Por: Observatorio Social Centroamericano
Fecha de publicación: 28/06/09
La participación de factores políticos y económicos
ligados a laboratorios farmacéuticos transnacionales aparecía
hoy en Tegucigalpa como hipótesis seria para explicar el movimiento
golpista impulsado por sectores de la ultraderecha en Honduras.
La decisión de estas mafias farmacéuticas de apoyar el
movimiento desestabilizador contra el presidente Zelaya, habría
surgido hace algunos meses tras el ingreso a la Alianza Bolivariana
para los Pueblos de América. En Honduras, más del 80%
de los medicamentos son provistos por empresas multinacionales, siendo
la materia prima para su producción 100% importada, principalmente
desde Estados Unidos y Europa.
Los países de origen de estos medicamentos son Panamá,
Costa Rica, Estados Unidos y Guatemala: en Panamá se encuentran
ubicadas las plantas de laboratorios multinacionales como Glaxo , Sanofi
y Smiyh Kline, mientras que en Costa Rica están Pfizer y Stein.
En Guatemala se encuentran Novartis, Bristol Myers y Aventis
La concreción de un acuerdo comercial establecido por los gobiernos
de Cuba y Honduras tras el ingreso al ALBA incluyó como una de
las principales temáticas de intercambio, la importación
de medicamentos genéricos desde la isla caribeña como
forma de contrarrestar los altos precios de las medicinas que el estado
hondureño debe costear para la provisión de sus hospitales
públicos.
A principios de 2009 el gobierno de Honduras intentó comprar
medicinas genéricas aprovechando los acuerdos establecidos por
el ALBA pero se encontró con un escollo interpuesto por las transnacionales
a través del colegio químico farmacéutico quien
argumentó aspectos burocráticos para hacer caer las importaciones
provenientes de Cuba a precios asequibles: los intereses del poderoso
lobby farmacéutico norteamericano y europeo no permitirían
la competencia de la industria cubana o de otras industrias nacionales
farmacéuticas en el mercado de las medicinas de Honduras.
Como detonante final de las acciones desestabilizadoras, un hecho más
colmaría la paciencia de los intereses privados transnacionales
farmacéuticos: el 24 de junio pasado, los presidentes del ALBA
“se comprometieron a promover un modelo de apropiación
social del conocimiento que permita superar los obstáculos en
la producción de bienes fundamentales para la vida, como la alimentación
y la salud, y en ese sentido instruyeron al Consejo de Ministros del
ALBA constituir, en un plazo no mayor a 30 días, un Grupo de
Trabajo para la Revisión de la doctrina sobre Propiedad Industrial
coordinado por Venezuela”.
Esta decisión gatilló automáticamente la orden
de acelerar el movimiento desestabilizador previo a las elecciones democráticas
a desarrollarse en el país conducido por el presidente Zelaya.
El terrorismo farmacéutico emergió nuevamente en los
golpes de estado contra gobiernos que luchan por su independencia como
ocurrió en otros momentos de la historia latinoamericana.