Darío Vive / Portal latinoamericano de crítica social y pensamiento plebeyo ------------

Juan Carlos Gómez Leyton
Dr. en Ciencia Política
Director de PROSPAL
Universidad ARCIS

            Luego de seis décadas en el poder, el Partido Colorado -el legendario partido del ex-dictador Alfredo Stroessner- ha sido desplazado del poder político del Estado, o sea, del gobierno, en las recientes elecciones presidenciales de Paraguay. Con un poco más del 40% de los votos ciudadanos, el ex-obispo católico y seguidor de la Teología de la Liberación Fernando Lugo Méndez ha triunfado sobre la oficialista candidata Blanca Ovelar, quien obtuvo el 30,72% de los sufragios.
            El triunfo del abanderado de la Alianza Patriótica para el Cambio (APC) abre una nueva etapa política en el proceso de democratización de la sociedad paraguaya, iniciado en 1989 cuando fue derrocado el anciano dictador Alfredo Stroessner. La salida del dictador, si bien abrió un proceso de liberalización política, no permitió modificar las estructuras de poder y dominación política establecida por el Partido Colorado hace 60 años. Durante 18 años de régimen pos-autoritario el cambio político en Paraguay fue mínimo. El Partido Colorado desde 1989 gobernaba “democráticamente” al país, sin modificar sustantivamente sus viejas practicas políticas y la estructura de poder legada por el stroessnismo. Se trataba de la continuidad de la dictadura vestida con ropaje democrático. Sin embargo, como la historia política de la democracia lo ha demostrado una y otra vez, por muy estrechos que sean los espacios que se establecen para las instituciones democráticas -como son por ejemplo, las elecciones libres-, las oportunidades políticas para ampliar y profundizar la democracia siempre son una posibilidad abierta y, sobre todo, de futuro. Es lo que ha demostrado la ciudadanía paraguaya el domingo 20 abril, que ha optado por el cambio político que promete profundizar la democracia en el país, a través de la construcción de un nuevo régimen político: la democracia real participativa.
            Paraguay, junto con Chile (1990) y México (2000), son los tres países latinoamericanos que se incorporaron en forma tardía a los procesos de transición a la democracia que se iniciaron a comienzos de la década de los ochenta en la región. Este hecho ha marcado negativamente la construcción e instalación de un régimen democrático pleno, el cual ha estado plagado de innumerables dificultades y obstáculos. Especialmente, por la continuidad de las instituciones políticas autoritarias.
            La continuidad de las formas autoritarias, tanto políticas, sociales como culturales, se explica por la mantención de las estructuras de poder establecidas por los sectores dominantes. El problema histórico y político central no está sólo y exclusivamente en la forma que toma el régimen político o el Estado, sino en la forma como se constituyó y se ha estructurado durante largo tiempo la sociedad misma. Me atrevería a sostener que en Paraguay, México y Chile, en ese orden, poseen sociedades profundamente autoritarias cuya formación se encuentra fuertemente influida por poderosas instituciones sociales, culturales y políticas como han sido y son: la hacienda y la Iglesia Católica.
            El dominio de los terratenientes y de los hacendados, por un lado, y de la Iglesia Católica y sus diferentes órdenes eclesiásticas, por otro, han sido gravitantes en la construcción del Estado nacional, de la democracia, de la cultura política en los tres países señalados. Más allá de que en México y en Chile el latifundio haya desaparecido y que en su momento se estableciera formalmente la separación de la Iglesia del Estado. La profundidad cultural construida por la hacienda y la iglesia basada en la jerarquía, en la obediencia, en el servilismo, en el sometimiento, etcétera; son aspectos que no han logrado ser modificados por los procesos de modernización o de secularización que se han experimentado, sea en el siglo XX o en el actual. Estos no son datos menores al momento de analizar el cambio histórico y político en la mayoría de las sociedades latinoamericanas. Menos aún en la sociedad paraguaya.
            Paraguay es un país dominado por los hacendados y por la Iglesia. Por lo tanto, las principales instituciones sociales, económicas y políticas son la hacienda y la iglesia. (Esto explica que el candidato que logra derrotar al dominante partido colorado sea un ex hombre de iglesia) Cabe señalar que el 1% de la población controla cerca del 77% de las tierras. En el extremo, el 40% de los agricultores, aquellos que tienen de 0 a 5 hectáreas, poseen sólo el 1% de las tierras. La desigual distribución de la propiedad agraria es gravitante en la estructura social, económica y de poder y queda cabalmente manifiesta al constatar que tan sólo 351 propietarios concentran 9.7 millones de hectáreas. Donde cerca de 350.000 campesinos carecen de tierras para trabajar.
            A pesar que en Paraguay se realizó, en el siglo XIX, la primera distribución de la gran propiedad entre los campesinos sin tierra, proceso impulsado por el dictador Dr. Francia, actualmente es uno de los países latinoamericanos con el mayor porcentaje de campesinos sin tierra. Otro dictador, Alfredo Stroessner, impulsó en los años sesenta del siglo XX la “reforma agraria oligárquica”. Reforma que consistió en distribuir las tierras fiscales entre los miembros del Ejército, del Partido Colorado, del poder judicial, etcétera. La concentración de la tierra fue a la par de la concentración del poder político del Estado dictatorial. Estado-Hacienda-Estado se fundieron en una sola estructura de poder que ha dominado y dirigido a la sociedad paraguaya desde entonces.
            Esta poderosa y estable estructura de poder debe ser transformada para que la sociedad paraguaya pueda avanzar hacia un estado y una sociedad democrática. En realidad, esta estructura de poder constituye la principal frontera para el establecimiento de una democracia real participativa, tal como lo ha planteado el electo candidato Fernando Lugo.
En efecto, la coalición triunfante en Paraguay (APC) posee una composición política heterogénea de centro-izquierda. Es una alianza política amplia entre organizaciones políticas y sociales que tenían por objetivo central, claro y preciso: terminar con el dominio político del Partido Colorado. Los partidos políticos y movimientos sociales que integran la Alianza son: Partido Demócrata Cristiano, Demócrata Progresista, Encuentro Nacional, Frente Amplio, Liberal Radical Auténtico, Movimiento al Socialismo Partido País Solidario, Revolucionario Febrerista, Social Demócrata y Socialista Comunero. Entre las organizaciones sociales se encuentran: "Ñembyaty Guasú Luque 2008", Bloque Social y Popular, Colo’o Apytere, ERES, Fuerza Republicana, Mujeres por la Alianza, Resistencia Ciudadana Nacional, Tekojoja y Teta Pyahu.
            Para derrotar al gobernante Partido Colorado, esta alianza levantó un programa de gobierno que podemos calificar de “neodesarrollista” o una nueva versión del proyecto “nacional desarrollista” latinoamericano. Que tiene la virtud de plantearse la articulación equilibrada de las tres principales dimensiones de la actual estructura social y política latinoamericana: estado, mercado y sociedad civil. Respondiendo con ello, por lo menos a nivel programático, teórico y político, a esa importante problemática. Que se ha transformado en un escollo difícil de resolver por los diversos gobiernos progresistas de la región.
            El programa “elaborado colectivamente” por la APC es la expresión de lo que razonablemente se puede hacer, según expresiones de Fernando Lugo, en cinco años de gobierno. En los próximos años “el Estado será promotor del desarrollo en forma conjunta con el sector privado y la participación de la ciudadanía para promover las actividades genuinas sin sacrificar los recursos naturales, sin degradar la naturaleza y precarizar las condiciones laborales”. Por esa razón, se apostará por “la iniciativa privada y al mercado como generador de demanda de mano de obra y asignador de recursos”. El desarrollo económico no sólo es tarea del Estado o del Mercado, a través de la iniciativa privada, sino que este se deberá impulsar con la activa participación de la sociedad civil. En fin, los principales puntos del programa son:

Reactivación económica con equidad social.
Reforma agraria integral.
Recuperación institucional del país y combate a la corrupción.
Instauración de una justicia independiente.
Recuperación de la Soberanía Nacional.
Plan de emergencia nacional para los problemas sociales más urgentes.

Por consiguiente, el triunfo de la Alianza Patriótica para el Cambio debe considerarse como un avance y una clara manifestación política de la ciudadanía por la transformación política, social y económica en la sociedad paraguaya.
Pero debemos observar el proceso político que se abre en Paraguay con cierta cautela analítica. El fracaso político experimentado por las “democratizaciones” o “liberalizaciones políticas” en Chile, México como en Paraguay mismo, y también en otros países de la región, tienen que ver más con la imposibilidad de las fuerzas políticas democráticas de modificar y transformar el Estado como las estructuras de poder instaladas en la sociedad por los sectores dominantes.
Considero que el principal problema político de la estrategia impulsada por los movimientos democráticos y populares ha estado, fundamentalmente, dirigido a realizar cambios en las instituciones del régimen político pero no a modificar las estructuras del poder político o del Estado. Eso explica la continuidad de las estructuras autoritarias en las tres sociedades mencionadas. A pesar que en Chile, por ejemplo, ha sido gobernado democráticamente desde 1990 por fuerzas políticas de centro-izquierda y México gobernado desde el 2000 por el conservador partido Acción Nacional, la continuidad de las instituciones políticas autoritarias son más que evidentes. Y, por cierto, como he dicho, ese será el principal obstáculo para el cambio político que busca realizar el electo presidente Fernando Lugo en Paraguay.