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Renán Vega Cantor

En estos días ha circulado la noticia relacionada con la crisis de las finanzas del Estado colombiano, que ha llevado al gobierno ilegítimo a anunciar una reducción de todos los gastos, pero especialmente del destinado a educación y actividades semejantes. Esta situación era de esperarse, porque una política demencial de gasto para la guerra, como la de la inseguridad antidemocrática, es insostenible a mediano y largo plazo, máxime para un país pobre y dependiente como Colombia. Simplemente se ha hecho público algo que se preveía, al mirar las frías cifras estadísticas sobre los recursos destinados a la guerra y los dedicados a la educación universitaria, como se propone en este artículo.

1. Astronómico gasto militar
En los últimos años se nota una preocupante transformación de la estructura de los gastos del estado colombiano, siendo su principal característica el crecimiento desmesurado del gasto militar, en desmedro de los gastos sociales. Algunos datos proporcionados por estudios recientes, indican lo siguiente: entre el 2000 y 2005 el gasto militar aumentó 78,4%; en el 2008 los gastos en defensa y seguridad experimentaron un crecimiento del 20%, absorbiendo en total el 21.2% de los recursos presupuestales, lo que iguala a los gastos de salud, educación y saneamiento básico, (esto hace que Colombia se ubique entre los tres primeros países del mundo en gasto militar relativo, solamente superado por Israel y Burundi); el gasto militar con relación al PIB ascenderá en el 2008 (incluyendo gastos de Defensoría y el Plan Colombia) al 6.3 del PIB, algo absolutamente inusual para un país pobre; esta cifra del PIB adquiere relieve, si recordamos que el promedio latinoamericano es del 1.6% del PIB y el de Estados Unidos es del 4%; el 81,2 del total de empleos públicos generados por el gobierno nacional corresponde a defensa, seguridad y policía y el 58,4 de los salarios del presupuesto central al Ministerio de Defensa; esto quiere decir, concretamente que 8 de cada 10 funcionarios del gobierno nacional están adscritos al Ministerio de Defensa, como personal activo de las Fuerzas Armadas y la Policía, o como personal civil de soporte; la desmovilización o la muerte en combate de uno solo de los miembros de los grupos insurgentes le cuesta al Estado colombiano la alucinante cifra de $5662 millones de pesos (cuántas escuelas podrían construirse con este dinero, cuantos profesores se podían contratar y cuantos niños podrían estudiar); del total de $ 4,5 billones de aumento del gasto en inversión del gobierno nacional para el 2008, $ 3,5 billones se destinan a defensa y seguridad con un incremento de 66% respecto al 2007; hay dos factores que gravitaran negativamente en los años por venir en los gastos generales del Estado colombiano: el pasivo pensional de las fuerzas armadas, al que debe dedicarse un 47% extra de recursos, y las sentencias judiciales por los crímenes de las fuerzas militares, ya que actualmente cursan demandas en contra del Estado por $15 billones.
Globalmente hablando, los gastos militares junto con el servicio de la deuda absorbieron el 49.1 del presupuesto nacional en el 2007, cifra que será todavía mayor en el 2008. Al respecto Diego Otero señala: “En estos dos rubros está el problema fiscal, no en los gastos de personal diferentes al militar como viene argumentándose desde hace varios años. La solución no está en despedir más funcionarios públicos. El nudo gordiano no está ahí sino en el excesivo gasto militar y altísimo servicio de la deuda externa e interna. En las soluciones a los problemas de la deuda y del conflicto interno se encuentran las respuestas a los problemas de las finanzas públicas y del insuficiente crecimiento económico más que en acabar entidades, privatizar empresas, expulsar funcionarios y hacer ineficiente el aparato estatal”.

2. Estancamiento del gasto educativo
En contraposición con el gasto militar se ha presentado una disminución o en el mejor de los casos un estancamiento del gasto social, en el cual se incluye el gasto educativo en general, y en particular el gasto universitario. Es apenas obvio que si el objetivo del Estado colombiano ha sido el de incrementar los gastos de defensa, al mismo tiempo se observe la reducción proporcional de los gastos en educación, salud y saneamiento ambiental. Algunas cifras nos sirven de ilustración al respecto: El gasto público social en educación como porcentaje del PIB en Colombia, según la CEPAL, ha tenido este comportamiento: 2,6 en 1990, 4,8 en 1996, 4,1 en 2001, 4, 8 en 2003 y 3,7 en 2005. Este dato adquiere relevancia si lo comparamos con el gasto militar ya señalado de 6%, pero vale la pena compararlo con el PIB educativo de otros países: Argentina, 4,5; Cuba, 12,4; Bolivia, 7,3; Honduras, 7,7; Nicaragua, 4,7; Venezuela, 5,0. En este ámbito, entre 21 países de América Latina y el Caribe, Colombia se encuentra en el puesto No. 14, superando a Chile, Ecuador, Salvador, Guatemala, Perú, República Dominicana y Uruguay.
Otro dato interesante es el gasto público social per cápita en educación, que en Colombia, (expresado en dólares del 2000), era de 49 dólares en 1990, 101 en 1996, 82 en el 2001 y de 82 en el 2005. Para tener una base comparativa, es bueno decir que en este último año (2005) ese mismo gasto per cápita en educación era de 350 dólares en Argentina, 375 en Cuba, 229 en México, 165 en Panamá, 201 en Uruguay, 240 en Venezuela.
Otro dato revelador lo podemos ver al analizar el Presupuesto General de la Nación del 2008, donde encontramos que, según Germán Reyes, mirando la composición de los funcionarios vinculados a la administración pública, de los “977.136 cargos, 566.084 serán de la nómina del Gobierno Nacional. Entre ellos, Defensa y Seguridad (DAS, FFMM, Policía) ocuparán el 81.2% (459.687 personas) que demandarán el 58.4% del presupuesto; 1.6% (9.092) de dichos cargos serán de la Protección Social con un costo del 2.6% del PGN; 0.3% (1731) con un costo del 0.5% del PGN corresponderán al sector educativo”. Por su parte, si se suma todo “el personal que se pagará con cargo al Sistema General de Participación -SGP-, 411.052 (327.948 educadores, 67.770 trabajadores de la salud, 15.334 docentes y administradores universitarios) por un valor de $12.6 billones de pesos, nos permitirá sacar la siguiente conclusión: en Colombia, por cada 1.000 habitantes, hay 11.42 detectives, soldados o policías; 8.19 educadores; 1.69 trabajadores de la salud y 0.38 docentes o administrativos universitarios”. Por supuesto, ¡no es muy alentador el presente y el futuro de un país, que tiene en la nómina oficial del Estado más policías y militares que profesores, médicos y enfermeros!
Desde esta perspectiva global, puede señalarse lo que sucede con el sistema universitario público, el cual según Visión Colombia 2019 prácticamente se mantiene inmodificable en la próxima década, debido al crecimiento de la educación superior. En esta noción genérica cabe la educación técnica y tecnológica, a partir del supuesto erróneo que a la universidad pública llegan los estratos más altos, que el Estado no debe financiar, en razón de lo cual esos recursos se trasladan a los sectores técnicos y tecnológicos. Eso implica, en buen romance, que la Universidad pública debe auto sostenerse y convertirse en un sector de las elites dominantes, las que si tienen con que pagar una universidad cada vez más costosa y privatizada. De esta manera, mientras se anuncia que la educación técnica y tecnológica evolucionaría del 6.8% en el 2005 al 17% en 2019 (un crecimiento del 150%), la educación universitaria pasaría del 19% al 23% en el mismo período (un exiguo crecimiento del 20%).
En el mismo sentido, que puede esperarse en términos de educación de un gobierno, como el actual, cuyo primer mandatario, AUV, anuncia esta brillante tesis: “En mi país tenemos un gran obstáculo en contra de la educación: las drogas ilícitas. Es por eso que necesitamos erradicar las drogas ilícitas, porque los grupos terroristas obligan a las familias rurales a que cultiven la mata de coca y a que no manden a los niños a las escuelas”. ¡Este es un verdadero hito en la reflexión educativa mundial, que sin duda marcará toda una época, porque hasta ahora a nadie se le había ocurrido algo tan trascendental y los sociólogos y pedagogos andaban a ciegas, y perdiendo tiempo, al buscar las razones de los problemas educativos en la desigualdad social, en la concentración del ingreso, en la división de clases sociales o en las políticas educativas de tipo neoliberal que aumentan la brecha entre ricos y pobres. No ahora en Colombia, una “inteligencia superior” ha descubierto que el problema de la educación en nuestro país –“reluciente teoría” que de seguro será exportada al resto del mundo- es un resultado de la coca, el gran demonio de nuestro tiempo.
Por lo tanto, para solucionar todos los problemas educativos del país sólo basta con erradicar la coca y punto. ¡Debe ser que por ello se destinan millones de dólares a rociar con glifosato los cultivos prohibidos, con lo cual se estaría mejorando la educación de indígenas y campesinos de las zonas cocaleras, que deberían recibir como una bendición divina la lluvia química que les envían los aviones made in usa, porque con eso no sólo se les destruyen sus cultivos sino que se les despeja la mente para que piensen mejor y, como favor adicional, les quede tiempo de sobra para dedicarse a estudiar en serio!