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Maristella Svampa

En su libro La condición poscolonial, publicado este año, el italiano Sandro Mezzadra recuerda que el racismo siempre tuvo ductilidad para adaptarse a las coyunturas históricas, donde la relación entre Estado, soberanía y ciudadanía juega un rol principal. Pero siempre existen continuidades… En Italia, las grandes transformaciones de los años ´60 actualizaron el racismo, bajo la idea de que existían dos países: el norte rico y económicamente portentoso y el sur pobre, atrasado, atado a sus costumbres violentas. Desde la visión orgullosa del Norte, África comenzaba debajo de Roma…
     Pero ese mismo Norte italiano desarrollaba una política doble. Necesitaba la mano de obra barata venida desde el sur para la proyección de sus industrias locales. Pero también establecía el lugar de subordinación social que debían mantener los meridionales, lo que en términos políticos significaba el reconocimiento de diferentes categorías de ciudadanía.
     Cuarenta años después, el escenario cambió ostensiblemente. El Sur sigue siendo considerado como el origen de males irreductibles (la camorra globalizada, hoy en día), pero al fin y al cabo, luchas obreras y reformas políticas mediante, los inmigrantes del sur obtuvieron su “carta plena” de ciudadanía. Como decía un slogan de la derecha para las elecciones de 2006, “Éramos pocos en llamar patria a Italia. Ahora somos una mayoría”…
    
 Fronteras móviles
     Los cambios introducidos por la globalización, con sus fronteras móviles y el ensanchamiento de las brechas socio-económicas entre los países ricos y pobres, trajeron nuevas turbulencias. Italia comenzó a formar parte del clan de los países ricos; hacía tiempo ya que no exportaba más mano de obra barata. Como otras naciones europeas, fue un foco de atracción para centenares de miles de inmigrantes. Primero venían solo del Norte de Africa, por lo cual el color de piel ya era un símbolo de inferioridad; luego de la Europa pobre, pueblos nómades, como los gitanos, barcos llenos de albaneses, campesinos rumanos, a quienes comenzó a asociarse no tanto con la alteridad racial, sino con el estereotipo del delincuente; por último, se sumó la ola del extremo Este europeo, que huye del hambre provocado por el capitalismo salvaje. Pese a su “utilidad”, el inmigrante comenzó a ser visto como una amenaza, algo que reflejan las políticas migratorias nacionales, desde los gobiernos derechistas de Sarkozy en Francia, Berlusconi acá en Italia, hasta el centro-izquierdista de Rodríguez Zapatero en España. Para todos los gobiernos, más allá de los signos ideológicos, racismo y políticas migratorias presentan fronteras muy porosas, cuando no estrechos vasos comunicantes. Estos vasos comunicantes abren la puerta a gravísimos actos de violencia y xenofobia, llevados a cabo por grupos neo-nazis (como en Alemania y Bélgica), actos de agresión individuales (como las sufridas por ecuatorianos en España), o ataques a una población determinada, como en Nápoles contra dos campamentos de gitanos.
     En este contexto hay que interpretar la polémica entre el gobierno español y el italiano, suscitada cuando la propia vicepresidenta española acusó de xenófoba y racista la Italia de Berlusconi. Rápidamente el ministro del interior Maroni replicó al gobierno de Zapatero que “fueron ellos los que dispararon primero”, evocando el episodio de Melilla, uno de los enclaves españoles en la costa marroquí, donde en 2005 murieron varios inmigrantes subsaharianos que buscaban saltar la cerca. Más allá de la mala fe del gobierno español (que, no hay que olvidarlos, constituye la otra puerta de Europa para los inmigrantes), tal vez lo que más haya irritado de la Italia de Berlusconi, no es tanto el paquete anti-inmigrante del cual se habla ahora (el “paquete de seguridad”), sino sobre todo la exposición abierta y desvergonzada que Italia hizo en estos días de los vasos comunicantes entre gobierno y sociedad, en lo que se refiere a la cuestión migratoria.
     La brutalidad lineal con la cual la derecha italiana acopla racismo, política migratoria e inseguridad parece no admitir matiz discursivo. Esto favorece las conductas racistas y convierte a ciertas categorías de inmigrantes en chivos expiatorios. Pero estas líneas de continuidad entre la propuesta del gobierno y la disposición de una buena parte de la sociedad en contra de los inmigrantes, es un territorio oscilante. El gobierno declaró a tambor batiente, luego dudó, y finalmente incluyó en el paquete de seguridad el “delito de inmigración clandestina”. Afirma que no realizará expulsiones masivas (aunque hace dos semanas expulsó a más de 200 inmigrantes irregulares en una sola noche); retrocedió con la idea de mandar al ejército a patrullar las zonas “peligrosas”, aunque no lo descarta; va y viene con la posibilidad de una amnistía que abra la puerta a la regularización de aquellos inmigrantes que tienen los papeles en regla.
    En suma, la reciente victoria de la derecha debe mucho a esta asociación entre inmigración, delincuencia e inseguridad. Así como al vacío propositivo –y hasta a la complicidad a veces activa- de la centro-izquierda, en una delicada cuestión que hoy está en el centro de la agenda política europea.
Las dos caras de la inmigración
El endurecimiento de la política migratoria en Italia, no puede hacernos olvidar que si bien todos los inmigrantes extra-comunitarios son iguales, algunos son más iguales que otros… Así, vista más de cerca, la incontinencia verbal de la derecha alterna, como en tantos otros países, con posiciones más pragmáticas que abren la puerta a la institucionalización de diferentes categorías de inmigrantes. La ministra de la “igualdad de oportunidades”, Mara Carfagna lo dijo con crudeza cuando distinguió entre “el inmigrante-recurso” y el “inmigrante-problema”…
Esta distinción tiene su historia, y resulta muy clara para los italianos. En la primera categoría entran las “badantes” (las encargadas de cuidar a los ancianos y discapacitados), sin las cuales, como expresó el ministro del interior, “Italia viviría un drama socio-existencial que involucraría a las familias con menores, ancianos y discapacitados”. Esta especificidad italiana está relacionada con datos duros: es el país que cuenta con la tasa de natalidad más baja de Europa, y en contrapartida, tiene un alto porcentaje de población anciana. El envejecimiento de la población, sumado al carácter regresivo de prestaciones estatales en cuanto a asistencia social, explican el aumento vertiginoso de la demanda de “badantes”, que junto con los Colf (expresión eufemística que designa a las “colaboradoras domésticas”, desde cocineras a servicio de limpieza), forman un ejército auxiliar femenino, provenientes de países extra-comunitarios. Son mujeres de mediana edad, que pagan un alto costo de “integración” al Primer Mundo: el abandono de sus propias familias en sus países de origen, a las cuales mantienen con el dinero que envían, para dedicarse al cuidado de otros...
En 2007, el 60% de las demandas de regularización presentadas (más de 400 mil, entre 724 mil demandas), provenían de “badantes” y Colf, fenómeno que ilustra la feminización de la immigración. En ese año, solo 170 mil demandas fueron aceptadas, lo cual dejó en un estado de vulnerabilidad a muchas “badantes” no regularizadas,  que podrían ser expulsadas, luego de la aprobación del nuevo paquete de seguridad.
En el otro extremo se instala el “inmigrante-problema”, encarnado por los “rom”, los pueblos gitanos, cuya diferencia cultural nunca ha sido muy tolerada. Como dice el título de un informe de CIPSI, una red de ONGs, “la historia nunca fue generosa con los pueblos gitanos”. Basta recordar que, según el Museo de la Memoria del Holocausto de Nueva York, el número de gitanos muertos durante la segunda guerra mundial, llegaría a un millón, sobre todo en los campos de exterminio nazi. Hoy en Europa hay unos 10 millones, de los cuales sólo 170 mil en Italia. Son efectivamente una minoría, que vienen tanto de Rumania como de los países que componían la ex Yugoslavia, sin contar que 70 mil de ellos nacieron en suelo italiano, aunque no sean reconocidos como tales. La mayoría son indocumentados y viven en campos sedentarios, con escasos o nulos servicios, en verdadero estado de exclusión social. Hace unos días, luego de una visita a Roma y Nápoles, la eurodiputada de origen húngaro, Victoria Mohacsi, denunció a los campos “rom” de Italia como “entre los peores en Europa”.
Para la opinión pública, los campos “rom” aparecen como el caldo de cultivo de toda suerte de delito. No es que no haya elementos de marginalidad dentro del mundo gitano, pero esta constatación no basta para condenar a un pueblo entero a la ilegalidad, como parece ser el caso en Italia, donde la “natural” asociación entre inseguridad, delito y pueblos gitanos pasó a ser cuestión de Estado. El nuevo prefecto de Milán –donde viven 5.000 gitanos- ya tiene plenos poderes para actuar en lo que llaman la "emergencia nómade”, una decisión posterior al ataque de la población contra dos campamentos gitanos en Nápoles, ratificada por el “paquete de seguridad” que amplia el poder de los municipios en esta materia.
La inmigración tiene entonces varios rostros. En 2002, cuando también gobernaba la derecha, la ley Bossi-Fini otorgó a las “badantes” un status especial, aunque esa vez fracasó en el intento de introducir la figura del delito, para tratar la inmigración clandestina. Ahora, con sus idas y vueltas, el gobierno anunció nuevamente un trato especial para las “badantes”. La ministra Carfagna, como tantos otros altos funcionarios, fue insistente en este punto, preocupada por la estabilidad de la “badante” que se ocupa de su madre… Mientras tanto, más que nunca, convertidos en chivos expiatorios, los pueblos gitanos seguirán pagando caro sus pecados, algo vinculado a la diferencia cultural, y al hecho de ser improductivos o inasimilables desde el punto de vista capitalista.

Los campos de internamiento

Enrica Rigo, autora del libro “La Europa de los confines”, publicado en 2006, afirma que existen dos Europas: una, que apunta a la construcción de una ciudadanía europea, que en sus dispositivos jurídicos abarca y respeta a los Estados-naciones miembros, pero también propone como horizonte la creación de una identidad posnacional. La segunda Europa, más material, “estructuralmente abierta”, en palabras de Mezzadra, extiende sus fronteras hacia el Sur y el Este, sacudidas por fuertes movimientos migratorios. Sobre estas fronteras móviles hoy se implementan variados dispositivos de exclusión e inclusión: un status diferenciado para los inmigrantes de países recientemente integrados a la Unión Europea (Rumania, Bulgaria), que deben demostrar un ingreso lícito y suficiente; y otro para los inmigrantes extra-comunitarios, a quienes se aplican nuevas técnicas disciplinarias y punitivas, por ejemplo, los campos de internamiento.
En 2007, según datos de la red Migreeurop, existían 174 centros de internamiento de inmigrantes, diseminados en veinticinco estados europeos, aunque también hay otros más allá de sus fronteras. Algunos son campos abiertos (como en Alemania y Bélgica), pero la mayor parte son cerrados, e impiden la libre circulación. Algunos son centros “de espera” (las temidas zonas de “espera” y los hoteles cerrados en los aeropuertos franceses) donde se examina la demanda de admisión; otros son centros de detención, instancia previa a la expulsión, y una gran mayoría (como en Italia), combina ambas funciones: son frontera de entrada y al mismo tiempo, centros de expulsión. Al mismo tiempo, la Unión Europea ha venido favoreciendo la externalización  de los mismos, mediante la creación de centros de internamiento en países fronterizos, con el fin de controlar el creciente flujo migratorio.
Para el año 2007, había en Italia 17 campos de internamiento, los cuales, no hay que olvidarlo, fueron creados hace diez años por el gobierno de centro-izquierda. El nuevo paquete de seguridad, lanzado por Berlusconi no solo convierte en “delito” a la inmigración clandestina, sino que extiende de 60 días a 18 meses, la estadía de inmigrantes irregulares en los CpT, lo cual significa que dejarían de ser transitorios para convertirse en lo que en muchos casos ya son: campos de detención. Asimismo, lejos de todo eufemismo, el gobierno italiano acaba de rebautizarlos: ahora se llamarán Centros de Identificación y Expulsión (CEI). Sin embargo, este endurecimiento no es patrimonio exclusivo del gobierno italiano: en Bélgica, los centros de internamiento no escatiman a los menores y recientemente han incluido el encierro de inmigrantes en regla, que han cometido delitos. Por otro lado, todo indica que, en Bruselas, en el próximo mes de julio, se aprobarán nuevas medidas respecto de la política migratoria europea, concerniente a la repatriación de inmigrantes, que plantea la extensión del período de detención en los campos a 12 o 18 meses, aduciendo el peligro de fuga o hasta problemas de seguridad pública.
Según diferentes informes internacionales (ONGS, organizaciones europeas y grupos alternativos), muchos de estos centros no sólo atentan contra la libre circulación de personas, sino que, segregados de la sociedad, ofrecen condiciones de vida degradantes y devienen verdaderas cárceles inhumanas. Combatidos por los centros sociales y organizaciones humanitarias, los centros de internamiento tienden a convertirse rápidamente en zonas despojadas de todo derecho, donde la falta de asistencia legal va acompañada de la ausencia de asistencia médica y sanitaria. En los mismos, ya se han registrado varios suicidios y muertes dudosas. El ejemplo más reciente es la muerte de un inmigrante de origen tunecino, por falta de atención médica, en un CpT de Turín que acababa de ser inaugurado, lo cual generó una huelga de hambre por parte de los imigrantes detenidos. Sin embargo, en medio de un clima sumamente enrarecido, en donde se mezclan el racismo más desembozado con el arresto de inmigrantes en situación de irregularidad en lugares públicos (como sucede actualmente en Milán), el hecho tuvo escaso eco en la sociedad. Como declaró Pietro Massarotto, el abogado de la asociación Naga, “una respuesta inmediata en el territorio es muy difícil y arriesga un flop, pues el problema son los italianos que en gran parte comparten esta política represiva” (Il Manifesto, 31/05/2008).
Para una Europa bajo las turbulencias de los dobles discursos, esta recreación  perturbadora de la figura del “campo” al interior de sus sociedades y allende a sus fronteras, constituye un problema ético y humanitario, y al mismo tiempo una solución “práctica”, para el tratamiento siempre cambiante y diferenciado de la inmigración, lejos de cualquier mirada pública fiscalizadora y en medio de la indiferencia de los ciudadanos europeos. Sin embargo, ninguna de estas medidas abiertamente represivas parece desalentar el flujo constante de la inmigración proveniente del Sur y del Este, que van configurando una nueva sociedad europea, culturalmente mestiza, aunque profundamente desigual en sus categorías ciudadanas.
Finalmente, no es casual que hoy Italia se redescubra siendo una “sola patria” en el marco de una Europa extensa y con fronteras convulsionadas. Así,  tanto por sus imágenes simplificadas y peligrosamente racistas, como por sus posiciones más pragmáticas, atentas a los cambios en el mercado de trabajo y protectora de la calidad de vida de “sus” ciudadanos, Italia resulta un observatorio privilegiado desde el cual podemos obtener una visión de lo que sucede hoy con la cuestión inmigratoria en Europa.