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26 de junio de 2009.
¡BASTA DE IMPUNIDAD!
Seguimos reclamando al gobierno de los kirchner el juicio y castigo ya los responsables políticos de la Masacre de Avellaneda: Eduardo Duhalde, Felipe Sola, Anibal Fernandez, Jorge Vanossi, Alfredo Atanasof, Jorge Matzkin, Oscar Rodríguez, Juan Jose Alvarez y Carlos Soria la tienen que pagar.
Seguimos reclamando Juicio y Castigo al ex presidente Duhalde que ordenó las muertes y a sus funcionarios, responsables del asesinato de Maxi y Darío.
¡BASTA DE REPRESIÓN!
Por Darío y Maxi, por Fuentealba y por todas y todos los mártires de la clase trabajadora y del pueblo caídos en la lucha.
Desmantelamiento del aparato represivo. Cumplimiento efectivo de la condena perpetúa a Franchiotti y Acosta. Amnistía y/o desprocesamiento de los luchadores populares.
Basta de gatillo fácil, aparición con vida de Luciano Arruga.
No a la baja de imputabilidad.
Aparición con vida ya de Jorge Julio López.
POR TRABAJO, SALUD, EDUACIÓN Y DIGNIDAD PARA TODO EL PUEBLO:
¡Los monopolios, los terratenientes y banqueros generaron la crisis, que la paguen ellos!
Prohibición de despidos y suspensiones. Reparto de las horas de trabajo. No al saqueo de la Anses. Subsidio universal al desocupado igual ala canasta básica. Jubilación equivalente al 82% móvil.
Hoy se cumplen siete años de una de las represiones más brutales sufridas por el pueblo argentino bajo un gobierno constitucional conocida como Masacre de Avellaneda, que cobró las vidas de nuestros compañeros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki y dejó un saldo de más de 30 manifestantes heridos de bala.
Este nuevo aniversario de lucha nos encuentra a horas de una nueva convocatoria electoral, donde las tradicionales estructuras políticas responsables de las penurias históricas de nuestro pueblo y los medios de comunicación voceros del poder económico nos dicen que así “el pueblo elige” a sus representantes. En las principales listas están representados los responsables políticos de los crímenes de Darío y Maxi. Más allá de las falsas alternativas que, a fuerza de recursos del Estado o millonarias inversiones publicitarias, intentarán seducir el voto de nuestro pueblo, las organizaciones populares que nos proponemos construir una sociedad justa e igualitaria sabemos cuál es la forma más efectiva de hacer valer nuestros derechos. Por eso, más allá de las opciones tácticas ante estas elecciones, siguiendo los ejemplos de nuestra historia de luchas obreras y populares, siguiendo el ejemplo de Darío y Maximiliano, decimos: nuestra principal elección es la lucha popular. Las mayorías populares tenemos reivindicaciones laborales y sociales de fondo, vamos a ejercer nuestro derecho y a conquistarlos de la manera más efectiva que el pueblo conoce: a través de la lucha.
La memoria es parte vital de la lucha por la justicia, por eso vamos a recordar el contexto en el que se dio aquella criminal represión que aún tiene a sus responsables políticos en la impunidad.
En aquellos días retumbaban con fuerza los ecos del 19 y 20 de diciembre de 2001. Las luchas sociales de los sectores populares, principalmente de las y los trabajadores ocupados/as y desocupados/ as, alcanzaban un pico histórico en el país. Aquel 26 de junio de 2002, el gobierno de Duhalde jugo a fondo la carta represiva con una masacre planificada y deliberada desde la cúpula del poder político. Con ello no hicieron más que seguir las exigencias de todo el establishment económico, político y comunicacional.
Por esos días, la embajada norteamericana y del FMI exigían al gobierno “mayor control social” a cambio de la reprogramació n de la deuda externa. La cúpula de la sociedad rural reclamaba abiertamente la represión. Los gobernadores del PJ – en una reunión celebrada en La Pampa días antes de la represión, de la que participo Nestor Kirchner como mandatario de Santa Cruz- exigió al gobierno de Duhalde que “pusiera orden al costo que sea”. Los monopolios mediáticos de la burguesía, que agitaban permanentemente esta campaña contra el supuesto caos de las luchas sociales y piqueteras, serían luego los principales encubridores de la política y del gobierno, que solo la masiva reacción popular de repudio del días siguiente recién desenmascararí a.
Con el kirchnerismo se consolidó la política cuya viga maestra había establecido el gobierno anterior: devaluación de la moneda, depreciación de los salarios, licuación de las deudas de los capitalistas todo esto a pesar de los discursos redistributivos dados en una coyuntura económica internacional y regional favorable para el crecimiento. Bajo su gobierno las patronales de la ciudad y del campo se enriquecieron en forma escandalosa a costa del salario y la mayor explotación de sus trabajadores. Mientras tanto las y los campesinos/as pobres, las y los trabajadores/ as y las organizaciones populares seguimos padeciendo el despojo y la exclusión.
En el último año, tanto el gobierno como la oposición neoliberal se reorganizaron en torno a la disputa por la renta extraordinaria sobre las riquezas que produce “el campo”. Pero hay una verdad incontrastable: en un país que produce alimentos para once veces su población, sólo se explica que haya hambre y exclusión social por el sistema que explota y destruye al ser humano y a la naturaleza. A aquel conflicto se sumó la crisis global y los intentos de las clases dominantes de descargar sus efectos sobre los trabajadores y el pueblo. Los empresarios aprovechan para estancar salarios, amenazar con despidos y profundizar la precarización laboral. La peor parte la llevan los trabajadores en negro, flexibilizados, tercerizados, y ni hablar de los y las desocupados/ as o subocupados/ as, a los que la crisis y los aumentos de precios directamente les devora el ingreso (todavía hoy los planes sociales, recortados drásticamente, siguen en los mismos valores de antes de la devaluación). En los últimos meses volvió a aumentar, en número de otros dos millones, la cantidad de personas por debajo de la línea de pobreza. A contramano de lo que afirman el gobierno y la burocracia sindical, los despidos de los últimos meses se cuentan por decenas de miles.
Para ocultar esta realidad, desde el gobierno plantean un discurso falso que apela a la adhesión popular. Hablan de un gobierno popular jaqueado por la amenaza de volver a los ´90; sin embargo ese discurso que busca polarizar entre lo “malo” y lo “menos malo”, no debería hacernos perder de vista que uno y otro modelo tienen coincidencias de fondo, en las políticas extractivas, de saqueo de los bienes naturales y precarización de la vida de los trabajadores y el pueblo, mientras se sostienen los beneficios de petroleras, bancos, y multinacionales. No podemos dejar de reafirmar que, más allá de los discursos oficiales, la principal amenaza para el pueblo trabajador es la precarización de la vida, las amenazas de despidos y bajos salarios, el saqueo de los bienes naturales, la represión ahí donde el que protesta es un trabajador despedido, una familia sin vivienda, o un militante popular en lucha…
Como en cada lucha desde los asesinatos de nuestros compañeros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, estamos hoy aquí para exigir el Juicio y Castigo a todos los responsables políticos y materiales de aquellos crímenes.
La causa federal iniciada en 2002, que debía investigar al ex presidente Duhalde y a las principales responsabilidades políticas, se encuentra literalmente cajoneada en el Juzgado Federal Nº 4, a cargo del Juez Ariel Lijo. El gobierno nacional ya ni siquiera se preocupa por “amagar” con “mover” la causa si Duhalde sale a hacer política opositora, como hicieron durante los primeros años de gestión. El gobierno de kirchner colaboró ampliamente con la impunidad de estos crímenes políticos revelando que su verdadera política de derechos humanos fue en siete años dar lugar al encarcelamiento de un puñado de genocidas octogenarios, a la dilación infinita de los juicios por los crímenes de la dictadura, al encubrimiento de la policía bonaerense responsable de la desaparición del compañero Julio López, dejando en libertad al 95% de los genocidas.
Cuando asumió, Néstor Kirchner había prometido a los familiares y a los compañeros y compañeras de militancia de las víctimas “investigar hasta las ultimas consecuencias sin importar quien caiga” a través de una comisión investigadora. Pero esa promesa exigía una condición: “si quieren una comisión abandonen las protestas (en particular el Puente Pueyrredón)”. Ni los familiares, ni las organizaciones populares aceptamos ese condicionamiento. El gobierno nunca hizo efectiva esa comisión y el Puente Pueyrredón terminó militarizado ante cualquier protesta, decisión que la actual presidenta mantiene y profundiza.
Este nuevo aniversario de aquella represión encargada desde el poder político nos encuentra con el reclamo urgente por la aparición con vida del joven Luciano Arruga, visto con vida por última vez en una dependencia policial; y la permanencia del reclamo por la desaparición de Julio López, por su compromiso en las causas contra los genocidas de la pasada dictadura; reclamando también la libertad de los militantes populares encarcelados y el esclarecimiento de otra serie de hechos de violencia e intimidaciones ante luchas populares con el fin de amedrentar a quienes sostenemos en alto las banderas de lucha ante un gobierno que no da respuesta a las demandas populares de trabajo, educación, salud, vigencia de los derechos humanos y defensa de los bienes naturales. Hoy están presos por razones políticas en las cárceles de Kirchner los compañeros detenidos en el acto antiimperialista denunciando las matanzas del Estado terrorista de Israel contra el pueblo Palestino, agregar listado de compañeros y las compañeras!!! , la libertad de los seis presos paraguayos, así como la militante de HIJOS Karina Germano López.
Ninguno de estos hechos puede darse sin el amparo, complicidad o directamente sin las órdenes del poder político. Por eso, en este séptimo aniversario de la Masacre de Avellaneda centramos el reclamo en la exigencia de Juicio y Castigo al ex presidente Duhalde y los demás funcionarios de su gobierno (Atanasof, J.J. Álvarez, Soria, Rodríguez, Vanossi, Aníbal Fernández, Solá) que planificaron, dieron la orden y encubrieron los asesinatos de Darío y Maximiliano, y continuaremos la lucha hasta conseguirlo. La mayoría de estos funcionarios o ex funcionarios se mantuvieron cercanos al gobierno nacional, provincial o como ahora a la oposición pejotista de los De Narváez – Macri – Sola.
Con la fuerza de la lucha y la movilización constante, en el Puente Pueyrredón, en la Estación de Avellaneda (hoy Estación Darío y Maxi) y en los Tribunales de Lomas de Zamora logramos que el comisario Fanchiotti y el cabo Acosta tuvieran que pagar con condena perpetua y otros policías sean también condenados. En el juicio quedó demostrado que la represión tuvo directivas políticas, que fue monitoreada por la SIDE, que su jefe de entonces, Carlos Soria (hoy intendente de Gral. Roca), reconoció que con las muertes el gobierno había buscado "frenar" un clima de creciente protesta y unidad popular. Sin embargo, el fiscal se prestó a la escandalosa maniobra de eximir de prestar declaración a Duhalde, Álvarez y Solá.
Hoy Franchiotti y Acosta han solicitado la revisión de sus condenas. Sus pedidos se encuentran en la Cámara de Casación. Mientras tanto, Franchioti sigue gozando de todo tipo de privilegios, con la complicidad del Servicio Penitenciario y de la cúpula policial.
A siete años de la masacre de Avellaneda y a tres del juicio contra Franchiotti y Acosta, reclamamos la confirmación de la pena y su cumplimiento efectivo.
Durante todos estos años el gobierno K priorizó el sostenimiento del aparato represivo, el mismo que protagonizó la cacería del 26 de junio, como fuerza propia de choque contra las protestas de los de abajo en todo el país; como sucedió durante años con los trabajadores petroleros y los docentes en Santa Cruz, con las familias sin techo de Mar del Plata, los desocupados de Mosconi, o en cada lugar del país donde los que protestan son trabajadores o desocupados que luchan contra las políticas de miseria salarial y precarización laboral impuestas por el gobierno.
El poder se pretende preservar encubriendo sus propias represiones, y protegiendo a sus ejecutores se protege a sí mismo. Sólo así se explican la impunidad respecto de quienes decidieron los asesinatos de Darío y Maxi, o la protección del gobernador Sobisch por el asesinato del maestro Fuentealba, la impunidad de Lázaro Duarte, y la falta de esclarecimiento de la desaparición de Luciano Arruga y Julio López. El aparato represivo que hoy sigue intacto es la continuidad del que ejecuto el golpe militar del ´76, el que se monta sobre el discurso de la inseguridad para reclamar su reforzamiento, con la baja de edad de imputabilidad y la criminalizació n de la pobreza para encubrir su propia responsabilidad y protagonismo en el delito estructural que asola a los trabajadores, especialmente a la juventud y a las mujeres.
Aunque en forma más sutil pero más cotidiana, igual de letales son las políticas de hambre, trabajo precarizado y exclusión que también matan todos los días de manera silenciosa. Millones de hogares humildes de nuestro pueblo, nuestros hijos, nuestros ancianos, después de años de “crecimiento económico” para unos pocos, siguen al margen del sistema de salud, de educación, de vivienda, de trabajo y de toda contención social y a merced de la explotación y precarización laboral.
Las banderas reaccionarias de la llamada “derecha de mano dura” fueron sucesivamente asumidas por el gobierno, desde el impulso de las leyes represivas como la nefasta ley antiterrorista promovidas por el falso ingeniero Blumberg hasta la imputabilidad de los menores. Por eso decimos: luchamos por el desmantelamiento de todo el aparato represivo y centramos todos nuestros esfuerzos políticos y comunicacionales en denunciar que ese aparato represivo y el estado -vinculados hasta la médula en el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas en especial mujeres y niños y cuanto delito existe- son la principal fuente de inseguridad ciudadana.
La contraparte de esta impunidad, lejos de la resignación o el escepticismo, seguirá siendo la memoria, la denuncia y la lucha popular. El juicio y castigo para todos los responsables de la Masacre de Avellaneda y del asesinato del profesor Fuentealba, el reclamo por la libertad de los presos políticos y el desprocesamiento de los luchadores no saldrán de la voluntad de ningún juez apegado al poder político de turno, ni del mismo Estado. Tampoco las políticas laborales y sociales que beneficien a los trabajadores y el pueblo. Sólo a partir de la movilización y lucha popular y de un reclamo nacional y masivo conseguiremos la justicia para Darío, para Maxi, para Fuentealba, para Javier Barrionuevo y para todos quienes sufren la exclusión, la explotación o la represión.
A siete años de sus asesinatos, estamos aquí junto a Maxi y Darío todos unidos, los que no dejamos la lucha a cambio de puestos en ministerios ni despachos oficiales, con todos nuestros caídos en la lucha, codo a codo, para barrer esta impunidad. Seguimos levantando las mismas banderas, por trabajo genuino y salarios dignos, contra el hambre y la represión, por una verdadera transformació n social. Darío y Maxi siguen presentes en esas luchas y en esas demandas.
El 26 de junio del 2002 peleábamos por un subsidio universal para los trabajadores desocupados acorde con la línea de indigencia, por trabajo, salud, educación y a 7 años el Estado sigue haciendo oídos sordos de este reclamo que beneficiaría a millones de hogares pobres.
Somos parte del movimiento popular en lucha que se mantiene en la calle, con luchas en defensa del trabajo y por aumentos salariales, con movilizaciones de trabajadores, desocupados y estudiantes. Si pensamos en mejoras concretas de la realidad de los trabajadores y el pueblo, es urgente un aumento general de salarios para recuperar el poder adquisitivo perdido, el blanqueo de todos los trabajadores y la estabilidad laboral. Que absolutamente nadie, aunque esté desocupado, tenga ingresos por debajo de la canasta básica. Con decisión política, se debería eliminar totalmente el IVA a los alimentos de la canasta básica y aumentar progresivamente el impuesto a las ganancias, a la riqueza y a la renta financiera (hoy exenta) para subvencionar la rebaja de los precios de los alimentos. Teniendo en cuenta al verdadero sujeto social del campo, los peones rurales y desplazados de sus tierras, será fundamental un cambio en el modelo agropecuario. Se impone terminar con el modelo de saqueo de los bienes naturales y la explotación laboral.
Desde este histórico Puente que une a la Capital Ferderal con la provincia de Buenos Aires le decimos a los Macri, a los Scioli, a los kirchner que vamos a seguir peleando en defensa de los derechos de nuestro pueblo, que vamos a seguir luchando por trabajo, justicia y dignidad para todo el pueblo trabajador.
Que vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir luchando por trabajo, justicia y dignidad para todo el pueblo trabajador. Por Darío y por Maxi, pero también por los 30 mil desaparecidos durante la dictadura; por los más de 50 asesinados en democracia en protestas sociales, por la libertad de los y las presos políticos y para revertir esta realidad con la que quieren condicionar el futuro de nuestro pueblo. La lucha de Darío y Maxi es la lucha de todo el pueblo. Es la lucha por una transformació n social que termine con las condiciones de hambre, miseria, desocupación y explotación que nos oprimen. Es la solidaridad y el compromiso con el compañero junto al que salimos a luchar y la intransigencia y consecuencia en esta pelea.
A siete años de la masacre de Avellaneda decimos una vez más…
¡Darío y Maxí presentes!
¡Ahora y siempre!
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