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Bolivia
Rosa Rojas
A sólo tres semanas del referéndum que habrá de revocar
o ratificar al presidente Evo Morales, al vicepresidente
Álvaro García Linera y a 8 de los 9 prefectos de los
departamentos del país, la "revolución agraria"
del gobierno nacional está prácticamente paralizada en los
departamentos autonomistas del Oriente del país: Santa
Cruz, Tarija, Beni y Pando, la "Media Luna".
Esto, pese a que se "democratiza el acceso a la
tierra" y se "comienzan a corregir las
inequidades" en su tenencia, según datos del
viceministerio de Tierras.
El director de Tierras de esa dependencia, Cliver Rocha,
dijo que se ha regularizado la propiedad de unos 15 millones
de hectáreas, contra 11 millones "saneados"
entre 1996 y 2005, lo que permite disponer de 2 099 098
hectáreas de tierras fiscales para redistribuir entre
indígenas y campesinos.
Se distribuyó un millón de hectáreas, subrayó, frente a
36 815 hectáreas, en 1996-2005. En los dos primeros años
de gestión de Evo Morales se entregaron 697 882 hectáreas
en La Paz, Pando, Santa Cruz y Tarija, 350 mil hectáreas
por año.
Ahora, sin embargo, en las tierras orientales (las más
ricas), hacendados y ganaderos se resisten a acatar
cualquier disposición legal que afecte sus intereses.
Mientras, el gobierno nacional retrocede ante los embates de
los latifundistas y sus peones, reforzados desde Santa Cruz
por la Unión Juvenil Cruceñista (ujc), reconocido
"brazo armado" del Comité Cívico Cruceño, que
con armas de fuego y garrotes ha evitado la acción de la
reforma agraria.
El argumento oficial para el repliegue gubernamental es
"evitar enfrentamientos", dijo Carlos Eulogio
Cortés, ex dirigente del Movimiento Sin Tierra (MST) en
Santa Cruz. El método violento le resulta a los
latifundistas, que ya han impedido la entrega de 100 mil
hectáreas a 1 700 familias de la organización, en Ñuflo
de Chávez y Velasco, que aún no pueden tomar posesión.
"La reforma agraria avanza en el gabinete pero el
gobierno no nos acompaña en el campo", apuntó Cortés
y señaló que las familias más desesperadas "han ido
entrando de una en una a su tierra, cuando se esperaba que
los fueran a posesionar la policía y las fuerzas armadas,
como ocurrió el año pasado en Pueblos Unidos". Se
estima que hay unos 3 millones de campesinos e indígenas
sin tierra, 10 por ciento de ellos del MST.
También les resulta a los hacendados enfrentar con
violencia a las brigadas del Instituto Nacional de Reforma
Agraria (INRA) en Cordillera. Desde febrero pasado han
logrado impedir los trabajos de regularización en el Alto
Parapetí, que se harían en beneficio de las familias
guaraníes sometidas a servidumbre o
"esclavizadas". La insurrección avanza de la mano
de la "Media Luna", proyecto autonómico ampliado
por el prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa y el
triunfo de Savina Cuéllar, la opositora prefecta del
departamento de Chuquisaca.
Se trata de una insurrección que esta vez no es una
popular pues la abanderan los grupos de poder económicos,
que controlan lo mismo los gobiernos prefecturales que
extensos latifundios, el complejo soyero-aceitero exportador
y la gran ganadería bovina, medios de comunicación, bancos
y muchos procesos más.
Su proyecto autonómico cae claramente en sedición:
desacata por sistema disposiciones constitucionales y leyes
al amparo del "mandato popular" que presuntamente
les fue dado cuando se votó por la autonomía en 2006. Este
desacato ocurre también, al decir de Pedro Portugal,
intelectual aymara, director del mensuario indianista
Pukara, por la actitud del gobierno de Morales que, frente
al desafío de los grandes propietarios "no ha hecho
absolutamente nada, simplemente retrocede, está en la
espera permanente".
Esto hace que "se estén larvando situaciones en
Bolivia que en el mediano o largo plazo, ojalá no sea a
corto, pueden desembocar en situaciones muy conflictivas si
no se les pone solución, y uno de los sectores donde puede
manifestarse esta conmoción terrible sería en el sector
agrario", advirtió Portugal.
La filosofía terrateniente es clara: "las leyes se
cumplen hasta donde los hombres lo permiten" dijo el
presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz
(Fegasacruz), Guido Nayar, al tomar posesión como
presidente de la organización en agosto de 2007. Y en tan
magna ocasión, llamó a sus colegas a "resistir los
embates del gobierno" para aplicar la Ley de
Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria.
Aquel día, la XXIII asamblea ordinaria de Fegasacruz
acordó que cada ganadero aportaría
"voluntariamente" 50 centavos de dólar por bovino
que poseyera "para la defensa del sector pecuario y el
desarrollo de una estrategia especial contra el nuevo
reglamento de Tierras" porque, dijo Nayar, dicha ley de
Reforma Agraria y su reglamento "no van a cambiar
porque lo pidamos, se debe usar otras estrategias de
lucha", según reportó El Deber.
Esa posición se reforzó luego del triunfo del
"SI" en el referéndum sobre el Estatuto
Autonómico cruceño el pasado 4 de mayo, que según el
gobierno de Morales es "ilegal y
anticonstitucional" pero que para la prefectura, ahora
declarada gobierno, es "su Constitución", una que
le otorga competencia al "gobernador" sobre la
tenencia de la tierra, que según la Constitución boliviana
vigente (sistemáticamente violada) es facultad del gobierno
central.
El 14 de julio, el mismo rotativo consignó que los
productores agropecuarios de las cruceñas provincias
Caballero, Florida y Vallegrande acordaron rechazar el
proceso de saneamiento que realizará el INRA, conminaron a
las autoridades municipales de los valles cruceños
"para que no permitan el ingreso de los personeros del
inra" pues "los productores agrícolas y ganaderos
de los valles sanearemos nuestras propiedades con el
Instituto Departamental de Tierras que creará el gobierno
departamental autónomo de Santa Cruz".
Todo esto pese a que no son pocas las organizaciones que
consideran que la reforma agraria de Evo Morales "no ha
tocado los intereses de los grandes latifundistas, sino
sólo ha distribuido tierras fiscales", señaló el
asesor de la nación quechua Qhara Qhara, Epifanio Pacheco.
Para él, esta reforma "consolida la gran propiedad
agropecuaria" protegiendo el "latifundio
productivo" porque les reconoce "tierras de
descanso" y áreas de crecimiento hasta de 30 y 50 por
ciento de la extensión total de la hacienda, y
"espacios de diversidad" que deben ser protegidos.
En cambio, apuntó, los pueblos indígenas han recibido,
algunos, sólo un 20 o 30 por ciento de sus primordiales
demandas de Tierras Comunitarias de Origen.
El director del Centro de Estudios Jurídicos e
Investigación Social (CEJIS), Leonardo Tamburini, comentó
que "haber entregado unos 20 millones de hectáreas a
indígenas y campesinos es algo que no se puede
desconocer" del gobierno de Morales.
"Ponerle límites al latifundio productivo es algo que
no se va a poder hacer en el corto plazo, es una acción que
requerirá del largo plazo y de una correlación de fuerzas
que deberá construirse.
"En esto juegan un papel fundamental las
organizaciones sociales indígenas y campesinas que con sus
movilizaciones han logrado empujar a que los gobiernos les
tengan que regularizar la tierra que ya está en su
poder", afirmó.
Publicado en La Jornada y Rebelión