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Marisol Plaza Irigoyen*
El pasado 07 de febrero del año en curso, representantes de la transnacional petrolera Exxon Móvil, dieron a conocer a los medios de comunicación internacional, el contenido de una decisión mediante la cual se ordena la congelación de activos pertenecientes a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), por un monto aproximado de 12 mil millones de dólares.
La decisión se produjo en medio de un arbitraje (medio alterno para la solución de conflictos), iniciado por Exxon Móvil, en contra de la Estatal petrolera, y contra la República Bolivariana de Venezuela, en virtud de la decisión de ésta de poner fin a la asociación estratégica de Cerro Negro, ubicada en la faja petrolífera del Orinoco, y en vista que no se alcanzó un acuerdo en torno al pago de los bienes muebles e inmuebles que la transnacional posee en razón de dicha asociación.
Existen dos juicios, uno intentado ante la Cámara de Comercio Internacional de Arbitraje (CCI) con sede en Paris que dio lugar a las medidas cautelares, y otro en el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial donde denunciaron violaciones de la Republica Bolivariana de Venezuela a ellos en su condición de inversionistas, mientras que la de Paris se propuso contra la Compañía Anónima PDVSA.
Efectuado el anuncio en torno a la medida cautelar ejecutada en dos ciudades, el mismo, de inmediato se convirtió en una efervescente noticia y al día siguiente, ocupó los titulares de los diarios de circulación internacional, nacional y regional, reseñando la gran mayoría de ellos, que se habría producido un multimillonario embargo en contra de PDVSA.
Quienes hemos litigado y conocemos tanto los procesos como las "habilidades" utilizadas por algunos escritorios jurídicos tenemos la convicción que se trata de una medida cautelar fundamentada no en requisitos jurídicos, sino producto de manipulaciones políticas que devienen de intereses económicos.
Las medidas preventivas, institución ésta del derecho procesal, se acuerdan entre otros requisitos cuando existe un riesgo manifiesto que quede ilusoria la ejecución de la sentencia condenatoria.
Los venezolanos y el mundo sabemos que PDVSA es una poderosa petrolera mundial. No solo por sus más de 100 millardos de dólares de capital sino por ser empresa del Estado Venezolano (100% de sus acciones) el cuál posee una de las más grandes reservas petroleras. Es decir no solo es solvente en este momento sino que tiene un cuantioso patrimonio a futuro.
Significa que los demandantes no tienen ningún temor que en caso de un posible triunfo -cosa que negamos- no puedan cobrar lo condenado.
Entonces ¿Que significa esa medida cautelar acompañada de una buena estrategia comunicacional? Decir al mundo que Venezuela es un país fracasado económicamente. Que no tenemos futuro porque se trata de un país petrolero y su industria principal esta "embargada". Una manera de disfrazar de forma jurídica los constantes ataques políticos desde el área internacional a nuestro país y como objetivo principal el Presidente Hugo Chavez.
No perdonan que estemos dando cambios sociales acompañados de bonanza económica. Si el mensaje ha sido que en el socialismo solo hay miseria y escasez, no saben como explicar el logro de tener importantes ingresos dinerarios por el petróleo producto de una correcta política en esta materia.
Es importante para ellos los capitalistas neoliberales impedir un crecimiento económico para que todos nos pongamos a sus pies rogando las migajas de su sistema. El pueblo venezolano debe estar claro en estos conceptos. Jurídicamente no hay mayores males. Todo se reduce a una correcta y contundente defensa judicial que suspenda esas medidas y se adentre al juicio propiamente dicho.
A demostrar la ilegalidad e ilegitimidad de aquellas concesiones petroleras que vulneran nuestra soberanía. Demostrar que ni antes ni ahora es posible dirimir esos conflictos en territorios extranjeros. Y la contundencia de demostrar que simplemente no hemos llegado a un acuerdo sobre los montos a indemnizar, pero que no está en discusión la decisión soberana de dar por terminadas aquellas contrataciones de la mal llamada apertura petrolera que no eran mas que una entrega desventajosa de nuestro petróleo.
Si hay desacuerdos en el monto a indemnizar, que un tercero fije esos montos como sucede en toda controversia judicial. Nuestros apoderados deben utilizar los mecanismos judiciales para suspender las medidas cautelares pero directamente ante los Tribunales de Arbitraje, no perder el tiempo con los payasos, hablar con el dueño del circo que es esta Paris. PDVSA debe ser muy cuidadoso en las contrataciones, que se hagan con escritorios locales con buenos antecedentes y trayectorias y sobre todo comprobar que son neutrales en el área política.
Internacionalmente sucede que la mayoría de los escritorios jurídicos importantes representan grupos o tendencias políticas, partidista que pudieran traer como consecuencia la defensa no apasionada de nuestra industria ya que la acción judicial tiene sesgo imperialista.
Hay que llamar a todas las voluntades mundiales para dar a conocer cual fue el móvil del juicio: un descuerdo sobre el valor de bienes muebles y decir, o gritar si es necesario, que tenemos un economía sólida, en movimiento, con mucha credibilidad nacional e internacional. Porque el socialismo hacia donde iremos, esta alejado de la miseria; un país socialista es rico porque procura el bienestar integral de todos sus ciudadanos. Señores de la EXXON: No los necesitamos!
* Abogada de la Republica Bolivariana de Venezuela, ex Procuradora General de la Nación del Gobierno de Hugo Chávez.