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Flujo de movimientos y gobiernos de centro-izquierda

James Petras*

En contraste con América del Norte y Europa, los regímenes políticos, los movimientos sociales y las ideologías en América Latina experimentan un movimiento constante. En un periodo de pocos años, el péndulo político puede pasar de una oleada izquierdista aparentemente radical al centro-izquierda o incluso a un predominio de la derecha. Del mismo modo, emergen importantes movimientos sociales que desde sus bases locales o regionales de poder pasan a ser actores importantes en la escena política nacional, desempeñan un papel relevante en la liquidación de los regímenes de derecha e incluso participan en coaliciones gubernamentales, para luego decaer, especialmente cuando no consiguen satisfacer ninguna de las mínimas demandas de sus seguidores.

A pesar de este complejo mosaico de cambios relativamente abruptos y modificaciones del poder político, la configuración social y la dirección ideológica, muchos escritores, comentaristas, intelectuales y periodistas estadounidenses, europeos y latinoamericanos tienen tendencia a establecer generalizaciones excesivas que cubren toda la región y largos periodos de tiempo, y que reflejan, en muchos casos, experiencias limitadas en el espacio y en el tiempo, ya caducas. En la mayoría de los casos estas generalizaciones están escasamente documentadas, tienen rasgos impresionistas y adolecen de falta de profundidad empírica, histórica o analítica. En estos últimos años, aproximadamente desde comienzos del siglo XXI hasta 2007 (y suma y sigue) algunos de los más reconocidos intelectuales de Estados Unidos vienen describiendo América Latina como un vivero de cambio radical, como la sede de los movimientos sociales más dinámicos y como un ámbito de constante transformación social de carácter izquierdista. Esta visión suscita inmediatamente algunas objeciones bastante obvias.

En primer lugar, América Latina en su conjunto no ha experimentado cambios sociales radicales en el periodo en cuestión. De hecho, después de 2003 ha habido una disminución de la actividad, la afiliación y la fuerza social de los movimientos en aquellos países en los que había movimientos de importancia. Un simple vistazo a Argentina y su movimiento de obreros desempleados y ocupaciones de fábricas confirma esta aseveración, del mismo modo que también la confirma el análisis del movimiento indígena CONAIE en Ecuador.

En segundo lugar, la mayor parte de América Central, el Caribe y los países del Pacífico sudamericano nunca tuvieron gobiernos de izquierdas: México, Guatemala, El Salvador, Chile, Perú, Ecuador (hasta 2007), Haití (desde 1991) o el resto de los países insulares caribeños.

En tercer lugar, ningún movimiento social, ni siquiera los más extendidos e influyentes, consiguió imponer sus programas en ningún gobierno de la región, a pesar de que en algunos casos tuvieron un papel destacado para impedir que llegasen al poder gobiernos derechistas.

En cuarto lugar, ninguno de los autodenominados «gobiernos revolucionarios» o de centro-izquierda ha intentado llevar a cabo cambios estructurales de envergadura a pesar de haber ganado elecciones, en algunos casos con mayorías sustanciales, y a pesar también de contar con el respaldo de sindicatos, movimientos sociales y organizaciones indígenas. Excepto Venezuela, ningún gobierno de centro-izquierda o de centro ha revocado las corruptas privatizaciones de anteriores gobiernos derechistas neoliberales, ninguno ha tomado medidas de redistribución de la tierra o las rentas, o de reducción de las desigualdades y la fiscalidad regresiva.

La singularidad de América Latina es que, a pesar de algunos levantamientos populares de masas, algunos cambios de sistema político y cierta preeminencia de los movimientos sociales en determinados países, la continuidad de las relaciones de propiedad sigue intacta. De hecho, la tendencia dominante es la de una mayor concentración de la propiedad, una continua prosperidad y un aumento de los beneficios de gigantescas empresas de exportación de productos agrarios y minerales –empresas en su mayoría de propiedad extranjera—, una continuidad también en la estructura de clases y un aumento de las desigualdades socioeconómicas. Estas tendencias regresivas puntúan esta fase de supuesto ascenso de los movimientos sociales.

Una vez más los intelectuales –especialmente de izquierdas— han sucumbido a la retórica del cambio social, a los actos simbólicos –estructuralmente ineficaces—, a las identidades culturales y no a los intereses materiales y a la atracción fatal de la proximidad de los centros de poder. No pocas veces, algunas de las estrategias de legitimación de los gobiernos de centro-izquierda consisten en invitar a una serie de intelectuales de renombre a las ceremonias de toma de posesión y otros actos de alta visibilidad, que adulan a estos intelectuales e inflan su importancia ceremonial (organizando consultas, entrevistas especiales y otras actividades promocionales) a la vez que se aseguran artículos favorables, libros y otros tipos de publicidad útil para conseguir la aquiescencia de los líderes de opinión de las organizaciones de masas.

Faltos de base histórica, muchos intelectuales y periodistas de izquierda, celebrantes de los movimientos sociales de hoy o de ayer, siguen considerándolos fenómenos sociales estáticos, en constante progreso, con su influencia intacta o en aumento, nunca en retroceso, degeneración o pérdida de su relevancia política. En cambio, muchos de los líderes de movimientos hacen a menudo una evaluación distinta de esa trayectoria, al menos en sus debates internos.

Aclaremos nuestra concepción de los movimientos sociales y de los gobiernos de centro-izquierda latinoamericanos: No suscribimos ninguna gran teoría cíclica de auge y decadencia, o ley de hierro de la oligarquía según la cual los movimientos sociopolíticos democráticos se transformarían inevitablemente en su opuesto a medida que consiguen influencia y poder. Descartamos cualquier teoría fatalista según la cual los oprimidos se convierten, necesariamente, en opresores. Nuestro análisis de los cambios en la correlación de fuerzas sociales y de las trayectorias ascendentes y descendentes de los movimientos sociales está vinculado a un contexto empírico de crisis y expansión socioeconómica, cambiantes formas de liderazgo y, por encima de todo, de políticas, alianzas, tácticas y estrategias.

El principal desafío teórico y práctico al que se enfrenta cualquier investigador o profesional de la política latinoamericana es dar cuenta de las continuidades estructurales en el sistema de clases latinoamericano que se registran en los momentos de grandes levantamientos sociales, cambios de sistema político y transformaciones radicales de la opinión pública.

Rechazamos cualquier tipo de explicación simplista que pretenda que la fuerza de los movimientos sociales ha sido exagerada, que no ha habido levantamientos reales y que los cambios de régimen político fueron simplemente un cambio de personalidades. Igualmente insostenibles son los argumentos en el sentido de que hubo, o hay, transformaciones profundas y de largo alcance en América Latina, una clara ruptura con anteriores prácticas neoliberales y de que hay una nueva configuración institucional que atraviesa el continente y dan como resultado los nuevos socialismos del siglo XXI.

Una comprensión exacta de la paradoja de «la continuidad en el cambio» requiere que se especifiquen los niveles de análisis utilizados. Aquí especificamos cuatro niveles de análisis del cambio y la continuidad socioeconómicos. En el nivel más fundamental nos referimos a los cambios en las relaciones de propiedad y de clase, la propiedad –pública, privada o extranjera— de sectores económicos estratégicos, la distribución de las rentas y los recursos, la ideología y las políticas aplicadas, la protección medioambiental y el saqueo de los recursos naturales. La política exterior y los alineamientos internacionales a favor o contra el imperialismo constituyen un primer nivel a tener en cuenta.

En un segundo nivel de análisis, estudiamos los cambios en materia de salarios y beneficios, gasto social, subvenciones a las empresas, fiscalidad regresiva o progresiva; derechos políticos y culturales específicos destinados a los grupos oprimidos: indígenas, mujeres, afroamericanos; legislación laboral, sindicatos, seguridad en los contratos de trabajo y legislación favorable y abaratadora de los despidos de trabajadores (flexibilidad laboral); prioridades presupuestarias: aumento de la inversión pública productiva, creadora de empleo y de incentivos para los pequeños productores, o incremento de las reservas en divisas, acumulación de superávit presupuestario y priorización del pago de la deuda, subvenciones a los grandes exportadores agrarios y de minerales, y protección de los costosos monopolios nacionales.

Un tercer nivel de análisis nos lleva a centrarnos en los cambios políticos institucionales (el paso de regímenes militares autoritarios a sistemas electorales), la total desregulación de los mercados ante la introducción de intervenciones públicas seleccionadas, la reducción de la pobreza basada en el mercado en contraposición a un ingreso mínimo de carácter estatal, el incremento paulatino de los salarios mínimos ante la reducción de estos salarios mínimos, y el incremento de los salarios mínimos nominales contra los aumentos de los salarios reales.

El cuarto nivel estudia los cambios ideológico-culturales en la legitimación de los poderes públicos, los gestos simbólicos, los eventos culturales y el correspondiente desajuste entre las pretensiones ideológicas y los cambios socioeconómicos. Los gestos simbólicos y políticos se consideran beneficios psicológicos sólo en la medida en que conduzcan a cambios sustanciales en el nivel de vida y el poder político de los movimientos sociales y las clases populares. De lo contrario, sólo sirven para mistificar la continuidad de la élite gobernante, la explotación del trabajo y los recursos naturales y el mantenimiento de las desigualdades étnicas y de clase.

En general, la pregunta que planteamos es si la asociación, o alianza, de los movimientos social-populares (MSP) y los gobiernos de centro-izquierda (GCI) ha mejorado la calidad y cantidad de bienes, servicios y poder político que detentan sus electores y si han ampliado el control del Estado y la economía por parte de éstos. Concretamente, analizaremos si esta alianza MSP-GCI ha mejorado la posición estructural de las masas en la economía, si ha creado nuevas formas de representación directa, si ha contribuido a fomentar su capacidad de movilización social, reducido las desigualdades entre las clases, aumentado su influencia en la economía, reducido la fiscalidad regresiva y los incrementos arbitrarios de los precios del transporte y los servicios básicos. A la inversa, abordaremos también la cuestión de si la alianza o la relación entre MSP y GCI ha conducido a la desmovilización de los movimientos, la cooptación de sus líderes y su división y fragmentación. ¿Los movimientos han perdido miembros y capacidad de influir en las políticas nacionales? ¿Cómo se ha visto afectada la distribución de la tierra y el ingreso por la alianza MSP-CGI?

Al estudiar estos temas en cada país durante un cierto periodo de tiempo (la década anterior), podremos contar con una base sustancial que nos permita hacer generalizaciones sobre la trayectoria política latinoamericana contemporánea.

Desarrollo desigual y combinado en el contexto del mercado mundial

Los movimientos y procesos de cambio socioeconómico en América Latina pocas veces han adoptado patrones uniformes, al menos durante los últimos 40 años. A finales de la década de 1960 y comienzos de la del 1970, el Cono Sur, los países andinos, Jamaica y Guyana eran países con gobiernos de izquierda y poderosos movimientos sociales, mientras que en Brasil, Colombia, Venezuela, América Central, República Dominicana, Grenada y México gobernaban regímenes militares o de la derecha civil. Desde mediados de los años 70 hasta mediados de los 80, el Cono Sur, Brasil y los países andinos tenían, en general, dictaduras derechistas militares y neoliberales, mientras que en América Central florecía un gobierno revolucionario en Nicaragua. Durante la década de 1990, la mayoría de los países latinoamericanos tuvieron gobiernos civiles autoritarios y neoliberales surgidos de elecciones (Argentina, Brasil, México, Chile, Perú, Ecuador, América Central, Colombia y Uruguay), aunque fueron emergiendo poderosos movimientos de campesinos, trabajadores del campo y pobres urbanos que hallaron su expresión en movimientos poderosos o emergentes –como el de Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), de Brasil; el Movimiento Zapatista, de México; las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); el Movimiento Indígena Campesino Cocalero (CONAIE), de Bolivia; y el movimiento indígena de Ecuador. Del mismo modo, la masa de pobres urbanos respaldaba la candidatura de Hugo Chávez como Presidente de Venezuela, basada en un programa nacionalista-populista.

Los tres primeros años del milenio (2000-2003) fueron testigos de lo más cercano a un esquema generalizado de radicalización en la historia reciente, también con muchas diferencias de nivel y tipos de actividad entre países y movimientos. Éstos estuvieron relacionados en gran medida con unos precios desfavorables en el mercado mundial y con crisis financieras y económicas.

Durante este trienio, tuvieron lugar importantes levantamientos populares que derrocaron regímenes neoliberales en países como Argentina (diciembre de 2001), Ecuador (2001, 2003 y, más tarde, 2005), Bolivia (octubre de 2003 y mayo-junio de 2005), Venezuela (abril de 2002, tras tumbar a la junta cívico-militar y restaurar en el poder al presidente elegido Hugo Chávez), y por último Perú en 2000. Además, movimientos sociales urbanos y rurales hallaron su expresión en las masivas ocupaciones de tierras de Brasil, lideradas por el MST (2000-2002), los bloqueos de carreteras con barricadas, a escala nacional, y la ocupación de varios centenares de fábricas por trabajadores desempleados en Argentina (2000-2003); en Bolivia, fuertes movimientos vecinales urbanos y del campesinado indígena, así como de los sindicatos, llegaron al umbral mismo del poder estatal, desarticulando temporalmente las organizaciones de la clase dominante y exigiendo la refundación del país (un nuevo orden socioeconómico socialista), por medio de una nueva asamblea constitucional elegida por los movimientos sociales. En Ecuador, durante un breve periodo, el movimiento indígena se unió a una coalición gubernamental de corta vida (72 horas) y más tarde se sumó al funesto movimiento derechista del coronel retirado Lucio Gutiérrez. En Venezuela, el gobierno del presidente Chávez, apremiado por los movimientos de masas propuso nuevos programas generales de bienestar social y la democratización de las instituciones del Estado despidiendo y encarcelando a los oficiales militares, los sindicalistas y los ejecutivos petroleros directamente implicados en el violento derrocamiento del gobierno elegido.

Ni siguiera en el periodo 200­0-2003, de radicalización generalizada, el proceso fue uniforme. Un ex funcionario del Banco Mundial se hizo cargo del gobierno en Perú y los movimientos se calmaron temporalmente. Un neoliberal ultraderechista, Alvaro Uribe, asumió la presidencia de Colombia; el presidente elegido de Brasil, Lula da Silva, giró acentuadamente a la derecha, adoptando políticas económicas liberales y firmando un programa de estabilización y librecambio del FMI. Chile siguió fiel a las políticas pinochetistas de libre mercado del neoliberal socialista Ricardo Lagos, y México y América Central tuvieron gobiernos derechistas, a la vez que el movimiento zapatista era confinado a un papel marginal en la política nacional e incluso en la regional.

La «nueva ola izquierdista» de América Latina, objeto de amplios comentarios por parte de escribas, académicos, «expertos» y periodistas impresionistas, ni siquiera en su momento más álgido llegó a cubrir algunos de los principales países latinoamericanos (México, Colombia, Brasil y Chile). Además, sólo en una ocasión un levantamiento condujo a un auténtico cambio de régimen, y fue en la reinstalación en el poder del presidente venezolano Hugo Chávez. En sus momentos más álgidos, los movimientos de masas llegaron a derrocar a los gobiernos neoliberales existentes, pero fueron incapaces de sustituirlos por gobiernos propios en el marco de un régimen de obreros, campesinos y pobres urbanos.

Los defensores intelectuales de esta «nueva ola izquierdista» latinoamericana, incluso ante la evidencia claramente en contra, siguieron escribiendo sobre un «nuevo orden», centrándose únicamente en los países en los que los movimientos eran fuertes y proyectando su marcha hacia un futuro poder estatal, falsificando la naturaleza de clase de los principales arquitectos y ejecutores de las políticas económicas de Lula, asignándoles del modo más superficial un carácter popular-nacionalista basándose en los orígenes de clase trabajadora de Lula y en su pasada retórica socialdemócrata, asignando un carácter «izquierdista» a gobiernos y personalidades basándose en las etiquetas de sus respectivos partidos y no en sus políticas reales (por ejemplo, el Partido Socialista chileno de la presidenta Bachelet), e ignorando los gobiernos derechistas existentes (Colombia, Perú, México y América Central) y los movimientos sociales en retirada en muchos países (Perú, Ecuador, Chile, Nicaragua, Brasil, Bolivia y El Salvador).

El fracaso de los analistas de izquierdas puede considerarse también un fracaso de su tenor intelectual: su incapacidad de aceptar el «pensamiento duro» que exige rendir cuentas del desarrollo desigual de las transformaciones políticas, la necesidad de un mayor compromiso social con los movimientos, y no tanto jalearlos con optimismo desde un segundo plano y dentro del marco de parámetros institucionales de los gobiernos parlamentarios neoliberales.

Esta breve ojeada al pasado destaca la importancia de reconocer el desarrollo desigual de los movimiento sociales y los procesos políticos en América Latina, y la necesidad de ajustarse a un análisis detallado en lugar de realizar generalizaciones excesivamente optimistas.

Una segunda consideración de importancia a la hora de analizar los movimientos sociales y los cambios políticos latinoamericanos es el concepto de desarrollo combinado y divergente. Este concepto se refiere a la actual tendencia en los países de la región de mantener altas tasas de crecimiento, acumular miles de millones de dólares en superávit comercial y reservas de divisas, y diversificar sus mercados, a la vez que aumentan las desigualdades de la propiedad, el ingreso, el crédito y las subvenciones. En otras palabras, las divergencias socioeconómicas entre propietarios y financieros, por una parte, y trabajadores, campesinos y pequeños comerciantes por otra, están directamente relacionadas con la concentración y la centralización del capital en los sectores de crecimiento exportador.

Dado que los movimientos sociales tienen su base mayoritaria en los trabajadores y campesinos, y que los gobiernos de centro-izquierda han abrazado, todos, la estrategia de crecimiento capitalista-agro-mineral, un régimen de base multiclasista no es compatible o sostenible a medio plazo. Los gobiernos de centro-izquierda dependen del desarrollo combinado de las exportaciones agro-minerales y de grandes sumas de ingresos provenientes de la exportación con el fin de subvencionar y asegurarse el apoyo de otros sectores burgueses (industria, comercio e inmobiliario) así como de profesionales de clases medias (abogados, médicos particulares, propagandistas de los medios de comunicación). Los gobiernos de centro-izquierda transfieren algunos de los ingresos que obtienen por las exportaciones a determinados sectores de las clases medias en forma de subvenciones, rebajas fiscales y salarios más altos. Conocedores de la evidente divergencia en los intereses de clase, los gobiernos de centro-izquierda desarrollan estrategias de debilitamiento de la cohesión y unidad de acción de clase de todas aquellas clases afectadas negativamente por la estrategia agro-mineral. Por ejemplo, el presidente argentino Kirchner (2003-2007) combinó un subsidio mensual de desempleo de 50 dólares con la cooptación de los principales líderes de los desempleados por el aparato del estado; gestos y retórica nacionalistas, entre otros, críticas al FMI; y acuerdos comerciales junto a amistosas relaciones públicas con el líder nacionalista Hugo Chávez. Otros líderes, como Evo Morales, esgrimieron en muchas ocasiones el espectro del golpe de Estado –sin aportar ninguna prueba— junto a símbolos culturales indígenas y ataques a la oligarquía, a la vez que subvencionaba y defendía a las principales élites agro-exportadoras, sus tierras, beneficios y relaciones laborales explotadoras, y firmaba numerosos y lucrativos acuerdos de inversión en los sectores de la minería y la energía con multinacionales extranjeras.

Unas dinámicas de crecimiento divergentes, la concentración de más ingresos por exportación en manos de la clase capitalista y un descenso relativo en el acceso a los ingresos del Estado por parte de las clases inferiores, ha conducido a los movimientos sociales a replantearse sus relaciones con los gobiernos de centro-izquierda y, en algunos casos, a romper sus vínculos y poner fin a su apoyo, aun cuando sean incapaces de construir una alternativa política.

En la mayoría de los casos, la prolongada alianza de los movimientos sociales con los gobiernos de centro-izquierda ha tenido consecuencias negativas graves para la estructura interna de los movimientos y su capacidad para volver a crear alianzas del movimiento, por no hablar de nuevas alternativas políticas. Dos de los más importantes movimientos indígenas –CONAIE, de Ecuador, y Cocaleros, de Bolivia— han perdido una parte de su apoyo de base por sus alianzas con los gobiernos de centro-izquierda. Muchas comunidades indígenas se han desvinculado de estos movimientos, limitando la capacidad de los líderes de éstos para movilizarlos contra sus adversarios de clase. La desilusión y un sentimiento de traición calan en la base de los movimientos sociales por debajo de sus líderes nacionales y sus cuadros locales. Hh

En el caso del MST de Brasil, su alianza de cinco años con el gobierno de Lula, que incluyó un apoyo electoral fundamental durante el ataque frontal del presidente a las pensiones y salarios de los funcionarios y contra los sindicatos de éstos, debilitó la capacidad del MST de articular una coalición de movimientos sociales y sindicatos tras su ruptura con Lula.

El auge de los gobiernos de centro-izquierda se benefició de unos precios de mercado extraordinariamente favorables (a partir de 2003), que les permitió desbaratar las embrionarias organizaciones radicales de la baja clase media y orientarlas hacia el centro, e incluso hacia el centro-derecha. Este hecho fue particularmente evidente en Argentina, Brasil y Bolivia. En Argentina, en el momento de la crisis financiera de 2001, casi todos los sectores de la clase media temían la pérdida definitiva de sus ahorros, el empobrecimiento debido a la congelación de sus cuentas bancarias y la pérdida de empleos, la bancarrota de los negocios y la total ausencia de crédito. Como resultado, las clases medias se unieron a los desempleados en sus manifestaciones callejeras, organizaron centenares de asambleas y comités vecinales y manifestaron su rencor mediante violentos asaltos a bancos y autoridades públicas. Con la llegada del gobierno de centro-izquierda de Kirchner y el auge de los precios de las exportaciones, a la crisis económica siguió un periodo de expansión, en el que recuperó el ahorro y la liquidez bancaria y los ingresos y gastos de los consumidores. La clase media baja abandonó la calle y se volvió contra los movimientos sociales populares. La clase media alta se orientó hacia la derecha autoritaria en busca de seguridad y orden. En la capital, Buenos Aires, contribuyó a que resultara elegido alcalde el millonario de derechas Mauricio Macri.

En 2006, la dinámica política de una serie de países, antes asolados por la crisis y radicalizados, giraba a la derecha, y en algunos casos a la «derecha dura». La rápida recuperación, consolidación y ofensiva de la extrema derecha fue estimulada y facilitada por la desmovilización de los movimientos sociales, por influencia del centro-izquierda, y por la recuperación económica debida al aumento de los precios de los productos básicos. La rápida resurgencia de la extrema derecha se manifiesta con claridad en Bolivia donde, a mediados de 2005, los movimientos indígenas, obreros y campesinos derrocaron un régimen neoliberal, dominaron las calles y se hallaron en situación de imponer sus políticas. Unas políticas fiscales ortodoxas, unos pactos conciliadores con la oligarquía económica y unos acuerdos con todas las principales empresas energéticas extranjeras promovidos por el presidente, Evo Morales, proporcionaron la plataforma política de relanzamiento de la derecha. La desmoralización y la desmovilización de los movimientos sociales, la imposición de políticas fiscales tipo FMI y su incondicional defensa de los grandes intereses agro-minerales (su «nacionalización» no tuvo nada que ver con la «expropiación», según sus propias declaraciones públicas) facilitaron la recuperación y la ofensiva de la derecha. La fluctuante correlación de fuerzas entre los movimientos sociales y las clases gobernantes puede entenderse mejor si se analizan las continuidades y los cambios de los gobiernos de centro-izquierda y los movimientos en la pasada década, confiando en nuestros criterios concretos de niveles y ámbitos de cambio.

Argentina

A pesar del grave levantamiento de diciembre de 2001 y de un año 2002 de amplias movilizaciones y organización popular de masas de trabajadores desempleados y barrios de clase media, más de 200 ocupaciones de fábricas, rechazo general y violento a las políticas de libre mercado y el derrocamiento del candidato a presidente (De la Rua) y de tres presuntos presidentes (diciembre-enero de 2001-2002), la subsiguiente elección del presidente Kirchner (2003) y sus cuatro años de gobierno se caracterizaron por la continuidad estructural. En primer lugar, el sector bancario e inversor, responsable de la crisis financiera, siguió intacto. El presidente Kirchner contribuyó al refuerzo de las posiciones del capital extranjero y privado proporcionando incentivos fiscales y subvenciones a la exportación. A pesar de la presión por parte de la mayoría del electorado, Kirchner se negó a volver a nacionalizar sectores estratégicos de la economía privatizados ilegalmente durante los anteriores gobiernos «cleptocráticos» de Menem y De la Rua.

Las relaciones de clase siguieron siendo las mismas. La legislación antiobrera en materia de sindicación, empleo estable, contratación y despidos y trabajo temporal siguió intacta. El gobierno de Kirchner negó el reconocimiento jurídico de una de las principales confederaciones de sindicatos (CTA) y colaboró ampliamente con la confederación corrupta (CGT) que colaboró con los anteriores regímenes librecambistas. Las desigualdades en los ingresos se mantuvieron y en algunos casos aumentaron, especialmente entre el 20% más bajo de la población y el 20% más alto.

Los sectores estratégicos privatizados del petróleo, el gas y las telecomunicaciones siguen en manos del capital extranjero, mientras que la compra por parte de extranjeros de grandes extensiones de tierra y explotaciones agropecuarias en Argentina han hecho del multimillonario estadounidense de origen húngaro George Soros el mayor propietario rural de Argentina.

En términos estructurales, el gobierno de Kirchner ha sido claramente una continuación de los anteriores gobiernos neoliberales de derecha. Además, ha consolidado con éxito la anterior posición inestable de los propietarios privados de propiedades estatales privatizadas y ha legitimado numerosas transferencias ilegales de empresas públicas a manos privadas.

En términos de políticas, Kirchner ha puesto fin a las ocupaciones de fábricas y ha obligado a devolver a sus antiguos propietarios algunas empresas ocupadas por los trabajadores, a pesar de las violaciones por parte de éstos de los contratos laborales y los procedimientos de quiebra. Kirchner ha mantenido el subsidio de 50 dólares (150 pesos) a las familias trabajadoras que se hallan en la indigencia, aunque la creciente inflación en su último periodo de gobierno redujo este subsidio en más de un tercio.

Durante el periodo de gobierno de Kirchner (2003-2007), Argentina creció a un ritmo de en torno a 7%-8%, el desempleo descendió de más del 23% al 11%, los niveles de pobreza bajaron de casi un 50% a aproximadamente un 33% de la población. Sin embargo, el 40% de la fuerza de trabajo seguía empleada en el sector precario/informal. El motor del crecimiento fue el gran aumento de la demanda y el precio de las exportaciones agro-minerales tradicionales argentinas. Con una duplicación de los precios del grano y la energía, el gobierno de Kirchner acumuló importantes superávits comerciales y presupuestarios y grandes incrementos en los ingresos del Estado. Estos beneficios e ingresos caídos del cielo entraron en los circuitos de producción y consumo de las clases medias, pero fueron apropiados, en gran medida, por la agroindustria, el sector bancario, el industrial, el comercial y las élites terratenientes.

Kirchner dio prioridad a la rápida liquidación de la deuda contraída con el FMI y a la rápida cancelación de la deuda externa renegociada, a pesar del dudoso origen, contratación y utilización de los préstamos por parte de los anteriores gobiernos militares y «menemistas». Durante la renegociación de la deuda externa, Kirchner dio prioridad a los pagos de los grandes poseedores externos de deuda argentina a expensas de los pequeños acreedores. A la vez que Kirchner aparentaba reducir el tamaño de la deuda, algunas cláusulas de los acuerdos vinculaban el pago de la deuda al crecimiento de la economía: a mayor ritmo de crecimiento, más altos serían los pagos a los acreedores extranjeros. Teniendo en cuenta la alta tasa de crecimiento de Argentina, lo que parecía ser un programa de reducción de la deuda resultó ser lo opuesto, lo que benefició a los acreedores por encima de las masas del país. Al final de su presidencia, la deuda argentina había ascendido a más de 160.000 millones de dólares.

Poco antes de la elección de Kirchner, Argentina estaba cubierta por una densa red de organizaciones de trabajadores desempleados (piqueteros) que literalmente controlaban las calles y las carreteras principales como medio potente para sacarle concesiones del Estado. El desacuerdo y la hostilidad hacia la política del gobierno encontraron expresión en comités de barrio de vecindades de clase media con su grito ¡Que se vayan todos! Hacia el final de la presidencia de Kirchner, las calles estaban en general libres de piqueteros, las asambleas de clases medias eran un recuerdo distante, se cooptó a muchos líderes desempleados y se convirtieron en parte de los instrumentos de Estado dedicados al patrocinio del gobierno. Una de las más llamativas y políticamente significativas características del régimen Kirchner fue la desmovilización del movimiento popular de masas y la pérdida de radicalización de la clase media.

Kirchner neutralizó a un sector sustancial de la población que exigía la renacionalización de los sectores eléctrico, del gas y de la electricidad, congelando los precios a los consumidores y reduciendo así el coste efectivo para los consumidores. Los monopolios privados respondieron mediante la virtual desinversión del sector, lo que llevó a cortes de electricidad y reducción del suministro. Es probable que la presidenta entrante, Cristina Fernández de Kirchner, suba los precios de los servicios básicos, de acuerdo con las demandas de las sociedades privadas.

Del mismo modo Kirchner intentó dar satisfacción a las crecientes expectativas motivadas por el auge de los ingresos por exportaciones, y para ello impuso controles de precios y limitó la exportación de carne de vacuno. No obstante, mientras que el empleo y los salarios aumentaron, las tasas reales de inflación de los alimentos básicos se duplicaron (más del 20% en 2007) lo que produjo el estancamiento e incluso el deterioro de las rentas.

A pesar de las continuidades estructurales y de las políticas llevadas a cabo por el gobierno Kirchner, éste se benefició de varios factores independientes de sus políticas. En primer lugar, de unos precios de mercado mundiales sumamente favorables para todas las exportaciones importantes de Argentina, lo que produjo excedentes presupuestarios; y de la capacidad del gobierno de subvencionar la industria y garantizar subidas salariales. En segundo lugar, la depresión económica de cinco años que precedió a su presidencia estableció un marco de referencia a partir del cual era fácil crecer, dada la importante falta de aprovechamiento de la capacidad de la fuerza laboral; es decir, el crecimiento no dependió de nuevas inversiones de gran envergadura y a largo plazo o de innovaciones tecnológicas. En tercer lugar, la austeridad financiera en los nuevos préstamos impuestos por los acreedores extranjeros, obligó en realidad a los capitalistas argentinos y al Estado a confiar en una mayor y mejor utilización de los recursos nacionales. En cuarto lugar, Kirchner cultivó hábilmente sus relaciones diplomáticas con el presidente progresista de Venezuela, Hugo Chávez, con lo que se aseguró una financiación barata, basada en la compra por parte de Caracas de varios miles de millones de dólares en bonos argentinos, y en un mercado lucrativo para las exportaciones industriales y las oportunidades de inversión rentables.

Dentro de los parámetros de las estructuras y los compromisos de las políticas neoliberales, el gobierno Kirchner logró la canalización de la financiación pública hacia sectores productivos y el aumento de aranceles en las agro-exportaciones, aumentando así los ingresos públicos y frenando al mismo tiempo el malestar laboral por medio de subidas en el salario mínimo.

El crecimiento económico dinámico, la estabilización de la política argentina, la desmovilización de la oposición radical de masas y la consolidación del control multinacional extranjero y nacional de élite sobre la economía fueron los logros principales del régimen Kirchner. Ninguno de estos resultados socioeconómicos puede atribuirse a las políticas de centro-izquierda o a la presión de los movimientos sociales.

La desaparición del movimiento piquetero y la reconversión de los activistas urbanos de los tugurios en una vasta máquina de patrocinio fue evidente en la elección (2007) en que fue elegida presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que captó mayorías absolutas en los barrios populosos, por encima de todos los fragmentados partidos de izquierda juntos, lo que significó que el movimiento piquetero captara menos del 5%. Los resultados electorales en Argentina (como en la mayor parte de los demás países latinoamericanos) refutan las superficiales e impresionistas opiniones del estudioso estadounidense Mike Davis, según el cual «los barrios de chabolas del Tercer Mundo forman la nueva y decisiva escena geopolítica». Muy al contrario, como describiremos más abajo, los tugurios urbanos (barrios de chabolas, villas miseria, ranchos, etc.) forman más bien la base de patrocinio de un nuevo tipo de presidentes neoliberales en Brasil, Uruguay o Argentina.

Brasil

La característica más destacada de la candidatura de Lula da Silva, antes incluso de su elección, era su abierta y franca aceptación de los parámetros neoliberales establecidos por el anterior gobierno de Fernando H. Cardoso. En la primavera de 2002, seis meses antes de su elección, Lula ratificó un acuerdo del FMI firmado por Cardoso, en el que prometía mantener la austeridad fiscal, los excedentes presupuestarios para pagar la deuda externa y la reducción de las pensiones de sector público (reforma de pensiones) además de promover una economía abierta. A efectos electorales, Lula hizo vagas promesas en favor de la reducción de la pobreza, la reforma agraria y la creación de empleo. Una vez en el poder, Lula mantuvo e incluso incrementó el proceso de privatización, entre otras la ilegal privatización del complejo minero de Vale de Doce (vendido por una décima parte de su valor de mercado por el corrupto gobierno de Cardoso). Se privatizaron las carreteras, los bancos, las tierras públicas y los fondos de seguridad social. Las designaciones a todos los puestos económicos estratégicos (banco central, ministerios de Economía, Comercio, Finanzas y Agricultura) recayeron en ejecutivos de sociedades multinacionales y bancos. Durante su primer mandato, (2003-2006) los jornales y los sueldos se mantuvieron congelados o sujetos a aumentos mínimos, mientras los financieros locales e internacionales se beneficiaban de los más altos tipos de interés en América Latina, de hasta un 18,5% en la mayor parte de su primer mandato. La redistribución de la tierra tuvo niveles muy inferiores a los registrados bajo gobiernos previos, mientras que Lula canalizaba la mayor parte de los recursos financieros y los créditos a la élite capitalista exportadora de los sectores agrario, minero y energético. Lula se convirtió en la figura sorpresa de Wall Street y del BOVESPA (mercado de valores brasileño).

La estructura de propiedad de la tierra, las rentas y la riqueza siguió estando entre las más desiguales del mundo; la división racial no se modificó; el número de trabajadores rurales sin tierra se mantuvo en 4,5 millones de familias; el número de millonarios y multimillonarios aumentó y su riqueza total se multiplicó.

La estructura y las estrategias socioeconómicas del pasado se consolidaron y profundizaron: la continuidad neoliberal definió la naturaleza del sistema social brasileño con Lula.

En cuanto a las políticas, Lula introdujo varios cambios, entre otros una importante reducción de las pensiones de los empleados públicos (que los regímenes previos no pudieron o no quisieron llevar a cabo). Su gobierno financió un subsidio de subsistencia a gran escala (30 dólares al mes por familia) aplicable a 10 millones de familias brasileñas pobres, con lo que creó una vasta red de clientelismo bautizada como «programa de reducción de la pobreza». Lula financió una subvención a las cooperativas gestionadas por el MST que tenían problemas económicos debidos a la importación a gran escala de alimentos baratos, a la vez que reducía la ayuda financiera a la reforma agraria. Los frecuentes gestos populistas, entre otros las sesiones fotográficas de los encuentros presidenciales con los habitantes pobres de las favelas, proporcionaron a Lula una imagen favorable entre las masas. La militarización de las favelas con un alto nivel de delincuencia, que incluyó ejecuciones sumarias, fue la respuesta de Lula al delito. Las frecuentes intervenciones militares de la policía para desalojar a los ocupantes de tierras, acompañadas por la quema de sus chabolas, causaron lesiones y muertes ocasionales entre los desamparados y los sin tierra, pero tranquilizaron a propietarios, madereros y especuladores de la tierra.

Lula logró su mayor éxito en el ámbito de la desmovilización social. La principal confederación sindical de izquierdas, la CUT, fue cooptada y sometida con sus rebajas de pensiones y programas de austeridad. El MST se neutralizó políticamente (aun cuando siguió reivindicando su autonomía) durante los primeros cinco años del régimen de Lula con una larga serie de promesas rotas que incluían cuotas nunca alcanzadas de reforma agraria, subvenciones estatales a sus cooptados y el nombramiento de algunos líderes del MST para importantes puestos del Instituto de Reforma Agraria. El nivel de movilización social en el periodo 2003-2006 disminuyó hasta cotas desconocidas desde el advenimiento de la reanudación de las elecciones. A pesar de una economía estancada (2003-2005) y una deliberada estrategia económica del lado de la oferta (supply-side economics), los movimientos sociales retrocedían y perdían importancia. No fue hasta 2007 cuando el MST, la CUT y otros movimientos unificaron sus fuerzas para llevar a cabo manifestaciones y protestas conjuntas de masas.

En política exterior, Lula llevó a cabo una estrategia de libre mercado que desafió a EEUU a jugar con arreglo a las normas de reciprocidad mediante la rebaja de las subvenciones y las barreras arancelarias. Al exigir la reciprocidad librecambista, Lula dio pruebas de continuidad de sus políticas con respecto a su antecesor y de una independencia relativa, exigiendo la aplicación igualitaria de las normas de libre cambio por parte de EEUU. Lula se puso claramente del lado de EEUU y la UE al quitar importancia al papel de la explotación imperialista. Por ejemplo, en el Foro Mundial de Davos 2006, Lula echó la culpa a los líderes y las políticas de los países del Tercer Mundo por sus problemas, exonerando así a EEUU, la UE y Japón.

En términos de mantenimiento de la estructura de clase y la política económica de élite, Lula se identifica claramente con la derecha neoliberal. Sus políticas presupuestarias descartan cualquier modificación sustancial y progresista en los gastos en servicios sociales. Las prioridades económicas de Lula no incluyen el incremento de los ingresos salariales, la cesión de tierra a los que no la tienen ni la financiación de los servicios y salarios de los ámbitos sanitario y educativo.

Bajo la presidencia de Lula el número de multimillonarios creció hasta 20, poseedores de 46.200 millones de dólares en riqueza y activos, una suma mayor que la de 80 millones de brasileños pobres urbanos y rurales. Más del 60% de los multimillonarios de Brasil hizo su fortuna a través de contratos del gobierno y privatizaciones de empresas públicas lucrativas, antes y durante la presidencia de Lula. Los multimillonarios «nuevos» y «viejos» se beneficiaron de la rápida liquidación de los pagos crecientes de deuda interna y externa. Sólo en 2007, las elites extranjeras y nacionales se embolsaron 160.000 millones de reales (1,7 reales = 1 dólar USA), equivalentes a 59 veces el gasto en educación.

Durante sus primeros cinco años en el poder (2003-2007) pagó casi 800.000 millones de reales a las élites titulares de deuda, más de cuatro veces lo que distribuyó a 40 millones de brasileños pobres a través de su programa para combatir la pobreza.

Los programas de reducción de la pobreza no proporcionaron trabajos decentes ni condiciones de vida más allá del nivel de subsistencia, en un momento en que los ingresos públicos y los excedentes presupuestarios eran superiores a los 50.000 millones de dólares. En cambio el programa de reducción de pobreza fue administrado por los funcionarios del gobierno, que eran los miembros del partido de Lula (partido de los trabajadores), y que se aseguraron de que los beneficiarios votaran por Lula. En un sentido político, y no social, el programa era un éxito que aseguraba Lula un voto 70-80% en algunas áreas de la alta concentración de financiación de pobreza.

La política de apoyo a la candidatura de Lula por el MST, con la esperanza de asegurar un programa completo o siquiera moderadamente expansivo de reforma agraria, fue un fracaso. La distribución de la tierra cubrió solamente una tercera parte, menos de una fracción de lo previsto por los líderes MST. Los créditos del gobierno y las subvenciones a la exportación fueron, de forma aplastante, hacia dueños de grandes plantaciones, mientras que los pequeños agricultores fueron a la quiebra por las políticas liberales de Lula de importación de alimentos. Por confiar en Lula, el MST no pudo apoyar a uniones públicas de empleados que protestaban contra las reducciones de las pensiones. Es decir, la estrategia política del MST entre 2003-2006 fue un lamentable fracaso; sacrificó los lazos con las luchas urbanas del sindicato sin asegurarse beneficios de su aliado, Lula.

Sin embargo, durante el mismo período, el MST siguió organizando las ocupaciones de tierras y las protestas masivas a favor de la reforma agraria. A través de su lucha cotidiana, el MST, retuvo a su base de masas y sus partidarios, como lo evidencian los 17.000 delegados que asistieron a su convención nacional en 2007. Más importante, en 2007, la dirección del MST unió sus fuerzas a los sindicatos izquierdistas anti Lula (CONLUTA) y a la confederación pro Lula (CORTE) en tres protestas masivas, señalando un mayor grado de independencia política y una rectificación de sus políticas conciliatorias previas. Según parece, los líderes del MST han comprendido la inutilidad de alinearse con un gobierno de centro-izquierda como el de Lula.

Bolivia

Durante dos años y medio (2005-2008), Bolivia pasó de un período insurreccional, en el que los movimientos sociales revolucionarios dominaron y definieron las prioridades políticas, a un período en el que la extrema derecha ha lanzado una ofensiva política importante que ha desarticulado la Asamblea Constituyente, ha dominado el gobierno y las calles en seis de las nueve provincias y ha forzando al partido MAS, de centro-izquierda, a una lamentable retirada de casi todos sus compromisos electorales socioeconómicos.

El cambio brusco y profundo en la correlación de fuerzas entre los movimientos sociales y la oligarquía es, en gran medida, perceptible en las políticas y prácticas del gobierno de centro-izquierda del presidente Evo Morales y su vicepresidente García Linera. El paso de la derecha de ser una fuerza marginada, asustada y derrotada a una potente, agresiva y avanzada máquina política, fue el resultado, en gran parte, de varias políticas decisivas y contraproducentes impuestas por Evo Morales y García Linera a los movimientos sociales por medio de sus instrumentos sociopolíticos.

En primer lugar, el gobierno del MAS logró canalizar las políticas a través de instituciones del Estado, a saber, las ramas electorales, parlamentarias y ejecutivas, socavando por tanto las tácticas de acción directa de los movimientos sociales, su instrumento más efectivo de la influencia política.

En segundo lugar, el equipo Morales-García Linera definió y distorsionó radicalmente varias de las demandas políticas y socioeconómicas populares principales a fin de acomodarse a los intereses de la oligarquía y del capital extranjero. Los pactos y acuerdos formales entre el gobierno y la oligarquía llevaron directamente a la rápida reconstrucción de la extrema derecha y a la desmovilización y debilitamiento estratégico de los movimientos sociales. Estos cambios políticos radicales pueden resumirse brevemente.

Asamblea Constituyente: del poder popular al revanchismo oligárquico

Una de las demandas políticas fundamentales de los movimientos sociales revolucionarios durante el período insurreccional (febrero de 2003 a junio de 2005) fue la convocatoria de una asamblea constituyente cuyos miembros provendrían de la elección directa de representantes de los movimientos sociales, comunidades indias y pobres rurales y urbanos. Morales y García Linera pervirtieron totalmente esta demanda. En un acuerdo formal con los desacreditados jefes de los partidos oligárquicos, el presidente y el vicepresidente organizaron elecciones basadas en las entidades territoriales existentes, en las que los partidos de extrema derecha se aseguraron la representación amplia necesaria para bloquear cualquier cambio radical a través de sus potentes máquinas de patrocinio y el control sobre el 90% de los medios de comunicación de masas. En las negociaciones previas a la constitución de la Asamblea, Morales y García Linera aceptaron una cláusula de votación de la oligarquía según la cual eran necesarios dos tercios de los votos para aprobar cualquier artículo de la Constitución. Más tarde, cuando la derecha entró en la Asamblea en número suficiente para bloquear todos y cada uno de los cambios sustanciales, o incluso las reformas de procedimiento, Morales y García Linera intentaron introducir una norma de mayoría simple pero fueron incapaces incluso de afectar el funcionamiento de la asamblea. Después de casi un año y medio de parálisis, no se aprobó un solo artículo sustancial; los movimientos sociales habían perdido todas sus esperanzas en la «refundación del Estado» y en la posibilidad de alcanzar cambios sociales significativos. La derecha utilizó la situación disfuncional de la Asamblea para organizar manifestaciones callejeras de masas y establecer «redes cívicas» potentes, dominadas por los oligarcas separatistas y sus fuerzas paramilitares, a fin de promover un programa en gran parte de derechas.

El vicepresidente García Linera reconoció, efectivamente, la debacle total de la Asamblea Constituyente y convocó una conferencia pluripartidista con participación del partido Movimiento al Socialismo (MAS) y todos los partidos de extrema derecha, empresarios y oligarcas, a fin de resolver sus diferencias. En otras palabras, Morales y García Linera pasaron de un pacto político fallido con la oligarquía a otro con los mismos resultados desastrosos. Como era de esperar, la oligarquía y la derecha consideraron la marginación de la Asamblea como una victoria y utilizaron el nuevo formato para impulsar su programa aún más agresivamente y exigir, en la práctica, la rendición total en todos los asuntos principales relativos a la agroindustria; la ocupación ilegal de tierras públicas; el separatismo (calificado de autonomía), que incluye el control provincial total sobre los ingresos por impuestos y regalías, y un mayor control provincial de las políticas sociales y económicas. La propuesta pluripartidista llevó rápidamente a un fin innoble, como la Asamblea Constituyente antes de ella, pero no sin antes reforzar aún más a la derecha, desmoralizar las clases populares y demostrar la quiebra de las políticas de Morales y García Linera de pactos políticos con los partidos oligárquicos. Al carecer incluso de la seguridad física más elemental en Sucre, la Asamblea Constituyente huyó primero a una instalación militar y más tarde a Oruro donde fue protegida por los mineros y aprobó una constitución contradictoria y ambigua.

La nueva Constitución está sometida a la aprobación de los votantes en referéndum. Las cláusulas principales son una mezcolanza de cláusulas «centralista» y cláusulas «autónomas», que potencian el poder federal y fragmentan potencialmente el país en unas 30 a 60 «naciones indias» y en gobiernos regionalistas de derecha. Declarando al mismo tiempo la intangibilidad de la propiedad privada, la Constitución reivindica limitar la propiedad de la tierra a 25.000 acres por persona, incluyendo la posibilidad de un cierto tipo de reforma agraria (la mayoría de la cual sería invalidada mediante el procedimiento de poner la tierra a nombre de los miembros de la familia ampliada.) La Constitución reivindica la propiedad del Estado de todos los derechos del subsuelo sin por ello denegar a todas las grandes empresas mineras, del gas y del petróleo todas las reservas subterráneas en su cotización según el mercado de valores. La Constitución refleja la ideología y las políticas profundamente contradictorias del gobierno de Morales y García Linera, que proclama cambios radicales pero aplica un programa liberal.

Ideología

En la base de estos desastrosos pactos políticos, tácticas y estrategias del gobierno actual, se halla la ideología del capitalismo andino basada en la idea de la protección de la propiedad privada (que incluye la élite de la agroindustria, ese 1% de la población que posee el 80% de las tierras fértiles), de empresas mixtas con multinacionales extranjeras que explotan los grandes recursos naturales, y con campesinos indios de pequeña propiedad basada en la comunidad. Para sostener el proyecto económico capitalista, Morales y García Linera necesitaban la colaboración y el apoyo de los partidos de derecha oligárquicos, lo que condujo directamente a la firma de los tristemente famosos y fatales pactos políticos que socavaron totalmente las actividades y la dinámica de los movimientos sociales. El indigenismo y la retórica de la defensa de las comunidades indias han sido recursos retóricos rituales en boca de ambos líderes y desmentidos en la práctica, como demostraron concretamente sus supuestos socios, con la destrucción de la disidencia en su reducto económico de Santa Cruz.

Indigenismo

El segundo componente principal de la ideología de Morales y García Linera era la autonomía política indígena y local. La ideología del indigenismo varía en significado y uso según su exponente y propósito político. En Bolivia hoy ambos líderes hablan de indigenismo con varios significados contradictorios y confusos, en función del momento y lugar políticos. El énfasis principal se pone en los derechos culturales y políticos: reconocimiento de la igualdad legal, respeto de las normas culturales indias y sus prácticas jurídicas y reconocimiento del derecho al autogobierno y la autonomía por parte de las 39 a 60 (dependiendo de las ONG y los antropólogos) naciones indias.

Morales y García Linera han puesto de relieve el carácter cultural y democrático de su «revolución», negando cualquier pretexto para la transformación de la propiedad y las relaciones sociales, la expropiación del capital extranjero o los 25 millones de hectáreas en manos de la clase dominante agroindustrial. El reconocimiento de varias docenas de «naciones indias» implica la fragmentación total de Bolivia en una cadena de mini estados insostenibles, si se llegase a poner en práctica la ideología del indigenismo. Inútil decir que los dos líderes no tienen ninguna intención de poner en práctica la «autodeterminación» indígena, un concepto ideológico sin fundamento económico y político prácticos. Sin una redistribución fundamental de la tierra, una reforma agraria profunda que transfiera la tierra de los 100 clanes a 2 millones de indios sin tierra, lo que Morales y García Linera han rechazado categóricamente, la población india no tiene ninguna base económica para afirmar su autodeterminación.

Peor aún, el énfasis de la ideología indigenista de Morales y García Linera en la autonomía local (de departamento y municipal), ha sido aprovechado por la clase oligárquica de derechas que gobierna en seis departamentos (la media luna) como pretexto para poner en marcha un movimiento de secesión, tanto de jure como de facto, para hacerse cargo de la mayor parte de las regiones ricas en minerales y energía de Bolivia. En respuesta, Morales y García Linera han retrocedido y reafirmado la supremacía del gobierno central del Estado y su control total sobre los ingresos de exportación, la autoridad civil y el poder legislativo.

La ideología indigenista ha tenido poco o nada de impacto en el aumento de la renta y la resolución de las desigualdades de propiedad, los contratos con las sociedades multinacionales extranjeras, los gastos presupuestarios y los ingresos. Las festividades religiosas indígenas han sido financiadas por el Estado y la ideología indigenista ha dado una cierta legitimidad popular a la clase política, básicamente mestiza, que predomina en el gobierno.

Nacionalización

La inmoralidad del gobierno del MAS y su traición a las esperanzas y aspiraciones de los movimientos sociales revolucionarios y sus sacrificios políticos se evidencia claramente en el abandono total, por parte del gobierno, de la nacionalización de la energía y otros recursos materiales primarios. No se ha nacionalizado ni un solo pozo petrolero ni un gaseoducto a pesar de los chillidos de Morales asegurando que «nacionalización no equivale a expropiación». Por supuesto; la continuación de la propiedad y el control extranjeros en la elaboración de las políticas no era expropiación, pero tampoco ha existido una nacionalización en el sentido que todos expertos, economistas, políticos, periodistas y académicos emplean este término.

Morales y García Linera simplemente aumentaron los pagos por royalties y los impuestos a los niveles de la mayor parte de los países capitalistas occidentales y muy por debajo de porcentajes que se aplican en Próximo Oriente, Asia y partes de África. Peor aún, el ajuste de precios al alza en la venta de gas a Brasil y Argentina estaban aún por debajo de los precios mundiales en un porcentaje de por lo menos un tercio o la mitad. Después de lograr lucrativos y provechosos contratos a largo plazo, Petrobras de Brasil y Repsol de Argentina decidieron hacer nuevas inversiones de gran envergadura para el aprovechamiento de recursos bolivianos. Es decir, que Morales y García Linera ampliaron y profundizaron la desnacionalización de la economía a un coste enorme para la clase trabajadora y los pobres de la ciudad y el campo, que ven poco o nada de unos ingresos cada vez mayores.

De acuerdo con sus políticas favorables al capital extranjero, Morales y García Linera firmaron un acuerdo con la multinacional india Jindal para aprovechar una de las tres minas principales de hierro y manganeso de América Latina. La cordillera de Mutún fue desnacionalizada, se privatizó y se liquidó en condiciones sumamente favorables para sus nuevos dueños extranjeros. El acuerdo propuesto de industrializar el mineral de hierro implica el tratamiento mínimo del mineral en lingotes y tendría lugar después de que Jindel recuperase su inversión inicial.

Morales y García Linera han firmado contratos con casi todas las multinacionales extractoras oligárquicas y extranjeras existentes en Bolivia. Por otra parte, Bolivia ha incrementado su dependencia del capital extranjero al aceptar la participación de nuevos explotadores foráneos. A principios de 2008, cuarenta y dos empresas de gas y petróleo de propiedad extranjera explotan los campos energéticos bolivianos.

A excepción de un par de operaciones muy marginales, el gobierno boliviano no ha nacionalizado ni una sola mina, pozo petrolero o campo de gas de propiedad extranjera. Pagaron un precio excesivo por dos refinerías propiedad de Petrobras. Y lo que es peor, las condiciones de propiedad extranjera siguen siendo tan desfavorables como siempre. En casi todos los casos el estado boliviano aparece como socio minoritario, con poca influencia sobre las decisiones de inversión, producción y comercialización. En segundo lugar, los dueños extranjeros obtienen préstamos subvencionados del Estado boliviano, con un porcentaje medio del 3%, para financiar gastos corrientes. En cambio, el estado boliviano pide préstamos al 8% al Banco Andino. Las empresas extranjeras reciben gas a precios subvencionados. El gobierno boliviano no ha hecho cumplir o poner en práctica viejos o nuevos acuerdos y no ha iniciado un sólo proyecto industrial de gran envergadura, confirmando con ello la economía de estilo colonial de Bolivia.

La lista de multinacionales extractoras extranjeras con influencia dominante en la economía boliviana incluye a Petrobras (Brasil), Repsol (España), Transredes (Enron-Shell), Jindal (India), Total (Francia), British Gas, Apex Silver (EE UU), Sumitomo (Japón), Ashmore (Gran Bretaña), British Petroleum y docenas de otras empresas importantes, que siguieron ganando miles de millones de dólares entre 2006 y 2008. En total, 42 multinacionales extranjeras dominan las industrias del gas y el petróleo bolivianos, una de las cifras más altas de todo el mundo.

Hay datos que confirman que el gobierno boliviano ha firmado más contratos de explotación, muy favorables para las empresas, con más corporaciones multinacionales del petróleo, la minería y el gas que cualquier otro país de América Latina. El hecho de que la mayoría de los nuevos contratos impliquen la exportación de las materias primas, significa una carencia de recursos energéticos para desarrollar el consumo interno de Bolivia y generar empleo industrial y comercial.

Reforma agraria

Después de dos años en el poder y a pesar de repetidas promesas demagógicas a las comunidades indias y campesinas, Morales y García Linera han fracasado totalmente en la ejecución de cualquier tipo sustancial de reforma agraria, y más todavía en lo que se refiere a tierras fértiles, productivas y de fácil acceso a los mercados, de los oligarcas y agro-exportadores más poderosos y más ricos. Al contrario, el régimen, desde el principio, dio garantías categóricas de que defendería a los «productores productivos» con independencia del tamaño de sus explotaciones, algunas de ellas de cientos de miles de hectáreas. Los niveles masivos de desposesión de la tierra y de pobreza (70%) continuaron, como en el pasado, entre los electores rurales del gobierno. Morales y García Linera se explayaron sobre «la expropiación de las explotaciones improductivas e ilegales» (tierras públicas arrebatadas y ocupadas por los terratenientes), pero a partir de finales de 2007, se había redistribuido poca tierra.

Según un estudio publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cien familias son propietarias de 25 millones de hectáreas de la tierra más fértil, mientras que dos millones de agricultores y campesinos pobres poseen cinco millones de hectáreas de tierra sobrexplotada. En el estado clave de Santa Cruz, según el propio Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA), 15 clanes familiares poseen 500.000 hectáreas de tierras fértiles colindantes con los mercados y centros de transporte.

Los poderosos clanes «de los 100 mayores terratenientes» son los mayores propietarios, accionistas y consejeros de los principales bancos de Bolivia, emisoras de televisión, plantas de embalaje, industrias de procesos alimentarios, supermercados y empresas de comercio exterior.

En el estado de Beni, 10 familias poseen 534.000 hectáreas. En Pando, 8 familias poseen un millón de hectáreas de tierra fértil. Esta estructura de poder clan-familia oligárquica se extiende mucho más lejos del reino económico. Los miembros del clan ocupan posiciones importantes en la alta judicatura, administrativa y militar, en los medios de comunicación de masas y en las instituciones civiles.

El régimen de Evo Morales y García Linera ha garantizado repetidamente la inviolabilidad de la propiedad de la oligarquía, así como su fuerza sobre el crédito público (el 80% del cual va a la élite de la agro-exportación). Con el apoyo económico gubernamental, la oligarquía domina la maquinaria política y la utiliza para intimidar, y frecuentemente atacar, a los partidarios del régimen de Morales con impunidad. Como resultado, la oligarquía ha intensificado su férreo dominio en los cinco estados orientales de Bolivia. Mediante la fuerza, la intimidación y la persuasión, la oligarquía tiene la hegemonía sobre las clases bajas en sus regiones. En lugar de enfrentarse a la oligarquía, Morales y García Linera han pretendido reclutarla. En Pando, ofrecieron a un importante oligarca, el gobernador Fernández, un cargo en su gobierno. El gobernador Fernández lo rechazó, porque no tenía ningún deseo de tener nada que ver con los «indios».

Ganancias y política fiscal

Las «políticas económicas estructurales» diseñadas por Morales ampliaron el poder y la riqueza de la oligarquía y del capital extranjero. Las políticas socioeconómicas del régimen fracasaron en elevar el nivel de vida. En su campaña electoral de 2005, Morales prometió duplicar el salario mínimo y aumentar sustancialmente los sueldos de los obreros, los maestros y los trabajadores sanitarios. Dado el masivo aumento de la renta pública debido a los extraordinarios precios del mercado mundial para las exportaciones bolivianas de energía y metales, el régimen estaba en una buena posición para financiar aumentos sustanciales para los mal pagados empleados públicos y los trabajadores del sector privado. Nada de esto sucedió. El salario mínimo para 2008 aumentó un 10% -de 70 a 76 dólares al mes-. Con la actual tasa de inflación del 11%, el aumento real fue de 1 dólar al mes, con mucho, el salario mínimo más bajo de América Latina, en el momento de mayor acumulación de reservas extranjeras (5.000 millones dólares bajo las bóvedas del Banco Central) en Bolivia.

Aún peor, a los maestros públicos y trabajadores se les concedió un incremento salarial del 6% -en realidad una disminución si tenemos en cuenta la inflación-, en un momento en el que la oligarquía del agro-negocio, la energía de titularidad extranjera y las compañías petroleras cosechaban grandes beneficios del registro.

El régimen de centro-izquierda de Morales y García Linera ha tenido un severo efecto negativo en la organización y actividad de los movimientos sociales. Ha fortalecido y aumentado el poder institucional de los partidos de derechas y ha atrincherado al poderoso capital extranjero en todos los sectores estratégicos de la economía. Las políticas centrales, las políticas de rentas de los anteriores y desacreditados regímenes neoliberales permanecen intactas y los programas de mejora, pobremente dotados, han tenido poco impacto en los niveles de vida de los indios, obreros y empleados públicos.

La política fiscal ortodoxa del FMI de Morales y García Linera y su manipulación de los símbolos indigenistas están aportando poco a los sectores crecientes de la clase obrera, a los mal pagados empleados públicos (maestros, trabajadores sanitarios), a los pequeños y medianos empresarios del transporte y la minería, estudiantes y profesores universitarios, gobiernos municipales y trabajadores públicos. Los paros laborales, las huelgas, barricadas y protestas cívicas se han multiplicado por el declive de los salarios reales entre los maestros de la escuela pública, el personal hospitalario, médicos, enfermeras, camioneros, cooperativas de mineros y otros. Morales respondió a las huelgas de los empleados públicos con reducciones en los sueldos, represión contra los mineros huelguistas de Oruro y con decretos ejecutivos. El doble discurso de Morales y García Linera ha conducido a agrias confrontaciones entre sus partidarios originarios. Por ejemplo, persiguiendo el voto de los pensionistas, Morales aumentó las pagas y rebajo la edad la edad de jubilación; una medida loable. Sin embargo, en lugar de utilizar el excedente de las reservas externas, Morales transfirió el 30% de los recursos destinados a los gobiernos municipales y estatales y a las universidades, con un impuesto de hidrocarburos para financiar los costos del aumento de pensiones, que provocó protestas cívicas masivas. Aún peor, el ministro de Minas de Morales, que captó el apoyo de las cooperativas de mineros (empresas pequeñas y medianas) decidió cooperativizar una gran mina sindical, en detrimento de la clase trabajadora minera. Tuvo lugar una confrontación armada y murieron más de dos docenas de personas. Como resultado, Morales nacionalizó las minas, pacificó a los mineros y expropió las cooperativas mineras. Morales ha adoptado la táctica de amenazar a los trabajadores públicos en huelga con represalias de sus leales indios campesinos que componen el sector más bajo de su máquina de patrocinio electoral. A pesar de su abrazo a las políticas fiscales del FMI, la expansión de la explotación privada extranjera de las materias primas de Bolivia y sus subsidios al agro-negocio, los precios al alza de las exportaciones agrarias, energéticas y de metales, han permitido al régimen mantener su máquina de patrocinio de masas y subvenciones a líderes indios «populares» y líderes sindicales. La acción de la clase independiente es esporádica; la derecha controla gran parte de la acción cívica y en la izquierda no hay ninguna alternativa política en el horizonte, sobre todo a medida que se profundiza la confrontación entre Morales y la oligarquía política de la derecha.

A pesar de las retóricas frases antiimperialistas «compañeros no jefes», Morales y García Linera han fortalecido y extendido la presencia de empresas multinacionales en todos los sectores de las materias primas estratégicas, han apoyado repetidamente un contingente militar boliviano que ocupa Haití al servicio de la Casa Blanca y han mantenido las bases militares estadounidenses y reforzado las operaciones antidroga de la DEA.

Ecuador

El espectacular levantamiento, que duró un decenio, y el abrupto declive del movimiento CONAIE, de base india, están íntimamente relacionados con sus tácticas políticas y estrategias. El periodo de ascensión entre 1990 y 2002, se caracterizó por la organización de redes que promovían en el movimiento independiente de acción directa, incluyendo barricadas, incautación de edificios gubernamentales, huelgas generales y breves sublevaciones exitosas que llevaron a la ocupación del palacio presidencial en el año 2000. El periodo de declive empezó con la formación de un partido electoral, Pachacuti, con las alianzas electorales con políticos oportunistas y la entrada en los ministerios de un régimen neoliberal (Lucio Gutiérrez 2003-2005) y su posterior descrédito. A finales de 2003, CONAIE, el principal movimiento indio de América Latina, cayó en el caos total, muchos de sus líderes estaban desacreditados o cooptados y muchas personas abandonaron sus filas. Pachacuti, el instrumento político de CONAIE, se alió con el presidente neoliberal Lucio Gutiérrez y detentó ministerios -Asuntos Extranjeros y Agricultura- hasta que fueron expulsados u obligados a dimitir. Los rudos y represivos decretos socioeconómicos y políticos del régimen de Gutiérrez y la presencia continuada de Pachacuti y CONAIE a través de ministros y funcionarios del gobierno, desilusionó a los partidarios indios de CONAIE. En la resistencia popular subsiguiente y el movimiento de masas que llevaron al derrocamiento de Gutiérrez en 2005, CONAIE jugó un papel marginal. Con la ascensión del presidente elegido, Rafael Correa, en los comicios de 2007 y la elección de una nueva Asamblea Constituyente, CONAIE desempeñó de nuevo un papel marginal, en el mejor de los casos, contrario a la candidatura de Correa. Éste ganó cómodamente la presidencia, con un 52% de los votos, y su referéndum para instaurar una Asamblea Constituyente, asegurándose un 72% del voto popular. CONAIE-Pachacuti cosechó menos del 5% de los votos a la Asamblea Constituyente, mientras que los candidatos de Correa se afianzaron con más del 70%. El candidato presidencial de CONAIE, el secretario general Luis Macas, consiguió el 2%.

Claramente, la defunción de CONAIE se relaciona directamente con la política oportunista de muchos de sus líderes. Algunos de sus miembros y dirigentes eran profesionales en ascenso de la clase media-baja o líderes de ONG financiadas por el Banco Mundial y otras agencias del imperio. El error de la mayoría de los analistas de CONAIE y de los movimientos sociales en general es su visión de los movimientos indios campesinos como organizaciones socialmente homogéneas en las que se entierran las evidentes diferencias de clase bajo una homogeneidad étnico-identitaria. Nuestras entrevistas y observaciones de campo en Ecuador en el periodo 2002-2007, revelaron agudas diferencias de clase, con consecuencias ideológicas y políticas estratégicas.

CONAIE, y todavía más Pachacuti, incluyeron a los propietarios del transporte, intermediarios comerciales, abogados, trabajadores sociales, operarios de ONG de financiación extranjera, consultores académicos, así como a campesinos y granjeros medianos que empleaban a campesinos pobres y a obreros rurales sin tierra como aparceros y trabajadores a sueldo. Estas diferencias de clase se reprodujeron en las cooperativas, las organizaciones comunitarias y en la dirección local y regional de CONAIE y Pachacuti. Las posiciones de clase divergentes y las relaciones de explotación en las comunidades indias llevaron a intereses de clase contrapuestos. Estos intereses de clase divergentes se disimularon con identidades culturales indias elaboradas por académicos «indigenistas» (centrados en la identidad) e ideólogos que se unieron a CONAIE y Pachacuti. En la práctica, estos líderes subordinaron el movimiento a su ascenso y a los lazos con la élite comercial. La élite «india» vio en el régimen de Gutiérrez una oportunidad de ganar influencia para su segmento de clase de la comunidad india con el acceso a los fondos públicos y a préstamos baratos, al crédito y al patrocinio político. Esto era evidente en los líderes de Pachacuti, que ostentaban cargos en el régimen de Gutiérrez incluso cuando sus bases eran reprimidas o se les negaba cualquier influencia o beneficio del régimen.

La extinción virtual de Pachacuti a lo largo de 2007, la recomposición lenta y dolorosa de CONAIE y su papel muy marginal en la nueva Asamblea Constituyente son irónicos, ya que una de sus demandas principales a lo largo de su ascenso al poder, en los noventa, era precisamente una nueva constitución con poderes plenarios.

El llamamiento del presidente Rafael Correa está ampliamente dirigido a la abolición de la élite sobornable que controla el Congreso, y su convocatoria de una nueva Asamblea Constituyente y sus medidas socioeconómicas populistas favorecen a diferentes sectores de pobres urbanos y rurales. Su revocación del contrato de explotación de crudo con Occidental Petroleum obtuvo el apoyo de los sectores nacionalistas, así como su creación de una comisión de interventores internos independientes para examinar la deuda externa y determinar si dicha deuda se había contraído legal o ilegalmente.

En términos de cambio estructural, Correa no tiene ningún plan para nacionalizar compañías de petróleo extranjeras, pero las ha abofeteado con un impuesto de exceso de beneficios del 99% que debe aportar cerca de 800 millones de dólares al tesoro gubernamental. Al tiempo que zarandea a Occidental Petroleum, Correa no ha aplicado las mismas normas contra el gigante de la energía multinacional brasileña, Petrobras, por los mismos agravios. El presidente Correa ha estructurado una masa de partidarios urbanos, sobre todo en Quito, tiene un fuerte apoyo en las regiones indias montañosas y una mayoría de dos tercios en la Asamblea Constituyente que está redactando una nueva constitución. Con los abundantes réditos de los altos precios del crudo y el 46,2% de propiedad estatal de la industria petrolera, Correa está en situación de mantener una posición relativamente independiente de Washington. No obstante sus políticas están siguiendo una actuación equilibrada entre la Casa Blanca y Caracas. Debe señalarse que 15 multinacionales extranjeras todavía explotan el 53,8% de su petróleo y han seguido extendiendo sus áreas de explotación.

El enfoque del presidente Correa para su programa de reforma social, la Asamblea Constituyente y la transformación constitucional, difiere enormemente de la desastrosa estrategia de Evo Morales en Bolivia. Correa ha utilizado certeramente los poderes presidenciales para aprobar o decretar cambios y reformas sociales populares promovidas antes del referéndum constitucional y de las elecciones, asegurándose así una gran mayoría. Posteriormente, Correa y la Asamblea Constituyente recientemente elegida asumieron los poderes legislativos, disolvieron el Congreso y movilizaron a sus partidarios, los recursos del estado y las medidas legales para minar y neutralizar los intentos regionalistas de la élite costera para paralizar o minar su presidencia y la Asamblea. Gracias a los 840 millones de dólares adicionales en impuestos por exceso de beneficios -muy superior a cualquier medida propuesta por Bolivia- Correa puede financiar su programa de reformas fragmentarias. Correa ha firmado una serie de importantes acuerdos de comercio e inversión con Argentina y un acuerdo conjunto a gran escala con la compañía petrolera estatal de Venezuela para construir una gran refinería. En contraste, el presidente Correa se ha negado a tomar partido en la disputa colombiano-venezolana, ha cooperado con EEUU en numerosos programas contra el narcotráfico y ha asumido una intensa presencia del ejército de EEUU y operaciones de la DEA. Mientras se incrementan los réditos petroleros, Correa no ha repudiado nada de la deuda externa ilegal, a pesar de haberlo prometido en la campaña electoral. Ha mantenido la «dolarización» de la economía y ha respaldado a las grandes compañías mineras que contaminan el medio ambiente contra las que protestan las comunidades indias locales. Su gabinete, especialmente sus ministerios de Economía, Finanzas y Energía son decididamente neoliberales moderados (Bustamante, Dávalos y Parejo) aunque el presidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta y el nuevo jefe de Petro-Ecuador, el almirante Homero Arellano, representan la tendencia nacionalista del gobierno. Las presiones de los intermediarios petroleros privados, contratistas e importadores de gas relacionados, sin embargo, todavía controlan 9,5 mil millones de dólares de los 13,5 mil millones dólares en réditos de petróleo.

Venezuela

La red más extensa e influyente de movimientos sociales radicales se encuentra en Venezuela. Varios millones de venezolanos son activistas en las organizaciones de la sociedad civil, promovidos y apoyados «desde arriba» por el presidente Chávez y «desde abajo» a través de activistas locales que presionan por una mayor influencia en el gasto social, en inversiones productivas y en la seguridad nacional e interior (contra la trama del golpe cívico-militar derechista). La dicotomía y distinción que hacen algunos ideólogos de centro-izquierda y académicos que se llaman a sí mismos marxistas, entre las organizaciones de masas «desde arriba» y «desde abajo», es simplista y no capta los procesos sociales dinámicos de crecimiento del movimiento social y de la transformación en Venezuela. Por ejemplo, la movilización social y el movimiento más importante fue la marcha de millones de personas que derrotó el golpe militar derechista del 11 de abril de 2002 y restauró al presidente Chávez en el poder en 48 horas. Con esta referencia, las movilizaciones espontáneas, localmente organizadas desde abajo llevaron a cabo la toma, por masas de trabajadores, de las empresas de energías estratégicas durante el cierre patronal del petróleo e industrias relacionadas entre diciembre de 2002 y febrero de 2003. Fuera de estos movimientos de masa «desde abajo», el gobierno, «desde arriba», financió y patrocinó los movimientos cooperativos y de producción a pequeña escala, las brigadas de alfabetización y salud, movimientos para las cocinas de comida para indigentes y la red de comités electorales para reelegir a Chávez y derrotar un referéndum promovido por la derecha. Algunos de los movimientos sociales de la red que han logrado sus metas inmediatas (restaurar al presidente Chávez en el cargo y la producción en la industria petrolera) se han amalgamado con otros movimientos sociales «desde abajo» -como la fundación de una nueva confederación sindical- y «desde arriba» en forma de cooperativas de producción.

Muchos movimientos sociales empezaron desde arriba, adquirieron vida propia, desarrollaron sus propias agendas sociales y, en algunos casos, entraron en conflicto con los chavistas y burócratas de la oposición, funcionarios federales y municipales y ministros del gobierno (de Agricultura y Trabajo, sobre todo).

Como respuesta a las políticas conservadoras de elegir o nombrar funcionarios chavistas y a las tácticas dilatorias del funcionariado de la oposición, empotradas en la administración pública, Chávez «desde arriba» animó y estimuló nuevas formas de gobierno local directo, así como la nueva red de iniciativas «desde abajo» para un mayor poder local.

Los activistas de los movimientos y los funcionarios progresistas han creado miles de comunidades locales (barrio), comunales (ciudad-extensa) y los consejos, con varios grados de autonomía social. Varias fábricas fueron expropiadas por el Estado, «desde arriba», otras fueron ocupados y, con el tiempo, tomadas por los obreros «desde abajo» y autogestionadas. La confederación del sindicato de clase independiente (UNT) se organizó contra los jefes moribundos del CTV respaldados por la CIA. Dentro del UNT, se desarrollaron dos tendencias: una tendencia que exigía autonomía absoluta del gobierno y que en realidad era hostil a las iniciativas del gobierno, y otra tendencia que parecía dirigirse hacia la colaboración con el gobierno. Ambas tendencias, en todo caso, no han organizado a la inmensa mayoría de obreros no sindicados y han hecho poco para cambiar la legislación laboral que derogue «el contrato» o empleo precario.

Autónomos, pero favorables a Chávez, los movimientos de masas de campesinos «desde abajo», liderados por el movimiento de Ezequiel Zamora, se han extendido rápidamente y han exigido una importante acción gubernamental acelerando la reforma agraria y la seguridad con respecto a los pistoleros de los propietarios. El gobierno legalizó la presencia de decenas de miles de obreros agrícolas colombianos «desde arriba», proporcionándoles la ciudadanía venezolana y protección bajo la legislación laboral venezolana. Muchos de éstos obreros agrícolas posteriormente se unieron a sindicatos autónomos campesinos que presionan por la reforma agraria «desde abajo».

El presidente Chávez llamó a la formación de un movimiento de milicias ciudadanas «desde arriba», para complementar las fuerzas armadas existentes como parte de una estrategia de seguridad nacional (guerra asimétrica) para oponerse a una posible invasión estadounidense o a un golpe de la derecha. Cuando los partidos políticos oligárquicos de la derecha, las federaciones patronales, los medios privados de comunicación de masas y algunos ex generales se confabularon para reemplazar al presidente Chávez y bloquear las enmiendas constitucionales progresistas, surgieron grupos de acción ciudadana «desde abajo» para alentar una mayor confianza en las milicias ciudadanas. Al faltar una dirección coherente, un marco y una educación política, el movimiento de la milicia opera de un modo superficial.

El gobierno de Chávez ha convocado a muchos millones de miembros para el nuevo partido-movimiento político «desde arriba» -el Partido Socialista Unificado de Venezuela- que ha llevado a un alistamiento popular a gran escala y a extensos debates y discusiones de un programa político «desde abajo». La gran mayoría de los 5 millones de miembros con carné del partido no es activa ni entendida sobre los problemas sociales; sólo son socialistas.

El proceso dialéctico de la formación del movimiento, la subida y la caída de organizaciones sociales espontáneas y promovidas por el Estado, los cambios en el tiempo desde movimientos promovidos por el estado central a movimientos sociales autónomos, imposibilitan la crítica simplista de «centro-izquierda» y de los ideólogos de extrema izquierda que niegan la legitimidad de los movimientos sociales favorables a Chávez.

Venezuela no sólo ha dado testimonio del crecimiento masivo de los movimientos sociales y de una de las sociedades civiles de izquierda más activas del mundo, sino también del crecimiento más grande de movimientos sociales de la derecha y la extrema derecha de América Latina. Como representantes de una minoría de la población formada, en su mayoría, por las clases privilegiadas, los movimientos sociales de derecha pueden ser divididos en constitucionales y autoritarios con tendencias vinculadas con el terror. Los primeros han participado en procesos electorales, sobre todo cuando fallaron los intentos extraparlamentarios más tempranos para derrocar al gobierno elegido. Los movimientos de extrema derecha que han dominado la política de oposición, prioritariamente hacia y durante el golpe y el cierre patronal y en el periodo anterior al referéndum del 2 de diciembre de 2007, cuentan con la financiación de Estados Unidos a través de la NED y ONG como «Súmate». Tiene conexiones con ex oficiales militares que están en contacto con algunos oficiales activos que pretenden derrocar al gobierno por la fuerza. Su lucha callejera violenta y su vandalismo están diseñados para desestabilizar la economía, asfixiar el transporte de mercancías esenciales y minar los servicios sociales.

El éxito histórico en cuanto al mantenimiento, influencia y avances de los movimientos sociales en Venezuela está vinculado a sus lazos políticos con el gobierno nacionalista y democrático del presidente Chávez, su autonomía relativa de acción y la radicalización del proceso político en Venezuela (entre 2006-2007).

El auge de los movimientos sociales venezolanos está basado en las exitosas alianzas políticas, los programas sociales avanzados y la dirección de Chávez. Esto se afirma en el agudo contraste con los regímenes neoliberales de Lula, Evo Morales, Lucio Gutiérrez y Kirchner, que abrazaron a las élites de la exportación agro-mineral, financieras e industriales y socavaron los movimientos sociales.

El problema teórico suscitado por las distintas actuaciones de los movimientos sociales, el éxito, el crecimiento, las derrotas y el rechazo en el decenio actual, se relaciona directamente con el problema de las alianzas políticas y sus consecuencias en términos de poder estatal. Los regímenes de centro-izquierda han desmovilizado y minado consistentemente los movimientos sociales y han desmoralizado a sus seguidores. Los líderes y cuadros dirigentes de los movimientos sociales que ligaron los movimientos a los regímenes de centro-izquierda han visto la decadencia de sus movimientos, la debilitación de su influencia y a sus aliados potenciales en otros movimientos lejanos.

Los movimientos sociales, como los que en Venezuela han estado directamente comprometidos en derrotar a la derecha y han conservado su autonomía, han sido útiles al presionar con éxito para conseguir programas sociales avanzados y más poder social, y han fortalecido los movimientos y ampliado el número de miembros.

El proceso político venezolano está conducido por dos sistemas de contradicciones. En el más obvio entran los propietarios de los de los medios privados de producción, distribución, comunicación y finanzas, respaldados por el estado imperialista estadounidense y el estado chavista, campesinos y movimientos sociales de vecinos, sindicatos, empresas públicas, cooperativas e importantes sectores productivos y comerciales de la altamente lucrativa industria del gas y del petróleo.

La segunda contradicción discurre profundamente dentro de la estructura p