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Maristella Svampa

En La Paz, a mediados de noviembre de 2007, compartí una mesa redonda con el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera. Hacía un tiempo ya que la Asamblea Constituyente que sesionaba en Sucre se había trabado, y envuelto en un turbulento proceso de desgaste. Pese a la fuerte expectativa que había suscitado la Asamblea como “lugar de escenificación del nuevo pacto social” –así la definió el propio García Linera-, parecía confirmar un interminable regreso a la situación de “empate catastrófico”, caracterización de origen gramsciano, muy presente en el lenguaje político boliviano, que designa la incapacidad para definir un cambio decisivo en la correlación de las fuerzas en pugna. Ante la sorpresa de muchos, en aquella charla el vicepresidente anunció la llegada al “punto de bifurcación”. Esto demostró no ser una mera expresión de deseo, ya que días después, en un clima cargado de confrontaciones raciales, la Nueva Constitución Política fue aprobada en Oruro, a puertas cerradas y sin presencia de la oposición, desde el comienzo decidida a bloquear la Asamblea de manera sistemática.
La respuesta del bloque desplazado fue la convocatoria al referéndum, lo que refleja en las élites cruceñas la falta de un proyecto unitario de país, así como demuestra una vocación por imponer, en nombre de demandas autonómicas, la supremacía de una parte sobre el todo. Esa parte, como lo menciona el estatuto autonómico de Santa Cruz de la Sierra, se autodefine desde el “orgullo” de ser mestizos-criollos y denuncia la maniobra del gobierno por imponer una Constitución “indígena”.
En Bolivia, la categoría de mestizo está lejos de ser integradora. Fue utilizada para descalificar y marginar a los indígenas (que por eso buscaron definirse “positivamente” como mestizos). En la década de 1950, bajo el gobierno del Movimiento Nacional Revolucionario, no tuvo un carácter excluyente, aunque la Bolivia minera, representada por la Central Obrera Boliviana, subsumía al indígena en la clase, no reconociéndolo como tal. En términos políticos, esta experiencia de integración finalizó en un fracaso rotundo y dio paso, en 1985, al primer gobierno neoliberal en América Latina bajo régimen democrático. Fue a partir de 1980 que comenzó a elaborarse un discurso político-cultural de revaloración del indio, más allá del proyecto elitista y del modelo nacional-popular. Este proceso de reinvención de la indianidad tuvo su encarnación en Felipe Quispe, líder de los comuneros aymaras, quien desde una visión muy altiplánica soñaba con convertirse en el primer presidente indio de Bolivia. Pero no fue él, sino un indígena mestizado, Evo Morales, que proviene de las luchas sindicales, quien finalmente realizó la aspiración de tantos bolivianos postergados. Y esto trajo consigo una articulación entre varias tradiciones, no solamente la indianista.
El discurso de Evo se fue “etnificando”, pero su gobierno está lejos de representar un modelo de “indianismo” o de imposición de una suerte de supremacía racial indígena sobre una población mestizada. Tanto es así, que desde las vertientes radicales del indianismo ha sido fuertemente criticado y se habla de un “entorno blancoide”. Al propio Morales no le tiembla el pulso a la hora de cambiar ministros de origen indígena y reemplazarlos por mestizos-criollos, cuando los resultados políticos no lo satisfacen… Lo suyo, en realidad, se inserta en una perspectiva política pragmática, pero integradora y multidimensional, donde conviven una lógica antiimperialista, un llamado nacional-popular -el pueblo contra las oligarquías- y una afirmación de las naciones indígenas, en tanto pueblos que deben ser reconocidos en su dignidad y con derechos plenos.
Por eso, la denuncia del carácter racista del gobierno de Evo Morales por parte de la élite cruceña, y su reivindicación del “mestizo-criollo” escamotea el verdadero conflicto. El que divide a los bolivianos entre un gobierno de carácter nacional-popular, con tintes indigenistas y con verdadera hipótesis de cambio social, y una derecha oligárquica, racista y desplazada, que no posee un proyecto general de país, y alienta por ello la secesión escalonada.
No hay que olvidar que la situación de Bolivia en el contexto latinoamericano es excepcional, pues son pocos los países que se atreven a plantear el desafío de la democratización por la vía de la redistribución del poder social. En su mayoría, se hallan inmersos en un campo de los dobles discursos y en la readaptación a las lógicas de gobernabilidad neoliberal. De allí, las ineludibles expectativas políticas que este país suscita, pero también los peligros y acechanzas que lo recorren, en un contexto cada vez más polarizado. Así, frente al punto de bifurcación y pese al carácter integrador del proyecto político que lidera Evo Morales, el posible éxito de los referendum autonómicos apunta al desgaste del gobierno y busca abrir la puerta al peor de los escenarios: una salida escalonada y por derecha para el empate hegemónico.