adrede por agentes antivenezolanos? ¿Son las consecuencias de las omisiones de atención del gobierno? Aquí empieza el proceso descrito por Thierry Meyssan.

La oposición tiene años señalando que la responsabilidad es del gobierno, el que ellos califican como precario mantenimiento del sistema. Por otro lado, voceros del gobierno han sostenido que se trata de un atentado perpetrado por la combinación de una acción electromagnética a distancia y un saboteo interno.

Jurídicamente, esto tiene consecuencias distintas porque en la línea de lo dicho por el gobierno venezolano nosotros vamos a observar algunos elementos: el primero, eventos como este ocurrieron en el pasado en Irán, en Chile, en Ucrania o en Nicaragua; segundo, se enmarcan en la línea de los discursos que han tenido los voceros estadounidenses señalando que debe aumentarse el sufrimiento hasta que el pueblo se rinda; tercero, el aumento en las profecías autocumplidas de la oposición; finalmente, investigadores como Vladimir Adrianza niegan que la falta de mantenimiento pueda ser la causa de un golpe como este.

Por el lado de lo planteado por la oposición, se trataría de un acto de negligencia grave que no generaría evidentemente una responsabilidad jurídica inmediata e individual sobre los representantes del gobierno, salvo que pudieran probar que es un acto profeso el de “autosabotearse”, lo que suena inverosímil.

Sin embargo, los medios de comunicación generaron rápidamente operaciones de propaganda que atribuían todas las víctimas, directas e indirectas, ciertas o no, que potencialmente ocurrirían, como responsabilidad del gobierno. Sobre esto, denunció Aristóbulo Istúriz el 9 de marzo de 2019, desde la Plaza Bolívar, un despliegue mediático inusitado en los hospitales, especialmente infantiles, para reportar muertes de niños y niñas, por hechos y carencias relacionadas con la ausencia de la electricidad.

En la misma fecha, el diputado de oposición Edgar Zambrano, para defenderse de la polémica que tuvo en su bando por haber sido encontrado cenando en un restaurante, tuiteó “ayer, diputados, recorrimos hospitales recabando datos, fallecimientos crisis eléctrica, objeto de tener estadística solicitud organismos internacionales, a comisión Política Interior”.

Con lo cual, es evidente inferir que las consecuencias del blackout están siendo recopiladas para formar parte de una instrucción de un expediente por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos por las autoridades venezolanas, ineficientes en la prestación de servicios e indolentes ante las consecuencias de estos hechos.

En esa lectura, incluso el tiempo seleccionado para hacer la operación cobra sentido, pues ocurre justo antes de la venida al país de Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos, y justo después de que ella declarase que las sanciones sobre Venezuela entorpecen las garantías de los derechos humanos en el país.

LA TRAMA JURÍDICA DE LA INTERVENCIÓN MILITAR
Así como el día de hoy las redes sociales se han llenado de comentarios que recuerdan que los apagones ocurrieron en otros momentos de la historia, cuando Estados Unidos se propuso generar un “cambio de régimen”. Las presiones y el chantaje jurídico a los líderes contra hegemónicos también es característico.

En el presente hemos de valorar algunas cosas: la existencia de una investigación preliminar contra Venezuela ante la Corte Penal Internacional; como en septiembre de 2018 y en febrero de 2019, el enjuiciamiento de Nicolás Maduro ante esta instancia ha sido exigido por el Grupo de Lima; que la presión política sobre la CPI ha sido noticia luego de que Christoph Flugge, uno de sus miembros, presentó su renuncia luego de que Estados Unidos amenazara a los jueces.

Del pasado, podemos observar que la Corte Penal Internacional (CPI) emitió en 2011 una orden de arresto por crímenes de lesa humanidad contra el coronel Muammar al Gadafi por supuestos crímenes de guerra en la represión de las revueltas, y que esta fue la segunda vez que esta instancia dirigió un mandato de esta naturaleza contra un presidente. La primera ocasión fue cuando lo hizo en contra del presidente sudanés Omar al Bashir. Lo que ocurrió después en esos países, es objeto de muchos otros artículos, y por eso este es un cabo que no puede dejarse suelto.