Este portal sale sin autorización del Rey Juan Carlos I, el Papa Benedicto XVI y el Presidente de los Estados Unidos
 |
Contacto: aquí |
| Libros para bajar |
 |
 |
Ignacio Dobles Oropeza
Hace pocos años se quiso colocar a Costa Rica en el mero centro del espiral represivo y regresivo que ha significado para la humanidad la lógica de la “guerra contra el terrorismo” desplegada desde el año 2001 por la administración Bush en Estados Unidos, que tanto ha hecho por convertir al mundo en un lugar más inseguro (y destruido).
No debemos caer en el engaño, algo cómodo, de creer que el descrédito y el desprestigio de ese gobierno (recientemente recibió el porcentaje más alto de rechazo por parte de los estadounidenses que haya recibido presidente alguno desde que se hacen esas mediciones) signifique que las intenciones geopolíticas hayan mermado. Se trata, como ha escrito Franz Hinkelammert, de una tendencia mundial, que lleva a esquemas de seguridad nacional, ya no restringidos a países específicos, sino operando a escala planetaria.
El surgimiento y desarrollo de procesos políticos con mayor independencia y en algunos casos mayor radicalidad en el continente han hecho, más bien, que la línea autoritaria-regresiva se active donde se pueda. Ahí tenemos el caso de quienes, haciendo la de un racismo campante, pretenden dividir a Bolivia.
En el año 2002, durante la administración de Abel Pacheco en Costa Rica, se presentó la propuesta de instalar en nuestro suelo una “International Law Enforcement Agency” (ILEA), que sería una de varias que operan ya en el mundo, bajo la dirección del FBI, siguiendo (lo dicen claramente sus estatutos) los lineamientos de la “guerra contra el terrorismo” de Bush. Pacheco, en uno de sus primeros actos de gobierno, apadrinó en Washington la presentación de la propuesta.
En ese entonces se argumentaba que la propuesta de instalar dicha agencia no tendría más consecuencia que “profesionalizar” a policías (aunque estaba claro que estaba destinada también a militares del continente, que serían seleccionados ya sabemos por quién, y que tendrían nada menos que rango diplomático en el país). Se argumentaba, también, que esto no tenía que ver con asuntos geopolíticos. No obstante, El Tico Times, periódico estadounidense que se edita en San José, editorializó que la propuesta metía a Costa Rica, en mucho mayor grado, en la agenda internacional del Gobierno de los Estados Unidos. Lo hizo, también, la nefasta decisión de Abel Pacheco de integrar a Costa Rica en la “Coalición” invasora de Irak (“Coalition of the Willing” decía Bush), sobre la base de una insólita defensa de la superioridad de niños costarricenses y estadounidenses sobre los niños iraquíes. Parece mentira, pero es cierto. Retórica de la sumisión.
Afortunadamente, aunque para la mayoría de la población esto pasara desapercibido, se produjo una oposición férrea de diversos sectores sociales y de un grupo de diputados y diputadas patrióticos que hizo que el proyecto de la ILEA naufragara, y que tuvieran que llevarlo a arenas más propicias: El Salvador, gobernado por una extrema derecha que al día de hoy mantiene a centenares de soldados salvadoreños en el Irak ocupado.
En todo este episodio no escuchamos una palabra del flamante Premio Nobel de la Paz, futuro presidente reelecto, Oscar Arias, pero sí de la persona ungida por éste como candidata de su partido para sucederle en la presidencia en el 2010: Laura Chinchilla, ex ministra de seguridad pública, quien fue una de las más fervientes impulsoras de la ILEA.
Hoy en día, hay presiones mucho más fuertes, y más sofisticadas, acompañadas de un esfuerzo mediático sin precedentes, para impulsar cambios radicales en la institucionalidad costarricense de forma tal que el país haga sentir más cómodo a un Bush, o a cualquiera que se le parezca. En esto influyen, precisamente, relaciones que no dudamos en calificar como “carnales” (a lo Menem, en lo que a jerga política se refiere) entre los gobiernos de Arias y de Uribe. Hemos visto cómo uno y otro funcionario de gobierno de Costa Rica regresa de viajes a Bogotá con encargos. No sabemos si dichos funcionarios se han dado cuenta de que se trata de un país con una guerra que lleva décadas, con un partido de gobierno que tiene como a setenta congresistas investigados o presos por la justicia por sus vínculos con paramilitares o narcotraficantes, y en el que sólo en lo que va del año se han asesinado a 22 sindicalistas.
La cooperación entre países es comprensible, pero dentro de marcos de mesura, sobre todo en circunstancias tan sensibles.
Cuando surgió el Plan Colombia, recordaremos, hubo fuertes presiones para involucrar a otros países en el mismo. Éstas fueron infructuosas, dada la muy comprensible reticencia de los países vecinos, pero ahora parece que de facto se le quieren imponer a otros países los problemas colombianos.
En este complejo contexto, hemos constatado, con sorpresa, cómo se han presentado entusiastas declaraciones de Laura Chinchilla, hoy vicepresidenta, y quien fungiera ahora como ministra de seguridad pública por unos días, planteando a legisladores, al regresar de Bogotá, la propuesta de extradición de ciudadanos costarricenses a Colombia. Su sucesora en el cargo, Janina Del Vecchio, hoy cuestionada por la prensa por presuntos vínculos con la mafia italiana, declaró, tranquilamente, al Semanario Universidad, que no veía problema alguno con dicha propuesta.
El problemita es que la Constitución Política de Costa Rica prohíbe expresamente la extradición de nacionales. Sin embargo, a renglón seguido hay que decir que la misma constitución prohíbe la reelección de gobernantes. Sin embargo, gracias a la Sala Constitucional, Arias fue reelecto (por un margen muy, pero muy pequeño). Ya vemos , por lo tanto, cómo es que estamos.
Con supercomputadoras que resisten misiles, y que como ha escrito el comentarista político costarricense Rodolfo Cerdas, de las que se va sacando a cuentagotas todo lo que va necesitando el gobierno colombiano para ir golpeando a sus enemigos políticos, se intenta, entonces llevar los problemas irresueltos de Colombia a otros lugares, y convertir a Bogotá- donde manda el aliado más incondicional de Bush y su doctrina- en una especie de “árbitro” de la política latinoamericana. Y el gobierno de Arias, complaciente, acude al llamado.
El panorama es realmente peligroso, porque el camino trazado es el de la criminalización de las luchas sociales. Es lícito preguntarse cuánto va a tardar, por este camino, en aparecer una verdadera “cacería de brujas” que busque cercenar no sólo a una disidencia que se ha mostrado poderosa en la lucha contra el TLC , sino a la vida política misma, cubriéndose con discursos de “mano dura”, de “se está con ellos o se está con nosotros” (Bush dixit) y apelando al miedo y a las sensaciones más primarias de la población.
Sabemos, claramente, a lo que ha conducido esto en otros rincones de América Latina, creando considerables desgracias para nuestros pueblos.
Por otro lado, en la edición de esa semana del Tico Times, un ciudadano estadounidense residente en la población de Atenas, en Costa Rica, pregunta, preocupado, porque si Oscar Arias se manifestó de acuerdo en el 2007 en no enviar personal de policía costarricense al Instituto del Hemisferio Occidental por la Seguridad y la Cooperación (WHINSEC en inglés), que corresponde exactamente, nada más y nada menos, que a la antigua, nefasta, Escuela de las Américas, decide el mandatario, finalmente, enviar a 250 policías a dicho Instituto. (Institutos, ¡otra vez los “institutos”¡).
En la misma edición, Nick Wilkinson, periodista del TT, señala que Costa Rica enfrenta la probable expulsión de una organización internacional de inteligencia seguridad, el Grupo Egmont (creado en 1995 por el G-8) si no pasa, pronto, una ley antiterrorista. Y todo el mundo sabe que eso es lo que sigue.
Se quiere enmarcar a este país en una lógica muy diferente a la que ha prevalecido, y los peligros para la vida democrática son enormes. Hemos visto en días recientes cómo, a propósito del hallazgo del dinero presuntamente vinculado con las FARC en la casa de dos profesores en Heredia se produjeron brotes de lo que podríamos llamar pensamiento fascista en el país. Sé muy bien la imprecisión que esto puede acarrear, en términos de filosofía política, pero es el calificativo más útil para expresar lo que me preocupa. Julio Rodríguez, por ejemplo, nada menos que encargado de la página de opinión del diario La Nación, afín al gobierno y de clara orientación antipopular, no sólo calificó, de un golpe, como “subversivos” a los comités patrióticos que existen desde el referendum contra el TLC en todo el territorio nacional, sino que a Leonardo Boff , considerado una influencia perversa, que estuvo por estos pagos, lo tildó de “terrorista”. Así, sin asco.
¿Qué se quiere para Costa Rica? ¿Que la contienda cívica, democrática, se convierta en faena represiva y persecutoria? ¿Que se termine de imponer, ya al descaro, sin limitación alguna, el imperio del más fuerte, del que tiene más poder económico, o del que se pliega más a la geopolítica imperial? ¿Que a quien defienda ideales o disienta se le persiga y se le reprima (como se ha hecho ya con dirigentes sindicales despedidos por su activa oposición al TLC)? ¿Que la agenda nacional se siga trastocando de tal modo que la determinen en Washington o en Bogotá?Creemos que hay que poner mucho cuidado a lo que está sucediendo, y que quienes gobiernan al país asumen en estas circunstancias una responsabilidad enorme. Lo que se pierde puede no recuperarse .
)