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LAS NUEVAS CARAS DEL SAQUEO EN AMÉRICA LATINA

Guido Galafassi*

“Nosotros, en la infancia aún, contentémonos con la humilde idea de enviar
a aquellos bazares europeos nuestros productos y materias primas,
para que nos los devuelvan transformados por medio de los poderosos agentes
de que disponen. Materias primas es lo que Europa pide,
para cambiarlas en ricos artefactos”
Gervasio A. Posadas, como presidente de la comisión directiva
en el discurso inaugural de la Exposición Rural de 1858

“No somos ni industriales ni navegantes, y la Europa nos proveerá
por largos siglos de sus artefactos en cambio de nuestras materias primas”
Domingo F. Sarmiento, Facundo, 1845


Introducción

Luego de la larga agonía que implicó la salida de la llamada etapa de “sustitución de importaciones”, América Latina en general comienza a reeditar, renovando, su perfil histórico de dador de recursos naturales y materias primas al mundo desarrollado.
La región Patagónica en particular, que durante todo el siglo XX, luego de la eliminación de la población indígena originaria, se caracterizó por ser un área con economías de enclaves ligadas fundamentalmente al petróleo y con ganadería extensiva o agricultura selectiva, profundiza y renueva para las últimas décadas del siglo su rol de oferente de recursos naturales y territorio . A la continuación de la explotación (en términos de expoliación) de petróleo, unido al gas, se agregan la minería, la explotación forestal, la especulación inmobiliaria en regiones turísticas renovándose también su potencialidad como región rica en agua para producción de energía, en un contexto mundial en donde el recurso agua comienza a ser considerado como un bien estratégico para el futuro cercano. Todo esto se da unido a un fuerte y renovado proceso de concentración de la tierra y en donde los recursos esenciales de la producción agropecuaria constituyen elementos de disputa por parte del capital, ya sea nacional o internacional.
Asistimos entonces a un renovado proceso de “saqueo” (definido incluso en estos términos por las diversas organizaciones, movimientos sociales y sectores de población que lo han venido resistiendo).
Como respuesta dialéctica, se vienen generando una serie diversa y compleja de conflictos sociales, luchas y resistencias ligados con cuestiones socio-económicas, ecológicas y territoriales, en los que diversos sectores de la población se organizaron y movilizaron en pos de ciertos principios de preservación de sus modos de vida, prácticas económicas y modelos de desarrollo y preservación del ambiente natural. Los procesos recientes de movilización contra las explotaciones de megamineria, represas, deforestación, contra el creciente proceso de privatización de recursos naturales y tierras públicas, contra el crecimiento del latifundio y la consecuente marginación, de enajenación de las riquezas petrolíferas y gasíferas y contra los impactos sociales y ambientales de las explotaciones de petróleo, etc. sumados todos estos a los históricos reclamos de los pueblos originarios, son solo algunos ejemplos de una gama diversa y rica de conflictos socio-económicos y ambientales, a los cuales las empresas de comunicación masiva y dominante le dan escasa o nula relevancia. Todos estos conflictos se enmarcan en la historia reciente de esta región que incluye un fuerte proceso de valorización y privatización de tierras (en el marco de la renovada globalización del capital) que se articula con particulares condiciones ambientales, y con los diferentes sectores sociales que han venido participando, ya sea en forma conjunta o más bien por separado en los diversos movimientos de protesta.
Explotación de recursos naturales y capitalismo neoliberal
La ecuación capital – recursos naturales ha definido primariamente la historia del desarrollo en los países latinoamericanos, por cuanto emergieron al mundo moderno con un papel predominante de dadores de materias primas. La particular conjunción entre tecnología y territorio, representa la expresión concreta para plasmar la ecuación mencionada en el ámbito de la producción social de la existencia. Esta conjunción se inserta de una manera cada vez más profunda en las definiciones que atañen a la competencia internacional y constituyen pilares fundamentales en el proceso de construcción de hegemonía. La producción siempre renovada de paradigmas tecnológicos interactúa de manera estrecha con el proceso de diseños de nuevas geografías, lo que implica tanto para uno como para el otro, la definición de los patrones de apropiación y gestión, que significará el grado de participación en la distribución de los beneficios. Las disputas internas al capital, se expresan cada vez más fuertemente en los terrenos relativos a la carrera por el desarrollo tecnológico y a la búsqueda de espacios –tanto en la extracción de los recursos-insumos como en la construcción de mercados- . El petróleo es claramente el ejemplo más evidente, desde las guerras en oriente medio, hasta en la geopolítica latinoamericana donde entran en juego intereses geostratégicos norteamericanos, capitales multinacionales de base europea y gobiernos con orientación popular-reformista.
Dilucidar entonces como se realiza este proceso disputado de construcción de nuevos espacios y quienes son sus sujetos y clases sociales es una cuestión clave a la hora de entender los procesos sociales contemporáneos dialécticamente vinculados a su génesis histórica.
El diseño entonces de nuevos espacios y la construcción y/o modificación de los modos de apropiación y uso del territorio conlleva un proceso de cambios y transformaciones tanto en las relaciones sociales a nivel local, como nacional, regional e internacional; y de las historias y culturas regionales, así como del imaginario colectivo, en tanto expresión del juego de fuerzas entre distintas visiones del mundo. Es la propia “lucha civilizatoria” la que se despliega en la construcción y uso del territorio, dando lugar a lo que se denomina como territorio complejo . Así, espacio material y espacio simbólico son dialécticamente soporte y creación de la historia y la cultura, al mismo tiempo que de ellos emana también el proceso de construcción de utopías colectivas y alternativas societales.
En este contexto, se definen siempre una serie de recursos estratégicos que se relacionan dialécticamente por cuanto por un lado son aquellos que la dinámica global del capital define como recurso demandado en un momento histórico determinado y por otro como aquellos que las condiciones ecológicas regionales determinan como aptos para ser producidos o extraídos en cada lugar. El caucho, por ejemplo, solo se extrajo durante determinadas décadas del siglo XIX – hasta ser reemplazado por el producto sintético- y solo en las áreas tropicales de Sudamérica, donde crecía el árbol. Así, toda América Latina, desde su conquista y colonización por las naciones europeas, fue subdividida en áreas extractivo-productivas según el recurso estratégico presente. Estos territorios complejos fueron mutando y transformándose de acuerdo precisamente a la dinámica capitalista global y a los vectores geopolíticos presentes en cada coyuntura particular. Si durante la colonización española fue el trabajo esclavo o semiesclavo la fuente principal a partir de la cual se extraían y luego exportaban los recursos; a partir de la constitución de naciones latinoamericanas independientes, fue, y sigue siendo, el comercio desigual bajo condiciones de periferia y dependencia económica y política lo que determina los principios de la extracción-producción-exportación de los recursos. Es así que las naciones latinoamericanas se configuraron a lo largo de su historia como uno de los principales dadores de “commodities” al mundo industrializado.
Recursos energéticos, biodiversidad y minería constituyen entonces los componentes fundamentales en la historia del desarrollo latinoamericano en tanto territorio complejo oferente de commodities.
La concepción de la naturaleza como biodiversidad es un fenómeno relativamente nuevo, que si bien posee el gran merito de hacer referencia a la conectividad ecosistémica del mundo natural, esconde a su vez la estrategia del capital de la conservación, bajo el pretexto del patrimonio natural como pieza clave de un “desarrollo sustentable y armónico”, pero que muchas veces en realidad solo es una táctica de posicionamiento sobre los espacios de mayor densidad o especificidad germoplásmica (fuertemente unido al proceso de patentamiento, como por ejemplo, de medicamentos obtenidos de recursos vegetales), lo que implica una lucha abierta o encubierta sobre el territorio (biodiversidad como fuente de recursos primordiales para la industria biotecnológica).
La posesión o control de este territorio, por su contenido, es fundamental dentro de un esquema de competencia intercapitalista. Generalmente, el aprovechamiento y monopolización de la biodiversidad exige una presencia in situ, por cuanto la mayoría de las especies tienden a no prosperar fuera de su hábitat natural (por la conectividad ecosistémica).
En términos de recursos energéticos, petróleo, gas y agua representan casos absolutamente emblemáticos con variados ejemplos de la fuerte disputa por su posesión a lo largo de toda la historia latinoamericana. Sin ir más lejos, los importantes conflictos geopolíticos derivados por la posesión de los yacimientos de gas y petróleo en las recientes historias de Venezuela y Bolivia , más la llamada Guerra del Agua también en Bolivia , o las más recientes disputas en torno a la potencial energía hidroeléctrica de los ríos patagónicos, muestran de forma elocuente lo central de esta cuestión . A esto hay que agregarle el auge actual de los biodiesel, nuevamente con la excusa del desarrollo sustentable, en los que Argentina pareciera tener un papel fundamental para su desarrollo.
Respecto a los recursos mineros, toda América Latina tiene una muy larga historia respecto a su explotación y saqueo. Desde los largamente conocidos y estudiados casos de Potosí (Bolivia) y Zacatecas (México), hasta los más recientes de Minas Geraes (Brasil), de cobre en Chile y estaño en Bolivia ; todos guardan el mismo patrón respecto a los mecanismos de poder ligados al control del territorio y el recurso. Ya sea por parte de la corona española o portuguesa como de las posteriores multinacionales mineras que se fueron conformando a lo largo del siglo XIX. Precisamente estas últimas manifestaciones del capital, son las que vienen jugando un muy fuerte papel en la explotación de los recursos mineros en las últimas décadas. A este respecto, Argentina, un país tradicionalmente no minero, ha entrado en los últimos años también a ser un objetivo clave en la estrategia del capital, a partir de la gran cantidad de minerales guardados bajo su cordillera, como también del gran avance tecnológico que hace que yacimientos antes considerados absolutamente no rentables, hoy constituyan territorios claves en la búsqueda de los altas ganancias de las multinacionales mineras, bajo el paraguas nuevamente del desarrollo sustentable y diversificado. El caso del oro, que viene generando una serie diversa y abultada de conflictos, es un claro ejemplo de esto último.
Tal como se mencionó en todos los casos, es bajo la muletilla del desarrollo sustentable que se gestan infinidad de variantes, mostrándose como aceptables estas prácticas centenarias de explotación de recursos naturales y control del territorio. La categoría “desarrollo sustentable” es utilizada en muchos casos desde el poder como una inteligente táctica para hacer justamente frente a las críticas, movilización, resistencias y protestas de diferentes sectores de la población, que de prosperar podrían poner en serio peligro la continuidad del saqueo. Bien, los capitales mineros, así como el resto de los capitales que participan de la explotación exhaustiva de recursos naturales, no están exentos de estas tácticas de “persuasión” y están prestos a utilizarlos siempre que la situación social así lo recomiende.
Las propias poblaciones y movimientos sociales han venido señalando e identificando en estos últimos años la existencia de planificados programas alternativos pergeñados por los capitales ligados a la explotación de recursos naturales, con el propósito de acercarse a la población, dividirla y convencerla de las supuestas bondades de la “inversión”. Es importante destacar que junto a la intervención directa de los capitales extractivos, existen toda una pléyade de técnicos, profesionales, académicos y ONGs que blanquean estas tácticas de persuasión .
Un ejemplo claro de cómo el capital intenta hacer “digerible” su proyecto lo constituye la práctica que viene desarrollando el Consejo Mundial de Negocios por un Desarrollo Sustentable (WBCSD - World Business Council for Sustainable Development) . Esta asociación constituye una estrategia muy hábil de las grandes corporaciones multinacionales en pos de mostrar una cara amigable hacia los problemas de la humanidad (problemas en su mayor caso son generados por la lógica presente en estas mismas corporaciones). Entre los objetivos del WBCSD figuran por ejemplo:
- Participar en políticas de desarrollo con el objetivo de crear una estructura legal de condiciones para los negocios que implique una contribución efectiva al progreso sustentable de la humanidad.
- Contribuir hacia un futuro sustentable para naciones en desarrollo y en transición
- Demostrar las contribuciones que los negocios pueden hacer para encontrar soluciones basadas en el desarrollo sustentable
Un ejemplo concreto para el caso de la megaminería que comenzó a instalarse en distintas áreas de la Cordillera y de la meseta patagónica se refiere al supuesto “uso responsable del cianuro” (sostenidas por muchos técnicos y académicos desde supuestas posiciones críticas) que sería la expresión palpable de la tan en boga estrategia de la “responsabilidad social empresaria”. Los distintos programas de publicidad y difusión, especialmente en escuelas de la región a ser explotada sobre las supuestas bondades del cianuro, más los programas de beneficencia a la población e instituciones locales, son expresiones claras de esta estrategia de penetración social para evitar resistencias, propias del “desarrollo sustentable corporativo”. Lo contrario a esto es sencillamente instalarse en un área, comenzar la extracción a cualquier costo negando cualquier táctica amigable con la población de lugar. Esquel puede ser un notable ejemplo de esto último, y es justamente a partir del fracaso de la Meridian Gold que posteriormente la estrategia cambió y las corporaciones mineras actualmente desarrollan una aceitada área de relaciones institucionales y publicidad, aplicando las fórmulas del desarrollo sustentable corporativo a partir del cual se generan campañas de “medio ambiente y beneficencia comunitaria”.
Está táctica es actualmente clara y públicamente explicitada por las propias corporaciones empresarias, incluso para el caso particular de la minería. El propio WBCSD posee un área especial para “Minería y Minerales”, en donde desarrollaron una agenda con los principales desafíos del sector frente al desarrollo sustentable . Algunos de ellos son:
- Manejar el impacto ambiental de las minas
- asegurar la viabilidad de largo plazo de la industria de minerales
- un control, uso y manejo responsable de las tierras
- desarrollar un impacto positivo en las comunidades locales
La megaminería en la Argentina
Argentina en tanto país históricamente perfilado como productor agrícola-ganadero viene intentando, en las últimas décadas, diversificar este patrón, incorporando nuevas área de producción, pero sin salirse del papel de productor y exportador de commodities. La minería, tal como se mencionó más arriba, tan bastamente desarrollada a todo lo largo de América Latina desde el inicio mismo de su conquista y colonización, no tuvo nunca en la Argentina un rol destacado, hasta estos últimos años en los cuales se redefine su rol de productor primordial de materias primas -dando marcha atrás con el intento incompleto de industrialización por sustitución de importaciones- y en los cuales la minería lentamente comienza a instalarse e imponerse en ciertas regiones, especialmente a lo largo de toda la Cordillera y también en sectores de la Meseta Patagónica. La extracción fundamental pasa a ser ahora la de los minerales metalíferos, al igual que el resto de América Latina en su historia, y su casi exclusivo destino es la exportación en bruto. El avance de la tecnología extractiva incluso ha favorecido la incorporación como áreas explotables a vastas regiones donde el mineral se encuentra altamente disperso y que representaban sectores no rentables hasta hace poco tiempo. La extracción de oro y plata a cielo abierto son un claro ejemplo de esto último, así en la Argentina se ha comenzado a desarrollar en los últimos años, cientos de proyectos de este tipo de megaminería. El muy alto impacto ambiental, social y económico de esta megaminería, asociado a su carácter exclusivamente extractivo, ha generado una serie diversa de resistencias en distintos sectores de la población, generándose toda una serie de organizaciones y movimientos sociales con el objetivo de rechazar estos proyectos productivos. La movilización en Esquel en contra de la minería de oro a cielo abierto en el año 2003 ha sido el caso emblemático y se tratará mas adelante.
Esta minería de oro a cielo abierto, que utiliza un proceso de lixiviación con cianuro, no constituye un proyecto económico aislado, sino que por el contrario se enmarca en el renovado papel asumido por América Latina y el Tercer Mundo en tanto exportador de materias primas, manteniendo esta explotación de recursos naturales los patrones generales de apropiación indiscriminada típica de las regiones productoras de commodities.
La teoría de la segunda contradicción del capitalismo ayuda a entender este proceso. Se sostiene en ella que el capital tiende a socavar sus propias bases de sustentación, por cuanto en su lógica de maximización de las ganancias no tiene en cuenta (no puede tener en cuenta, por cuanto aumentaría sus costos) la tasa de reproducción de los recursos (en el caso de recursos renovables) o el ciclo de agotamiento o perjuicio sobre el ambiente . Esto termina generando impactos, en muchos casos irreversibles, cuyos costos los paga la sociedad en su conjunto, y a veces también el propio capital. La minería de oro posee la particularidad, al ser una actividad de corto o mediano plazo, de generar fuertes impactos nocivos sin que el capital que lleva adelante la extracción se vea perjudicado directamente por los mismos, ya que una vez terminada la apropiación se retira a nuevos espacios a reiniciar el ciclo. Todas las consecuencias negativas repercuten entonces en las sociedades locales y en el ambiente regional. Esto facilita el uso de procesos “brutales” de extracción en pos de la maximización de las ganancias. Es por esto que la minería de oro a cielo abierto constituye una actividad en la cual no está presente ninguna consideración hacia la ecuación “tecnología de bajo impacto / preservación de la explotación en el tiempo” (formula presente en las tácticas empresariales de desarrollo sustentable), por cuanto esto implicaría aumentar los costos y así disminuir las ganancias. Pero además es importante dejar bien en claro que no existe una tecnología alternativa: la minería de oro a cielo abierto exige la destrucción de cientos de km2 de territorio, el agotamiento de las reservas de agua regionales y la utilización de miles de toneladas de cianuro (veneno altamente mortal).
Vale ahora detenerse en los más importantes impactos ambientales generados por este tipo de minería. Entre ellos están la contaminación química, la contaminación por metales pesados y lixiviación, el drenaje ácido y el impacto de los residuos peligrosos en las escombreras .
La contaminación química se produce con los frecuentes derrames o goteos de los agentes químicos utilizados en extracción (tales como el cianuro y el ácido sulfúrico, necesarios para la separación del material deseado, del mineral en bruto), trasladándose aquellos del sitio minero a un cuerpo de agua cercano o directamente infiltrándose y llegando así a las napas subterráneas. Estos químicos pueden son altamente tóxicos tanto para los humanos, como para toda la flora y fauna. La contaminación por metales pesados es causada durante y después del proceso de excavación, en el momento en que metales como el arsénico, el cobalto, el cobre, el cadmio, el plomo, la plata y el zinc, contenidos en las rocas excavadas, entran en contacto con el agua. Los metales son así extraídos y llevados río abajo, mientras el agua lava la superficie rocosa. Aunque los metales pueden ser movidos en condiciones de pH neutral, la lixiviación es particularmente acelerada en condiciones de pH bajo, tales como las creadas por el drenaje ácido de la minería. El drenaje ácido (DAM) se produce durante el proceso de excavación, cuando las grandes cantidades de roca que contienen minerales sulfatados, reaccionan inexorablemente con el aire o con el agua para crear ácido sulfúrico. Cuando el agua alcanza cierto nivel de acidez, un tipo de bacteria común llamada "Tiobacilus Ferroxidante", puede aparecer acelerando los procesos de oxidación y acidificación, lixiviando aun más los residuos de metales de desecho. El ácido lixiviara la roca mientras que la roca fuente este expuesta al aire y al agua. Este proceso continuara hasta que los sulfatos sean extraídos completamente; este es un proceso que puede durar cientos, o quizás miles de anos. El ácido es transportado desde la mina por el agua, las lluvias o por corrientes superficiales, y posteriormente depositado en los estanques de agua, arroyos, ríos, lagos y mantos acuíferos cercanos. El DAM degrada severamente la calidad del agua y puede aniquilar la vida acuática, así como volver el agua prácticamente inservible. Una vez que los minerales han sido procesados y recuperados, la roca sobrante se vuelve otra forma de desperdicio minero que se ubica en las escombreras. Las escombreras contienen los mismos metales pesados tóxicos y formaciones de ácido mineral que produce el desecho de roca. También suelen contener los agentes químicos usados para el procesamiento del mineral en bruto, tales como cianuro o ácido sulfúrico. Las escombreras son usualmente colocadas en la superficie, en áreas de contención o en lagunas de oxidación, y en un número creciente de operaciones bajo tierra, donde el desecho es usado como relleno para las áreas que fueron excavadas. De esta manera, los contaminantes de los desechos mineros pueden nuevamente lixiviar hacia la superficie o a los mantos de agua subterránea causando una contaminación seria que puede perdurar durante muchas generaciones.
A partir de esta situación es que fácilmente puede deducirse los enormes perjuicios que este tipo de explotación minera genera sobre el terreno, afectando también de esta manera toda la base indispensable para la producción agropecuaria. Es así entonces que a partir de 2004 la protesta y la movilización en contra de la explotación minera a cielo abierto fue acompañando a la creciente actividad prospectiva llevada adelante por la conjunción entre la diversa y poderosa concentración de capitales mineros (ya sea con la instalación directa de las multinacionales y/o con la creación de filiales locales) los Estados provinciales y el Estado nacional que daban el apoyo político, jurídico y de infraestructura a los proyectos. Productores agropecuarios de Ingeniero Giacobacci (en la meseta rionegrina) primero a los que se sumaron pequeños y medianos productores frutihortícolas de Los Antiguos (cordillera santacruceña) y productores agropecuarios de Pilcaniyeu (transición meseta-bosque en Río Negro) comenzaron a organizarse junto a población de las poblaciones urbanas cercanas conformando diversas organizaciones de vecinos autoconvocados, demostrando también la ficticia línea que muchas veces separa a lo rural de lo urbano .
El proceso de movilización social en la Patagonia
El proceso de movilización social irrumpe fuertemente a nivel nacional el 23 de marzo de 2003, cuando los vecinos de Esquel, Cholilla, Epuyen y Lago Puelo (Chubut) le dijeron NO (por más del 81% en Esquel y más del 90% en Epuyen) a los emprendimientos mineros en la cordillera a través de una consulta popular organizada por ellos mismos y aceptada por las autoridades municipales y provinciales, solo porque pensaban que el Si a la mina ganaría fácilmente y porque la gran movilización popular no les dejaba tampoco muchas opciones . Entre los argumentos para el No a la Mina, de los Vecinos organizados en Asamblea figuran: “Porque en la explotación de oro que se pretenda realizar se empleará un procedimiento que se llama “lixiviación con soluciones de cianuro”, lo que representa un peligro potencial para las personas y el medio ambiente al utilizarse en grandes cantidades una sustancia altamente tóxica y contaminante. Porque habrá una “afectación directa del agua en CANTIDAD y CALIDAD. Porque los beneficios económicos que este tipo de emprendimiento le representa al País, a la Provincia y nuestra zona son inexistentes comparados con las inmensas ganancias que se llevarán. Porque se trata de un proyecto de beneficios transitorios y “cortoplacistas”. Es, ni más ni menos, una clara aplicación del principio “pan para hoy y hambre para mañana”. Porque no podemos confiar en el control que puedan hacer nuestras autoridades, máxime teniendo en cuenta el poderío económico que tienen las empresas mineras y el nivel de corrupción que existen en nuestro país. Porque el emprendimiento transformará grandes extensiones de tierra y desfigurará el paisaje, cambiando la topografía del lugar y, en caso de ser a cielo abierto, dejará un cráter de gran magnitud. Porque somos muchos –y cada vez somos más- los que estamos cansados de que se disfracen distintos proyectos para que unos pocos (siempre los mismos) obtengan beneficios importantes en contradicción con los intereses del pueblo.”
A varios años de este plebiscito popular que rechazó la instalación de minas de oro en la comarca, tanto la empresa Meridian Gold (que tiene varias concesiones en la zona de la Comarca Andina) como las otras empresas con concesiones en toda la cordillera, no solo mantienen sus proyectos sin ninguna intención de cancelarlos, sino que incluso se han acelerado las acciones de prospección y cateo en toda la Patagonia, iniciándose incluso ya algunos procesos extractivos (mina Huevos Verdes en Santa Cruz, por ejemplo). A pesar de que en las provincias de Río Negro y Chubut se dictó una ley para prohibir, por solo algunos años, la minería con uso de cianuro, la clase política continúa sin escuchar a la comunidad y en consecuencia el pueblo mantiene la lucha, por cuanto, como decíamos, los procesos de concesión, ventas de derechos, exploraciones y cateos no solo continúan sino que se incrementan día a día. En Ing. Jacobacci (Río Negro) se ha venido planteando un intenso conflicto ante la instalación de otra multinacional minera que se mantiene expectante y avanza con fuertes campañas de propaganda y relaciones públicas. Ante esto, surgió una nueva protesta de la población, asumiendo los pueblos originarios del área un protagonismo muy importante. Así, en un comunicado de prensa de abril del 2004, el Consejo Asesor Indígena de Río Negro decía:”En el nombre del Progreso se ejecutó la Campaña al Desierto, nos despojaron de nuestro territorio ancestral, intentaron nuestro exterminio. En el nombre del Progreso se llevan adelante políticas nocivas no sólo para los mapuche, sino también para el resto de la sociedad argentina. Se entregan a unos pocos los recursos básicos y estratégicos de todos. En el nombre del Progreso, con las explotaciones mineras ¡¿se espera que concertemos sin resistencia nuestro suicidio por envenenamiento?!”
La movilización del pueblo que comenzó hace casi cinco años no pasó desapercibida para el establishment político y económico: cuarenta personas fueron amenazadas por oponerse al proyecto minero y, por el mismo motivo, muchos habitantes sufren persecuciones laborales. También hay anuncios y preparativos para establecer “diálogos constructivos con los locales”, incluyendo un sistema combinado de RRPP, lobbies y presiones corporativas.
Esquel es el primer lugar de América donde la acción de la población logró que un proyecto de explotación minera suspenda sus actividades. En este sentido, el 23 de marzo de 2003 es una fecha de gran importancia porque sentó un precedente importante sobre el derecho de cada comunidad a ser consultada cuando su calidad de vida esté amenazada. Con la gran repercusión alcanzada se transformó en caso testigo y dio voz a otros puntos de la Argentina donde se mantiene la misma lucha: ciudades, pueblos y parajes de Catamarca, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Neuquén, Córdoba, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe y Río Negro, además de Chubut, conformaron la Red de Comunidades Afectadas por la Minería, desde donde se denuncia la entrega de los recursos naturales, se exige la inmediata prohibición de los métodos de explotación minera contaminantes y reclama la urgente anulación de la legislación vigente del sector. Así, la misma esencia de la democracia representativa es puesta en cuestión, revalorizándose los mecanismos de participación directa en la toma de las decisiones a través de la democracia directa e inclusiva. La explotación capitalista-neoliberal de los recursos naturales y humanos también está siendo cuestionada, comenzando a desarrollarse un ámbito de debate sobre los patrones y modelos de desarrollo local, y nacional en un proceso que asume ciertas similitudes con los otros movimientos sociales (desocupados, fábricas recuperadas, asambleas populares) surgidos en los últimos años de crisis del capitalismo argentino. Podríamos así decir que estamos frente a un cambio político paradigmático, en donde una ciudadanía activa empieza a identificar y fijar objetivos económicos generales y pensar en cómo lograrlos.
Específicamente en la Patagonia, se ha conformado desde el año 2004 la Asamblea Coordinadora Patagónica Por la vida y el territorio, contra el saqueo y la contaminación. Esta integrada por cada una de las asambleas vecinales de diferentes puntos de Río Negro, Chubut y Neuquén, más diversas organizaciones que venían luchando por cuestiones ambientales y territoriales. La tarea fundamental de esta Asamblea Coordinadora es denunciar el saqueo en sus múltiples facetas y organizar la resistencia civil en contra de este. Vale entonces transcribir los párrafos sustanciales de su declaración troncal (de noviembre de 2005) llamada justamente “La trama del saqueo”

“La dominación siempre incluyó por lo menos dos modos de intervenir en la vida de los pueblos, dos formas que se combinan o alternan: la fuerza bruta y la negociación, con toda la gama imaginable de estrategias intermedias. En los últimos 500 años, esas formas de control social intentaron justificar y garantizar el saqueo, la devastación en gran escala y la explotación humana. El sistema colonial europeo (y quienes les siguieron, especialmente los EE.UU.) agregó saberes técnicos, científicos y psico-sociales a esos métodos hegemónicos. El colonialismo prestó y le presta especial atención a la colaboración, al consentimiento y a la complicidad. Por eso, aparte de armas, usa (y por momentos prefiere) medios políticos o culturales, directos o indirectos.
La enormidad del gasto en esos rubros indican, sin embargo, que no siempre tienen éxito, que necesitan acomodar estrategias y lenguajes, y que sus empresas consultoras o expertos estatales también compiten entre si, prometiendo sacarle agua a las piedras.
En la actual etapa del capitalismo conocida como “neoliberalismo”, y en su desesperación por encontrar el método adecuado, sus timoneles quisieron decretar el fin de la historia y privatizar la política. Aprovechando el desencanto social con el sistema representativo (que por otro lado les conviene jaquear como pinza para obtener ventajas ya desde el liberalismo del siglo XIX o el “achicar el estado es agrandar la nación” de Martínez de Hoz), los sectores y clases dominantes intentan controlar las contradicciones y los conflictos sociales contratando especialista en “ingeniería social”, comunicación y RRPP para sus fundaciones y ONGs (que en este momento prefieren llamar OSC, organizaciones de la sociedad civil).
En la década de los 90, junto a la privatización de sectores estratégicos de la economía en todo el continente, creció explosivamente el número de ONGs. No es casual y por eso mismo es necesario distinguir solidaridad internacional, discursos, prácticas y organizaciones legítimas de las que provienen del saqueo y endeudan a los pueblos. La que proviene del saqueo es una trama extendida que intenta cooptar y se mezcla con las organizaciones que son creadas por la misma sociedad para enfrentar las múltiples consecuencias generadas, justamente, por el sistema. Por más que intenten mimetizarse, usar términos agradables a los oídos o usar causas justas como vitrina, hay diferencias de fondo. Es una simple constatación que no tiene por objetivo criticar proyectos de base ni ofender a su personal o sus intenciones.
La Asamblea Coordinadora Patagónica - Por la vida y el territorio, contra el saqueo y la contaminación - defiende principios y derechos (económicos, culturales, sociales, humanos en general) definidos y debatidos de una manera totalmente diferente. Tampoco cuestiona lo que las fundaciones corporativas hacen con el dinero sino los mecanismos que permiten, en primer lugar, que lo tengan y luego se arroguen, con apoyo del estado y no pocas veces de organismos como las Naciones Unidas, el privilegio de intervenir a su antojo y con métodos gerenciales en las comunidades, desde los barrios o zonas rurales hasta el sistema educativo y de ciencia y técnica, la justicia, los medios de comunicación, las instituciones de un estado deliberadamente fragmentado. Asamblea Coordinadora Patagónica cuestiona que el estado les garantice el acceso y la explotación de bienes comunes (telecomunicaciones, energía, territorios, cuencas, el mar, los minerales, la biodiversidad) y que, con la gigantesca renta obtenida o - peor todavía - a cuenta de ésta, encima pretendan generar aprobación a este tipo de esquema o desviar la atención pública con planes “solidarios” o de remediación en escalas irrelevantes.
Una entre muchas de las consecuencias de este tipo de “gestión privada” es que favorece la creación de un “mercado social” en el que sus participantes tienden competir entre sí – incluso ferozmente – por la producción, acumulación y tráfico de capital político.
No acusamos a “los malos de afuera” que “nos oprimen” sino al circuito completo del saqueo material, cultural y político, con todos sus componentes objetivos y subjetivos.
Analizar qué hay detrás de las promesas e intenciones publicitadas, en consecuencia, no es “dividir” sino poner las cosas en claro.
Ultra-conservadoras en sus riñones estratégicos y “progresistas” en los bordes, las fundaciones y ONGs vinculadas a las corporaciones subsidiadas con acceso privado a bienes comunes (el saqueo) promueven, por inclusión u omisión, uno o varios de los siguientes objetivos:
• La idea del "desarrollo sustentable", descalificando el debate acerca de las contradicciones y consecuencias concretas de esa metáfora y, junto a ésta, el mito del crecimiento ilimitado y obligatorio (creemos, por el contrario, que otro sistema es posible);
• la "legalidad" y seguridad jurídica para las políticas de saqueo, como las de la minería, el petróleo, la pesca y las telecomunicaciones, incluyendo los marcos regulatorios que sostienen las ganancias de las empresas privatizadas en general, por medio de mecanismos como el ALCA, el AGCS (Acuerdo General de Comercio de Servicios) u otros seudo-acuerdos. Intentan, por medio de premios y castigos, que los pueblos se adapten a leyes votadas por el sistema representativo, en las condiciones de precariedad, presión lobbista y corrupción parlamentaria que son de público conocimiento, sin posibilidades de cuestionar su legitimidad;
• la privatización de la naturaleza (la biodiversidad, el agua, los territorios, las semillas) de la economía y de la cultura en general;
• la fe en sus tecnologías (y criterios de lo que significa “impacto ambiental”), que implica la descalificación de los saberes populares, de visiones alternativas, de principios y escalas de valores opuestos, a menos que éstos digan una cosa y hagan otra, es decir que al final terminen sometiéndose las reglas de éste tipo de mercado;
• el ocultamiento de las inconmensurables consecuencias sociales y ambientales que hicieron y hacen posible los superficiales “éxitos” en sus “bolsas de valores”, ocultamiento que incluye las consecuencias del saqueo financiero, las guerras y la deuda ecológica, humana y cultural de varios siglos;
• la trivialización de las causas populares (la otra cara de la moneda de la criminalización de la protesta), y su ubicación en corrales convenientemente limitados, como el “tercer sector” e inventos similares, para que los “oponentes” puedan expresar frustraciones sin poner en riesgo las relaciones de poder. La intención es que las ONGs saquen las castañas del fuego, gasten sus energías ocupándose de las consecuencias (no de las causas profundas) socio-ambientales y se dediquen a la pequeña escala, para que las decisiones estratégicas se tomen en otra parte;
• la “articulación” entre empresas, gobierno y sociedad civil, en realidad una necesaria condición de gobernabilidad que intenta subordinar la vida política local ocultando, nuevamente, las relaciones de poder;
• la imagen de que quien contamina el mundo es “el ser humano” en general, pues de esa manera todos deberíamos sentirnos culpables... para que nadie (tampoco las reglas e ideología del sistema) sea responsable;
• la limitada visión de que si hay problemas es porque hay empresas "responsables" y de las otras, cuando lo que se cuestiona es el sistema (estructural e ideológico) que hace posible las catastróficas condiciones actuales, no solo las conductas individuales de alguna corporación y/o funcionario corrupto seleccionados como convenientes chivos expiatorios.
Consideraciones finales
Argentina, como país centrado en la economía agropecuaria, acredita pocos antecedentes y experiencia en la cuestión minera. La sociedad está más atenta y cercana a la cuestión agraria pampeana que a lo que ocurre en el mar, en las estepas o en la cordillera. Un mito corriente es pensar el país como un territorio “rico” sin tener en cuenta de qué manera concreta esa riqueza es generada y controlada, con cuales beneficios (y distribuidos luego de qué manera y con cuales principios), cuales son las condiciones laborales y cuales las múltiples consecuencias ambientales, culturales y sociales, sino políticas, de la instalación negligente en este caso de industrias extractivas, sea minería, hidrocarburos, pesca o madera. Las diversas agrupaciones de vecinos autoconvocados han llamado la atención sobre esta cuestión, lo que hace necesario que el mundo científico comience a tomar este urgente problema social como problema de investigación. Si la ciencia no quiere hacerse la distraída, deberá estudiar y analizar críticamente el perfil dominante de nación como oferente dominante de commodities, situación que ha sido ya alertada por distintos movimientos y organizaciones sociales.


* Investigador del CONICET; docente e investigador en la Universidad Nacional de Quilmes y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA (Argentina), ggalafassi@unq.edu.ar