LAS NUEVAS CARAS DEL SAQUEO EN AMÉRICA LATINA
Guido Galafassi*
“Nosotros, en la infancia aún, contentémonos con
la humilde idea de enviar
a aquellos bazares europeos nuestros productos y materias primas,
para que nos los devuelvan transformados por medio de los poderosos
agentes
de que disponen. Materias primas es lo que Europa pide,
para cambiarlas en ricos artefactos”
Gervasio A. Posadas, como presidente de la comisión directiva
en el discurso inaugural de la Exposición Rural de 1858
“No somos ni industriales ni navegantes, y la Europa nos proveerá
por largos siglos de sus artefactos en cambio de nuestras materias primas”
Domingo F. Sarmiento, Facundo, 1845
Introducción
Luego de la larga agonía que implicó la salida de la
llamada etapa de “sustitución de importaciones”,
América Latina en general comienza a reeditar, renovando, su
perfil histórico de dador de recursos naturales y materias primas
al mundo desarrollado.
La región Patagónica en particular, que durante todo el
siglo XX, luego de la eliminación de la población indígena
originaria, se caracterizó por ser un área con economías
de enclaves ligadas fundamentalmente al petróleo y con ganadería
extensiva o agricultura selectiva, profundiza y renueva para las últimas
décadas del siglo su rol de oferente de recursos naturales y
territorio . A la continuación de la explotación (en términos
de expoliación) de petróleo, unido al gas, se agregan
la minería, la explotación forestal, la especulación
inmobiliaria en regiones turísticas renovándose también
su potencialidad como región rica en agua para producción
de energía, en un contexto mundial en donde el recurso agua comienza
a ser considerado como un bien estratégico para el futuro cercano.
Todo esto se da unido a un fuerte y renovado proceso de concentración
de la tierra y en donde los recursos esenciales de la producción
agropecuaria constituyen elementos de disputa por parte del capital,
ya sea nacional o internacional.
Asistimos entonces a un renovado proceso de “saqueo” (definido
incluso en estos términos por las diversas organizaciones, movimientos
sociales y sectores de población que lo han venido resistiendo).
Como respuesta dialéctica, se vienen generando una serie diversa
y compleja de conflictos sociales, luchas y resistencias ligados con
cuestiones socio-económicas, ecológicas y territoriales,
en los que diversos sectores de la población se organizaron y
movilizaron en pos de ciertos principios de preservación de sus
modos de vida, prácticas económicas y modelos de desarrollo
y preservación del ambiente natural. Los procesos recientes de
movilización contra las explotaciones de megamineria, represas,
deforestación, contra el creciente proceso de privatización
de recursos naturales y tierras públicas, contra el crecimiento
del latifundio y la consecuente marginación, de enajenación
de las riquezas petrolíferas y gasíferas y contra los
impactos sociales y ambientales de las explotaciones de petróleo,
etc. sumados todos estos a los históricos reclamos de los pueblos
originarios, son solo algunos ejemplos de una gama diversa y rica de
conflictos socio-económicos y ambientales, a los cuales las empresas
de comunicación masiva y dominante le dan escasa o nula relevancia.
Todos estos conflictos se enmarcan en la historia reciente de esta región
que incluye un fuerte proceso de valorización y privatización
de tierras (en el marco de la renovada globalización del capital)
que se articula con particulares condiciones ambientales, y con los
diferentes sectores sociales que han venido participando, ya sea en
forma conjunta o más bien por separado en los diversos movimientos
de protesta.
Explotación de recursos naturales y capitalismo neoliberal
La ecuación capital – recursos naturales ha definido primariamente
la historia del desarrollo en los países latinoamericanos, por
cuanto emergieron al mundo moderno con un papel predominante de dadores
de materias primas. La particular conjunción entre tecnología
y territorio, representa la expresión concreta para plasmar la
ecuación mencionada en el ámbito de la producción
social de la existencia. Esta conjunción se inserta de una manera
cada vez más profunda en las definiciones que atañen a
la competencia internacional y constituyen pilares fundamentales en
el proceso de construcción de hegemonía. La producción
siempre renovada de paradigmas tecnológicos interactúa
de manera estrecha con el proceso de diseños de nuevas geografías,
lo que implica tanto para uno como para el otro, la definición
de los patrones de apropiación y gestión, que significará
el grado de participación en la distribución de los beneficios.
Las disputas internas al capital, se expresan cada vez más fuertemente
en los terrenos relativos a la carrera por el desarrollo tecnológico
y a la búsqueda de espacios –tanto en la extracción
de los recursos-insumos como en la construcción de mercados-
. El petróleo es claramente el ejemplo más evidente, desde
las guerras en oriente medio, hasta en la geopolítica latinoamericana
donde entran en juego intereses geostratégicos norteamericanos,
capitales multinacionales de base europea y gobiernos con orientación
popular-reformista.
Dilucidar entonces como se realiza este proceso disputado de construcción
de nuevos espacios y quienes son sus sujetos y clases sociales es una
cuestión clave a la hora de entender los procesos sociales contemporáneos
dialécticamente vinculados a su génesis histórica.
El diseño entonces de nuevos espacios y la construcción
y/o modificación de los modos de apropiación y uso del
territorio conlleva un proceso de cambios y transformaciones tanto en
las relaciones sociales a nivel local, como nacional, regional e internacional;
y de las historias y culturas regionales, así como del imaginario
colectivo, en tanto expresión del juego de fuerzas entre distintas
visiones del mundo. Es la propia “lucha civilizatoria” la
que se despliega en la construcción y uso del territorio, dando
lugar a lo que se denomina como territorio complejo . Así, espacio
material y espacio simbólico son dialécticamente soporte
y creación de la historia y la cultura, al mismo tiempo que de
ellos emana también el proceso de construcción de utopías
colectivas y alternativas societales.
En este contexto, se definen siempre una serie de recursos estratégicos
que se relacionan dialécticamente por cuanto por un lado son
aquellos que la dinámica global del capital define como recurso
demandado en un momento histórico determinado y por otro como
aquellos que las condiciones ecológicas regionales determinan
como aptos para ser producidos o extraídos en cada lugar. El
caucho, por ejemplo, solo se extrajo durante determinadas décadas
del siglo XIX – hasta ser reemplazado por el producto sintético-
y solo en las áreas tropicales de Sudamérica, donde crecía
el árbol. Así, toda América Latina, desde su conquista
y colonización por las naciones europeas, fue subdividida en
áreas extractivo-productivas según el recurso estratégico
presente. Estos territorios complejos fueron mutando y transformándose
de acuerdo precisamente a la dinámica capitalista global y a
los vectores geopolíticos presentes en cada coyuntura particular.
Si durante la colonización española fue el trabajo esclavo
o semiesclavo la fuente principal a partir de la cual se extraían
y luego exportaban los recursos; a partir de la constitución
de naciones latinoamericanas independientes, fue, y sigue siendo, el
comercio desigual bajo condiciones de periferia y dependencia económica
y política lo que determina los principios de la extracción-producción-exportación
de los recursos. Es así que las naciones latinoamericanas se
configuraron a lo largo de su historia como uno de los principales dadores
de “commodities” al mundo industrializado.
Recursos energéticos, biodiversidad y minería constituyen
entonces los componentes fundamentales en la historia del desarrollo
latinoamericano en tanto territorio complejo oferente de commodities.
La concepción de la naturaleza como biodiversidad es un fenómeno
relativamente nuevo, que si bien posee el gran merito de hacer referencia
a la conectividad ecosistémica del mundo natural, esconde a su
vez la estrategia del capital de la conservación, bajo el pretexto
del patrimonio natural como pieza clave de un “desarrollo sustentable
y armónico”, pero que muchas veces en realidad solo es
una táctica de posicionamiento sobre los espacios de mayor densidad
o especificidad germoplásmica (fuertemente unido al proceso de
patentamiento, como por ejemplo, de medicamentos obtenidos de recursos
vegetales), lo que implica una lucha abierta o encubierta sobre el territorio
(biodiversidad como fuente de recursos primordiales para la industria
biotecnológica).
La posesión o control de este territorio, por su contenido, es
fundamental dentro de un esquema de competencia intercapitalista. Generalmente,
el aprovechamiento y monopolización de la biodiversidad exige
una presencia in situ, por cuanto la mayoría de las especies
tienden a no prosperar fuera de su hábitat natural (por la conectividad
ecosistémica).
En términos de recursos energéticos, petróleo,
gas y agua representan casos absolutamente emblemáticos con variados
ejemplos de la fuerte disputa por su posesión a lo largo de toda
la historia latinoamericana. Sin ir más lejos, los importantes
conflictos geopolíticos derivados por la posesión de los
yacimientos de gas y petróleo en las recientes historias de Venezuela
y Bolivia , más la llamada Guerra del Agua también en
Bolivia , o las más recientes disputas en torno a la potencial
energía hidroeléctrica de los ríos patagónicos,
muestran de forma elocuente lo central de esta cuestión . A esto
hay que agregarle el auge actual de los biodiesel, nuevamente con la
excusa del desarrollo sustentable, en los que Argentina pareciera tener
un papel fundamental para su desarrollo.
Respecto a los recursos mineros, toda América Latina tiene una
muy larga historia respecto a su explotación y saqueo. Desde
los largamente conocidos y estudiados casos de Potosí (Bolivia)
y Zacatecas (México), hasta los más recientes de Minas
Geraes (Brasil), de cobre en Chile y estaño en Bolivia ; todos
guardan el mismo patrón respecto a los mecanismos de poder ligados
al control del territorio y el recurso. Ya sea por parte de la corona
española o portuguesa como de las posteriores multinacionales
mineras que se fueron conformando a lo largo del siglo XIX. Precisamente
estas últimas manifestaciones del capital, son las que vienen
jugando un muy fuerte papel en la explotación de los recursos
mineros en las últimas décadas. A este respecto, Argentina,
un país tradicionalmente no minero, ha entrado en los últimos
años también a ser un objetivo clave en la estrategia
del capital, a partir de la gran cantidad de minerales guardados bajo
su cordillera, como también del gran avance tecnológico
que hace que yacimientos antes considerados absolutamente no rentables,
hoy constituyan territorios claves en la búsqueda de los altas
ganancias de las multinacionales mineras, bajo el paraguas nuevamente
del desarrollo sustentable y diversificado. El caso del oro, que viene
generando una serie diversa y abultada de conflictos, es un claro ejemplo
de esto último.
Tal como se mencionó en todos los casos, es bajo la muletilla
del desarrollo sustentable que se gestan infinidad de variantes, mostrándose
como aceptables estas prácticas centenarias de explotación
de recursos naturales y control del territorio. La categoría
“desarrollo sustentable” es utilizada en muchos casos desde
el poder como una inteligente táctica para hacer justamente frente
a las críticas, movilización, resistencias y protestas
de diferentes sectores de la población, que de prosperar podrían
poner en serio peligro la continuidad del saqueo. Bien, los capitales
mineros, así como el resto de los capitales que participan de
la explotación exhaustiva de recursos naturales, no están
exentos de estas tácticas de “persuasión”
y están prestos a utilizarlos siempre que la situación
social así lo recomiende.
Las propias poblaciones y movimientos sociales han venido señalando
e identificando en estos últimos años la existencia de
planificados programas alternativos pergeñados por los capitales
ligados a la explotación de recursos naturales, con el propósito
de acercarse a la población, dividirla y convencerla de las supuestas
bondades de la “inversión”. Es importante destacar
que junto a la intervención directa de los capitales extractivos,
existen toda una pléyade de técnicos, profesionales, académicos
y ONGs que blanquean estas tácticas de persuasión .
Un ejemplo claro de cómo el capital intenta hacer “digerible”
su proyecto lo constituye la práctica que viene desarrollando
el Consejo Mundial de Negocios por un Desarrollo Sustentable (WBCSD
- World Business Council for Sustainable Development) . Esta asociación
constituye una estrategia muy hábil de las grandes corporaciones
multinacionales en pos de mostrar una cara amigable hacia los problemas
de la humanidad (problemas en su mayor caso son generados por la lógica
presente en estas mismas corporaciones). Entre los objetivos del WBCSD
figuran por ejemplo:
- Participar en políticas de desarrollo con el objetivo de crear
una estructura legal de condiciones para los negocios que implique una
contribución efectiva al progreso sustentable de la humanidad.
- Contribuir hacia un futuro sustentable para naciones en desarrollo
y en transición
- Demostrar las contribuciones que los negocios pueden hacer para encontrar
soluciones basadas en el desarrollo sustentable
Un ejemplo concreto para el caso de la megaminería que comenzó
a instalarse en distintas áreas de la Cordillera y de la meseta
patagónica se refiere al supuesto “uso responsable del
cianuro” (sostenidas por muchos técnicos y académicos
desde supuestas posiciones críticas) que sería la expresión
palpable de la tan en boga estrategia de la “responsabilidad social
empresaria”. Los distintos programas de publicidad y difusión,
especialmente en escuelas de la región a ser explotada sobre
las supuestas bondades del cianuro, más los programas de beneficencia
a la población e instituciones locales, son expresiones claras
de esta estrategia de penetración social para evitar resistencias,
propias del “desarrollo sustentable corporativo”. Lo contrario
a esto es sencillamente instalarse en un área, comenzar la extracción
a cualquier costo negando cualquier táctica amigable con la población
de lugar. Esquel puede ser un notable ejemplo de esto último,
y es justamente a partir del fracaso de la Meridian Gold que posteriormente
la estrategia cambió y las corporaciones mineras actualmente
desarrollan una aceitada área de relaciones institucionales y
publicidad, aplicando las fórmulas del desarrollo sustentable
corporativo a partir del cual se generan campañas de “medio
ambiente y beneficencia comunitaria”.
Está táctica es actualmente clara y públicamente
explicitada por las propias corporaciones empresarias, incluso para
el caso particular de la minería. El propio WBCSD posee un área
especial para “Minería y Minerales”, en donde desarrollaron
una agenda con los principales desafíos del sector frente al
desarrollo sustentable . Algunos de ellos son:
- Manejar el impacto ambiental de las minas
- asegurar la viabilidad de largo plazo de la industria de minerales
- un control, uso y manejo responsable de las tierras
- desarrollar un impacto positivo en las comunidades locales
La megaminería en la Argentina
Argentina en tanto país históricamente perfilado como
productor agrícola-ganadero viene intentando, en las últimas
décadas, diversificar este patrón, incorporando nuevas
área de producción, pero sin salirse del papel de productor
y exportador de commodities. La minería, tal como se mencionó
más arriba, tan bastamente desarrollada a todo lo largo de América
Latina desde el inicio mismo de su conquista y colonización,
no tuvo nunca en la Argentina un rol destacado, hasta estos últimos
años en los cuales se redefine su rol de productor primordial
de materias primas -dando marcha atrás con el intento incompleto
de industrialización por sustitución de importaciones-
y en los cuales la minería lentamente comienza a instalarse e
imponerse en ciertas regiones, especialmente a lo largo de toda la Cordillera
y también en sectores de la Meseta Patagónica. La extracción
fundamental pasa a ser ahora la de los minerales metalíferos,
al igual que el resto de América Latina en su historia, y su
casi exclusivo destino es la exportación en bruto. El avance
de la tecnología extractiva incluso ha favorecido la incorporación
como áreas explotables a vastas regiones donde el mineral se
encuentra altamente disperso y que representaban sectores no rentables
hasta hace poco tiempo. La extracción de oro y plata a cielo
abierto son un claro ejemplo de esto último, así en la
Argentina se ha comenzado a desarrollar en los últimos años,
cientos de proyectos de este tipo de megaminería. El muy alto
impacto ambiental, social y económico de esta megaminería,
asociado a su carácter exclusivamente extractivo, ha generado
una serie diversa de resistencias en distintos sectores de la población,
generándose toda una serie de organizaciones y movimientos sociales
con el objetivo de rechazar estos proyectos productivos. La movilización
en Esquel en contra de la minería de oro a cielo abierto en el
año 2003 ha sido el caso emblemático y se tratará
mas adelante.
Esta minería de oro a cielo abierto, que utiliza un proceso de
lixiviación con cianuro, no constituye un proyecto económico
aislado, sino que por el contrario se enmarca en el renovado papel asumido
por América Latina y el Tercer Mundo en tanto exportador de materias
primas, manteniendo esta explotación de recursos naturales los
patrones generales de apropiación indiscriminada típica
de las regiones productoras de commodities.
La teoría de la segunda contradicción del capitalismo
ayuda a entender este proceso. Se sostiene en ella que el capital tiende
a socavar sus propias bases de sustentación, por cuanto en su
lógica de maximización de las ganancias no tiene en cuenta
(no puede tener en cuenta, por cuanto aumentaría sus costos)
la tasa de reproducción de los recursos (en el caso de recursos
renovables) o el ciclo de agotamiento o perjuicio sobre el ambiente
. Esto termina generando impactos, en muchos casos irreversibles, cuyos
costos los paga la sociedad en su conjunto, y a veces también
el propio capital. La minería de oro posee la particularidad,
al ser una actividad de corto o mediano plazo, de generar fuertes impactos
nocivos sin que el capital que lleva adelante la extracción se
vea perjudicado directamente por los mismos, ya que una vez terminada
la apropiación se retira a nuevos espacios a reiniciar el ciclo.
Todas las consecuencias negativas repercuten entonces en las sociedades
locales y en el ambiente regional. Esto facilita el uso de procesos
“brutales” de extracción en pos de la maximización
de las ganancias. Es por esto que la minería de oro a cielo abierto
constituye una actividad en la cual no está presente ninguna
consideración hacia la ecuación “tecnología
de bajo impacto / preservación de la explotación en el
tiempo” (formula presente en las tácticas empresariales
de desarrollo sustentable), por cuanto esto implicaría aumentar
los costos y así disminuir las ganancias. Pero además
es importante dejar bien en claro que no existe una tecnología
alternativa: la minería de oro a cielo abierto exige la destrucción
de cientos de km2 de territorio, el agotamiento de las reservas de agua
regionales y la utilización de miles de toneladas de cianuro
(veneno altamente mortal).
Vale ahora detenerse en los más importantes impactos ambientales
generados por este tipo de minería. Entre ellos están
la contaminación química, la contaminación por
metales pesados y lixiviación, el drenaje ácido y el impacto
de los residuos peligrosos en las escombreras .
La contaminación química se produce con los frecuentes
derrames o goteos de los agentes químicos utilizados en extracción
(tales como el cianuro y el ácido sulfúrico, necesarios
para la separación del material deseado, del mineral en bruto),
trasladándose aquellos del sitio minero a un cuerpo de agua cercano
o directamente infiltrándose y llegando así a las napas
subterráneas. Estos químicos pueden son altamente tóxicos
tanto para los humanos, como para toda la flora y fauna. La contaminación
por metales pesados es causada durante y después del proceso
de excavación, en el momento en que metales como el arsénico,
el cobalto, el cobre, el cadmio, el plomo, la plata y el zinc, contenidos
en las rocas excavadas, entran en contacto con el agua. Los metales
son así extraídos y llevados río abajo, mientras
el agua lava la superficie rocosa. Aunque los metales pueden ser movidos
en condiciones de pH neutral, la lixiviación es particularmente
acelerada en condiciones de pH bajo, tales como las creadas por el drenaje
ácido de la minería. El drenaje ácido (DAM) se
produce durante el proceso de excavación, cuando las grandes
cantidades de roca que contienen minerales sulfatados, reaccionan inexorablemente
con el aire o con el agua para crear ácido sulfúrico.
Cuando el agua alcanza cierto nivel de acidez, un tipo de bacteria común
llamada "Tiobacilus Ferroxidante", puede aparecer acelerando
los procesos de oxidación y acidificación, lixiviando
aun más los residuos de metales de desecho. El ácido lixiviara
la roca mientras que la roca fuente este expuesta al aire y al agua.
Este proceso continuara hasta que los sulfatos sean extraídos
completamente; este es un proceso que puede durar cientos, o quizás
miles de anos. El ácido es transportado desde la mina por el
agua, las lluvias o por corrientes superficiales, y posteriormente depositado
en los estanques de agua, arroyos, ríos, lagos y mantos acuíferos
cercanos. El DAM degrada severamente la calidad del agua y puede aniquilar
la vida acuática, así como volver el agua prácticamente
inservible. Una vez que los minerales han sido procesados y recuperados,
la roca sobrante se vuelve otra forma de desperdicio minero que se ubica
en las escombreras. Las escombreras contienen los mismos metales pesados
tóxicos y formaciones de ácido mineral que produce el
desecho de roca. También suelen contener los agentes químicos
usados para el procesamiento del mineral en bruto, tales como cianuro
o ácido sulfúrico. Las escombreras son usualmente colocadas
en la superficie, en áreas de contención o en lagunas
de oxidación, y en un número creciente de operaciones
bajo tierra, donde el desecho es usado como relleno para las áreas
que fueron excavadas. De esta manera, los contaminantes de los desechos
mineros pueden nuevamente lixiviar hacia la superficie o a los mantos
de agua subterránea causando una contaminación seria que
puede perdurar durante muchas generaciones.
A partir de esta situación es que fácilmente puede deducirse
los enormes perjuicios que este tipo de explotación minera genera
sobre el terreno, afectando también de esta manera toda la base
indispensable para la producción agropecuaria. Es así
entonces que a partir de 2004 la protesta y la movilización en
contra de la explotación minera a cielo abierto fue acompañando
a la creciente actividad prospectiva llevada adelante por la conjunción
entre la diversa y poderosa concentración de capitales mineros
(ya sea con la instalación directa de las multinacionales y/o
con la creación de filiales locales) los Estados provinciales
y el Estado nacional que daban el apoyo político, jurídico
y de infraestructura a los proyectos. Productores agropecuarios de Ingeniero
Giacobacci (en la meseta rionegrina) primero a los que se sumaron pequeños
y medianos productores frutihortícolas de Los Antiguos (cordillera
santacruceña) y productores agropecuarios de Pilcaniyeu (transición
meseta-bosque en Río Negro) comenzaron a organizarse junto a
población de las poblaciones urbanas cercanas conformando diversas
organizaciones de vecinos autoconvocados, demostrando también
la ficticia línea que muchas veces separa a lo rural de lo urbano
.
El proceso de movilización social en la Patagonia
El proceso de movilización social irrumpe fuertemente a nivel
nacional el 23 de marzo de 2003, cuando los vecinos de Esquel, Cholilla,
Epuyen y Lago Puelo (Chubut) le dijeron NO (por más del 81% en
Esquel y más del 90% en Epuyen) a los emprendimientos mineros
en la cordillera a través de una consulta popular organizada
por ellos mismos y aceptada por las autoridades municipales y provinciales,
solo porque pensaban que el Si a la mina ganaría fácilmente
y porque la gran movilización popular no les dejaba tampoco muchas
opciones . Entre los argumentos para el No a la Mina, de los Vecinos
organizados en Asamblea figuran: “Porque en la explotación
de oro que se pretenda realizar se empleará un procedimiento
que se llama “lixiviación con soluciones de cianuro”,
lo que representa un peligro potencial para las personas y el medio
ambiente al utilizarse en grandes cantidades una sustancia altamente
tóxica y contaminante. Porque habrá una “afectación
directa del agua en CANTIDAD y CALIDAD. Porque los beneficios económicos
que este tipo de emprendimiento le representa al País, a la Provincia
y nuestra zona son inexistentes comparados con las inmensas ganancias
que se llevarán. Porque se trata de un proyecto de beneficios
transitorios y “cortoplacistas”. Es, ni más ni menos,
una clara aplicación del principio “pan para hoy y hambre
para mañana”. Porque no podemos confiar en el control que
puedan hacer nuestras autoridades, máxime teniendo en cuenta
el poderío económico que tienen las empresas mineras y
el nivel de corrupción que existen en nuestro país. Porque
el emprendimiento transformará grandes extensiones de tierra
y desfigurará el paisaje, cambiando la topografía del
lugar y, en caso de ser a cielo abierto, dejará un cráter
de gran magnitud. Porque somos muchos –y cada vez somos más-
los que estamos cansados de que se disfracen distintos proyectos para
que unos pocos (siempre los mismos) obtengan beneficios importantes
en contradicción con los intereses del pueblo.”
A varios años de este plebiscito popular que rechazó la
instalación de minas de oro en la comarca, tanto la empresa Meridian
Gold (que tiene varias concesiones en la zona de la Comarca Andina)
como las otras empresas con concesiones en toda la cordillera, no solo
mantienen sus proyectos sin ninguna intención de cancelarlos,
sino que incluso se han acelerado las acciones de prospección
y cateo en toda la Patagonia, iniciándose incluso ya algunos
procesos extractivos (mina Huevos Verdes en Santa Cruz, por ejemplo).
A pesar de que en las provincias de Río Negro y Chubut se dictó
una ley para prohibir, por solo algunos años, la minería
con uso de cianuro, la clase política continúa sin escuchar
a la comunidad y en consecuencia el pueblo mantiene la lucha, por cuanto,
como decíamos, los procesos de concesión, ventas de derechos,
exploraciones y cateos no solo continúan sino que se incrementan
día a día. En Ing. Jacobacci (Río Negro) se ha
venido planteando un intenso conflicto ante la instalación de
otra multinacional minera que se mantiene expectante y avanza con fuertes
campañas de propaganda y relaciones públicas. Ante esto,
surgió una nueva protesta de la población, asumiendo los
pueblos originarios del área un protagonismo muy importante.
Así, en un comunicado de prensa de abril del 2004, el Consejo
Asesor Indígena de Río Negro decía:”En el
nombre del Progreso se ejecutó la Campaña al Desierto,
nos despojaron de nuestro territorio ancestral, intentaron nuestro exterminio.
En el nombre del Progreso se llevan adelante políticas nocivas
no sólo para los mapuche, sino también para el resto de
la sociedad argentina. Se entregan a unos pocos los recursos básicos
y estratégicos de todos. En el nombre del Progreso, con las explotaciones
mineras ¡¿se espera que concertemos sin resistencia nuestro
suicidio por envenenamiento?!”
La movilización del pueblo que comenzó hace casi cinco
años no pasó desapercibida para el establishment político
y económico: cuarenta personas fueron amenazadas por oponerse
al proyecto minero y, por el mismo motivo, muchos habitantes sufren
persecuciones laborales. También hay anuncios y preparativos
para establecer “diálogos constructivos con los locales”,
incluyendo un sistema combinado de RRPP, lobbies y presiones corporativas.
Esquel es el primer lugar de América donde la acción de
la población logró que un proyecto de explotación
minera suspenda sus actividades. En este sentido, el 23 de marzo de
2003 es una fecha de gran importancia porque sentó un precedente
importante sobre el derecho de cada comunidad a ser consultada cuando
su calidad de vida esté amenazada. Con la gran repercusión
alcanzada se transformó en caso testigo y dio voz a otros puntos
de la Argentina donde se mantiene la misma lucha: ciudades, pueblos
y parajes de Catamarca, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero,
Neuquén, Córdoba, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe y Río
Negro, además de Chubut, conformaron la Red de Comunidades Afectadas
por la Minería, desde donde se denuncia la entrega de los recursos
naturales, se exige la inmediata prohibición de los métodos
de explotación minera contaminantes y reclama la urgente anulación
de la legislación vigente del sector. Así, la misma esencia
de la democracia representativa es puesta en cuestión, revalorizándose
los mecanismos de participación directa en la toma de las decisiones
a través de la democracia directa e inclusiva. La explotación
capitalista-neoliberal de los recursos naturales y humanos también
está siendo cuestionada, comenzando a desarrollarse un ámbito
de debate sobre los patrones y modelos de desarrollo local, y nacional
en un proceso que asume ciertas similitudes con los otros movimientos
sociales (desocupados, fábricas recuperadas, asambleas populares)
surgidos en los últimos años de crisis del capitalismo
argentino. Podríamos así decir que estamos frente a un
cambio político paradigmático, en donde una ciudadanía
activa empieza a identificar y fijar objetivos económicos generales
y pensar en cómo lograrlos.
Específicamente en la Patagonia, se ha conformado desde el año
2004 la Asamblea Coordinadora Patagónica Por la vida y el territorio,
contra el saqueo y la contaminación. Esta integrada por cada
una de las asambleas vecinales de diferentes puntos de Río Negro,
Chubut y Neuquén, más diversas organizaciones que venían
luchando por cuestiones ambientales y territoriales. La tarea fundamental
de esta Asamblea Coordinadora es denunciar el saqueo en sus múltiples
facetas y organizar la resistencia civil en contra de este. Vale entonces
transcribir los párrafos sustanciales de su declaración
troncal (de noviembre de 2005) llamada justamente “La trama del
saqueo”
“La dominación siempre incluyó por lo menos dos
modos de intervenir en la vida de los pueblos, dos formas que se combinan
o alternan: la fuerza bruta y la negociación, con toda la gama
imaginable de estrategias intermedias. En los últimos 500 años,
esas formas de control social intentaron justificar y garantizar el
saqueo, la devastación en gran escala y la explotación
humana. El sistema colonial europeo (y quienes les siguieron, especialmente
los EE.UU.) agregó saberes técnicos, científicos
y psico-sociales a esos métodos hegemónicos. El colonialismo
prestó y le presta especial atención a la colaboración,
al consentimiento y a la complicidad. Por eso, aparte de armas, usa
(y por momentos prefiere) medios políticos o culturales, directos
o indirectos.
La enormidad del gasto en esos rubros indican, sin embargo, que no siempre
tienen éxito, que necesitan acomodar estrategias y lenguajes,
y que sus empresas consultoras o expertos estatales también compiten
entre si, prometiendo sacarle agua a las piedras.
En la actual etapa del capitalismo conocida como “neoliberalismo”,
y en su desesperación por encontrar el método adecuado,
sus timoneles quisieron decretar el fin de la historia y privatizar
la política. Aprovechando el desencanto social con el sistema
representativo (que por otro lado les conviene jaquear como pinza para
obtener ventajas ya desde el liberalismo del siglo XIX o el “achicar
el estado es agrandar la nación” de Martínez de
Hoz), los sectores y clases dominantes intentan controlar las contradicciones
y los conflictos sociales contratando especialista en “ingeniería
social”, comunicación y RRPP para sus fundaciones y ONGs
(que en este momento prefieren llamar OSC, organizaciones de la sociedad
civil).
En la década de los 90, junto a la privatización de sectores
estratégicos de la economía en todo el continente, creció
explosivamente el número de ONGs. No es casual y por eso mismo
es necesario distinguir solidaridad internacional, discursos, prácticas
y organizaciones legítimas de las que provienen del saqueo y
endeudan a los pueblos. La que proviene del saqueo es una trama extendida
que intenta cooptar y se mezcla con las organizaciones que son creadas
por la misma sociedad para enfrentar las múltiples consecuencias
generadas, justamente, por el sistema. Por más que intenten mimetizarse,
usar términos agradables a los oídos o usar causas justas
como vitrina, hay diferencias de fondo. Es una simple constatación
que no tiene por objetivo criticar proyectos de base ni ofender a su
personal o sus intenciones.
La Asamblea Coordinadora Patagónica - Por la vida y el territorio,
contra el saqueo y la contaminación - defiende principios y derechos
(económicos, culturales, sociales, humanos en general) definidos
y debatidos de una manera totalmente diferente. Tampoco cuestiona lo
que las fundaciones corporativas hacen con el dinero sino los mecanismos
que permiten, en primer lugar, que lo tengan y luego se arroguen, con
apoyo del estado y no pocas veces de organismos como las Naciones Unidas,
el privilegio de intervenir a su antojo y con métodos gerenciales
en las comunidades, desde los barrios o zonas rurales hasta el sistema
educativo y de ciencia y técnica, la justicia, los medios de
comunicación, las instituciones de un estado deliberadamente
fragmentado. Asamblea Coordinadora Patagónica cuestiona que el
estado les garantice el acceso y la explotación de bienes comunes
(telecomunicaciones, energía, territorios, cuencas, el mar, los
minerales, la biodiversidad) y que, con la gigantesca renta obtenida
o - peor todavía - a cuenta de ésta, encima pretendan
generar aprobación a este tipo de esquema o desviar la atención
pública con planes “solidarios” o de remediación
en escalas irrelevantes.
Una entre muchas de las consecuencias de este tipo de “gestión
privada” es que favorece la creación de un “mercado
social” en el que sus participantes tienden competir entre sí
– incluso ferozmente – por la producción, acumulación
y tráfico de capital político.
No acusamos a “los malos de afuera” que “nos oprimen”
sino al circuito completo del saqueo material, cultural y político,
con todos sus componentes objetivos y subjetivos.
Analizar qué hay detrás de las promesas e intenciones
publicitadas, en consecuencia, no es “dividir” sino poner
las cosas en claro.
Ultra-conservadoras en sus riñones estratégicos y “progresistas”
en los bordes, las fundaciones y ONGs vinculadas a las corporaciones
subsidiadas con acceso privado a bienes comunes (el saqueo) promueven,
por inclusión u omisión, uno o varios de los siguientes
objetivos:
• La idea del "desarrollo sustentable", descalificando
el debate acerca de las contradicciones y consecuencias concretas de
esa metáfora y, junto a ésta, el mito del crecimiento
ilimitado y obligatorio (creemos, por el contrario, que otro sistema
es posible);
• la "legalidad" y seguridad jurídica para las
políticas de saqueo, como las de la minería, el petróleo,
la pesca y las telecomunicaciones, incluyendo los marcos regulatorios
que sostienen las ganancias de las empresas privatizadas en general,
por medio de mecanismos como el ALCA, el AGCS (Acuerdo General de Comercio
de Servicios) u otros seudo-acuerdos. Intentan, por medio de premios
y castigos, que los pueblos se adapten a leyes votadas por el sistema
representativo, en las condiciones de precariedad, presión lobbista
y corrupción parlamentaria que son de público conocimiento,
sin posibilidades de cuestionar su legitimidad;
• la privatización de la naturaleza (la biodiversidad,
el agua, los territorios, las semillas) de la economía y de la
cultura en general;
• la fe en sus tecnologías (y criterios de lo que significa
“impacto ambiental”), que implica la descalificación
de los saberes populares, de visiones alternativas, de principios y
escalas de valores opuestos, a menos que éstos digan una cosa
y hagan otra, es decir que al final terminen sometiéndose las
reglas de éste tipo de mercado;
• el ocultamiento de las inconmensurables consecuencias sociales
y ambientales que hicieron y hacen posible los superficiales “éxitos”
en sus “bolsas de valores”, ocultamiento que incluye las
consecuencias del saqueo financiero, las guerras y la deuda ecológica,
humana y cultural de varios siglos;
• la trivialización de las causas populares (la otra cara
de la moneda de la criminalización de la protesta), y su ubicación
en corrales convenientemente limitados, como el “tercer sector”
e inventos similares, para que los “oponentes” puedan expresar
frustraciones sin poner en riesgo las relaciones de poder. La intención
es que las ONGs saquen las castañas del fuego, gasten sus energías
ocupándose de las consecuencias (no de las causas profundas)
socio-ambientales y se dediquen a la pequeña escala, para que
las decisiones estratégicas se tomen en otra parte;
• la “articulación” entre empresas, gobierno
y sociedad civil, en realidad una necesaria condición de gobernabilidad
que intenta subordinar la vida política local ocultando, nuevamente,
las relaciones de poder;
• la imagen de que quien contamina el mundo es “el ser humano”
en general, pues de esa manera todos deberíamos sentirnos culpables...
para que nadie (tampoco las reglas e ideología del sistema) sea
responsable;
• la limitada visión de que si hay problemas es porque
hay empresas "responsables" y de las otras, cuando lo que
se cuestiona es el sistema (estructural e ideológico) que hace
posible las catastróficas condiciones actuales, no solo las conductas
individuales de alguna corporación y/o funcionario corrupto seleccionados
como convenientes chivos expiatorios.
Consideraciones finales
Argentina, como país centrado en la economía agropecuaria,
acredita pocos antecedentes y experiencia en la cuestión minera.
La sociedad está más atenta y cercana a la cuestión
agraria pampeana que a lo que ocurre en el mar, en las estepas o en
la cordillera. Un mito corriente es pensar el país como un territorio
“rico” sin tener en cuenta de qué manera concreta
esa riqueza es generada y controlada, con cuales beneficios (y distribuidos
luego de qué manera y con cuales principios), cuales son las
condiciones laborales y cuales las múltiples consecuencias ambientales,
culturales y sociales, sino políticas, de la instalación
negligente en este caso de industrias extractivas, sea minería,
hidrocarburos, pesca o madera. Las diversas agrupaciones de vecinos
autoconvocados han llamado la atención sobre esta cuestión,
lo que hace necesario que el mundo científico comience a tomar
este urgente problema social como problema de investigación.
Si la ciencia no quiere hacerse la distraída, deberá estudiar
y analizar críticamente el perfil dominante de nación
como oferente dominante de commodities, situación que ha sido
ya alertada por distintos movimientos y organizaciones sociales.
* Investigador del CONICET; docente e investigador en
la Universidad Nacional de Quilmes y en la Facultad de Filosofía
y Letras de la UBA (Argentina), ggalafassi@unq.edu.ar