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Juan Anzaldo Meneses
Ce-Acatl, A.C.
30 de junio 2008.

En 1936, la empresa El Águila operaba en el norte de Veracruz pozos petroleros de los pocos campos que México poseía en ese entonces. Los trabajadores eran mantenidos aislados en campamentos y todos los acceso y caminos, construidos con recursos del Estado, eran custodiados por guardias privadas que no permitían el acceso en “su territorio” por decenas de kilómetros. La confrontación entre las empresas extranjeras con el gobierno de Lázaro Cárdenas, derivada de un conflicto laboral, provocó la nacionalización de la industria, en momentos en que coincidieron la resaca de la gran recesión de la década anterior, y la escalada facista de la Segunda Guerra Mundial. Muchos factores intervinieron para que la nacionalización fuera exitosa, pero principalmente la fuerza de trabajo fue la que logró levantar de las ruinas en la que la dejaron los extranjeros expulsados, la que ahora constituye la primera industria de la nación.

Ahora, esta historia privatizadora se repite con el aparente ruinoso estado de la paraestatal, las enormes propiedades turísticas, mineras, forestales o agropecuarias, en lugares en donde el pueblo no tiene acceso a playas, carreteras y caminos que son controlados por guardias privadas. Caciques y terratenientes siguen persistiendo tanto en ciudades como en regiones rurales del país, amparados en la fuerza de sus guardias blancas. El tráfico de personas, contrabando y drogas, ha sido y sigue siendo una de las prinicpales actividades del grupo en el poder, que de esta forma controla el flujo de capitales, personas, bienes y gobiernos. La impunidad y el descaro de la clase gobernante se ha vuelto proverbial por su actualidad, y ahora va acompañada del silencio y la manipulación cómplice de los grandes medios de masas que buscan provocar desinterés y apatía por parte de la población.

Uno de los temas que no se han abordado en los recientes foros de discusión de la reforma petrolera, es el de la seguridad nacional y de las fuerzas involucradas en el resguardo de “instalaciones estratégicas” del país. Actualmente soldados del Ejército mexicano resguardan caminos, centrales eléctricas, torres de transmisión, puertos, aeropuerots, ductos, refinerías, pozos petroleros y cuantimás. En caso de ser traspasados a manos privadas, seguramente que el Ejército seguiría prestando ese servicio a costa del erario público. Pero en caso de que los nuevos dueños fueran extranjeros, se justifica la hipótesis de que el ASPAN sería la puerta de entrada para garantizar por un lado los intereses privados de extrajeros, pero también los intereses geopolíticos de Estados Unidos y en cualquier momento, las instalaciones estratégicas, estarían de facto controladas por el Ejército de Estados Unidos que por tierra, aire y mar tomaría el control total de la nación.

Así sucede en Irak y Afganistán, en donde el poder imperial ha erigido gobiernos espurios, fracasados económica y políticamente pero que les sirven como gendarme y capataz de su propio pueblo.

¿Así habrá sucedido ya en México?

La esperanza estará siempre del lado de los de abajo.