Darío Vive / Portal latinoamericano de crítica social y pensamiento plebeyo ------------

Ecuador

Mario Unda

El proyecto del gobierno de Correa es un reformismo capitalista, cuyo principal sujeto sería el Estado. Propone: 1) Recuperar el papel del Estado como “rector de la economía”. Esto supone: a) recuperar la capacidad de acción del Estado mediante una nueva arquitectura institucional que permita rehacer la capacidad de acción orientadora del estado (reorganización de ministerios, ministerios coordinadores, recuperar el rol de planificación,...); b) recuperar el territorio nacional como espacio de la soberanía estatal; es el componente “nacionalista” del proyecto, pero no es un nacionalismo como en los años 70, sino un “nacionalismo del siglo 21”: su base territorial ya no es el Estado-nación, sino una posible reconfiguración de la base de acumulación regional: el área andina, Sudamérica. Es distinto, además, porque ya no se propone las nacionalizaciones: pretende renegociar con el capital transnacional (telefonía celular, minería, petróleo). 2) Normar el funcionamiento del capital: asegurarle un ambiente propicio para la reproducción y la acumulación (dinero barato, subvenciones, exenciones de impuestos, programas de recuperación productiva, incentivos para la pequeña y mediana producción), pero sin los “excesos” neoliberales (la pugna con la banca por los intereses; la eliminación de la tercerización laboral).

Sin embargo, la burguesía real no es reformista, y encabeza la oposición. Para suplirla, el proyecto debe reforzar el Estado, y pasar de un Estado que refleja los intereses faccionales de uno u otro grupo oligárquico a un Estado que represente los intereses generales de la burguesía. De todas formas, el gobierno busca acercar a grupos empresariales, por ejemplo a través de los programas sociales (“socio país”, ferias libres).
Esto explica los ataques de Correa a los movimientos sociales, sobre todo a los más organizados e independientes. Si no los puede funcionalizar, se convierten en un estorbo para su proyecto, que recoge, distorsionándolo, el programa de la resistencia popular al neoliberalismo. La dinámica de la movilización popular puede encontrar un más allá de la resistencia contra el neoliberalismo y un más allá de la reforma (luchas contra el TLC, revocatorias de mandatos de Bucaram, Mahuad y Gutiérrez). La lógica de la movilización ya ha descubierto democracias más altas que la democracia liberal, mientras que la democracia de Correa no rebasa los marcos liberales, representativos y delegativos, en la cual el Estado y la tecno-burocracia tienden a expropiar las potencialidades transformadoras de la sociedad en movimiento.

Pero de allí no se deduce un “no” en el referéndum, sino un “sí” propio, el “sí” de los movimientos populares a su lucha de décadas, capaz de contribuir a la reconstrucción de un espacio de izquierda autónomo.

Socialismos y progresismos

Cuando Fernando Lugo, hace poco elegido presidente del Paraguay, estuvo en el Ecuador, calificó a estos nuevos gobiernos sudamericanos (Evo, Chávez, Correa, Lula, Tabaré, el suyo propio) utilizando los términos “social y progresista”. Puede parecer lo social y lo progresista demasiado ambiguo; de cualquier manera, como caracterización, es mucho más certero que la “revolución ciudadana” o el “socialismo del siglo 21”. Y es más certero porque el proyecto del gobierno de Correa es una reforma capitalista, y en ese marco no hay espacio alguno para socialismos de ningún tipo. Alejandro Moreano decía en broma, cuando comenzaba este gobierno, que no estamos maduros ni siquiera para el liberalismo, mucho menos para un socialismo del siglo 21.

El “socialismo del siglo 21” se convirtió en un recurso discursivo que ni el propio gobierno se ha tomado muy en serio. Más allá de una o dos conferencias, no hay una intención ni siquiera de definir en términos políticos y programáticos –mucho menos en términos teóricos– de qué se trata. En cambio, el carácter progresista está mucho más claramente definido en los actos del gobierno, tanto si miramos todo el año y medio, un poco más, que lleva de ejercicio, como si miramos los espacios cortos. Tomaremos como ejemplo lo hecho por el gobierno en los meses de mayo y junio.

La “recuperación del Estado”

La reforma capitalista contempla, en primer lugar, la “recuperación del Estado”; un “recentramiento del Estado” que comenzó prácticamente desde el inicio del gobierno, y que ha incluido la redefinición de ministerios, la creación de los ministerios coordinadores, la recuperación de la planificación estatal y el peso que se le ha dado al Senplades (Secretaría Nacional de Planificación del Desarrollo), la revitalización del Banco de Fomento, la reorientación del área social, la creación de la Ageci (Agencia Ecuatoriana de Cooperación Internacional),… Todo un empeño dirigido a construir una nueva arquitectura institucional que permita lograr una mayor “racionalidad” de las posibilidades de acción estatal, justamente para que el Estado pueda convertirse en el actor central del cambio (que es uno de los elementos fundamentales de la ideología del gobierno) y sea capaz de orientar el desarrollo de la economía y la acción social (el “papel rector”, o “trazar la cancha”, como se dice). En los meses que comentamos, por ejemplo, se produjo la absorción del INNFA (Instituto Nacional del Niño y la Familia) por el MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social).

Un segundo aspecto de esta recuperación del estado es la “recuperación de la soberanía”, esta política relativamente nacionalista del gobierno. Estos últimos meses se ha hecho más notorio por el ataque colombiano en la frontera norte. La defensa de la frontera norte, el fin del convenio de la base de Manta, el TLC, etc.: recuperar el territorio nacional como un espacio de soberanía de la política estatal, pero no desde la perspectiva de un desarrollo más o menos autónomo del mercado interno, en el sentido de los nacionalismos de los años 70, sino de recuperar recursos para el desarrollo económico nacional (por supuesto, de un desarrollo capitalista).

En la ronda de discusiones entre la Comunidad Andina y la Unión Europea, la posición ecuatoriana y boliviana marcó esa tendencia, opuesta a la visión de simplemente insertarse y asimilarse a los mercados desarrollados, expresada por los gobiernos de Colombia y Perú. Detrás de la posición ecuatoriana está la visión de crear un espacio de soberanía regional, que es a veces el área andina, a veces Sudamérica, y que ha enlazado con los momentos más “radicales” de la política exterior brasileña: insinuar una OEA sin EU, proponer una política de seguridad sudamericana, también sin los EU,… Es como si los nacionalismos de los años 70 hubieran pasado a ser, estos sí, nacionalismos del siglo 21; porque, evidentemente, con las condiciones creadas por la “globalización” capitalista y el despliegue de las políticas neoliberales, las propuestas centradas exclusivamente en el mercado nacional no tienen ahora mayor viabilidad. La única posibilidad real es impulsar un mercado regional más amplio, que puede ser Sudamérica. El único problema de esa propuesta es que depende del Brasil, pues en América Latina no existe ninguna otra economía capaz de servir de eje articulador.

Es importante mencionarlo porque el Ecuador no tiene un peso económico suficiente como para influir decisivamente en estos procesos, pero podría sumarse a una corriente regional: cuando Correa retomó la propuesta del eje Manta-Manaos mostró la intención de incluirse con ventaja en una posible reorganización de la base territorial de acumulación de capitales a escala regional.

Es también un nacionalismo distinto por sus objetivos: en los años 70 la lucha era por la nacionalización de los recursos (el petróleo, las 200 millas de mar territorial); el nacionalismo actual se plantea una renegociación con el capital transnacional. Lo hemos visto durante este gobierno: renegociaciones con las empresas de telefonía celular, mineras y petroleras. La reversión de las concesiones mineras debe entenderse como un mecanismo para obligar a las empresas mineras a renegociar bajo nuevas condiciones, dejando más recursos en el país, acogiendo reglamentaciones más claras y posiblemente un asocio con el Estado (y para eso se plantea la creación de la Empresa Nacional de Minería). Recordemos también que, cuando asumió el gobierno, dictó el famoso decreto de revisión de la participación estatal en los dineros provenientes de los excedentes sobre el precio por barril fijado en los contratos, el famoso “99-1”; luego, en las conversaciones habidas en mayo y junio, el gobierno acuerda una redistribución “70-30”, y en los primeros contratos que se firmaron ya el mes pasado, el Estado va a obtener 67 centavos por cada dólar. El esquema, como se ve, es presionar a las transnacionales para que renegocien y no se produzcan estos festines, estas sangrías de recursos que significó el predominio de las políticas neoliberales.

Normar el capital, o la increíble y triste historia de la “burguesía realmente existente”

Que sea una propuesta de renegociación debe vincularse con otro elemento. En la reforma capitalista está involucrada una reforma al funcionamiento del capital. No puede haber una reforma capitalista si no se ponen ciertas reglas al funcionamiento del propio capitalismo. Normarlo como forma de asegurarle un ambiente propicio para la reproducción y la acumulación (dinero barato, subvenciones, incentivos).

Durante todo el período neoliberal (que en el Ecuador comenzó en 1981, cuando Oswaldo Hurtado subió al gobierno tras la muerte de Roldós, y se mantuvo claramente hasta el gobierno de Gutiérrez), el Estado fue privado de su capacidad de controlar los movimientos del capital. Los resultados pudimos verlos y sentirlos en la crisis bancaria de 1999. El gobierno de Correa busca que el Estado recupere cierto control sobre la marcha de la economía; a eso apuntó su primer enfrentamiento con la banca por las tasas de interés (y nuevamente habría que recalcar: se trata de controlar y orientar, no de expropiar ni de hacer ninguna reforma radical; tan no se trata de eso que en semanas anteriores el propio Correa, en un programa de televisión, se permitió alabar el buen funcionamiento del Banco Pichincha).

Estos últimos meses, que vieron un crecimiento notable de la inflación, sirvieron también para mostrar la dirección en que pretende ir el gobierno: un Estado que incida en las condiciones en las cuales se genera la producción dando más facilidades para el sector productivo, tanto para los pequeños como para los grandes productores: allí los subsidios para la importación de agroquímicos, la urea subsidiada, el “mandato agrario”, las exoneraciones de impuestos, más subsidios en el plan de reactivación agraria,… Pero todo esto a cambio de que las ganancias se mantengan en un cierto nivel “razonable” que no esquilme a los consumidores, sobre todo a los de menos recursos; así que el gobierno establece la faja de precios para el arroz (el 19 de junio). Ofrecerle, entonces, al capital ciertas condiciones para que pueda seguir obteniendo ganancias, siempre y cuando no se produzcan “abusos y excesos”. También los conceptos de “abuso” y “exceso” son ambiguos, pero ¿qué se le va a hacer?

Lo propio se plantea en el intento de normar la relación capital-trabajo. El mandato laboral, que elimina la tercerización, pero no la intermediación, es una muestra de eso. Que las relaciones capital-trabajo funcionen normalmente, tratando de frenar los excesos (la multa a Pinto). Esto de “excesos” ha salido de boca de los propios funcionarios gubernamentales: el ministro de Trabajo, Antonio Gagliardo llegó a definir la explotación como el exceso (pero, la explotación es la norma del funcionamiento del sistema, no un exceso).

Propio de la mentalidad expresada por el gobierno, se ven excesos “en los dos lados”: por eso el ataque a los contratos colectivos, al derecho de organización y de huelga de los trabajadores públicos, a la huelga solidaria. Todo lo cual, más allá de las motivaciones y de los discursos, es absolutamente funcional –y provechoso– para el capital en su conjunto.

Se trata, entonces, de un gobierno que busca una reforma del capitalismo: crear condiciones en las cuales se siga normalmente produciendo plusvalor, y éste pueda ser normalmente apropiado por los empresarios, pero en las cuales no se produzcan abusos y excesos, y en las cuales haya también espacio para el desarrollo de la pequeña y mediana producción. Un par de ejemplos: también en el campo agrario, y desde el inicio de su gestión, algunas políticas sociales, en algunas zonas, compraban a los pequeños campesinos los productos de la alimentación escolar, y más recientemente el gobierno anunció que su intención era que se entregaran 600 millones de dólares en beneficio de las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas.

Pero el problema de todo esto es que la burguesía de carne y hueso es muy poco reformista; se acostumbró al ambiente creado por la orgía neoliberal, y no está muy dispuesta a entrar en este plan de reformas. Y lo que vemos constantemente es la oposición de las Cámaras Empresariales, del Comité Empresarial, de la Asociación de Bancos, de la AER (Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión), la AECTV (Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión), la AEDEP (Asociación Ecuatoriana de Editores de periódicos),… La burguesía, como sujeto, es muy poco reformista, y nacionalista menos todavía, porque está totalmente vinculada a los flujos de los capitales globalizados, y buena parte de sus procesos de reproducción y de acumulación depende del vínculo con los mercados mundiales.

Así que uno de los grandes problemas políticos del proyecto de Correa es que se trata de una propuesta de reforma capitalista en condiciones en que los propios capitalistas no parecen muy dispuestos a las reformas. El resultado tiende a ser necesariamente un reforzamiento del papel del Estado, porque si no existe el sujeto social, real y concreto, de la reforma, el Estado tiene que suplir este papel. Si en la época anterior el Estado fue manejado en función de interés faccionales, incluso familiares, de grupos empresariales, a lo que puede aspirar el proyecto de Correa es a un Estado que represente los intereses generales de la burguesía.

Y en ese sentido necesita mucho más apoyarse en un nexo con los capitales transnacionales, porque eso puede darle a la propuesta un piso de respaldo que no encuentra directamente en el capital “local”. Y por eso también el gobierno hace esfuerzos por atraer a sectores empresariales. En algunas políticas sociales ya hay participación de grupos empresariales; por ejemplo, en el plan “socio país” están vinculados Supermaxi o Tía; en el programa de ferias libres se han sumado 10 empresas: La Fabril (aceite La Favorita, margarina Klar), panadería California, Nirsa (sardinas Real, atún Mar Brava), ingenio La Troncal, huevos Casanova, fideos Toscana, Avícola Fernández, Big Cola, Rey Leche y La Europea.

Con esto, el gobierno ha logrado acercarse a sectores capitalistas que no están directamente vinculados a los gremios empresariales; recordarán ustedes, hace unos meses, la reunión mantenida por Correa con 70 empresarios, que descuadró a las Cámaras; entre ellos estuvieron Pedro Kohn y Roque Sevilla. Una infidencia periodística señalaba los empresarios que visitan el palacio de gobierno: Roberto Goldbaum, María Belén Correa, Ignacio Pérez Arteta, Ricardo Estrada y César Monge. Si se plantea una reforma capitalista, se necesita el respaldo de algún sector de la burguesía; no basta con el difuso apoyo de los ciudadanos.

El gobierno, los movimientos populares, el referéndum

Para terminar: si es que la propuesta es una reforma capitalista centrada en el Estado como actor fundamental, y busca una apertura hacia el sector empresarial y espacios de renegociación con el capital transnacional, entonces se explica el por qué de la posición de Correa frente a los movimientos sociales, sobre todo los más organizados, los más representativos, los que tienen mayor capacidad de movilización, los más independientes, y la izquierda: si no los puede funcionalizar, se convierten en un estorbo. Y resultan un estorbo porque Correa ha recogido efectivamente en su programa electoral, en algunas políticas gubernamentales y en ciertas reformas constitucionales parte del programa de la lucha social de los últimos 30 años. Pero al recogerla, la distorsiona en la perspectiva de la reforma capitalista, y se genera una clara distancia con la perspectiva de la movilización social.

Vamos a decirlo claramente: no es que la movilización social haya sido anticapitalista o socialista; el horizonte máximo de la lucha social durante este último período ha sido detener al neoliberalismo. Sin embargo, la dinámica de la movilización puede encontrar un más allá de los límites de la mera resistencia al neoliberalismo y, obviamente, más allá de la reforma. Se pudo verlo en la lucha contra el TLC, y de modo nítido en las movilizaciones masivas de las últimas crisis políticas: en ellas se partió de la crítica al gobierno de turno y al congreso, y se terminó encontrando la revocatoria del manato de tres presidentes (Bucaram en 1997, Mahuad en el 2000, Gutiérrez en 2005), el “fuera todos”; y una perspectiva de democracia radicalmente diferente a la democracia liberal.

Correa debe ser conciente (o por lo menos tener intuiciones) de que la movilización social representa un riesgo para una propuesta de reforma centrada en el Estado. No ha llamado a ninguna movilización importante; el festejo de inicios de año no fue una movilización de lucha, sino apenas un escenario de reconocimiento de fuerzas. Lo contrario a lo que ya está haciendo la derecha, que utiliza la movilización como un recurso de lucha social (Nebot, los evangélicos, los colegios católicos). En este período preelectoral podríamos encontrarnos con un escenario en que la calle sea ganada por la movilización de la derecha.

Su relación con los movimientos sociales y con la movilización refleja una visión para nada democrática. La concepción de democracia que tiene Correa no va más allá del liberalismo. Cuando la polémica con Acosta, Correa dijo: “El primer paso para lograr el cambio es dejar de lado las falsas democracias. Nos quieren hacer creer que todo el mundo puede debatir interminablemente”. Uno puede decir que eso fue porque el trabajo de la constituyente se estaba dilatando y perdiendo tiempo, que se generaba una mala imagen de la Asamblea y que, gracias a ello, la derecha ganaba terreno. Sin embargo, a renglón seguido, Correa reafirma y aclara: “Democracia no es que participen todos. Básicamente es cumplir el mandato que nos dio el pueblo”. Ese es el esquema de la democracia representativa, delegativa: uno escoge al representante, y el representante se convierte en el soberano que ejecuta lo que entiende que el pueblo le ha indicado. Una democracia en la cual el Estado y la tecno-burocracia tienden a expropiar las potencialidades transformadoras de la sociedad en movimiento.

Y tiene que ser así, dado que la propuesta está centrada en el Estado, movido por la lógica técnico-administrativa a la cual le estorba la intromisión de la lógica de la movilización social.

Ahora bien: eso no quiere decir que yo esté por el “no” en el referéndum. Al contrario. También está en juego la posibilidad de dar continuidad y desarrollar las luchas populares. Está en juego la posibilidad de asestar una nueva derrota al neoliberalismo, a sus impulsores y beneficiarios. Está en juego la posibilidad de fortalecer el avance de la conciencia social, su búsqueda de justicia y de igualdad, de profundizar la brecha que ha ido labrando frente a las distintas formaciones políticas de la oligarquía, frente a sus representantes ideológicos, aparentemente no partidarios ni políticos (la gran prensa, las jerarquías eclesiásticas, católicas y evangélicas). Está en juego la necesidad de hacer frente y detener la ofensiva de las derechas unidas, que pretenden hacerse fuertes movilizando el lado conservador y timorato de las mentalidades sociales.

Cuando es todo esto lo que está en juego, no cabe una posición neutral, no cabe pretender situarse “más allá del bien y del mal”. Pero debe ser un “sí”, cualificado, un sí nuestro, autónomo, un sí a las luchas de 30 años contra el neoliberalismo y la democracia restringida. No puede ser un sí que simplemente reafirme al gobierno de Correa, tiene que ser un sí que critique al gobierno, de modo claro y desde la izquierda; lo contrario sería entregar toda la lucha social de los últimos 30 años a un mero juego de reforma burguesa. El tema es cómo la izquierda y los movimientos sociales reconstruyen un espacio de izquierda autónomo, crítico, que no le haga el juego a la oposición oligárquica y que no se confunda con la crítica de las viejas y nuevas derechas.

Quito, 4 de agosto de 2008.

* Sociólogo. Militante del grupo Refundación Socialista.