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Maria Inês Nassif.

Sería una caricatura, si no fuese serio. Un informe secreto del Consejo Superior del Ministerio Público de Rio Grande do Sul decreta guerra al MST, promueve disolver el movimiento en beneficio de la ‘seguridad nacional' y define líneas de ataque al movimiento. El acta secreta de la reunión del día 3 de diciembre del año pasado revela que el Consejo constituyó una fuerza-tarea para 'promover una acción civil pública con vistas a la disolución del MST y la declaración de su ilegalidad'. La directriz, que está siendo ejecutada de forma articulada con la Justicia y la Brigada Militar, es la de aguar al movimiento en varios frentes: prohibir marchas y desplazamientos en masa de los sin tierra; investigar a los integrantes de campamentos y dirigentes en cuanto al uso de dineros públicos; intervenir en las escuelas del MST; impedir la presencia de niños y adolescentes en los campamentos; en los asentamientos, comprobar desvíos de finalidad de la tierra; promover investigación electoral 'en las localidades en las que se sitúan los campamentos controlados por el MST, examinándose la existencia de conductas tendientes al desequilibrio deliberado de la situación electoral' y actuar para cancelar los títulos de elector de los asentados.

La decisión habría sido de quedar bajo sigilo por 10 años, pero se hizo pública cuando fue anexada como prueba de una denuncia hecha a la Justicia por el MPE contra acampados del MST en dos áreas cedidas por propietarios en la proximidad de la Hacienda Coqueiros - la inicial de la acción aclara que los promotores toman esa iniciativa basados en la directriz del Consejo. También fue anexado un informe del Servicio Secreto de la Brigada Militar (PM2). La ofensiva del Ministerio Público, la pronta anuencia de jueces y una rápida movilización de efectivos de la Brigada Militar montan el escenario de una Guerra Fría particular: el MPE acciona la Justicia usando un discurso ideológico; el juez decide en favor de la preelección de los promotores; la Brigada Militar responde prontamente a las órdenes judiciales.

Las sentencias obtenidas hasta ahora son un cerco político al movimiento: una prohíbe la manifestación política de acampados en tierra del Incra; otra, de un juez electoral, suspende los títulos de electores de acampados en Coqueiros; una acción del MPE relativa a la ocupación del huerto florestal de la Hacienda Barba Negra denuncia a 37 integrantes de la Vía Campesina por daño, hurto, cárcel privada, formación de cuadrilla y lavado de dinero, inclusive personas que no estaban en el lugar – uno de ellos el líder nacional del MST, João Pedro Stédile; las escuelas de los asentamientos están siendo desactivadas. En enero, una pronta sentencia del juez, favorable a la acción propuesta por el MPE - a pretexto de investigación de un hurto de una máquina fotográfica, un anillo y R$ 200 - permitió a la policía identificar a los 1200 participantes del 24º Encuentro Estadual del MST. Es ese el cuadro: la acción articulada y rápida del MPE, de la Justicia y de la policía gaúchas está suspendiendo derechos civiles y políticos de ciudadanos brasileños. Inclusive el derecho al  voto.

La Justicia suspendió títulos electorales

El contenido ideológico  de esa ofensiva está claramente estampado en los autos de procesos y en documentos judiciales. El lenguaje es tan contundentemente ideológico que es difícil encarar al MPE y a la Justicia de Rio Grande del Sul como partes neutras de un conflicto. En la inicial de la acción civil pública presentada por los promotores Luís Felipe de Aguiar Tesheiner y Benhur Biacon Júnior, pidiendo la desocupación de los asentamientos del MST próximos a la Hacienda Coqueiros, ellos rezan sumisión a la orientación del Consejo Superior de 'disolver' al MST y tejen un largo párrafo sobre subversión. Definen al movimiento como 'una organización revolucionaria que hace de la práctica criminal un medio para desestabilizar el orden vigente'; aseveran que 'ya existen regiones del Brasil dominadas por grupos rebeldes'; señalan como indicio de subversión 'la donación de recursos por entidades extranjeras, como la organización Cáritas, mantenida por la Iglesia Católica'. La pieza ideológica informa que otros de los promotores estaduales hicieron un 'notable servicio de inteligencia' en el MST, y concluyó que el movimiento social tenía una 'estrategia confrontacional', que sería comprobada por el material aprehendido en los campamentos: libros de Paulo Freire, Florestán Fernandes, José Martí, Che Guevara y del pedagogo ruso Anton Marenko. De acuerdo con los promotores, es prueba de intención de atentar contra la seguridad el uso de frases como 'la construcción de una nueva sociedad', 'poder popular' y 'sofocando con fuerza nuestros opresores'. Afirman también que el MST usa de 'fraseología agresiva, abiertamente inspirada en slogans de los países del antiguo bloque soviético'.

Como verdades, son citados dos informes del Servicio Secreto de la Brigada Militar (PM2). En uno de ellos, el coronel Waldir Reis Cerutti garantiza que el MST es financiado por las Farc. 'Análisis de nuestro sistema de inteligencia permiten suponer que el MST esté en plena fase ejecutiva de un audaz plan estratégico, formulado a partir de tal 'convenio' (con la Farc), que incluye el dominio de un territorio en el que el gobierno manda nada o casi nada, y el MST y la Vía Campesina, todo o casi todo'. La inicial de la acción del MPE no cita, sin embargo, conclusión de inquérito de la Policía Federal, que no encontró ningún indicio de ligazón del MST o de la Vía Campesina del Estado con el movimiento guerrillero colombiano.

El MPE, la justicia y el gobierno gaúcho (con su policía) se tiraron a una marcha de la insensatez, usando peligrosamente instituciones democráticas para restringir el derecho de asociación y de manifestación política y el derecho al voto. Ese es un precio que el MST gaúcho puede pagar ahora, pero todo el país paga también en el futuro. Incentivar la histeria de la derecha con discurso de dar envidia a los militares que comandaron el país entre 1964 y 1985 es un camino a ser evitado. Puede parecer simplemente ridículo estimular ofensivas contra movimientos sociales con discursos anti-subversivos. Es ridículo, de hecho, pero no sólo eso: es igualmente peligroso.

Maria Inês Nassif es editora de Opinião. Escribe los jueves. maria.inesnassif@valor.com.br