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“¿Por qué mataron a nuestros hijos?”
Revista SEMANA


FALSOS POSITIVOS
Familiares de doscientas víctimas de “falsos positivos” de todo el país se reunirán en Bogotá para censurar las ejecuciones extrajudiciales de las que fueron víctimas sus hijos y pedir al Estado justicia.
Jueves 5 Marzo 2009


A sus hijos y esposos los embaucaron ofreciéndoles trabajo como recolectores de algodón o recogedores de yuca y terminaron convertidos en carne de cañón. Unos fueron reclutados individualmente, a otros se los llevaron en grupos de dos y de tres. A otros, sabiendo que habían prestado el servicio militar, les ofrecieron trabajo para escoltar un ganadero en Córdoba. Pero sus padres y esposas sólo volvieron a saber de sus familiares desaparecidos cuando ya estaban muertos y después de meses y años de búsqueda no han logrado hacer el duelo y darles sepultura.

Por eso entre el jueves y viernes de esta semana familiares de aproximadamente doscientas víctimas de los llamados falsos positivos, “unidos por un mismo dolor”, se reunirán en Bogotá para condenar las ejecuciones extrajudiciales de que fueron víctimas sus hijos y esposos. Tienen previsto acudir a la Fiscalía General de la Nación para pedirle al fiscal Mario Iguarán la unificación de todos los casos bajo una misma unidad investigativa de fiscales.

Iván Cepeda, vocero del movimiento no gubernamental Víctimas de Crímenes de Estado, dijo, en un conferencia de prensa que es necesario movilizarse porque "la gran mayoría de los casos (de ejecuciones extrajudiciales) siguen en la impunidad. No hay avances; los procesos siguen congelados".

Cepeda destacó que es necesario que el gobierno del presidente Alvaro Uribe rectifique los hechos de aquellos casos donde civiles fueron asesinados y posteriormente presentados como supuestos miembros de organizaciones rebeldes.

"Los familiares no han visto, ni siquiera, que el nombre de los muchachos que han sido desaparecidos y luego ejecutados hayan sido resarcidos públicamente. Se debe resarcir su derecho a la honra y el buen nombre", aseguró el activista.

El caso más antiguo es de 2005 y el más reciente de 2008. Los familiares han podido establecer, de acuerdo con las actas de necropsia, que murieron con tiro de gracia, les dispararon a pocos metros.

A la mayoría les dispararon con balas que tenían explosivos y de esa manera les desfiguraron sus rostros para dificultar su identificación. Los informes del ejército dicen que murieron en enfrentamientos con el ejército o porque estaban extorsionando ganaderos. A unos alcanzaron a cambiarle sus ropas y ponerles uniformes de uso privativo, a otros sólo les cambiaban la camisa y les ponían botas pantaneras, pero les dejaban los interiores y desaparecían sus documentos y prendas de valor.

En algunos casos fueron presentados con ocasión de una visita presidencial a Valledupar, a otros, la mayoría, desaparecieron silenciosamente y fueron sepultados como no identificados. Algunos murieron el mismo día que desaparecieron, otros al día siguiente. Pero sus familiares no han descansado y de pueblo en pueblo, en las sedes seccionales de la fiscalía, ante las Unidades de Reacción Inmediata, en Medicina Legal, en cementerios, ante los batallones y brigadas, ante la policía y ante la defensoría del pueblo, han buscado y denunciado las desapariciones incansablemente y las respuestas han sido lentas y en algunos casos infructuosas.

Incluso, una madre en su incansable búsqueda, fue a la cárcel Modelo de Barranquilla a hablar con guerrilleros y desmovilizados para que la pusieran en contacto con los campamentos de la guerrilla, de las águilas negras y de los paramilitares, pero la búsqueda no tuvo éxito, y sin embargo, por cada contacto tuvo que pagar.

Durante los dos días que estarán reunidos los familaires de las vícitmas, se organizarán por regiones bajo la coordinación y guía de las organizaciones de Derechos Humanos Comité Europa –Estados Unidos y los relatores del Proyecto “Nunca Más”. Los familiares, provenientes de 19 departamentos, expondrán públicamente sus casos y testimonios.

Expondrán públicamente sus casos, una madre de Barranquilla y familiares venidos de Aguachica (Cesar), Soacha (Cundianamarca), Bajo Ariari (Meta), Inza (Cauca) y Tolu Viejo (Sucre), entre otros.

La Fiscalía adelanta actualmente 904 investigaciones contra miembros de la fuerza pública involucrados en el presunto homicidio de 1.454 civiles, de los cuales 51 tienen una edad inferior a los 18 años.

Según la Fiscalía, el Ejército Nacional es el ente estatal a quien se le atribuye el 72% de los casos. Hasta el momento hay 547 detenidos por hechos de ejecuciones extrajudiciales, y han recibido condenas 54 miembros del ejército y 5 del DAS.