Este portal sale sin autorización del Rey Juan Carlos I, el Papa Benedicto XVI y el Presidente de los Estados Unidos
 |
Contacto: aquí |
| Libros para bajar |
 |
 |
(Notas sobre los cambios que todavía no llegaron)
Durante los años 90, el mundo y en particular los países de América Latina fueron sede de una aceitada ofensiva neoliberal que se ofreció como única matriz legítima de pensamiento, imponiendo la desregulación del mercado, las privatizaciones y en general la pérdida de derechos sociales para la mayoría de la población. Específicamente en Argentina, en el campo laboral -y con el desempleo presionando contra la protesta de los trabajadores-, se promovieron la competencia y los contratos flexibles, sin estabilidad laboral ni cobertura social de ningún tipo, fragmentando y desarticulando el poder de los trabajadores. Este proceso, impulsado por las cámaras empresarias y el gobierno, contó con la cobertura ideológica de intelectuales y académicos y la complicidad de buena parte de la burocracia sindical, que se dedicó con entusiasmo a las oportunidades de negocios que los nuevos tiempos generaron. Con el comienzo del nuevo siglo, y a la par del agotamiento del consenso de las ideas principales del neoliberalismo -en Argentina cristalizado en el estallido popular de diciembre de 2001- la clase política aliada a los sectores económicos en el poder, una vez más debió adaptar su discurso a la nueva situación, para intentar mantenerse en el gobierno.
El proyecto de “país en serio” que propuso Néstor Kirchner y se apresta a continuar su esposa, Cristina Fernández, fundamentalmente se basó –y se basa- en los apoyos políticos que le brinda el desde hace años corrompido Partido Justicialista, en particular los gobernadores, intendentes del conurbano, sindicalistas de profesión y tecnócratas de diversas disciplinas que antes estuvieron con Menem, después con Duhalde y en el intervalo algunos hasta con el propio De la Rúa, con el final que ya conocemos.
A poco de asumir en mayo de 2003, con el 23% de los votos -obtenidos con base en el desprestigiado pero eficaz aparato del PJ, entonces al mando de Eduardo Duhalde-, el nuevo gobierno cambió la cancha al posicionarse como una fuerza con un discurso progresista. Esto sorprendió a propios y extraños, era novedoso que un gobierno tomara banderas sostenidas desde hace décadas por los movimientos sociales antineoliberales, protagonistas de la etapa de resistencia. Así, en nuestro país aparecieron las palabras de condena a “las políticas de los 90”, olvidando que casi todos los que ocupaban puestos de gobierno habían sido actores principales en el impulso y sostenimiento de esas mismas políticas, ahora cuestionadas.
En el plano laboral, y entre otros aspectos, este discurso renovador, emergente de la crisis de 2001, se manifestó en la aparición de las campañas de “lucha contra el trabajo en negro”. Se puede observar la impronta discursiva en las consignas presentes en el portal del ministerio: “Bienestar. Crecimiento. Futuro. Sólo con trabajo registrado”. Como parte de estas campañas, el gobierno apeló –como en otros campos- a los gestos con fuerte simbolismo. Esto incluyó un programa orientado al “blanqueo” de las empleadas domésticas, con un despliegue propagandístico de alcance nacional, a través de publicidades televisivas, radiales y hasta en los estadios de fútbol, durante los partidos de primera división. Sin embargo, la realidad que se puede observar a través de otras experiencias parece indicar que, en líneas generales, el Estado es uno de los principales promotores de la flexibilización laboral, a través de distintos programas e iniciativas que casi sin excepción abarcan al nivel nacional, provincial y a los municipios más importantes.
Hace pocas semanas, el debate sobre el empleo público llegó con fuerza a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de lo que fue presentado por los principales medios empresarios como un “combate a los ñoquis”, promovido por el recién asumido intendente Mauricio Macri, referente del PRO y una de las principales figuras de la derecha. En esta ciudad, los despidos golpearon con fuerza al último orejón del tarro del empleo público: los contratados bajo infinitas modalidades de trabajo precario. La ofensiva se amparó en el sentido común agitado por los paradigmas privatistas -que no en vano fueron construyéndose durante dos décadas desde programas periodísticos y diversos mecanismos ideológicos, culturales-, y aprovechando la fragmentación de los trabajadores, también cultivada durante años. De este modo, el gobierno impulsó despidos que afectaron a los trabajadores con contratos de locación y otras figuras contractuales aún más débiles, como muchos ex planes Jefes y Jefas de Hogar que habían obtenido, con largas luchas, alguna mejora en su situación laboral y ahora son nuevamente desempleados.
Pero claro, podríamos decir, esto sucede porque el gobierno de la ciudad de Buenos Aires “es de la derecha”. Veamos qué pasa entonces en otros lugares, donde el autodenominado proyecto popular conduce o encuentra aliados que le permiten, en teoría, “cambiar las cosas desde adentro”.
De acuerdo a lo que explica el gobierno, “el Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT) es la materialización de la decisión de reinstalar la presencia del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social como agente de contralor de las relaciones laborales”. Se trata de “una política activa implementada por el Estado Nacional tendiente a transformar aquellas ocupaciones que se desenvuelvan en la esfera de la irregularidad en trabajo de calidad realizado en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana”. Sin embargo, el Poder Ejecutivo Nacional mantiene alrededor de 20.000 trabajadores precarizados, la mayoría pasantes y monotributistas que para el fisco hacen las veces de pequeños empresarios que le venden obras y servicios al Estado. Paradójicamente, el listado de contrataciones es encabezado por el Ministerio de Economía, a cargo de la recaudación tributaria; en segundo lugar se encuentra el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el tercer puesto en el dudoso podio lo ocupa el Ministerio de Desarrollo Social, durante cuatro años dirigido por Alicia Kirchner, cuñada de Cristina y hermana del ex presidente.
Entre las formas de flexibilización laboral que este Estado lleva adelante, y que se repiten sin excepción en todas las jurisdicciones, el paradigma de la precariedad corresponde a la tercerización de servicios a través de cooperativas “truchas”. Este problema abarca desde los organismos nacionales –incluyendo la Cancillería, donde el año pasado hubo una serie de protestas- hasta diversos espacios municipales. Las falsas pero legales cooperativas se encargan, por lo general, de los servicios de limpieza y seguridad, y en algunas zonas hasta del cuidado de la salud. Bajo esa forma jurídica, avalada en su constitución por el Estado y el movimiento cooperativo más institucionalista, se generan los peores mecanismos de fraude laboral: legalmente se considera que los empleados –que por lo común desconocen el funcionamiento normativo de la entidad que integran, asumiéndose como asalariados sin derechos- son trabajadores libremente asociados, dueños de su fuente de empleo y como tales, trabajadores autónomos. Es decir, el mismo Estado que los emplea los obliga a constituirse como pequeños empresarios reunidos en una figura colectiva, la cooperativa de trabajo, que es vista como lo opuesto a la empresa de propiedad social -justa y democrática- que el nombre supone representar.
Además, al menos habría que mencionar un tema que da para un desarrollo específico en sí mismo, como es la utilización de programas de ayuda de emergencia orientados desde el nivel central. Fundamentalmente, este es el caso de los planes Jefas y Jefes de Hogar, que viejos y nuevos punteros del gobierno disponen para engordar la estructura asistencialista pensando en los actos (y los votos) de la siguiente campaña electoral, en un caso extremo de precarización de la vida en su conjunto, que incluye el empleo de la fuerza de trabajo en plazas, veredas, calles y otras actividades de carácter estatal, o al menos de provisión pública.
En el distrito más poblado del país, mientras tanto, las cosas no son muy distintas.
La provincia de Buenos Aires también es gobernada por el Frente para la Victoria -herramienta electoral creada por el kirchnerismo-, tal vez en vías de disolución a partir de la “reorganización del Partido Justicialista”. El Estado provincial, en este caso a través del gobierno de Daniel Scioli -como antes el de Felipe Solá-, mantiene diversas modalidades de precarización del empleo público.
Llevaría varias páginas enumerar detalladamente las distintas maneras que el Estado ha ido desarrollando, en 20 años de gobierno del PJ, para flexibilizar al máximo las condiciones de trabajo, incluyendo los salarios. Digamos simplemente que, por un lado, hay precarización contractual, a través de una variedad de contratos por fuera de la ley madre de la administración pública (ley 10.430) –entre los que se incluyen locaciones de obra y de servicios, pasantías y “becas”. Por otro lado, el gobierno ha fragmentado la escala salarial al punto de que es difícil, incluso para los mismos trabajadores, saber cuánto y en qué momento cobran.
Para un trabajador de un ministerio con sede en La Plata, la capital provincial, lo habitual es tener un recibo de sueldo con un salario básico –que ni siquiera cubre la canasta de pobreza- y una larga serie de adicionales, en general bajo el nombre de “bonificación remunerativa no bonificable”, pero también de otros más pomposos y flexibles como las “unidades de retribución por productividad y eficiencia (URPES)”. Los conceptos salariales precarios -que en el caso de las URPES son pagos sujetos al dictado de cada funcionario político, constituyéndose como mecanismos de disciplinamiento clientelar- tienen como otra consecuencia importante un menor aporte, por parte de empleados y patrones, a las arcas de los organismos encargados de la previsión social y la obra médico asistencial. Estos institutos sostienen un sistema de prestaciones más propio del Estado de Bienestar, principal objetivo a destruir con las políticas de los 90. De esta manera se da la paradoja de que el Estado se “negrea” a sí mismo, al evadir el pago de contribuciones a la seguridad social. Por esa vía, los mecanismos de cumplimiento de esos derechos son desfinanciados por quien -se supone- debería garantizarlos.
Pero en el interior de la provincia, un empleado con la misma categoría, año de ingreso y funciones que otro de la sede central, cobra solamente los conceptos en blanco más los grises, como las bonificaciones no bonificables (sic), que son de cuatro o cinco clases, más el llamado presentismo. Las URPES, que se estima representan un promedio del 40% de la remuneración de los estatales en las sedes centrales, ni siquiera llegan a esos trabajadores del “interior”. Lo mismo puede pasar en la propia sede central, donde no da igual estar cerca o lejos del director –y más si es el de Administración o el de algún otro área logística sensible, como Informática-, ya que existen distintas categorías salariales que violan el principio de igual remuneración por igual tarea y propician la individualización y el control clientelar, pero al servicio de un proyecto (ahora) progresista.En la capital de la provincia las cosas tampoco mejoran. El Estado municipal de La Plata, ciudad que cuenta con unos 570.000 habitantes, tiene 5.000 trabajadores en relación de dependencia. En rigor de verdad, el número es incierto, por un lado por el esperable secreto que guardan los despachos oficiales; por otro, por la desorganización –seguramente a propósito- que hace que ni siquiera la mayoría de los funcionarios accedan cabalmente a esta información. Los trabajadores municipales que participan en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), espacio que viene dando luchas construidas desde la base desde mediados de 2006, llaman a La Plata “la capital de la precarización laboral”. Ellos estiman que sólo el 20% de los trabajadores se encuentra en situación de estabilidad. El restante 80% (cuatro mil trabajadores y trabajadoras) está empleado precariamente, a pesar de que las leyes obligan al Municipio al pase a planta permanente. Aprovechando esta debilidad contractual, declarada ilegal por sus concejales cuando estaba en la oposición, hace unos meses, el nuevo intendente Pablo Bruera -también kirchnerista- coincide con la política impulsada por la derecha en la Capital Federal, al despedir en los dos primeros meses a alrededor de 700 contratados que realizan tareas efectivas en el Municipio, situación que se mantiene en conflicto abierto desde entonces.
Además de los recurrentes contratos de locación de obra y locación de servicios, los municipios también incorporan formas de trabajo a destajo, como es el caso de repartidores de tasas y otros tributos, que cobran una proporción de lo que paga el contribuyente. Los plazos de contratación pueden variar desde tres meses hasta un año, y también está la posibilidad de tener que ir a refrendarlo todos los meses. Esta variedad de formas de contratación alcanza el récord de que haya trabajadores como los cuidadores del Cementerio Municipal, que vienen reclamando un sueldo. No aumento de sueldo, sino algún sueldo, porque hasta el momento trabajan a cambio de las propinas. Reciben órdenes de cargos políticos designados por el Municipio, que actúa como la patronal al ser el dueño y responsable del lugar, dirigiendo y usufructuando el trabajo. Pero la única remuneración que reciben los trabajadores es la que les dan (cuando les dan) los familiares de los muertos. En consecuencia, históricamente, la medida de persecución más efectiva hacia los trabajadores considerados molestos por los funcionarios ha sido el traslado a los sectores de las tumbas NN, donde por definición no van familiares que puedan dejar una moneda.
También en La Plata, pero esta vez en la Universidad Nacional, se produce otra de las situaciones ícono de la precarización estimulada por el Estado, política que se repite en prácticamente todo el sistema universitario nacional, que si bien tiene carácter semi-autónomo, ha acompañado con ímpetu la precariedad impulsada en los demás niveles de gobierno. En el caso de la UNLP, en estos momentos los resortes principales están en manos de una alianza tácita entre distintos islotes de la UCR y el kirchnerismo, lo que incluye a sectores vinculados a las organizaciones sociales del gobierno, además de algunos círculos intelectuales afines a las ideas y los discursos progresistas. Esto no es obstáculo para la existencia de prácticas como las contenidas en el servicio de empleo PROLAB (Programa de Orientación Laboral).
El PROLAB tiene el supuesto objetivo de “promover la utilidad social del conocimiento y la práctica solidaria y formativa, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de la población”. Así, y en el marco de lo que en su plan estratégico considera “acciones de extensión universitaria a la sociedad y sus Instituciones”, la UNLP ha provisto y/o provee de mano de obra calificada y muy barata a hipermercados, concesionarios privados de servicios públicos monopólicos y empresas de diversos rubros, como seguridad privada, alimenticias, de servicios médicos, de transporte, de obras civiles y fabricación de maquinarias, además de Colegios profesionales y otras instituciones gremiales. También, a entes estatales de todos los niveles, como el Banco Central de la República, la Escuela Naval Militar, los gobiernos de Provincia y Municipio y claro, la propia Universidad. Los trabajadores -con sueldos que en muchos casos apenas superan un 50% del valor de la canasta de pobreza- no tienen obra social, seguro de riesgos de trabajo, aportes jubilatorios, indemnización y mucho menos estabilidad laboral. Como reacción a los contratos “basura”, recientemente hubo protestas en el Registro Provincial de las Personas, donde en los primeros días del año las autoridades despidieron a 42 trabajadores en estas condiciones, y amenazaron con cortar la relación laboral que mantienen con otros 260, de un total de trescientos pasantes que realizan identificación digital, confección y entrega de DNI, expedientes de partidas de nacimiento, matrimonio y defunción, entre otras tareas similares a las de Planta.
Pero la política que legitima y extiende la precarización no es una exclusividad platense. Hace algunos meses, un grupo de pasantes del programa “Familias por la Inclusión Social”, estudiantes de la Universidad de Rosario, denunciaban que “todos sabemos que las pasantías no son instancias de aprendizaje sino que son explotación encubierta, son trabajo en negro y flexibilización laboral. Si los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación intentan que desde el Programa Familias se genere inclusión y sujetos con derechos, sería necesario que comiencen por tratar a los trabajadores como tales, reconociendo salarios que no estén por debajo del salario mínimo vital y móvil, reconociendo aportes jubilatorios, vacaciones, obra social, aguinaldo, continuidad laboral". El reclamo contó con la adhesión de estudiantes de otras universidades nacionales, porque lo mismo pasa en Mendoza, Córdoba, La Matanza o Mar del Plata, por dar sólo algunos ejemplos.
Respecto al marco ideológico que impulsa esta estrategia, resultan ilustrativas las definiciones que proporciona el funcionario a cargo del servicio de empleo en la Universidad Nacional de La Plata, hasta hace poco tiempo dirigente estudiantil de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. A través de la propia prensa de la UNLP, considera que las Universidades públicas son “una gran cantera de talentos” y a continuación aclara que “en formación para el mundo laboral”. El director del Programa de Oportunidades Laborales y Recursos Humanos, nombre que adquiere entonces un sentido explícito, también identifica a las UU.NN. como “una enorme fuente”, lo que podría insinuar una imagen metafórica si no revelara inmediatamente que se refiere a “una enorme fuente de reclutamiento de personal capacitado y competente”. De acuerdo a estimaciones surgidas del análisis de datos oficiales, los asalariados bajo la forma de becas, pasantías o contratos de aprendizaje ascienden a más de 60.000 trabajadores y trabajadoras en todo el país.
La política de precarización hacia el sector estudiantil es coherente con la implementada hacia otros claustros, como los profesores y los llamados “trabajadores no docentes” –empleados administrativos, de maestranza, bibliotecarios, mantenimiento, entre otros. Hacia los docentes, a través de los cargos “ad-honorem”, un eufemismo por “trabajo gratuito”; hacia el resto de los trabajadores universitarios, mediante contratos flexibles de locación de obra, servicios y pasantías, entre distintas formas jurídicas que, pese a importantes luchas, muchos gobiernos universitarios todavía se resisten a abandonar.
La situación se repite también en todo el sistema de ciencia y técnica del país, sostenido en gran medida por el trabajo de los llamados “becarios” de investigación, personal altamente calificado, casi sin derechos laborales; y entre otras formas, se articula con la flexibilización de los docentes universitarios –los que tiene la fortuna de ser rentados- a través de la diferenciación salarial promovida por programas de “incentivos” y similares. De tal manera, las Universidades nacionales naturalizan el rol de formar mano de obra con cualidades específicas, con el fin de proveerla a bajo costo a las corporaciones empresarias, cuando no a otros niveles del mismo Estado, que articula los nuevos mecanismos de explotación y la pérdida de conquistas históricas.
Con un 45% de asalariados –unas 5 millones de personas- en situación laboral precaria, la búsqueda de alternativas de organización que den cuenta de los cambios en la situación objetiva -producto de la derrota de los proyectos revolucionarios entre los 70 y los 90-, y también de una nueva subjetividad surgida de la experiencia de los movimientos sociales, aparece como una necesidad ineludible para una camada de jóvenes que está haciendo sus primeras experiencias de lucha por los derechos que el sistema promete y al mismo tiempo escamotea.
A partir del agravamiento de la situación salarial post debacle económica de 2001, y con la aparición de la inflación como uno de los mecanismos que resaltan la disputa por el ingreso, en los últimos años crecieron las luchas de los trabajadores asalariados. Esto sucede a pesar del índice de precariedad, de la propaganda individualista, de los mecanismos extorsivos y de los dispositivos de control. Las represiones, bajo la forma de aprietes, cada vez más corren por cuenta de las patotas de la burocracia sindical, aliada a las empresas y base movilizada del gobierno –como se ha observado en relación a los docentes de Santa Cruz y otras provincias, en el Subterráneo metropolitano, en el Casino Flotante, en la línea de transporte 60, y en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entre otros ejemplos recientes, públicos y privados.
La emergencia de espacios como la Coordinadora de Trabajadores Precarizados, surgida desde la UBA (Universidad de Buenos Aires) que agrupa a encuestadores, telefónicos, administrativos, trabajadores de la salud, profesores de universidades públicas e institutos privados; la lucha de los trabajadores del casino de Buenos Aires; los empleados municipales precarizados; las uniones de pasantes; algunas seccionales y sindicatos provinciales docentes –como ATEN y ADOSAC- y otros casos, muy diversos, de espacios políticos y sociales que exploran las formas acordes a cada situación, son parte de un rico laboratorio de experimentación social que muestra una renovada vitalidad, después del oscurantismo de los 90.
En ese laboratorio donde el conflicto es ineludible, las experiencias que se forman desde abajo construyen la resistencia de un campo –el de los trabajadores y las trabajadoras, estatales y privados- que pese a las tesis del fin del trabajo y la muerte de las ideologías decretada por el capitalismo reinante en su fase neoliberal, aún sigue siendo el mayoritario en la población y tiene algo para decir. En este sentido, un lugar clave para la disputa lo constituyen las condiciones contractuales, en especial la estabilidad en el empleo y en el salario.
Con más interrogantes que certezas, y no exentas de las debilidades propias de una relación de fuerzas en general desfavorable, estas prácticas actualizan el desafío de restablecer la conciencia de nuestro lugar en el mundo, asumiéndonos como trabajadores y uniendo fuerzas para alterar el tablero. Tomando la experiencia de las generaciones anteriores, para construir la propia a imagen y semejanza de los tiempos presentes y las luchas por venir. Desafíos mayúsculos que parte de la clase se propone sortear en el camino de la emancipación, proyecto esencial que resiste las viejas y nuevas formas del neoliberalismo, cualesquiera sean sus apariencias en cada coyuntura.
Febrero de 2008 / h.moro@hotmail.es