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La estrategia del Ministerio Público es criminalizar a los movimientos sociales. El Movimiento de los Trabajadores y Trabajadoras Rurales Sin Tierra presentó hoy (23/06) documento que comprueban una estrategia del Ministerio Publico Estadual (MPE) para “disolver” el MST. Un acta del Consejo Superior del Ministerio Publico, en reunión el 3 de diciembre del año pasado, comprueba las denuncias. En dicha reunión, el MPE decide prohibir cualquier movilización de trabajadores Sin Tierra, incluyendo marchas y caminadas, intervenir en escuelas de asentamientos, criminalizar líderes e integrantes y “desactivar” todos los campamentos de Rio Grande do Sul.
Las decisiones del MPE ya están siendo colocadas en práctica desde el año pasado. Mas recientemente, dos campamentos, localizados en áreas cedidas, fueron desalojados y el campamento Nueva Santa Rita, en un área de asentamiento, fue aislado, con las familias impedidas de entrar o salir del campamento judicialmente. La posición del Ministerio Publico coincide con el agravamiento del uso de la violencia por parte de la Brigada Militar en movilizaciones de cualquier movimiento social, como en el día 11 de junio, cuando decenas de personas fueron heridas por balas de goma y “cachiporra”. Un agricultor tuvo hemorragia interna a consecuencia de las agresiones y permaneció hospitalizado por una semana.
Según el abogado Leandro Scalabrin, autor de la denuncia, la decisión del Ministerio Público ofende el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, especialmente al articulo 22, inciso 1º. Este pacto fue reconocido por el Gobierno brasileño a través del Decreto nº 592, de 6 de julio de 1992. Ofende también la Constitución Federal. El artículo 5º, inciso XVII, dice que “es plena la libertad de asociación para fines lícitos, vedada aquella de carácter paramilitar”.Documentos del propio relatorio contradicen las afirmaciones de los Promotores: una investigación de la Policía Federal, realizado entre enero e agosto del año pasado, verificó que no existe “cualquier conexión con la FARC o mismo extranjero en el local” y concluye que “no existe crimen contra la seguridad del Estado”.
Con la revelación del documento, se comprueba que Rio Grande do Sul es hoy el escenario de una estrategia de los poderes ejecutivo y judicial que amenazan las libertades conquistadas con el fin de la dictadura militar. El contenido de los documentos y la propia practica de estas instituciones representan un retorno al autoritarismo, al desrespecto a la Sociedad Civil e la incapacidad en respectar la pluralidad política y social.
Lo que agrava esta situación es que estos poderes son financiados por aquellas que constituyen verdaderas amenazas a la Seguridad Nacional: empresas como Stora Enso (Sueco-Finlandesa), donadora de la campaña electoral de la Gobernadora, que adquiere tierras ilegalmente en el área de frontera, despreciando la legislación brasileña con el consentimiento de los poderes ejecutivo y judicial.Coordinación Estadual – MST-RS
Repudio a la iniciativa del del Consejo Superior do Ministerio Público del Estado de Río Grande do Sul
Ilustrísima Señora Yeda Crusius, M.D. Gobernadora do Estado do Rio Grande do Sul
governadora@gg.rs.gov.br
C/C Procurador Geral da Justiça Dr. Mauro Renner
pgj@mp.rs.gov.br
[LA ORGANIZACIÓN FIRMANTE], venimos, por medio de la presente, manifestar a Vuestra Excelencia nuestro mas vehemente repudio a la iniciativa del Estado Mayor de la Brigada Militar do RS – PM 2, a la iniciativa del Consejo Superior do Ministerio Público del Estado de Río Grande do Sul, y a la iniciativa del Ministerio Público Federal, por los indicados a continuación.
En el día 20 de septiembre de 2007 el que en este periodo actuaba como Subcomandante Geral da BM Cel. QOEM – Paulo Roberto Mendes Rodrigues, envió el informe n. 1124-100-PM2-2007 cuya elaboración había sido por él determinada, al comandante general de la Brigada Militar, en el cual se emite un parecer sugiriendo que sean tomadas todas las posibles acciones que pudiesen impedir que las tres columnas del MST que caminaban hacia el Municipio de Coqueiros do Sul, se encontrasen.
En el informe hubo una investigación secreta acerca del MST, de sus liderazgos, el numero de personas que lo integran y su actuación en Rio Grande del Sur. El informe fue enviado al Ministerio Público del Estado de RS y al Ministerio Público Federal.
En el dicho informe, la fuerza militar de Rio Grande del Sur caracteriza al MST y a la Vía Campesina como movimientos que dejaron de realizar actos característicos de las reivindicaciones sociales para orquestar actos caracterizados como acciones criminosas.
En la conclusión del informe se condena "la corriente que defiende los ideales de que las acciones realizadas por los movimientos sociales no deberían de ser consideradas como crímenes, sino que una manera legítima de manifestación”.
Las investigaciones también fue direccionada hacia la actuación de diputados regionales, alcades, miembros de Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) y supuestos extranjeros.
En función de esta acción de la Brigada Militar, el Ministerio Publico Estadual ingresó con una ACP impidiendo las columnas del MST de ingresar a cuatro municipios de la comarca de Carazinho en el RS, y fueron perpetradas varias acciones judiciales para intentar retirar las niñas y niños de las familias que se manifestaban.
Las iniciativas de la Brigada Militar no sucedían en Brasil desde el término de la dictadura militar brasileña, por lo que atentan en contra de la Constitución Federal de 1988 que prohibió a las policías militares de actuaren en investigaciones judiciales, de movimientos sociales y partidos
políticos. El artículo144 de la Constitución Federal establece que compete a las policías militares la policía ostensiva y la preservación del orden público. La Brigada Militar invadió las competencias de la policía Civil y de la policía Federal.
En el día 3/12/07, el Consejo Superior do Ministerio Público aprobó el informe elaborado por el promotor Gilberto Thums (processo nº
16315-09-00/07-9), referente al procedimiento administrativo aplicado por la Portaria 01/2007.
El grupo de investigadores tenía como objetivo buscar informaciones acerca del MST.
El informe final del grupo de investigadores merece rechazo de toda la sociedad. Una de las decisiones tomadas por el Ministerio Público fue en el "(...) sentido de designar un equipo de Promotores de Justicia para promover acción civil pública con vistas a la disolución del MST y la declaración de su ilegalidad (...)”
Como si no fuera suficiente el intento de declarar ilegal al MST, el Ministerio Público decidió “ (...) por la intervención en las escuelas del MST con fin de tomar medidas que serán necesarias para la readecuación a la legalidad, en lo que se refiere al aspecto pedagógico y a la estructura de influencia externa del MST.”.
La decisión del Ministerio Público agrede el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, especialmente en el articulo 22, nº 1. Este pacto fue reconocido por el Gobierno brasileño a través del Decreto nº 592, de 6 de julio de 1992.
La decisión también agrede a la Constitución Federal. El articulo 5º, inciso XVII, dice que “es plena la libertad de asociación con finalidades lícitas, vedada a las de carácter paramilitar.”
El el día 11 de marzo de 2008, el Ministerio Público Federal denuncio ocho supuestos integrantes del MST por “integraren agrupamientos que tenían como objetivo el cambio del Estado de Derecho, del orden vigente en Brasil", la practica de crímenes por inconformidad política, delitos articulados en la Ley de Seguridad Nacional de la fallecida dictadura brasileña, al hacer referencia en su denuncia que los campamentos del MST constituyen un “Estado paralelo” y que los actos en contra de la seguridad nacional estarían recibiendo apoyo de organizaciones extranjeras como la Vía Campesina, las FARC – Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia, además de extranjeros que estarían a cargo del entrenamiento militar.
Las tesis que aparecen constantemente en la denuncia fueron formuladas por el propietario de la Hacienda Guerra, integrante de la organización de ganaderos FARSUL en 2005, y ratificadas por el Coronel de la Brigada Militar Valdir Cerutti Reis, integrante de la dictadura militar brasileña, quien actuó como agente infiltrado en un periodo de dos años en el campamento Natalino, utilizando el alias Toninho. Su labor era el de tratar de convencer a las familias acampadas a abandonaren el movimiento y aceptaren parcelas de tierra ofrecidas por la dictadura militar en Lucas do Rio Vede, en Mato Grosso.
La acción del Ministerio Publico Federal contraria las conclusiones de la investigación judicial realizada por la Policía Federal que investigó al MST durante todo el año de 2007, y concluyó que no existen vínculos del MST con las FARC, ni la presencia de extranjeros que estén realizando entrenamiento de guerrilla en los campamentos del movimiento, así como el hecho de que no se practica crímenes que atenten en contra de la seguridad nacional.
El MST se ha vuelto uno de los movimientos sociales mas importantes de nuestra historia, exactamente por que en su opción de lucha es la no-violencia. Por lo anterior expresado, reciba nuestro mas vehemente repudio por la decisión tomada en el Consejo Superior do Ministerio Público, por su Estado Mayor de la Brigada Militar y por la decisión del Ministerio Público Federal.
Declaramos nuestro apoyo a la lucha del MST. Por favor, envie el mensaje con copia para dhmst@uol.com.br e imprensa@mst.org.br
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